Los iraníes se despertaron el lunes con la noticia de que el presidente Ebrahim Raeesi, el ministro de Asuntos Exteriores, Amir Abdollahian, y varios funcionarios más habían muerto en un accidente de helicóptero en la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental. Cómo afectará la muerte de Raeesi a los derechos humanos en el país es ya objeto de muchos comentarios.
Desde los primeros años posteriores a la revolución de 1979, ningún alto cargo iraní ha rendido cuentas por violaciones graves de los derechos humanos, y Raeesi está estrechamente vinculado a este legado de abusos. Muchas familias han colocado a Raeesi a la cabeza de la lista de dirigentes que deseaban que compareciesen ante la justicia por los crímenes más atroces del gobierno.
Raeesi fue una de las cuatro personas que formaron parte de un panel y dictaron condenas a muerte contra miles de presos políticos en 1988. Estos tribunales se burlaron de las normas sobre juicios justos, y las ejecuciones masivas resultantes deben investigarse como crímenes contra la humanidad.
Raeesi dirigió anteriormente el poder judicial de Irán y, cuando fue presidente, el poder ejecutivo. Tuvo una gran responsabilidad en muchas políticas represivas, como las mortíferas medidas contra las protestas generalizadas de 2019 y las protestas «mujeres, vida, libertad» de 2022, tras la muerte de Mahsa Jina Amini mientras estaba bajo custodia de la policía de moralidad. Raeesi también cargó con gran parte de la responsabilidad por las ejecuciones de manifestantes tras juicios injustos, la persecución de disidentes pacíficos y la aplicación de las abusivas leyes obligatorias del país sobre el hiyab.
Sin embargo, es importante reconocer que la maquinaria represiva de Irán va más allá del poder del presidente. Si no se producen cambios fundamentales, cabe esperar que estas violaciones continúen.
Según la Constitución iraní, las elecciones presidenciales deben celebrarse en un plazo de 50 días. Al parecer, las autoridades barajan el 28 de junio como fecha provisional. Históricamente, las elecciones presidenciales iraníes han distado mucho de ser libres o justas, pero ofrecían una estrecha oportunidad a partes de la sociedad y a los candidatos para opinar sobre cuestiones, incluidas algunas libertades sociales y políticas.
Durante más de una década, el Consejo de Guardianes de Irán ha liderado la deslegitimación sistemática de los órganos electos como espacios para influir en la política del gobierno, entre otras cosas reduciendo el número de candidatos elegibles, de modo que incluso el presidente del Parlamento fue descalificado para las elecciones presidenciales de 2021.
A falta de un cambio importante en el panorama político, no esperemos que el fallecimiento de Raeesi vaya a traer cambios reales en materia de derechos humanos en Irán.
