(Bogota) - Los gobiernos de América Latina, Estados Unidos y Europa no deberían escatimar ningún esfuerzo diplomático para proteger el derecho al voto de los venezolanos de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio de 2024, señaló hoy Human Rights Watch. Los gobiernos deberían aumentar su escrutinio sobre Venezuela antes, durante y en las semanas posteriores a las elecciones.
La detención de críticos y opositores, las inhabilitaciones arbitrarias de candidatos de la oposición y los esfuerzos por restringir aún más el espacio cívico han empañado gravemente el proceso electoral en Venezuela. Las elecciones se celebrarán en un contexto de años de violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del gobierno y de una grave crisis humanitaria que ha obligado a aproximadamente ocho millones de personas a abandonar el país.
“Aunque las elecciones en Venezuela difícilmente serán libres o justas, los venezolanos tienen la mejor oportunidad, en más de una década, de elegir a su propio gobierno. La comunidad internacional debería respaldarlos”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Estados Unidos, Brasil, Colombia y la Unión Europea deberían utilizar todas las herramientas diplomáticas a su alcance para proteger el derecho al voto de los venezolanos”.
El 17 de octubre de 2023, la oposición venezolana y el gobierno firmaron el Acuerdo de Barbados, un documento en el que acordaron respetar el derecho de los partidos políticos a elegir a sus candidatos presidenciales y celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024, entre otras garantías. Estados Unidos acordó levantar temporalmente ciertas sanciones a cambio del compromiso de llevar a cabo unas elecciones libres y justas.
Estados Unidos también liberó a Alex Saab, un empresario colombiano con estrechos vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, quien fue acusado de lavado de dinero. Sin embargo, como el gobierno de Maduro no cumplió plenamente con los compromisos alcanzados, en enero y abril de 2024, Estados Unidos restableció algunas sanciones.
El proceso electoral ha estado marcado por violaciones de derechos humanos e irregularidades. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les ha impuesto a algunos partidos de oposición dirigentes partidarios del gobierno, socavando la autonomía de los partidos. A finales de junio de 2023, la Contraloría General anunció que María Corina Machado, líder de la oposición, estaba inhabilitada para presentarse a las elecciones. En octubre de 2023, Machado ganó, con más del 90 % de los votos, las primarias organizadas por la oposición. En enero de 2024, el TSJ confirmó la decisión de inhabilitar a Machado y a Henrique Capriles, otro líder de la oposición.
Debido a la inhabilitación, Machado propuso a la profesora Corina Yoris para que se presentara en su lugar, pero las autoridades no le permitieron registrar su candidatura. En marzo de 2024, las autoridades electorales permitieron a Edmundo González, un exdiplomático, inscribirse como el candidato a la presidencia de la Plataforma Unitaria de la oposición.
El gobierno ha cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos contra críticos y líderes de la oposición, señaló Human Rights Watch.
En 2024, según Foro Penal, una red de abogados penalistas que trabajan pro bono, 114 personas han sido detenidas con fines políticos; 102 están relacionados a Machado y González; y 77 de estas detenciones se produjeron tras el inicio de la campaña electoral el 4 de julio. Entre los detenidos hay 27 miembros o colaboradores de Vente Venezuela, el partido de Machado. Otros seis se encuentran refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas después de que las autoridades amenazaron con detenerlos.
Mientras que a González y a Machado—quien apoya al primero—se les ha permitido en general hacer campaña, las autoridades venezolanas han acosado a las personas percibidas como sus partidarias. Ello incluye el cierre o la imposición de multas a restaurantes u hoteles utilizados por Machado y la detención de personas que les han prestado servicios logísticos, tales como equipos de sonido para sus eventos de campaña.
El 17 de julio, Maduro, quien preside el país desde 2013 y es candidato a la reelección, dijo que en Venezuela habría un “baño de sangre” si él pierde los comicios.
Solo un reducido número de observadores internacionales estarán presentes durante las elecciones y tendrán una capacidad limitada. El Carter Center, unas de las pocas organizaciones que participará en calidad de observador, dijo que “no realizará una evaluación integral de los procesos de votación, conteo y tabulación”. La ONU, por su parte, enviará un panel de expertos electorales, que no hará declaraciones públicas y elaborará un informe de carácter confidencial.
En mayo, el CNE retiró una invitación a la Unión Europea para que observara las elecciones, lo cual contradice lo pactado en el Acuerdo de Barbados. El 17 de julio, un grupo de miembros del Parlamento Europeo aceptó enviar una delegación electoral de acompañamiento para estar presente durante la jornada electoral, en respuesta a una invitación hecha por la oposición.
Los gobiernos a nivel global deberían seguir de cerca las elecciones y condenar públicamente cualquier medida destinada a socavar el derecho al voto, incluyendo nuevas detenciones arbitrarias e inhabilitaciones, modificaciones indebidas a los tarjetones y la intervención arbitraria del gobierno en el funcionamiento de los partidos políticos de la oposición.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, debería permanecer atento al proceso electoral en Venezuela y estar preparado para tomar nuevas medidas en función de los informes del panel de expertos electorales de la ONU.
El 22 de julio, el presidente de Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, instó a Maduro a reconocer los resultados de las elecciones. “Me asustaron las declaraciones de Maduro diciendo que, si pierde las elecciones, habrá un baño de sangre”, dijo Lula en una entrevista a medios de comunicación. “Maduro tiene que aprender que cuando ganas, te quedas; y cuando pierdes, te vas, y te preparas para las próximas elecciones”.
Los gobiernos de los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Lula, de Brasil, deberían utilizar su acceso al gobierno de Venezuela para insistir con la necesidad de poner fin a la persecución de líderes y simpatizantes de la oposición, proteger el derecho al voto de todos los electores y garantizar el conteo adecuado de los votos, señaló Human Rights Watch. Los gobiernos de Colombia y Brasil deberían abogar por la prevención de la violencia y promover un proceso electoral plenamente respetuoso de los derechos humanos.
Por su parte, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden debería seguir utilizando su influencia, incluyendo las sanciones individuales, para promover el respeto al voto de los electores el día de las elecciones y durante las semanas siguientes.
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, está llevando a cabo una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El fiscal debería recordar a las autoridades venezolanas que una nueva ola de represión con crímenes de lesa humanidad podría ser objeto de su investigación actual. La CPI actúa como un tribunal de última instancia, que interviene sólo cuando las autoridades nacionales no investigan o procesan de forma genuina los crímenes de competencia de la CPI.
“Los venezolanos tienen una oportunidad, pequeña pero real, de hacer oír su voz a través del voto”, dijo Goebertus. “La comunidad internacional tiene un papel clave que desempeñar para que se protejan los derechos de los electores venezolanos y se cuenten todos los votos”.
