Reportes

El informe documenta un aumento de los niveles de mortalidad materna e infantil; brotes de enfermedades que podrían prevenirse con vacunación, como el sarampión y la difteria; e incrementos drásticos en la transmisión de enfermedades infecciosas, como malaria y tuberculosis. Los datos disponibles muestran altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil, así como una alta proporción de niños y niñas ingresados en hospitales con desnutrición.

El informe muestra que el gobierno gastó apenas entre el 2 % y el 3 % de su presupuesto anual en salud y educación en 2008 y 2011, los años para los cuales hay datos disponibles, mientras que destinó cerca del 80 % a proyectos de infraestructura a gran escala, que en algunos casos fueron cuestionables. El informe también expone cómo, según las pruebas presentadas en investigaciones sobre lavado de dinero impulsadas en varios países, altos funcionarios gubernamentales obtienen ganancias formidables mediante contratos de obras públicas adjudicados a empresas que son, total o parcialmente, de su propiedad, en muchos casos en asociación con empresas extranjeras, mediante un proceso que se distingue por la opacidad y la falta de competencia. 

El informe, “‘Castigar al paciente’: Asegurar el acceso al tratamiento del dolor en Guatemala”, documenta evidencias de que las reglamentaciones sobre control de drogas en Guatemala —destinadas a prevenir el abuso de estupefacientes— hacen imposible que muchos pacientes con cáncer y otras enfermedades avanzadas obtengan medicamentos fuertes para el dolor, como morfina. Los pacientes describieron el dolor extremo y otros síntomas que padecían, y las dificultades que tenían para afrontar una prognosis poco auspiciosa. Dijeron que tuvieron que visitar a múltiples médicos porque muchos no pudieron tratar adecuadamente el dolor, y muchos señalaron que debían viajar largas distancias en autobuses repletos de gente para llegar a los hospitales donde se ofrece tratamiento del dolor.

El informe de Human Rights Watch, “‘Aún te necesito’: Detención y deportación de padres californianos”, se preparó a partir de datos obtenidos mediante una solicitud basada en la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act), que se presentó a las autoridades inmigratorias federales. Los datos abarcan casi 300.000 casos de detenciones federales de inmigrantes en establecimientos en California, a lo largo de un período de cuatro años y medio. 

El informe, “Crisis humanitaria en Venezuela: La inadecuada y represiva respuesta del gobierno ante la grave escasez de medicinas, insumos y alimentos”, documenta que la escasez ha generado enormes dificultades para que muchos venezolanos puedan obtener atención médica esencial o cubrir las necesidades básicas de su familia. El gobierno venezolano le ha restado importancia a la gravedad de la crisis. Aunque sus propias acciones para reducir la escasez no han tenido resultados satisfactorios, ha realizado gestiones limitadas para conseguir ayuda humanitaria internacional que podría estar disponible inmediatamente. A su vez, ha intimidado y castigado a críticos, incluidos profesionales de la salud, defensores de derechos humanos y ciudadanos de a pie que cuestionaron el desabastecimiento.

El informe de 127 páginas documenta la falta de acceso de muchos pacientes a medicamentos para aliviar el dolor y otro tipo de asistencia conocida como cuidados paliativos.

El informe de 112 páginas documenta cómo, en cada una de estas ciudades, la policía y los fiscales usan los condones para sustentar cargos de prostitución.

En el informe de 47 páginas Human Rights Watch afirma que los países podrían mejorar significativamente el acceso a medicamentos para el dolor abordando las causas de su escasa disponibilidad.

El informe de 76 páginas documenta las experiencias de personas que viven con VIH/sida bajo custodia inmigratoria cuyo tratamiento para el VIH les fue denegado, demorado o interrumpido, lo que ha tenido como consecuencia un riesgo grave y, a menudo, daños para su salud.

En Argentina, las mujeres enfrentan restricciones arbitrarias y discriminatorias a sus decisiones reproductivas y al acceso a anticonceptivos y al aborto. Como resultado, muchas mujeres se ven obligadas a elegir entre un embarazo y parto no deseados o peligrosos, o un aborto ilegal e inseguro que podría seriamente dañarlas o hasta incluso matarlas.