La represión de la libertad de expresión y asociación en Marruecos continuó a lo largo de 2023 y varios periodistas, activistas y líderes de protestas de alto perfil fueron encarcelados en aparente represalia por sus críticas a la monarquía gobernante. Las autoridades restringieron la actividad de las personas defensoras de los derechos humanos y la independencia en el Sáhara Occidental mediante acoso, vigilancia y, en algunos casos, prolongados encarcelamientos tras juicios injustos.
Libertad de expresión
En mayo, el Tribunal de Casación confirmó una sentencia de tres años de prisión para Mohamed Ziane, abogado de 80 años y ministro de derechos humanos de Marruecos entre 1995 y 1996, por 11 cargos, entre ellos “difamación y desacato a funcionarios públicos, adulterio y agresión sexual”. Amnistía Internacional informó que al menos seis de los cargos contra Ziane violaban su derecho a la libertad de expresión. Lleva recluido en régimen de aislamiento en la prisión de El Arjat, cerca de Rabat, desde noviembre de 2022 y, según su abogado, se le negó material para leer o escribir durante unos seis meses.
Los periodistas independientes Omar Radi, Soulaiman Raissouni y Taoufik Bouachrine continúan cumpliendo penas de prisión que les impusieron tras procedimientos judiciales defectuosos por varios cargos, incluidos algunos relacionados con agresión y acoso sexual. Human Rights Watch ha documentado múltiples tácticas clandestinas utilizadas por las autoridades marroquíes contra cada uno y, en términos más generales, para reprimir la disidencia y a los detractores del régimen. Entre estas tácticas se encuentran cargos penales de naturaleza sexual, juicios injustos y largas penas de prisión, parte de un “ecosistema de represión” que incluye acoso y campañas de difamación en medios de comunicación alineados con el Estado, ataques contra familiares, vigilancia digital y en vídeo y, a veces incluso, intimidación física y agresión. En julio, el Tribunal de Casación confirmó definitivamente la pena de prisión de seis años de Radi y la condena de cinco años de Raissouni, mientras que Bouachrine continúa cumpliendo su condena de 15 años, que el Tribunal de Casación confirmó en 2021. Un indulto real es su última esperanza para una liberación temprana.
El 31 de julio, un tribunal de primera instancia marroquí condenó a Saïd Boukioud, de 48 años, a cinco años de prisión en aplicación del artículo 267 del Código Penal por criticar en Facebook en 2020 la decisión del rey de normalizar los vínculos con Israel. Bajo este artículo, los actos considerados que puedan “socavar la monarquía” conllevan una pena de prisión de seis meses a dos años y que puede aumentar a cinco años si el acto se comete en línea.
Human Rights Watch ha documentado anteriormente casos de decenas de periodistas y activistas de redes sociales condenados por tribunales marroquíes por difamación, publicación de “noticias falsas”, “insultos” o “difamación” a funcionarios locales, organismos estatales o jefes de Estado extranjeros, así como por “socavar” la seguridad del Estado o la institución de la monarquía.
En septiembre, la policía marroquí deportó a los periodistas Quentin Müller y Thérèse Di Campo de Marianne, una revista de noticias francesa, después de arrestarlos en su hotel en Casablanca. El portavoz del gobierno afirmó que fueron expulsados por ejercer en Marruecos como periodistas sin autorización oficial. Esta fue la más reciente de numerosas expulsiones de periodistas extranjeros justificadas por las autoridades por motivos similares.
Libertad de asociación
Las autoridades continuaron obstaculizando el trabajo de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), el mayor grupo independiente de derechos humanos del país. Históricamente, las autoridades se han negado a procesar los trámites administrativos para decenas de sucursales locales de la AMDH, lo que impide su capacidad para abrir nuevas cuentas bancarias o alquilar espacios, aseguró la asociación. La AMDH ha informado que otros grupos cívicos también se ven afectados por la denegación de estatus legal por parte de las autoridades o la negativa a completar procedimientos administrativos, incluidos grupos que trabajan en temas de violencia contra las mujeres y los jóvenes.
Derechos de las mujeres y las niñas
En septiembre, el rey Mohammed VI dio instrucciones formales al jefe de gobierno para que revisara el Código de Familia de 2004, también conocido como Moudawana. El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, destacó la intención del gobierno de abordar las desigualdades de género existentes en la legislación relativa al matrimonio, el divorcio y la tutela de los niños.
Actualmente, el Código establece que el representante legal predeterminado de un menor es el padre, incluso si la madre tiene la custodia por orden judicial después del divorcio. También estipula que las mujeres y las niñas heredan solo la mitad de lo que reciben sus parientes varones. El Código establece 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio, pero permite a los jueces conceder “exenciones” para que las niñas de entre 15 y 18 años puedan casarse a petición de sus familias.
El derecho marroquí no tipifica explícitamente como delito la violación conyugal. Por contra, las mujeres que denuncian una violación pueden verse procesadas por mantener relaciones sexuales ilegales fuera del matrimonio. Una ley de 2018 sobre la violencia de género tipificó como delito algunas formas de violencia doméstica, estableció medidas de prevención y brindó nuevas protecciones para las sobrevivientes. Sin embargo, la ley también creó barreras de acceso a estas protecciones, no delineó el deber de cuidado de la policía, los fiscales y los jueces de instrucción en casos de violencia doméstica, y no estipuló financiamiento para refugios para mujeres.
Código Penal
El Código Penal tipifica como delito varios aspectos de la vida privada. El aborto sigue considerado como delito en virtud del artículo 453, excepto cuando la salud de la madre esté en riesgo y en otros casos limitados, como violación o incesto. Sin embargo, el artículo estipula que el procedimiento requiere el consentimiento de la pareja y/o de un médico. De lo contrario, una persona que “obtiene intencionalmente un aborto” puede enfrentar hasta dos años de prisión, y quienes lo realicen pueden enfrentar hasta cinco años.
El artículo 490 castiga las relaciones sexuales fuera del matrimonio con al menos un año de prisión. El artículo 491 prevé una pena de cárcel de uno a dos años por adulterio, que puede ser procesado si el cónyuge de una de las partes presenta denuncia o, en caso de que su cónyuge se encuentre en el extranjero, un fiscal inicia una causa penal contra el sospechoso de haber cometido adulterio y su cómplice.
El artículo 489 del Código Penal tipifica como delito las relaciones entre personas del mismo sexo y estipula entre seis meses y tres años de prisión. Marruecos ha utilizado a lo largo de los años esta disposición para procesar y encarcelar a hombres, incluso cuando no había pruebas de que hubieran participado en actos sexuales entre personas del mismo sexo.
Sáhara Occidental
Steffan de Mistura, enviado personal del secretario general de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, visitó la región en septiembre por primera vez desde su nombramiento en 2021. En marzo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos declaró su deseo de emprender misiones significativas en la región, señalando que habían pasado casi ocho años desde la última visita del ACNUDH.
La mayor parte del Sáhara Occidental ha estado bajo control marroquí desde que España, el antiguo administrador colonial del territorio, se retiró en 1975. En 1991, tanto Marruecos como el Frente Polisario, un movimiento de liberación que busca la autodeterminación del Sáhara Occidental, negociaron una tregua mediada por la ONU para preparar un referéndum sobre la autodeterminación. Ese referéndum nunca se llevó a cabo. Marruecos rechaza la celebración de una votación sobre la autodeterminación que incluiría la independencia como opción; considera que el Sáhara Occidental es parte integrante del reino.
En diciembre de 2020, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el proceso de autodeterminación de los saharauis patrocinado por la ONU al reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Desde entonces, Marruecos ha estado presionando a sus aliados occidentales, incluidos España y Francia, para que hagan lo mismo. En julio, Israel reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
En el momento de redacción de este informe, 19 hombres saharauis seguían en prisión después de haber sido condenados en juicios injustos en 2013 y 2017 por el asesinato de 11 miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes, durante los enfrentamientos que estallaron después de que las autoridades desmantelaran por la fuerza un gran campamento de protesta en Gdeim Izik, cerca de El-Ayun, en 2010. Ambos tribunales se basaron casi exclusivamente en confesiones para condenarlos sin investigar seriamente las alegaciones de que los acusados firmaron sus confesiones bajo tortura policial. El Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de Marruecos, confirmó los veredictos en apelación el 25 de noviembre de 2020.
Región del Rif
Un grupo de 40 manifestantes asociados con el Hirak, un movimiento de la región del Rif, en el norte de Marruecos, que en 2016 y 2017 protestaron contra las condiciones socioeconómicas locales, siguen encarcelados y algunos cumplen condenas de décadas de duración. En 2019, un tribunal de apelación confirmó las condenas, a pesar de las acusaciones creíbles de que las confesiones fueron obtenidas bajo tortura. Entre ellos se encuentran los líderes del Hirak Nasser Zefzafi y Nabil Ahamjik.
Refugiados y solicitantes de asilo
El Parlamento de Marruecos todavía no ha aprobado un proyecto de ley de 2013 sobre el derecho de asilo. Mientras tanto, sigue vigente una ley de migración de 2003 que penaliza la entrada irregular al país sin establecer excepciones para refugiados ni solicitantes de asilo.
En septiembre de 2023, había más de 19.000 refugiados y solicitantes de asilo en Marruecos registrados ante la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR. Más de la mitad eran de países de África occidental, central y nororiental, y alrededor del 30 por ciento eran sirios. La delegación marroquí dijo en una declaración hecha en marzo ante el Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes que Marruecos había regularizado en 2022 el estatus de 58.000 inmigrantes mediante visas de tres años.
Las autoridades marroquíes no han abierto ninguna investigación independiente creíble ni han ofrecido una compensación adecuada a los supervivientes y familiares de las víctimas de un incidente ocurrido el 24 de junio de 2022 en el que la policía fronteriza marroquí y española hicieron uso de la fuerza excesiva en respuesta a un intento por parte de entre 1.300 y 2.000 hombres –la mayoría de Sudán, Sudán del Sur y Chad— de escalar las vallas metálicas que rodean el enclave español de Melilla. Al menos 23 migrantes o solicitantes de asilo murieron ese día y decenas seguían desaparecidos a mediados de 2023. España y Marruecos niegan responsabilidad por las muertes y las desapariciones.
En febrero, España y Marruecos anunciaron una cooperación “intensificada”, incluso en “la lucha contra la migración irregular y el control de fronteras”.
Después de su arresto en enero en el aeropuerto de Marrakech, las autoridades marroquíes extraditaron el 6 de febrero al ciudadano saudí Hassan al-Rabea a Arabia Saudita, en violación del principio de no devolución establecido en el derecho internacional de derechos humanos y de refugiados. Al-Rabea, de la minoría chiita en Arabia Saudita y cuya familia ha sido blanco de arrestos y ejecuciones, incluso por delitos relacionados con protestas, era buscado por su presunta colaboración con “terroristas” para ayudarlo a salir de Arabia Saudita “de manera irregular”, un cargo que conlleva una pena de prisión de 10 a 20 años.
Yidiresi Aishan (también conocido como Idris Hasan), un activista uigur, seguía bajo amenaza de extradición de Marruecos a China. Aishan ha estado detenido desde su arresto en julio de 2021 a su llegada a Marruecos procedente de Turquía en base a una alerta de Interpol, que desde entonces la Interpol ha cancelado. Aishan permanece encarcelado en la prisión de Tiflet, al este de Rabat, a la espera de una extradición que fue aprobada por el Tribunal de Casación de Marruecos, pero que aún no se ha ejecutado. Las políticas abusivas de China contra los uigures, que constituyen crímenes contra la humanidad, incluyen coaccionar a los uigures en el extranjero para que regresen a Xinjiang, donde enfrentan encarcelamiento arbitrario.