(Tallahassee) – Las recientes leyes y políticas educativas de Florida agudizan la discriminación y el temor, señalaron Florida Rising, el Laboratorio de Impacto en el Estado de Derecho (Rule of Law Impact Lab) de la Facultad de Derecho de Stanford y Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Si bien en Estados Unidos la educación en los niveles K-12 se encuentra controlada mayormente por los gobiernos locales y estatales, el gobierno federal debería hacer mucho más para abordar las instancias de censura en los planes de estudio que favorecen la discriminación.
En el informe de 86 páginas, “¿Por qué nos odian tanto?”: Leyes de censura discriminatorias perjudican la educación en Florida”, las organizaciones sostienen que los líderes de Florida están redefiniendo los contenidos educativos en las escuelas de nivel primario, medio y secundario a través de nuevas leyes y políticas que censuran, distorsionan y discriminan. Estas leyes restringen la posibilidad de que en el aula se enseñen temas como la raza como parte de la historia estadounidense, la orientación sexual y la identidad de género, reducen la información disponible para los estudiantes al prohibir algunos libros y promulgan estándares cívicos e históricos inexactos y engañosos.
“Las personas negras y LGBTQ de Florida están agotadas de que haya líderes que usan como moneda de cambio sus identidades e historias para conseguir ventajas políticas”, explicó Dwight Bullard, asesor político sénior de Florida Rising. “Desde la legislatura del estado en Tallahassee hasta las juntas escolares locales, nuestros funcionarios electos deben renovar su compromiso de brindar una educación inclusiva y de calidad, algo que todas las familias de Florida consideran primordial”.
Investigadores de Human Rights Watch, el Rule of Law Impact Lab y Florida Rising entrevistaron a 62 estudiantes, padres y madres, docentes y defensores en toda Florida entre enero y abril de 2024. Los investigadores también analizaron leyes y políticas educativas de Florida, expedientes judiciales y administrativos y cuentas de medios.
Las personas entrevistadas describieron el perjuicio que les habían causado las nuevas leyes. Las organizaciones concluyeron que las políticas educativas discriminatorias de Florida violan los derechos de los estudiantes a la educación, a la información y a no ser discriminados, y vulneran asimismo los derechos de las personas de Florida a la libertad de expresión y el trato igualitario ante la ley.
Las organizaciones concluyeron que Florida ha favorecido un clima en el cual educadores y estudiantes temen ser objeto de represalias. Varios docentes refirieron haber sido reprendidos por violar las nuevas leyes y políticas, y en artículos periodísticos se informa sobre casos de docentes que fueron investigados y despedidos. Estudiantes y miembros de la comunidad señalaron haber sufrido acoso debido a su identidad por parte de grupos políticos extremistas que apoyan las políticas del estado.
“Siento que las experiencias de las personas negras no tienen un lugar en la vida pública, como las escuelas”, manifestó un padre negro. “Una cosa es que estas actitudes existan en el ámbito público, y otra muy distinta es que las valide el gobierno”.
Un estudiante de nivel secundario dijo sobre esto:
Las personas se sienten empoderadas para atacar a estudiantes queer; piensan que si los legisladores pueden hacerlo, entonces también ellas pueden hacerlo. He escuchado que se digan insultos constantemente y que ningún docente se inmute. Entonces piensas, ¿por qué no hacen nada al respecto? Necesitamos que haya más protecciones para estudiantes queer. Necesitamos escuelas que sean un espacio de inclusión.
Florida encabeza la crisis nacional de censura educativa y es el ámbito donde se registra la mayor cantidad de libros prohibidos y donde rigen las restricciones más severas al plan de estudios, pero no es el único estado con esta postura. Un número creciente de estados han aprobado recientemente leyes que restringen el debate en las aulas sobre cuestiones relacionadas con raza, género, orientación sexual o historia estadounidense.
“El 19 de junio se celebra Juneteenth, una fecha en la que deberíamos abordar las consecuencias devastadoras de censurar la información, incluido sobre el tema de la esclavitud y los legados que ha dejado, ya que esto contribuirá a que Estados Unidos progrese”, manifestó Trey Walk, investigador y defensor sobre democracia estadounidense en Human Rights Watch. “También celebramos el Mes del Orgullo, que ofrece un momento para reconocer la libertad de las personas LGBTQ de ser representadas y valoradas, incluso en las escuelas a las que asisten”.
En 2021, el Departamento de Educación de Florida emitió una orientación en la cual se limitaron los debates en las aulas sobre raza y racismo, que parte de prohibir la “teoría crítica de la raza”. Al año siguiente, la legislatura de Florida aprobó el Proyecto de Ley 7 de la Cámara de Representantes, la Ley para Detener Injusticias contra Nuestros Niños, Niñas y Empleados (Stop Wrongs against Our Kids and Employees Act, comúnmente abreviada como la Ley “Stop W.O.K.E”), que limita la posibilidad de enseñar sobre el racismo en lugares de trabajo e instituciones educativas. Los floridanos impugnaron inmediatamente la ley en la justicia, y esto dio lugar a que tribunales federales anularan las disposiciones de la ley relativas al lugar de trabajo e impidieran provisoriamente que la ley se aplique en instituciones terciarias y universidades.
Florida menoscabó las oportunidades para que los estudiantes aprendan sobre la historia de las personas negras al prohibir que las escuelas públicas dicten la Asignatura de estudios afroamericanos que forma parte del programa Advanced Placement de la Junta Educativa, y en 2023 al publicar estándares sobre historia afroamericana que han sido ampliamente rechazados por académicos debido a su inexactitud y a presentar omisiones inaceptables. Los estándares incluían un lenguaje ofensivo para las personas negras floridanas, como sugerir que las personas esclavizadas adquirieron habilidades valiosas o que víctimas negras de violencia racial perpetraban actos similares contra personas blancas.
Durante el mismo período, los líderes de Florida impusieron una serie de medidas, incluidos los Proyectos de ley 1557 y 1069 de la Cámara de Representantes, para frenar la enseñanza en las aulas sobre temas relacionados con orientación sexual o identidad de género. Florida también prohibió que los distritos escolares locales administraran la encuesta anual de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que recopila información importante sobre salud mental y conductual de las personas jóvenes. Estos datos ayudan a educadores y responsables de políticas a elaborar programas educativos y sanitarios que sean relevantes para las personas jóvenes de Florida.
Florida se ubica en el primer puesto en la nación en cuanto a cantidad de libros que están prohibidos en las aulas y bibliotecas escolares, y los legisladores aprobaron hace poco una ley que limitaría el número de objeciones a libros que pueden presentar las personas que no sean padres de estudiantes matriculados en escuelas públicas de Florida. Esta reforma modesta se produjo después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, admitiera que algunos grupos han utilizado el proceso de objeción de libros para obtener ventajas políticas.
Coartar la inclusión y la deliberación en los niveles K-12, en particular a través de la censura discriminatoria de conversaciones sobre raza, orientación sexual o identidad de género, podría crear un entorno en el cual la exclusión resulte aceptable. La censura discriminatoria durante los años escolares que cursa un estudiante cercena la libertad de expresión y el acceso a la información y, en última instancia, podría frustrar el tipo de participación política informada que resulta indispensable para que prospere la democracia estadounidense.
Ante esta crisis en las escuelas públicas estadounidenses, se precisa una respuesta federal contundente, afirman las organizaciones. Los Departamentos de Educación y Justicia de EE. UU. deberían informar al público sobre los mecanismos de derechos civiles y responder a las quejas de manera transparente y oportuna. El Congreso debería financiar ampliamente estos mecanismos de protección de los derechos civiles, que actualmente reciben fondos insuficientes. El presidente Joe Biden debería convocar una cumbre nacional destinada a poner fin a la censura educativa discriminatoria en todo Estados Unidos.
Los líderes de Florida deberían dejar sin efecto sus políticas discriminatorias y promover un plan de estudios que prepare a los estudiantes para que puedan tener vidas sanas en una sociedad heterogénea.
“La democracia empieza en las aulas de nuestras escuelas públicas”, expresó Amrit Singh, directora ejecutiva del Rule of Law Impact Lab de la Facultad de Derecho de Stanford. “Necesitamos protecciones sólidas de los derechos civiles para combatir esta tendencia de censura discriminatoria y prohibición de libros en las escuelas. Los niños y las niñas deben tener acceso a una educación imparcial para que puedan tener una vida plena y ocupar el lugar que les corresponde como líderes del futuro”.
