La Corte Penal Internacional (CPI) ha sido noticia en las últimas semanas como nunca antes. Y, al comenzar hoy su principal reunión anual, la institución está sometida a una presión sin precedentes.
Esta semana se celebra en La Haya la sesión anual de la Asamblea de Estados Partes (AEP) de la CPI. En ella se reúnen los 124 países miembros de la Corte, aquellos que han suscrito el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI. En la reunión se debatirán diversas cuestiones relativas a la Corte, su dirección y sus dificultades, así como su presupuesto para el próximo año.
Sobre todas las deliberaciones se cernirá, sin duda, la extrema presión a la que se enfrenta la CPI después de que el mes pasado los jueces dictaran órdenes de detención contra altos dirigentes israelíes, así como contra un funcionario de Hamás, en el marco de la investigación sobre Palestina
El tribunal opera actualmente en 16 países de todo el mundo, pero ésta es la investigación que más atención acapara a nivel internacional: la orden de detención contra el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en particular.
A raíz de la decisión sobre la orden de detención el mes pasado, han surgido inquietantes amenazas por parte de legisladores de Estados Unidos, que no es miembro de la CPI. El senador estadounidense Lindsey Graham pidió al Senado de Estados Unidos y al presidente Joe Biden que promulgaran un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes el 4 de junio, destinado a imponer sanciones contra la CPI, sus funcionarios y quienes apoyan su labor.
El proyecto de ley sigue el modelo de un programa de sanciones puesto en marcha por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2020.
También hemos visto que Francia, Estado miembro de la CPI, ha mostrado cierto apoyo a la Corte y a su misión.
Si hay una orden de detención de la CPI pendiente contra alguien, todos los Estados miembros de la CPI están obligados a detenerlo. La semana pasada, sin embargo, el gobierno francés aparentemente alegó que Netanyahu tiene inmunidad de arresto como jefe de Estado de un país que no es miembro de la CPI.
Los jueces de la CPI han rechazado este punto de vista con anterioridad, más recientemente en relación con el viaje del prófugo de la CPI Vladimir Putin a Mongolia, que, como país miembro de la CPI, tenía la obligación de detenerlo, pero no lo hizo.
Por supuesto, cuando se trata de la orden de detención de la CPI contra Putin, en relación con el secuestro masivo de niños por parte de Rusia en Ucrania, países como Estados Unidos y Francia han apoyado con razón al tribunal. La doble moral de Occidente es evidente para todo el mundo. Como ya hemos dicho muchas veces:
Si sólo te preocupas por los crímenes de guerra cuando los cometen tus enemigos, entonces no te preocupas realmente por los crímenes de guerra.
La presión sobre la CPI no viene sólo de "Occidente". En respuesta a la orden de detención de la CPI contra Putin, Rusia (que no es miembro de la CPI) ha emitido sus propias órdenes de detención contra el fiscal de la CPI y algunos jueces.
Con el inicio de la Asamblea de los Estados Partes, todas estas presiones pesarán en las mentes de los participantes. Los miembros de la CPI deben aprovechar esta oportunidad para redoblar su apoyo a la Corte.
Esto significa demostrar que la CPI cuenta con el respaldo político y los recursos que necesita. También significa que todos los países miembros deben reiterar su obligación de ejecutar las órdenes de detención de la Corte, independientemente de contra quién vayan dirigidas.
La CPI tiene el mandato global y ambicioso de hacer justicia para los crímenes atroces más graves. Las víctimas de esas atrocidades necesitan que los países miembros de la CPI apoyen a la Corte en toda su labor y en cualquier lugar.
