El Ministerio de Salud del Perú ha aclarado que las identidades trans no son condiciones de salud mental, dando marcha atrás con un decreto supremo de mayo muy criticado que clasificaba las identidades trans como diagnosticables en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) del país.
El Ministerio de Salud justificó el decreto como necesario para facilitar el acceso a la atención médica para “las personas transexuales y las personas con trastornos de identidad de género”, utilizando un lenguaje anticuado y peyorativo.
El decreto suscitó las críticas de organizaciones de derechos humanos y activistas peruanos, entre ellos PROMSEX, Más Igualdad Peru y Gahela Cari. El 17 de mayo, los activistas organizaron una protesta frente al Ministerio de Salud pidiendo la revocación del decreto. El congresista estadounidense Robert García también criticó el decreto y pidió al Departamento de Estado de Estados Unidos que hiciera más para apoyar a las personas LGBT peruanas.
Históricamente, los sistemas médicos de todo el mundo han categorizado el hecho de ser trans como una condición de salud mental. Los proveedores de salud utilizan dos diferentes directrices para diagnosticar a los pacientes: la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud y el Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM) de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.
La versión actual de la CIE, conocida como "CIE-11", ha reclasificado los “trastornos de identidad de género” como “incongruencia de género” y los ha trasladado de la lista de “trastornos mentales” a un capítulo sobre salud sexual. Se trata de un avance importante para las personas trans, que deberían poder buscar atención sanitaria sin el estigma de ser etiquetadas como portadoras de una patología.
El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa han instado a los gobiernos a reformar las clasificaciones médicas porque la patologización es “una de las causas principales de las violaciones de derechos humanos” a las que se enfrentan las personas LGBT.
El Perú se está quedando atrás en materia de derechos LGBT. Actualmente no cuenta con un procedimiento para que las personas trans puedan cambiar sus documentos para reflejar su identidad de género, no permite que las parejas del mismo sexo se casen o formen uniones civiles ni tampoco tiene leyes civiles que prohíban la discriminación contra las personas LGBT.
El problemático decreto supremo original sigue en vigor y debería derogarse, pero la afirmación del Ministerio de Salud de que no se aplicará es un paso importante para garantizar el respeto de la dignidad de las personas trans.
