(Quito) - Ecuador tiene la obligación de despenalizar el aborto en todas las circunstancias, y de eliminar las barreras que impiden el acceso a este servicio esencial de salud, señaló hoy Human Rights Watch en un amicus curiae presentado ante la Corte Constitucional del Ecuador.
El escrito de Human Rights Watch apoya la demanda presentada en marzo de 2024 por Justa Libertad, una coalición de ocho organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana, que busca la despenalización del aborto. Actualmente, el aborto en Ecuador se encuentra sancionado con hasta tres años de prisión, excepto cuando el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, o – tras una sentencia de la Corte Constitucional de 2021 – cuando el embarazo es consecuencia de violación.
“Ecuador debe cumplir y alinearse con sus obligaciones internacionales de derechos humanos para despenalizar el aborto,” señaló Stephanie Lustig, asistente de investigación de Human Rights Watch. “Incluso quienes cumplen con los requisitos legales para acceder a la atención del aborto se enfrentan a importantes barreras, ya que el personal y las instituciones sanitarias suelen imponer sus creencias de que, una vez embarazadas, las mujeres y las niñas están obligadas a ser madres.”
La demanda de Justa Libertad solicita a la Corte Constitucional que declare inconstitucional el artículo 149 del Código Penal de Ecuador, que penaliza el aborto consentido. Esta iniciativa crucial pretende garantizar que las mujeres, las niñas y otras personas embarazadas puedan acceder a una atención segura del aborto.
En un informe de 2021, Human Rights Watch documentó las graves consecuencias de la criminalización del aborto en Ecuador, entre ellas el aumento de la mortalidad y morbilidad maternas, el aislamiento de mujeres, niñas y personas embarazadas de servicios esenciales, como la atención sanitaria y la educación, y la violación de sus derechos a la confidencialidad médica y al debido proceso. El informe documenta que la criminalización del aborto conlleva importantes barreras para acceder a servicios de aborto y a la atención postaborto, incluso en los casos excepcionales en los que el aborto está permitido legalmente. Estas barreras incluyen la estigmatización, el maltrato por parte de los profesionales de la salud y una interpretación excesivamente restrictiva de las excepciones legales para el aborto, que, en la práctica, conducen a la denegación de este servicio esencial.
La criminalización del aborto en Ecuador refuerza el estereotipo de que los roles de las mujeres y las niñas se limitan a la maternidad y castiga a quienes desafían estos estereotipos, desconociendo sus derechos a la privacidad, la no discriminación y la libertad reproductiva, halló Human Rights Watch. Esto no sólo restringe la autonomía reproductiva de las mujeres, niñas y otras personas embarazadas, sino que también les impone cargas injustas para soportar embarazos no deseados, a menudo sin el apoyo y los recursos adecuados.
Varios comités de las Naciones Unidas, entre ellos el Comité de los Derechos del Niño (CDN) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), han concluido que la criminalización del aborto pone en peligro múltiples derechos humanos y han instado sistemáticamente a los Estados, incluido Ecuador, a despenalizar el aborto en todas las
El Comité CEDAW ha observado que cuando un país no proporciona servicios o criminaliza servicios específicamente necesarios para las mujeres, viola sus derechos reproductivos y constituye discriminación. Tanto el Comité CEDAW como el Comité contra la Tortura (CAT) han llegado a la conclusión de que la denegación o el retraso del aborto seguro y la continuación forzada del embarazo no sólo violan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, sino que también, dependiendo de las circunstancias, pueden equivaler a tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Las restricciones al aborto, destaca el CAT, pueden causar angustia física y mental grave, y pueden ser incompatibles con el deber de un gobierno de defender el derecho a no sufrir tortura ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En el amicus curiae, Human Rights Watch destaca el impacto negativo que los embarazos no deseados y la maternidad forzada tienen en la salud física y mental de las niñas. Esta situación las hace vulnerables a mayores riesgos de mortalidad materna, ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático y suicidio. En Ecuador, un estudio de 2015 realizado por la Fundación Desafío revisó los registros médicos de 139 niñas obligadas a ser madres antes de los 14 años y encontró que más del 90% de ellas presentaban “sintomatología depresiva” y “trastorno adaptivo.”
Las niñas que se ven obligadas a ser madres a menudo abandonan la escuela y sufren mayores niveles de violencia y pobreza. La maternidad forzada en las niñas perpetúa los ciclos de discriminación y pobreza. En esencia, la penalización del aborto institucionaliza la discriminación al negar a mujeres, niñas y personas embarazadas la capacidad de tomar decisiones sobre su salud reproductiva y sus trayectorias vitales, perpetuando las desigualdades sistémicas basadas en el género.
La criminalización del aborto en Ecuador también afecta de manera desproporcionada a las mujeres y niñas que viven en condiciones de pobreza y a las pertenecientes a grupos étnicos marginados. De 78 casos que Human Rights Watch revisó, la mayoría de las personas acusadas de delitos relacionados con el aborto eran mujeres jóvenes, y un porcentaje significativo provenía de regiones con altos índices de pobreza y poblaciones predominantemente indígenas o afrodescendientes.
La persecución penal de mujeres y niñas que buscan atención médica por complicaciones del embarazo -independientemente de si están buscando un aborto- exacerba las desigualdades sociales existentes, perpetuando los ciclos de pobreza y desigualdad.
“La penalización del aborto en Ecuador agrava las inequidades sociales y viola derechos humanos fundamentales,” señaló Lustig. “Esto destaca la necesidad urgente de despenalizar el aborto para garantizar un acceso equitativo a la salud reproductiva y defender los derechos de todas las personas, independientemente de su situación económica u origen étnico.”
