El 5 de noviembre, Estados Unidos se dirige por fin a las urnas, tras una campaña electoral aparentemente interminable, fantásticamente larga para quienes viven en la mayoría del resto de las democracias. Los años de drama diario, con todos sus giros argumentales agónicos e inverosímiles, casi te hacen olvidar que estas elecciones nacionales no son una serie de Netflix en su undécima temporada a la que le saltó el tiburón en la cuarta.
Pero tanto si estás obsesionado con el drama como si estás agotado por él, no puedes cambiar de canal, porque este espectáculo es demasiado real, y estas elecciones podrían tener un gran impacto en cientos de millones de personas tanto dentro como fuera del país.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, hay muchas cuestiones clave en juego en estas elecciones, incluidas muchas que hemos destacado en el Informe Diario en el pasado: desde los derechos de los niños a la atención sanitaria, pasando por la justicia racial, la inmigración o los asuntos internacionales. Como siempre ocurre con todas las elecciones en cualquier lugar, queremos que la preocupación por los derechos humanos esté en el centro de estas cuestiones de política pública e influya en cómo debe votar la gente.
Pero esta vez, en Estados Unidos, hay algo más. La democracia misma parece estar en juego, debido a los ataques y amenazas que ha sufrido en los últimos tiempos.
Por ejemplo, los funcionarios electorales de EE.UU. no siempre han podido realizar su trabajo en condiciones de seguridad, como debería ser el caso. Según una encuesta, uno de cada cuatro funcionarios electorales locales sufrió abusos, acoso o amenazas durante los dos últimos ciclos electorales.
Los funcionarios electorales de los estados de Colorado y Arizona han recibido amenazas por Internet. En Michigan, los administradores recibieron mensajes de voz amenazantes. Algunos funcionarios electorales de Georgia, Nevada, California, Oregón y Washington recibieron cartas con fentanilo, un potente opiáceo.
También se han producido inquietantes amenazas a los votantes. En una encuesta realizada en 2022, el 43% de los encuestados declararon estar preocupados por intimidaciones o amenazas de violencia mientras votaban.
Las acciones de las autoridades en estados como Texas y Tennessee dirigidas a grupos específicos -como personas con antecedentes penales y ciudadanos naturalizados- pueden intimidar a los votantes con derecho a voto. Una "línea telefónica de voto ilegal" en Texas parece casi diseñada para fomentar el acoso por motivos étnicos y raciales.
Todos estos son motivos de grave preocupación, ahora que Estados Unidos entra en la recta final de esta temporada electoral. Los funcionarios electorales y los votantes necesitan protección contra quienes intentan subvertir el proceso democrático.
La visión del vaso medio lleno es que Estados Unidos tiene lo que hace falta para enfrentarse a este reto. El país cuenta con una sólida red de activistas, organizaciones y abogados dedicados a la protección de la democracia, con gran experiencia en este tipo de asuntos. Saben cómo hacer frente a las violaciones de los derechos de los administradores electorales y de los votantes.
No cabe duda de que en las próximas y dramáticas semanas lucharán arduamente para defender la democracia en todo el país.
