Los últimos meses han estado plagados de presiones contra la nueva y ambiciosa normativa de la UE contra la deforestación. La presión ha venido del interior de la UE, alentada por el Ministro de Agricultura austriaco, y de los socios comerciales internacionales. Finalmente, el 12 de septiembre, el Canciller alemán, Olaf Scholz, insistió en retrasar seis meses su aplicación. Se trata de una deplorable falta de liderazgo ante la emergencia climática y la responsabilidad de Europa de cumplir con su deber. La necesidad de la ley de deforestación es más urgente que nunca.
El Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación de la Unión Europea (European Union’s Deforestation-Free Products Regulation, EUDR) exige que las empresas de la UE se aseguren de que la madera, la palma de aceite, la soja, el café, el cacao, el caucho y el ganado que exportan o importan se hayan producido en condiciones que respetan las leyes ambientales y sobre derechos de uso de la tierra, y que se cultivaron en tierras que no fueron deforestadas después de 2020.
Durante 2023, el mundo perdió el equivalente a casi 10 campos de fútbol de bosques críticos para el clima por minuto. La causa está clara: la agricultura a escala comercial es, con diferencia, el mayor impulsor de la deforestación en todo el mundo, y el consumo por parte de la UE de los siete productos básicos contaminados por la deforestación -ganado vacuno, café, cacao, aceite de palma, caucho, soja y madera- que abarca la EUDR, únicamente es superado por China.
Y no se trata sólo de bosques.
Los derechos de las personas afectadas por las cadenas de suministro de los productos que consumen los europeos son a menudo vulnerados: desde niños y niñas víctimas de la trata que trabajan ilegalmente en plantaciones de cacao, hasta pueblos indígenas desplazados por la fuerza a manos de empresas madereras e incluso trabajadores de plantaciones de palma aceitera enfermos por los pesticidas que pulverizan.
La EUDR aborda estos problemas exigiendo una diligencia debida rigurosa que arroje luz sobre las largas cadenas de suministro que a menudo ocultan violaciones de los derechos humanos. Los compromisos voluntarios no pueden sustituir a esta normativa. Décadas de compromisos incumplidos demuestran que, sin sanciones por incumplimiento y sin normas vinculantes que garanticen la igualdad de condiciones, las empresas no harán -y podría decirse que no pueden hacer- lo debido. Una carta abierta del gigante de la confitería Barry Callebaut en la que pide la aplicación oportuna de la EUDR hace eco de estos puntos. “Es innegable que la EUDR requiere mucho esfuerzo y recursos para su cumplimiento”, escribió Callebaut, pero “estos esfuerzos son esenciales para impulsar una transformación sostenible en la cadena de suministro del cacao”.
Callebaut también subrayó que el texto de la ley no debería revisarse, ya que podría dejar “desfasados” los esfuerzos de la empresa por cumplir con la normativa. En otras palabras, las empresas que ya han intentado ajustarse a las nuevas normas no deben volver a la página inicial para dar margen a los rezagados. Lo mismo cabe decir de los socios comerciales de la UE. Algunos países, como Brasil, se han mostrado muy críticos, mientras que otros avanzan discretamente.
Tailandia, el mayor productor mundial de caucho natural, ha intensificado sus esfuerzos para mejorar la capacidad de sondeo, lo que permite a los pequeños productores vender a un precio superior. Costa de Marfil, el mayor productor mundial de cacao, está trabajando para registrar todas las pequeñas explotaciones de cacao y cartografiar sus parcelas. Empresas en Argentina y Paraguay, que están entre los principales productores de soja del mundo, preparan envíos de soja libre de deforestación a la UE.
Mientras tanto, en Bruselas, seguimos esperando una declaración clara de la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen. Los opositores harán referencia a los recientes comentarios de un diputado austriaco al Parlamento Europeo, que jura que von der Leyen se comprometió a retrasar la aplicación en una reunión a puerta cerrada de su partido político celebrada en fechas recientes.
No obstante, cabe recordar que en las directrices políticas para su nuevo mandato, von der Leyen afirmó que la Comisión “debe mantener y mantendrá el rumbo en todos nuestros objetivos, incluidos los establecidos en el Pacto Verde Europeo [un conjunto de iniciativas de la Unión Europea (UE) para hacer frente a los desafíos medioambientales y climáticos]”, y añadió que la atención de la UE “debe centrarse ahora en aplicar lo [acordado]”. En su toma de posesión, von der Leyen encargó a Jessika Roswall, candidata al puesto de Comisaria de Medio Ambiente, que “se centrara en el cumplimiento y la aplicación de la legislación vigente relacionada con el medio ambiente”. Además, hace poco, la Comisión comunicó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que no retrasaría la aplicación. Sin embargo, la propia von der Leyen sigue sin hacer declaraciones públicas.
Para quienes están luchando en primera línea contra la deforestación, la legislación de la UE no llegará a tiempo para defender su causa. Hace apenas un par de semanas, hablé con una comunidad indígena de Borneo malayo que lucha por preservar sus tierras ancestrales frente a una empresa maderera. Les espera el desalojo y la indigencia.
“No tenemos adónde ir”, me dijo el jefe de la aldea, mientras me enseñaba las cartas que habían enviado a los organismos gubernamentales protestando por la orden. A unos cientos de kilómetros de allí estaba el puerto desde el que se habían exportado pélets de madera de esos bosques a Francia, Alemania y los Países Bajos.
Por eso necesitamos la EUDR, y necesitamos que von der Leyen se pronuncie clara e inequívocamente a favor del reglamento.
