Mientras la violencia masiva se apodera de amplias zonas del estado de Rakhine, en Myanmar, la gente intenta huir a la vecina Bangladesh. En los últimos meses han llegado al menos 18.000 refugiados rohingya, aunque algunos estiman que la cifra podría duplicarse.
Sin embargo, miles más están atrapados en la frontera, rechazados por los guardias fronterizos de Bangladesh e incapaces de ponerse a salvo al otro lado.
Está claro por qué necesitan escapar de Myanmar. En el conflicto armado entre las fuerzas militares de la junta y el grupo armado étnico Ejército Arakan, ambos bandos están cometiendo atrocidades. Entre ellas, asesinatos en masa, incendios provocados y reclutamiento forzoso contra los rohingya.
El estado de Rakhine lleva años sufriendo conflictos y profundas crisis. Aquí es donde, en 2017, el ejército de Myanmar cometió crímenes contra la humanidad y actos de genocidio contra la comunidad de etnia rohingya.
Los 630.000 rohingya que permanecen en el estado de Rakhine viven bajo un sistema de apartheid que los hace especialmente vulnerables a los enfrentamientos, con restricciones de movimiento y bloqueos de ayuda.
Las sucesivas oleadas de conflictos en el estado de Rakhine, en Myanmar, han hecho que cada vez más rohingya tengan que buscar refugio en el país vecino. Bangladesh acoge ahora a cerca de un millón de refugiados rohingya, la mayoría de ellos se encuentran allí desde que escaparon de las atrocidades de 2017.
Las autoridades bangladesíes afirman que el país no puede aceptar más. Muchos pueden simpatizar con esta actitud, sobre todo porque Bangladés ha estado atravesando algunas turbulencias políticas propias y ahora (esperemos) está tratando de reconstruir instituciones democráticas y respetuosas con los derechos tras años de represión y abusos.
Aun así, el gobierno de Bangladesh está obligado por el derecho internacional a no devolver a los rohingya al peligro.
Lo que ayudaría a las autoridades de Bangladesh a tomar la decisión correcta sería una mayor ayuda humanitaria de los donantes internacionales. Países como Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y Australia deberían aumentar su financiación.
Al mismo tiempo, la comunidad internacional debe abordar las raíces del problema, que no están en Bangladesh. Los generales de Myanmar nunca han tenido que pagar ningún precio ni rendir cuentas por sus atrocidades contra los rohingya en 2017 y, tras el golpe de 2021, han continuado con sus abusos.
Se trata de una cuestión que el Consejo de Seguridad de la ONU no ha abordado debidamente hasta ahora. Ante el posible veto de China y Rusia, otros miembros del Consejo de Seguridad se han echado atrás en lugar de redoblar los esfuerzos para negociar lo necesario, como un embargo mundial de armas a Myanmar, sanciones selectivas a la junta y la remisión de la situación a la Corte Penal Internacional.
El impacto de las atrocidades cometidas en Myanmar no debe dejarse en manos de los desesperados rohingya y de las nerviosas autoridades bangladeshíes para que lo resuelvan de forma aislada. Se trata de un problema internacional y exige respuestas internacionales.
