A principios de enero de 2019, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, pidió a los venezolanos que se movilizaran en apoyo al restablecimiento del orden constitucional en el país. El 23 de enero, cientos de miles de personas salieron a las calles. Durante la protesta, Guaidó expresó que asumía el poder como presidente interino de Venezuela y que convocaría a elecciones libres y justas. Desde entonces, más de 50 países han expresado su apoyo a Guaidó. Al momento de elaboración de este informe, el país seguía en una situación de impasse político.
No quedan actualmente en Venezuela instituciones gubernamentales independientes en pie que puedan ejercer un freno ante el poder ejecutivo. Tanto durante el gobierno de Nicolás Maduro como anteriormente en el de Hugo Chávez, las autoridades coparon los tribunales con jueces sin la más mínima pretensión de independencia. El gobierno ha arremetido contra críticos a través de una brutal represión en las calles, el encarcelamiento de opositores y el juzgamiento de civiles en la justicia militar. También ha despojado de sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución que crea el primer mecanismo internacional de investigación independiente de las atrocidades cometidas en Venezuela.
Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida, muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. El éxodo masivo de ciudadanos venezolanos que huyen de la represión y la escasez constituye la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina.
Otras preocupaciones que persisten son la brutalidad policial, las precarias condiciones de detención, la impunidad de violaciones de derechos humanos y el hostigamiento a defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes por parte de funcionarios gubernamentales.
La crisis de refugiados
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que, hasta noviembre, cerca de 4,5 millones de venezolanos, de una población total estimada de 32 millones, habían huido del país desde 2014. También se han ido otras personas cuyos casos no han sido informados por las autoridades.
Entre las causas del éxodo se incluyen crisis simultáneas de índole política, económica, humanitaria y de derechos humanos. Además de quienes reúnen los requisitos para la condición de refugiados en razón del temor a ser perseguidos, muchas personas no pueden o no desean regresar debido a la emergencia humanitaria que atraviesa su país, que incluye dificultades en el acceso a alimentos, medicamentos y tratamiento médico.
Muchos venezolanos en otros países siguen en situación irregular, y esto dificulta significativamente su posibilidad de obtener permisos de trabajo, enviar a sus hijos a la escuela y acceder a servicios de salud. Esto los vuelve vulnerables a la explotación y el abuso, y hace que necesiten asistencia humanitaria.
Persecución de opositores políticos
El gobierno venezolano ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. En noviembre, había casi 400 presos políticos en cárceles o sedes de los servicios de inteligencia de Venezuela, según datos del Foro Penal, una red venezolana de abogados defensores penalistas que trabajan ad honórem.
En abril, el líder opositor Leopoldo López, que cumplía prisión domiciliaria por una condena de 13 años de cárcel impuesta por incitación de la violencia durante una manifestación en Caracas en 2014, fue puesto en libertad por sus guardias para que pudiera participar en un intento de levantamiento militar. Tras el levantamiento fallido, buscó refugio en la embajada española en Caracas, donde seguía hasta el momento de preparación de este informe.
En mayo, agentes de inteligencia detuvieron a Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, por su presunta participación en el levantamiento militar de abril. No se permitió a sus abogados estar presentes cuando fue llevado ante un juez y durante más de un mes no se le permitió el contacto con su familia. Se lo acusó de traición a la patria, pero en septiembre se le concedió la libertad condicional. Trece legisladores opositores habían huido del país y cuatro vivían en embajadas extranjeras en Caracas cuando se elaboró este informe.
Miembros de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia venezolanos han detenido y torturado a militares acusados de complotar contra el gobierno. Las autoridades también han detenido y torturado a familiares de algunos sospechosos para averiguar dónde se encontraban. Algunos detenidos fueron torturados para conseguir que dieran información sobre supuestas conspiraciones.
Represión de protestas
Durante la represión en 2014 y 2017, miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, junto con grupos armados partidarios del gobierno llamados “colectivos”, atacaron protestas, incluyendo algunas en las que participaron decenas de miles de manifestantes. Integrantes de las fuerzas de seguridad dispararon municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, golpearon brutalmente a personas que no mostraban resistencia y llevaron a cabo violentos allanamientos en edificios de departamentos. Integrantes de las fuerzas de seguridad también han cometido graves abusos contra detenidos que, en algunos casos, constituyen torturas, como violentas golpizas, descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales.
En 2019, miembros de las fuerzas de seguridad respondieron con violencia a manifestaciones en apoyo a Guaidó, y dispararon a quemarropa perdigones o municiones reales contra los manifestantes. Cientos de personas fueron detenidas y decenas murieron asesinadas en varios incidentes ocurridos en enero y mayo.
El Foro Penal contabiliza que más de 15.000 personas fueron detenidas desde 2014 en relación con manifestaciones, incluidos manifestantes, transeúntes y personas que fueron llevadas de sus casas sin orden judicial. Hasta noviembre, cerca de 8.900 habían recibido libertad condicional pero aún estaban sujetas a causas penales. La justicia militar ha procesado a más de 840 civiles, violando lo dispuesto por el derecho internacional.
Muchas otras personas detenidas en relación con las protestas o activismo político permanecen en arresto domiciliario o están detenidas a la espera de un juicio. Otras se han visto obligadas a exiliarse.
Presuntas ejecuciones extrajudiciales
Desde 2016, miembros de la policía y de las fuerzas de seguridad han provocado la muerte de casi 18.000 personas en Venezuela en situaciones de supuesta “resistencia a la autoridad”. El ministro de Interior, Néstor Reverol, informó en diciembre de 2017 que hubo 5.995 de estos casos en 2016. y 4.998 en 2017. Las fuerzas de seguridad venezolanas causaron la muerte de alrededor de 7.000 personas en incidentes que, según alegaron, eran casos de “resistencia a la autoridad” durante 2018 y los primeros cinco meses de 2019, conforme a cifras oficiales citadas por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Aunque todavía nadie ha recopilado información detallada respecto de cuántas de estas muertes a manos de integrantes de las fuerzas de seguridad han sido ejecuciones extrajudiciales, la Oficina de la ACNUDH concluyó que “muchas” podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Human Rights Watch documentó varias de estas ejecuciones en 2019.
Entre 2015 y 2017, las fuerzas de seguridad venezolanas hicieron redadas en comunidades de bajos ingresos durante lo que se denominó “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP). Entre las fuerzas de seguridad participantes se encontraban la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y fuerzas de policía de los estados.
En el marco de estas redadas hubo señalamientos generalizados de abusos como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzados, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias. En noviembre de 2017, la entonces fiscal general de Venezuela indicó que las fuerzas de seguridad habían matado a más de 500 personas durante redadas de la OLP. En reiteradas declaraciones, funcionarios públicos afirmaron que las víctimas de la OLP eran delincuentes armados que habían muerto en “enfrentamientos”. En muchos casos, testigos o familiares de las víctimas desmintieron estos señalamientos. En varios casos, las víctimas fueron vistas con vida por última vez bajo custodia policial.
Las FAES, una fuerza de policía especial creada en 2017 para combatir a organizaciones delictivas y de narcotráfico, reemplazaron a las OLP en los operativos de seguridad. Funcionarios de las FAES han cometido impunemente graves violaciones de derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas, en comunidades de bajos recursos que ya no apoyan a Nicolás Maduro. La Oficina de la ACNUDH informó que las “autoridades [podrían] estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”.
Impunidad por abusos
Las autoridades venezolanas informaron que, a junio de 2019, 44 personas habían sido detenidas y se habían emitido órdenes de detención contra otras 33 por su supuesta responsabilidad en muertes ocurridas durante las manifestaciones de 2017 y 2019. Las autoridades sostienen que cinco agentes de las FAES fueron condenados por tentativa de homicidio y otros delitos en relación con acontecimientos ocurridos en 2018, y que otros 388 agentes de esa fuerza estaban siendo investigados por delitos presuntamente cometidos en 2017 y 2019.
Sin embargo, la mayoría de las violaciones de derechos humanos siguen impunes. En julio de 2019, la Oficina de la ACNUDH informó que entre los factores que favorecen la impunidad se incluyen la “falta de cooperación de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas con las investigaciones”, la “manipulación de la escena del crimen” por miembros de las fuerzas de seguridad y la inmunidad de facto de oficiales superiores, así como la falta de independencia judicial.
Independencia judicial
Desde que el expresidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo en 2004 un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han avalado reiteradamente prácticas y políticas abusivas.
En julio, el Tribunal Supremo se pronunció a favor de la jueza María Lourdes Afiuni pero no le concedió libertad plena. Afiuni cumplió un año de cárcel y varios años de prisión domiciliaria, tras el proceso en su contra iniciado en 2009, cuando cumplió con una recomendación del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria y le concedió libertad condicional a un crítico del gobierno. Un tribunal inferior había concedido a Afiuni la libertad condicional en 2013.
Emergencia humanitaria
Los venezolanos enfrentan una severa escasez de medicamentos, insumos médicos y comida que cercena gravemente sus derechos a la salud y la alimentación. En 2017, la ministra de Salud venezolana divulgó datos oficiales que indicaban que, en 2016, la mortalidad materna había aumentado un 65 % y la mortalidad infantil un 30 %. Algunos días después, la ministra de Salud fue despedida. Desde entonces, el gobierno no ha publicado boletines epidemiológicos.
El sistema de salud de Venezuela está absolutamente colapsado. Existe un rebrote y propagación de enfermedades que pueden prevenirse con vacunas y que anteriormente se habían declarado erradicadas, como el sarampión y la difteria. También han aumentado los brotes de enfermedades infecciosas como malaria y tuberculosis. Las investigaciones de organizaciones y universidades venezolanas documentan altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil entre los venezolanos.
Asamblea Constituyente
En 2017, el Presidente Maduro convocó a una Asamblea Constituyente por decreto presidencial, pese al requisito constitucional que exige, para reformar la constitución, celebrar antes una consulta popular. La asamblea está integrada exclusivamente por partidarios del gobierno, designados mediante una elección que Smartmatic, la empresa británica contratada por el gobierno para verificar los resultados, determinó que había arrojado resultados cuya veracidad no podía garantizar. En la práctica, la Asamblea Constituyente ha reemplazado a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, como poder legislativo del país. En 2019, le quitó la inmunidad parlamentaria a varios legisladores opositores y extendió su mandato hasta diciembre 2020.
Libertad de expresión
Durante más de una década, el gobierno ha ampliado y ejercido en forma abusiva su facultad de regular los medios de comunicación, y ha reducido la cantidad de medios críticos. El gobierno puede suspender o revocar licencias a medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”, suspender de manera arbitraria sitios web en el supuesto de “incitación” —una infracción definida de manera muy vaga— y penalizar las expresiones “ofensivas” sobre altos funcionarios gubernamentales. Si bien algunos periódicos, páginas web y estaciones de radio critican al gobierno, la autocensura por temor a represalias es muy habitual.
Durante el levantamiento militar fallido de abril, las autoridades venezolanas sacaron de la televisión por cable a CNN y la BBC, y cerraron Radio Caracas. Organizaciones líderes venezolanas que defienden la libertad de prensa informaron amenazas de muerte y ataques contra periodistas que daban cobertura a las manifestaciones, incluidas golpizas y perdigones disparados desde corta distancia.
En noviembre de 2017, la Asamblea Constituyente adoptó una “Ley contra el odio”, que contiene definiciones imprecisas que socavan la libertad de expresión. Prohíbe a los partidos políticos que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio” y prevé penas de prisión de hasta 20 años contra quienes publiquen “mensajes de intolerancia y odio” en medios de comunicación tradicionales y medios sociales. En 2018, la fiscalía imputó estos delitos a varias personas, entre ellas Jesús Medina, el único periodista venezolano que se encontraba en una cárcel venezolana cuando se preparó este informe. Medina fue detenido por agentes de inteligencia mientras trabajaba en un proyecto de investigación en un hospital de Caracas.
Defensores de derechos humanos
Las medidas gubernamentales para restringir el financiamiento internacional de organizaciones no gubernamentales, sumadas a las reiteradas acusaciones infundadas —realizadas por funcionarios y partidarios del gobierno— de que los defensores de derechos humanos pretenden desestabilizar la democracia venezolana, generan un clima hostil que afecta la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de promover los derechos humanos.
En 2010, el Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrán ser juzgadas por traición a la patria. Ese año, la Asamblea Nacional promulgó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional.
En septiembre, Diosdado Cabello, indicó que la Asamblea Constituyente que él preside adoptaría e implementaría una ley “que sancione a [cualquier] ONG, organismo o persona que esté recibiendo plata del imperialismo para conspirar contra nuestro país”.
Discriminación política
Se ha despedido de empleos públicos a personas que apoyaron referéndums destituyentes contra Chávez y Maduro. Ciudadanos y organizaciones no gubernamentales venezolanos han expresado señalamientos creíbles de que un programa gubernamental que distribuye alimentos y artículos básicos a precios controlados por el gobierno discrimina contra críticos del gobierno.
Condiciones en centros de detención
La corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación, la falta de personal suficiente y la capacitación inadecuada de guardias han permitido que pandillas armadas ejerzan el control efectivo de las cárceles. La sobrepoblación penitenciaria se ve agravada por el uso excesivo de la prisión preventiva.
Actores internacionales clave
En junio, Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó Caracas. Tras su visita de dos días, algunos representantes de su oficina que la habían acompañado se quedaron en Caracas para dar seguimiento a la situación de los derechos humanos. En julio, la Oficina de la ACNUDH difundió un informe lapidario que concluyó que las autoridades venezolanas no habían actuado para que los responsables de gravísimos abusos como asesinatos, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y torturas rindieran cuentas por sus actos. El informe también puso de manifiesto el impacto que la escasez de comida y medicamentos ha tenido en los derechos de los venezolanos a la alimentación y la salud.
En 2018, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda anunció un examen preliminar para analizar si, desde al menos 2017, se han producido en Venezuela delitos sujetos a la competencia de la corte, incluidos señalamientos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y la detención de miles de personas, algunas de las cuales habrían sufrido graves abusos durante las detenciones. Seis países —todos ellos miembros de la CPI— posteriormente pidieron una investigación de la CPI y, desde entonces, otros tres países han apoyado la remisión realizada por estos estados.
Muchos gobiernos sudamericanos han hecho esfuerzos significativos para acoger a los venezolanos que huyeron de Venezuela. Sin embargo, en 2019 varios países, entre ellos Chile, Perú y Ecuador, establecieron el requisito de que primero obtengan visas, lo cual en la práctica limita seriamente la posibilidad de acceso de los venezolanos a estos países. En algunos casos, los venezolanos han sido víctimas de actos de xenofobia en el extranjero; por ejemplo, ello ocurrió en partes de Colombia, Ecuador, países del Caribe y el norte de Brasil.
El Grupo de Lima, integrado por al menos 10 gobiernos latinoamericanos y Canadá, sigue dando seguimiento a la situación en Venezuela. En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución, impulsada por miembros del Grupo de Lima, para crear un mecanismo de investigación independiente, llamado misión de determinación de los hechos, que tiene el mandato de investigar señalamientos de atrocidades cometidas en Venezuela, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas ocurridas desde 2014. La resolución también prevé la creación de una comisión de investigación para el supuesto de que Venezuela no coopere con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La misión de determinación de los hechos presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos durante su período de sesiones de septiembre de 2020.
Irán, en representación de Venezuela, presentó una segunda resolución que pone énfasis en la “cooperación y la asistencia técnica” y, al mismo tiempo, expresa consternación por “la imposición de medidas coercitivas extraterritoriales unilaterales”. Esta resolución insta al gobierno de Venezuela a implementar cabalmente las recomendaciones del informe de la Alta Comisionada, a permitir el acceso de expertos de la ONU y a brindar a la Oficina de la Alta Comisionada acceso irrestricto a todas las regiones y centros de detención.
La Oficina de la ACNUDH también anunció la suscripción de un memorando de entendimiento con Venezuela, orientado a crear una oficina en el país, si bien al momento de la redacción de este informe aún no habían sido consensuados muchos detalles sobre su funcionamiento.
Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Suiza han aplicado sanciones dirigidas contra más de 100 funcionarios venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos y hechos de corrupción. Las sanciones incluyen medidas como la inmovilización de activos y la cancelación de visas. En julio, la UE reiteró su intención de ampliar las sanciones dirigidas a funcionarios públicos si las negociaciones no conducen a resultados concretos. El Parlamento Europeo también instó a que se adopten más sanciones contra autoridades públicas responsables de graves violaciones de derechos humanos y represión. Argentina, Brasil y Perú también han prohibido que un total de más de 300 funcionarios venezolanos ingresen en sus países.
Desde 2017, Estados Unidos también ha impuesto sanciones económicas, incluida la prohibición de operar con nuevas acciones y bonos emitidos por el gobierno venezolano y la empresa petrolera estatal. A pesar de incluir disposiciones que excluyen las transacciones para la compra de comida y medicamentos, estas sanciones podrían exacerbar la gravísima situación humanitaria que ya existe en Venezuela ante el riesgo de un cumplimiento autoimpuesto que sea más riguroso de lo necesario.
En abril de 2019, el Consejo de Seguridad de la ONU llevó a cabo una sesión formal sobre la emergencia humanitaria en Venezuela. Durante esta sesión, Human Rights Watch y la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins presentaron un informe que concluía que la grave escasez de medicamentos y comida en Venezuela, combinada con la propagación de enfermedades fuera de las fronteras del país, ha creado una emergencia humanitaria compleja que amerita una respuesta a gran escala de las Naciones Unidas.
Inmediatamente después del encuentro, tras meses de diplomacia discreta, el secretario general de la ONU, António Guterres, anunció en un tuit que 7 millones de venezolanos necesitaban asistencia humanitaria. Diversas agencias de la ONU con presencia en Venezuela realizaron un análisis de las necesidades humanitarias en Venezuela en el que establece que deben aportarse USD 233 millones para suplir las necesidades humanitarias durante un período de seis meses. Hasta noviembre, la convocatoria no había recibido la totalidad de los fondos ni se había implementado cabalmente.
Cuando se elaboró este informe, la iniciativa de Noruega de mediar entre las autoridades venezolanas y la oposición, en el marco de la cual se realizaron varios encuentros en Noruega y Barbados durante 2019, no había conducido a resultados concretos. Un Grupo de Contacto integrado por Costa Rica, México, Uruguay y varios gobiernos europeos se reunió con autoridades venezolanas en varias ocasiones durante 2019 para promover elecciones libres y justas en Venezuela.
Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela ha votado reiteradamente contra el monitoreo de violaciones de derechos humanos, y se opuso a resoluciones que alertaban sobre abusos en países como Siria, Bielorrusia, Burundi e Irán. En octubre, la Asamblea General de la ONU eligió a Venezuela, por una estrecha diferencia, para integrar el Consejo de Derechos Humanos durante el período 2020-2022, pese a su intención declarada de negarse a colaborar con la misión de determinación de los hechos creada por el propio consejo, lo cual viola sus obligaciones como miembro.
En 2013, entró en vigor la denuncia del gobierno venezolano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH), lo cual privó a ciudadanos y residentes de la posibilidad de acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando no estén disponibles recursos locales o estos no sean efectivos para la reparación de abusos cometidos luego de esa fecha. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue dando seguimiento a la situación en Venezuela, y aplica para ello la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, un instrumento que no está sujeto a ratificación por los Estados.
Venezuela es uno de los pocos países de América Latina que todavía no ha firmado la Declaración sobre Escuelas Seguras. En 2019, trascendieron señalamientos de que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y grupos armados partidarios del gobierno habían usado escuelas para ejercicios militares, afectando el acceso de los estudiantes a la educación.