Reportes

Falencias en los sistemas de apoyo para personas con discapacidad en Uruguay

El informe de 50 páginas, “‘Yo también quisiera disfrutar del verano’: Falencias en los sistemas de apoyo para personas con discapacidad en Uruguay”, documenta las brechas en el cumplimiento por parte de Uruguay de los requisitos de apoyo conforme a su Sistema Nacional Integrado de Cuidados respecto de cada persona con discapacidad. Muchas personas no reúnen los requisitos para el Programa de Asistentes Personales del sistema de cuidados debido a su edad, su nivel de ingresos o el grado de “severidad” de la discapacidad que presentan. Las personas con determinados tipos de discapacidad, como discapacidades intelectuales y sensoriales, y aquellas con requerimientos de apoyo significativos, en la práctica quedan excluidas del programa debido a que no se capacita a quienes se desempeñan como asistentes personales para que puedan prestarles apoyo. Human Rights Watch concluyó que Uruguay no involucró en grado suficiente a organizaciones de personas con discapacidad en el diseño, la administración y el monitoreo de la asistencia personal conforme al sistema de cuidados, y esto ha dado como resultado que no se reconozca a las personas usuarias como derechohabientes y a que se presten servicios limitados e inadecuados.

Disability rights activists sit around a table for a meeting

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  • 4 de junio de 2020

    Violencia familiar contra personas con discapacidad en México

    El informe de 71 páginas, “‘Es mejor hacerte invisible’: Violencia familiar contra personas con discapacidad en México”, documenta el abuso y la desatención que enfrentan muchas personas con discapacidad a manos de sus familiares, con quienes a menudo están obligadas a convivir debido a la falta de apoyo gubernamental para poder vivir de manera independiente. Human Rights Watch también describe los obstáculos, a veces insuperables, que deben sortear las personas con discapacidad para acceder a la justicia y protegerse de sus agresores.

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  • 19 de mayo de 2020

    Fracaso de las medidas de protección que establece el Acuerdo de Cooperación en materia de Asilo suscrito entre Estados Unidos y Guatemala

    El Acuerdo de Cooperación en materia de Asilo (ACA) suscrito entre ambos países permite a Estados Unidos trasladar rápidamente a Guatemala a los solicitantes de asilo no guatemaltecos, sin ofrecerles la oportunidad de presentar solicitudes de asilo en Estados Unidos y privándoles del acceso a una protección efectiva en Guatemala. En consecuencia, se ven obligados a desistir de sus solicitudes de asilo y algunos de ellos, con temores fundados de ser perseguidos, al parecer están regresando a sus países de origen, donde corren un riesgo real de sufrir daños graves.

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  • 6 de marzo de 2020

    Los peligros de los robots asesinos y la necesidad de una prohibición preventiva

    This report rebuts 16 key arguments against a ban on fully autonomous weapons.

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  • 5 de febrero de 2020

    Las políticas de Estados Unidos sobre deportación exponen a salvadoreños a muerte y abusos

    El gobierno estadounidense ha deportado a personas que, una vez en El Salvador, se enfrentaron a abusos o incluso la muerte. Si bien EE. UU. no es el único responsable —pues las pandillas salvadoreñas que victimizan a personas deportadas y las autoridades salvadoreñas que perjudican a deportados o no actúan para protegerlos tienen responsabilidad directa—, en muchos casos EE. UU. expone a peligros a personas salvadoreñas en circunstancias en las que sabe, o debería saber, que es posible que sufran daños.

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  • 22 de enero de 2020

    Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure

    El informe documenta crímenes cometidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y el “Frente Décimo Martín Villa”, un grupo que se formó a partir de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Como parte de su estrategia para controlar la vida social, política y económica de Arauca y Apure, estos grupos armados a menudo cometen abusos que incluyen homicidios, trabajo forzado, reclutamiento de menores y violaciones sexuales. Estos abusos quedan casi siempre en la impunidad.

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  • 8 de agosto de 2019

    Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia

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  • 19 de junio de 2019

    Torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en Nicaragua

    El informe documenta qué les ocurrió a muchos de los cientos de personas arrestadas por la policía o secuestradas por bandas armadas partidarias del gobierno durante la arremetida contra opositores que empezó en abril de 2018. Muchos sufrieron abusos que, en algunos casos, constituyeron torturas. A algunos heridos se les habría negado atención médica en centros de salud pública, y diversos médicos que brindaron atención afirmaron haber sufrido represalias. Se ha procesado penalmente a detenidos en causas plagadas de graves violaciones al debido proceso.

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  • 18 de junio de 2019

    Salud y derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes en la República Dominicana

    El informe documenta cómo las autoridades han postergado el lanzamiento de un programa de educación en sexualidad largamente esperado, dejando a cientos de miles de niñas y niños adolescentes sin información científica precisa sobre su salud. El país tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina y el Caribe, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La prohibición total del aborto en el país significa que una adolescente que se enfrenta a un embarazo no deseado debe continuar ese embarazo en contra de su voluntad u obtener un aborto clandestino, a menudo poniendo en grave riesgo su salud e incluso su vida.

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  • 27 de mayo de 2019

    Una selección de leyes, políticas y doctrinas militares

    El informe presenta ejemplos de normas y prácticas de 50 países, desde Afganistán hasta Yemen, que brindan algún tipo de protección para prevenir el uso militar de escuelas o universidades. Muchos de los ejemplos son de países que actualmente están en situación de conflicto armado o lo estuvieron recientemente. 

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  • 4 de abril de 2019

    Se requiere una respuesta a gran escala de la ONU para abordar la crisis de salud y alimentaria

    El informe documenta un aumento de los niveles de mortalidad materna e infantil; brotes de enfermedades que podrían prevenirse con vacunación, como el sarampión y la difteria; e incrementos drásticos en la transmisión de enfermedades infecciosas, como malaria y tuberculosis. Los datos disponibles muestran altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil, así como una alta proporción de niños y niñas ingresados en hospitales con desnutrición.

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  • 13 de diciembre de 2018

    Abusos por grupos disidentes de las FARC en Tumaco, en la costa pacífica de Colombia

    El informe demuestra que deficiencias en la desmovilización de miembros de las FARC —y en su reincorporación a la sociedad— contribuyeron a que se formaran disidencias de la guerrilla. Estos grupos, incluidos Guerrillas Unidas del Pacífico y Frente Oliver Sinisterra, ahora asolan barrios urbanos y veredas rurales de Tumaco. Las disidencias han contribuido a causar un drástico aumento en la tasa de homicidios.

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  • 20 de noviembre de 2018

    Mujeres transgénero, VIH y derechos humanos en el sur de Florida

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  • 3 de septiembre de 2018

    Urge una respuesta regional ante una crisis migratoria sin precedentes

    El informe documenta los esfuerzos de gobiernos sudamericanos para responder al número masivo de ciudadanos venezolanos que cruzan sus fronteras, así como los retrocesos recientes que dificultan que los venezolanos puedan obtener protección. En algunas islas del Caribe, se detiene arbitrariamente y se deporta a venezolanos. Otro problema cada vez más preocupante son los incidentes de xenofobia.

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  • 21 de agosto de 2018

    Un imperativo moral y legal prohibir los robots asesinos

    This report finds that fully autonomous weapons would violate what is known as the Martens Clause. This long-standing provision of international humanitarian law requires emerging technologies to be judged by the “principles of humanity” and the “dictates of public conscience” when they are not already covered by other treaty provisions. 

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