En Argentina existen problemas de derechos humanos que incluyen el abuso policial, condiciones carcelarias deficientes y violencia endémica contra las mujeres. La prolongada crisis económica en el país afecta especialmente a las personas que viven en situación de pobreza.
El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y miembros del gobierno han empleado una retórica hostil contra el poder judicial, el Ministerio Público y la prensa independiente.
La crisis política potenciada por las dificultades económicas y la polarización ha creado un contexto desafiante para que existan mejoras en derechos humanos. Al momento de la redacción de este informe, se encuentra en curso una investigación sobre el intento de asesinato contra Fernández de Kirchner en septiembre de 2022, en el cual un hombre gatilló su arma dos veces cerca de la cabeza de la vicepresidenta.
Independencia judicial y del Ministerio Público Fiscal
Autoridades de alto nivel han utilizado una retórica hostil contra jueces y fiscales que deciden en contra del gobierno o investigan la presunta participación de la vicepresidenta en hechos de corrupción.
En diciembre de 2022, un tribunal condenó a Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la presunta comisión del delito de “administración fraudulenta” en relación con proyectos de obra pública llevados a cabo durante su presidencia. Los fundamentos de la sentencia todavía no habían sido publicados al momento de redacción de este informe. La vicepresidenta rechazó las alegaciones, acusó al fiscal de llevar adelante una investigación abusiva y políticamente motivada y a los jueces de ser parte de una “mafia” que buscaría mantenerla alejada de la función pública. Se prevé que Fernández de Kirchner apele la sentencia, lo cual suspendería sus efectos. Debido a su cargo como vicepresidenta, Fernández de Kirchner goza de inmunidad de arresto.
El gobierno de Fernández y sus aliados introdujeron varias reformas al sistema de justicia que podrían socavar la independencia de los tribunales y de los fiscales. En septiembre, legisladores oficialistas y de otros partidos aprobaron un proyecto de ley en el Senado que amplía la Corte Suprema de 5 a 15 magistrados, una medida que gobiernos anteriores han utilizado para cooptar la Corte. El proyecto no había sido tratado en la Cámara de Diputados al momento de la redacción de este informe.
El procurador general en funciones se encuentra en calidad de interino desde 2018, ya que el Senado no logra reunir la mayoría de dos tercios requerida para nombrar a una persona para ese cargo. En 2020, el Senado aprobó un proyecto de ley impulsado por el gobierno para reducir la mayoría necesaria para designar a un procurador general, pero la Cámara de Diputados no había tratado el proyecto al momento de preparación de este informe.
En 2015, la Corte Suprema concluyó que la demora en el nombramiento de jueces permanentes, que provoca que los jueces subrogantes ocupen los cargos durante años, atenta contra la independencia judicial. A septiembre de 2022 había 257 puestos vacantes en la justicia federal y nacional.
En abril, el Consejo de la Magistratura, que selecciona a los jueces para los tribunales federales y nacionales, cambió de estructura tras un fallo de la Corte Suprema del año 2021. La sentencia establece la incorporación del presidente de la Corte Suprema como presidente del órgano y adiciona representantes del Congreso, el Colegio de Abogados, el sector académico y los jueces. El gobierno de Fernández criticó la nueva estructura e instó al Congreso a que aprobara un proyecto de ley promovido por el oficialismo para modificarla. El proyecto fue aprobado por el Senado en el mes de abril, pero hasta octubre no se había tratado en la Cámara de Diputados.
Derechos económicos
Una larga crisis económica, que se profundizó durante la pandemia de Covid-19, afecta de manera desproporcionada a las personas de bajos ingresos y limita severamente la capacidad de las personas de ejercer sus derechos económicos.
El gobierno informó que el 36,5 % de la población vivía en situación de pobreza al mes de junio de 2022, una reducción del 0,8 % desde diciembre de 2021. Las personas que viven en situación de indigencia—es decir, aquellas que no pueden cubrir sus necesidades alimentarias más básicas—representaban el 8,8 % de la población, un incremento del 0,6 % desde diciembre de 2021. Los niños y las niñas se vieron particularmente afectados: más de la mitad de los niños menores de 14 años vivían en la pobreza y más de uno de cada diez en la indigencia. El Banco Central proyectó que la inflación podía superar el 100 % en 2022, lo que dificultaría aún más las posibilidades de que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas.
Libertad de expresión
Autoridades de alto nivel, incluido el presidente Fernández, han empleado una retórica hostil contra periodistas y medios independientes.
En noviembre de 2021, un grupo de personas arrojó explosivos a las oficinas del Grupo Clarín—el mayor conglomerado de medios de la Argentina—en Buenos Aires. No se ha determinado quiénes fueron responsables por este delito.
Un tribunal federal continuó la investigación de un exdirector y una exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia por cargos de conspiración en relación con el espionaje ilegal de periodistas, sindicalistas y políticos durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.
En algunas provincias y municipios no hay leyes sobre libertad de información, lo cual disminuye la transparencia gubernamental.
Condiciones en centros de detención y abusos por miembros de las fuerzas de seguridad
La Procuración Penitenciaria de la Nación informó que hubo 233 presuntos casos de tortura o maltrato en cárceles federales durante 2021, y 117 casos entre enero y junio de 2022. El Ministerio Público reportó la muerte de 43 personas detenidas en cárceles federales durante 2021, incluidas 9 muertes violentas y 9 muertes ocasionadas por Covid-19.
Según datos oficiales, casi la mitad de las 11.280 personas detenidas en cárceles federales se encuentra en prisión preventiva.
Las fuerzas de seguridad en ocasiones incurren en abusos y uso excesivo de la fuerza. En junio, una mujer murió en una dependencia policial en la localidad de Laprida, provincia de Buenos Aires. Cinco policías fueron detenidos por presuntamente haber asesinado a la mujer y presentado su muerte como un suicidio.
Juicios por abusos del pasado
A comienzos de la década del 2000, la Corte Suprema y la justicia federal declararon la nulidad de los indultos y las leyes de amnistía concedidos a exmilitares implicados en los delitos cometidos durante la dictadura (1976-1983). El Ministerio Público informó que, desde 2006 y hasta septiembre de 2022, se registraban 3.631 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad, incluyendo 1.088 condenadas y 165 absueltas.
Hasta septiembre, se habían identificado 130 personas apropiadas ilegalmente de sus padres durante la infancia en la dictadura, según la organización de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo. Muchas personas apropiadas se han reencontrado con sus familias.
Debido a la gran cantidad de víctimas, presuntos implicados y causas, los jueces y fiscales enfrentan el desafío de llevar ante la justicia a los responsables y, al mismo tiempo, respetar sus garantías de debido proceso.
Impunidad por el atentado a la AMIA
A 28 años del hecho, aún no hay condenados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en el cual perdieron la vida 85 personas y más de 300 resultaron heridas.
En febrero de 2019, un tribunal condenó a un exjefe de inteligencia y a un juez por el entorpecimiento de la investigación inicial del atentado, pero absolvió al expresidente Carlos Menem. La apelación de la condena al juez se encontraba en trámite a octubre de 2022.
En 2015, el fiscal Alberto Nisman, quien había acusado a la entonces presidenta Fernández de Kirchner de encubrir el papel de Irán en el atentado, fue encontrado muerto. En 2018, un tribunal de apelaciones señaló que la muerte de Nisman habría sido un homicidio. Hasta la fecha de redacción de este informe ninguna persona había sido condenada en relación con su muerte.
En 2021, un tribunal federal desestimó la acusación de Nisman contra Fernández de Kirchner, al sostener que los actos de los cuales se la acusaba no constituían delito.
En agosto de 2022, el presidente Fernández dijo que Nisman se había suicidado y que esperaba que el fiscal que acusó a la vicepresidenta Fernández de Kirchner por hechos de corrupción no hiciera lo mismo.
La Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo, un órgano que es formalmente independiente del poder ejecutivo y que tiene mandato de documentar e investigar actos del gobierno nacional, continúa vacante. El Congreso no ha cumplido con su mandato de designar un defensor desde 2009. La capacidad de la Defensoría de proteger derechos se encuentra severamente limitada desde el año 2013, cuando finalizó el mandato del entonces defensor del pueblo adjunto.
Derechos de mujeres y niñas
En 2020, en una decisión histórica, el Congreso sancionó una ley que legalizó el aborto hasta la semana 14 de gestación. La ley también permite la interrupción del embarazo luego de ese período en casos de violación o cuando la vida o la salud de la persona gestante se encuentra en riesgo.
Las autoridades informaron que a lo largo de 2021 se realizaron más de 64.000 abortos legales. Sin embargo, obstáculos como la falta de acceso a información sobre la ley, la falta de capacitación sobre aspectos técnicos y demoras indebidas restringen su efectiva implementación.
Las mujeres con discapacidad que han sido declaradas legalmente incapaces o que se encuentran bajo órdenes judiciales que limitan su capacidad jurídica para ejercer sus derechos reproductivos deben contar con la asistencia de un representante legal o un familiar para prestar su consentimiento, lo cual obstaculiza su ejercicio del derecho legal a obtener un aborto.
En agosto, un tribunal liberó a una mujer que se encontraba detenida desde noviembre de 2021 en la provincia de Corrientes acusada de homicidio agravado, tras experimentar una emergencia obstétrica.
A pesar de una ley de 2009 que dispone medidas exhaustivas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, la impunidad por homicidios de mujeres sigue siendo un problema grave. En 2021, el Registro Nacional de Femicidios reportó 231 femicidios (es decir, homicidios de mujeres debido a su género) y apenas 6 condenas.
En lo que constituyó una medida importante adoptada en 2021, Argentina se convirtió en uno de los primeros diez países que ratificaron el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece las obligaciones del Estado para proteger a las mujeres de la violencia y el acoso en el trabajo.
Orientación sexual e identidad de género
En septiembre, Argentina llegó a un acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato violento de un oficial de la marina, Octavio Romero, en 2011, que no fue debidamente investigado y que podría haber estado motivado por su orientación sexual. Argentina reconoció su responsabilidad por no haber impulsado una investigación efectiva y se comprometió a adoptar políticas públicas que promuevan la prevención, el castigo y la erradicación de la violencia de género entendida en sentido amplio. Esto sienta un importante precedente para América Latina, donde las autoridades a menudo no llevan adelante investigaciones eficaces de los delitos perpetrados contra personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT).
Derecho de niños y niñas a la educación
Educar, un sitio web creado y ofrecido por el Ministerio de Educación para la educación de niños y niñas durante la pandemia, recopiló y transmitió datos personales a compañías de tecnología publicitaria, lo cual permitió a estas empresas rastrear y dirigirse a los niños en Internet con fines publicitarios.
Derechos indígenas
Los pueblos indígenas enfrentan obstáculos para acceder a la justicia, tierras, educación, atención de la salud y servicios básicos.
La Constitución argentina reconoce la propiedad comunitaria indígena de tierras tradicionales. En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Argentina adoptar medidas legislativas para garantizar esos derechos. Sin embargo, continúa posponiéndose el debate acerca de una ley para hacer efectivas las protecciones.
Actores internacionales clave y política exterior
En 2022, Argentina asumió la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En ese órgano apoyó el escrutinio de violaciones de derechos humanos en Afganistán, Bielorrusia, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Ucrania. Sin embargo, Argentina se abstuvo de votar una resolución para renovar el mandato del grupo de expertos de la ONU que investiga violaciones sistemáticas de derechos en Venezuela y otra resolución para debatir la situación de derechos humanos en la Región Autónoma Uigur del Xinjiang en China.
En 2022, Argentina asumió la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que representa un espacio de integración y cooperación regional con otros países, como China e India. En una reunión de la CELAC que se realizó en agosto, el presidente Fernández manifestó que la CELAC debía reemplazar a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la cual, desde su perspectiva, “ya no representa” a América Latina y el Caribe.
Durante el 2022, Argentina votó a favor de resoluciones en la OEA que condenaban la invasión a Ucrania por parte de Rusia, suspendían el estatus de observador permanente que la OEA había otorgado a Rusia e instaban al gobierno nicaragüense a liberar presos políticos.
En octubre, un tribunal federal en Argentina inició una investigación penal sobre el presidente nicaragüense Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario María Murillo por presuntos crímenes de lesa humanidad. El tribunal aplicó el principio de jurisdicción universal, que permite a las autoridades juzgar ciertos delitos graves independientemente de dónde se produzcan y de cuál sea la nacionalidad de las víctimas o los presuntos autores.