- El decreto presidencial que emitió la Política Pública para Erradicar la Violencia Sexual en el Ámbito Educativo marca un paso importante en los esfuerzos de Ecuador para abordar los niveles endémicos de violencia sexual en las instituciones educativas.
- El análisis de Human Rights Watch de la política muestra que carece de financiación adecuada a largo plazo, lo que podría afectar a su implementación, reforzar los obstáculos de larga data a la respuesta del estado y poner en peligro el cumplimiento de los ejes de la política en materia de prevención y acceso a la justicia.
- El gobierno debe implicar de forma significativa a las representantes legales en el caso, las organizaciones de la sociedad civil y a los niños, niñas y adolescentes en el desarrollo del plan operativo de la política, así como en la implementación y evaluación de la política pública.
(Nueva York) - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó un decreto para emitir la Política Pública para Erradicar la Violencia Sexual en el Ámbito Educativo, un paso importante para abordar el problema, señaló hoy Human Rights Watch. El documento, firmado el 20 de agosto de 2024, detalla los planes del gobierno para abordar la violencia sexual hasta 2030.
La violencia sexual y de género es endémica en las instituciones educativas de Ecuador. En la última década, el Ministerio de Educación recibió denuncias de cerca de 6.500 casos de violencia sexual en el sistema educativo, que afectaron a 7.303 niños en todo el país. Sin duda, estas cifras subestiman el total real, ya que la mayoría de los casos de violencia sexual no se denuncian.
“El decreto del presidente señala que poner fin a la violencia sexual contra los y las estudiantes es de suma importancia para el gobierno de Ecuador”, señaló Elin Martínez, investigadora senior de derechos del niño de Human Rights Watch. “Un alto número de estudiantes sufren violencia sexual en el ámbito educativo en todo Ecuador, a menudo sin apoyo mientras lidian con los abusos y enfrentándose a la posibilidad limitada de obtener justicia y reparación.”
La política pública responde a varias medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2020 en el caso Paola Guzmán Albarracín v. Ecuador, el primer caso del tribunal sobre violencia sexual en el ámbito educativo. La política describe los compromisos del gobierno en materia de prevención y respuesta a la violencia sexual, la generación de información y datos relacionados con la violencia sexual en las aulas, y el acceso a la justicia y la reparación.
El sistema educativo de Ecuador se enfrenta a importantes retos a la hora de responder a los abusos, como la escasez de personal de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), las tendencias de las instituciones educativas a proteger al personal y proteger su reputación por encima del bienestar de los y las estudiantes, y los retrocesos en sancionar a los docentes que han sido acusados de violencia sexual. Los niveles generalizados de inseguridad y violencia en los últimos años han tenido un impacto nefasto en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y ha dificultado aún más la capacidad de las instituciones gubernamentales para detectar y responder a los casos de violencia sexual.
Los niños, niñas y adolescentes sobrevivientes y sus familias se enfrentan a una ardua batalla para obtener justicia por los abusos cometidos, incluida una reparación adecuada. Muchos vuelven a ser revictimizadas debido a los profundos desafíos discriminatorios y prejuiciosos arraigados en las instituciones judiciales y al hecho de tener que volver a contar sus historias innumerables veces. Los recursos financieros y humanos limitados de la Fiscalía General del Estado y del Consejo de la Judicatura obstaculizan los esfuerzos para garantizar una justicia efectiva para los niños, niñas y adolescentes.
La política pública detalla varias acciones para abordar los obstáculos identificados en los sistemas de educación y justicia para abordar eficazmente la violencia sexual en el ámbito educativo. El análisis de la política por parte de Human Rights Watch muestra que la política carece de financiamiento adecuado a largo plazo, así como de presupuestos adecuados para la prevención y erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo y la violencia de género contra los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, el presupuesto estimado para el eje de “acceso a la justicia y reparación integral” hasta 2030 es de apenas 1,5 millones de dólares. El Consejo de la Judicatura ha señalado que necesita un presupuesto anual total de 22 millones de dólares para mantener sus servicios especializados en la atención de casos de violencia.
Esto podría afectar su implementación, reforzar las barreras de larga data a la respuesta del estado y poner en peligro el cumplimiento de los ejes de prevención y “acceso a la justicia y reparación” de la política. La política esboza una meta para proporcionar al 90 por ciento del personal involucrados en procesos administrativos y judiciales al menos una formación sobre violencia sexual para 2030. Este objetivo limitado pasa por alto la necesidad de impartir al personal judicial formación continua sobre violencia sexual y de género y violencia contra los niños, niñas y adolescentes. La política tampoco aumenta el número de personal necesario para investigar los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
La financiación inconsistente, el gasto insuficiente y los recortes presupuestarios posteriores en diversas instituciones gubernamentales han paralizado históricamente los esfuerzos para abordar la violencia sexual en el ámbito educativo. La financiación del Ministerio de Educación para la prevención y respuesta a la violencia sexual ha fluctuado a lo largo de los años. La financiación para abordar la violencia de género, parte de la cual se destinaría a la violencia sexual en las escuelas, no se gastó en su totalidad en 2023 y se redujo en 2024.
Human Rights Watch también concluyó que los recortes al presupuesto del Consejo de la Judicatura en los últimos años llevaron a institución a asociarse con organizaciones nacionales e internacionales para financiar las reparaciones de las Cámaras Gesell, salas diseñadas para proteger el bienestar y las identidades de niños, niñas y adolescentes durante las indagaciones previas.
En 2024, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional realizó una fiscalización de todas las instituciones encargadas de abordar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, incluidos el Ministerio de Educación, la Fiscalía General del Estado, y el Consejo de la Judicatura. El informe de la Comisión demuestra las falencias en los esfuerzos de las instituciones gubernamentales para responder a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de Economía y Finanzas informó a la Comisión que en 2022 y 2023, ninguna de las instituciones examinadas había utilizado el 100 por ciento del financiamiento con el que ya contaban para abordar la violencia sexual. También reveló que la falta de personal, incluido el personal capacitado y especializado del sistema judicial, interfiere con la aplicación de directivas para trabajar adecuadamente con las personas sobrevivientes, incluso para prevenir la revictimización.
El decreto presidencial exige que la Mesa Interinstitucional del gobierno, compuesta por varias instituciones gubernamentales, es responsable de la política y de informar a la Corte Interamericana. El Centro de Derechos Reproductivos y CEPAM-Guayaquil, representantes legales de la familia de Paola Guzmán en el caso Paola Guzmán Albarracín v Ecuador, quienes han estado involucradas en el desarrollo de la política, expresaron su preocupación por la falta de participación de las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana y de los niños, niñas y adolescentes en la finalización y la emisión de la política. El gobierno debería involucrar de manera significativa a las representantes legales en el caso, las organizaciones de la sociedad civil y a los niños, niñas y adolescentes en el desarrollo del plan operativo de la política, así como en la implementación y evaluación de la política pública, señaló Human Rights Watch.
“El gobierno debe hacer todo lo posible para cumplir plenamente su compromiso de prevenir y abordar la violencia sexual en el ámbito educativo a la escala necesaria para poner fin al flagelo de la violencia sexual y de género contra los niños, niñas y adolescentes”, dijo Martínez. “Ahora que es una prioridad nacional, el gobierno debe asegurarse de que su política pública cuente con la financiación adecuada y los recursos humanos necesarios para garantizar el derecho de todas y todos los estudiantes a aprender en un entorno seguro.”
