Los avances en materia de derechos humanos rara vez son rápidos y casi nunca siguen una línea recta. A veces, justo cuando se piensa que las cosas por fin avanzan tras años de esfuerzos, alguien en el poder decide hacerlas retroceder de nuevo.
La Comisión Europea anunció ayer que propondrá retrasar un año la aplicación de la nueva normativa de la Unión Europea sobre deforestación. Esta medida, adoptada tras las incesantes presiones de la industria, supone un duro golpe para la que ha sido una de las normas medioambientales más importantes de los últimos años a escala mundial.
Ya hemos analizado el Reglamento de la UE sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) en el Boletín Informativo, pero a continuación le ofrecemos un breve repaso...
La deforestación es la segunda fuente de emisiones de gases de efecto invernadero causantes de la crisis climática, después de la quema de combustibles fósiles. Una vez talados, los árboles no sólo dejan de absorber dióxido de carbono, sino que también liberan el carbono almacenado, lo que supone un doble golpe para el clima.
Los bosques críticos se talan a un ritmo alarmante -diez campos de fútbol por minuto-, sobre todo para despejar tierras para la agricultura a escala industrial, destinada al comercio mundial de madera, aceite de palma, soja, café, cacao, caucho y ganado, y sus productos derivados. La UE es un mercado enorme para ellos.
En 2023, la UE aprobó finalmente un nuevo proyecto de ley, la EUDR, que se centra específicamente en el comercio mundial de estas siete materias primas. Exige a las empresas de la UE que garanticen que lo que importan y exportan no se produzca en tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.
Las empresas también tienen que asegurarse de que estas materias primas cumplen la normativa sobre derechos de uso de la tierra, derechos laborales y otros derechos humanos.
Ya estaba todo decidido en el complejo proceso legislativo de la UE. Se esperaba que las empresas tuvieran que empezar a cumplir la nueva normativa a partir de enero del año que viene.
Ayer, sin embargo, la Comisión Europea se opuso y pidió un aplazamiento.
Algunos detalles de la nueva medida sugieren que puede no haber sido una decisión repentina. Durante meses, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no publicó documentos clave para orientar sobre la aplicación del reglamento. Los gobiernos y muchas empresas se los pedían, pero ella dejó que se empolvaran sobre su escritorio.
Como comentó ayer a los medios mi colega experta Luciana Téllez Chávez "Parece que la Presidenta de la Comisión saboteó la legislación medioambiental más importante aprobada durante su anterior mandato".
Lo que viene ahora es que la propuesta de la Comisión debe ser sometida a votación por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo para ser aprobada o derogada.
Ambos deberían rechazar el retraso y recordar a von der Leyen que su papel es aplicar lo que ya se ha acordado con tanto esfuerzo.
Una lucha que los activistas por el clima y los derechos creían ganada, se extiende ahora a otro round.
