Estados Unidos celebrará elecciones federales el 5 de noviembre. Pero mientras los ciudadanos se preparan para acudir a las urnas, tanto los votantes como los funcionarios electorales son objeto de amenazas e intimidación por parte de quienes intentan obstruir el proceso democrático.
Los funcionarios electorales en Estados Unidos deberían poder hacer su trabajo con total seguridad. Sin embargo, en Colorado y Arizona, varios han recibido amenazas por Internet, otros funcionarios en Michigan han recibido mensajes de voz amenazadores y en Georgia, Nevada, California, Oregón y Washington hay informes de que han recibido cartas con fentanilo. Según una encuesta, uno de cada cuatro funcionarios electorales locales sufrió abusos, acoso o amenazas durante los dos últimos ciclos electorales.
Los votantes también necesitan protección. En una encuesta realizada en 2022, el 43% de los encuestados manifestaron su preocupación por la intimidación o las amenazas de violencia durante la votación. A principios de este año, las autoridades de Texas apelaron una sentencia judicial que anulaba una condena por fraude electoral contra Crystal Mason, una mujer negra, por intentar emitir un voto provisional mientras estaba en libertad condicional. Enjuiciamientos tan extremos pueden intimidar a los votantes con derecho a voto, especialmente a los que han tenido experiencias en o con el sistema penal.
Según encuestas recientes, es probable que el 97% de los ciudadanos naturalizados ejerzan su derecho legal al voto este noviembre. Pero en Tennessee, el gobierno estatal ha enviado cartas a más de 14.000 ciudadanos naturalizados pidiéndoles que demuestren su ciudadanía antes de emitir su voto. Mientras tanto, las autoridades de Texas están pidiendo a los habitantes del estado que envíen pistas sobre presuntos votantes ilegales. Estas acciones pueden contribuir a aumentar el acoso y la privación del derecho al voto de los ciudadanos latinos o naturalizados.
Aunque estas preocupaciones son reales, afortunadamente Estados Unidos cuenta con una vibrante red de activistas, organizaciones y abogados para la protección de la democracia con un largo historial de lucha eficaz contra las violaciones de los derechos tanto de los votantes como de los administradores electorales. Las normas de derechos humanos también proporcionan a los gobiernos, incluidos los federales, estatales y locales, orientaciones claras sobre la administración de elecciones justas.
Los funcionarios gubernamentales y el electorado pueden seguir 10 principios básicos para proteger los derechos en las próximas elecciones y garantizar un entorno seguro y no amenazador ahora y en el futuro.
