Cada anochecer asesinan a grupos de cinco o seis personas indefensas, quienes son cruel y monstruosamente masacradas, previa tortura. Se escuchan gritos de gentes humildes, clamando piedad y pidiendo auxilio.

—Juez de Mapiripán Leonardo Iván Cortés, julio de 1997

Cuando se escribió este informe, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) englobaban al menos siete grupos paramilitares: las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), el grupo más grande y conocido; las Autodefensas de los Llanos Orientales (también conocidas como Los Carranceros, por el nombre de su líder, Víctor Carranza); las Autodefensas del Cesar; las Autodefensas del Magdalena Medio, el grupo con más antigüedad; las Autodefensas de Santander y el sur del Cesar; las Autodefensas del Casanare; y las Autodefensas de Cundinamarca.

Las unidades de las AUC operan con frecuencia en coordinación directa con las fuerzas de seguridad colombianas.

La aplicación del derecho internacional humanitario a las AUC no les concede ningún estatuto especial ni reconocimiento. Como mostrábamos en la sección dedicada las fuerzas estatales de Colombia, las unidades de las AUC operan con frecuencia en coordinación directa con las fuerzas de seguridad colombianas. En este informe, las llamamos paramilitares debida a su histórica y constante relación con las fuerzas armadas de Colombia. Dentro de Colombia, estos grupos también pueden llamarse “grupos de autodefensa,” una definición utilizada por las AUC.

Sin embargo, las AUC actúan de manera independiente y tienen una estructura de mando, una fuente de suministro de armas y provisiones, y una planificación de operaciones separadas. El líder de las AUC, Carlos Castaño, ha manifestado varias veces su voluntad de comprometer a sus fuerzas a respetar el derecho internacional humanitario. Sin embargo, también ha dicho que sus fuerzas no respetarán las vidas de los guerrilleros fuera de combate o civiles sospechosos de colaborar con la guerrilla, excepciones que demuestran que su supuesto apoyo al derecho internacional humanitario no tiene mayor sentido.

Las AUC

Las AUC son las herederas de Muerte a Secuestradores (MAS), una alianza formada en los ochentas entre el Ejército de Colombia, la Policía y empresarios y ganaderos del Magdalena Medio. En esa época, el Ejército y losparamilitares calificaban su actividad de necesaria para rechazar las incursiones de la guerrilla.29

Sin embargo, en 1983, la Procuraduría había registrado más de 240 asesinatos políticos por parte de las MAS, entre cuyas víctimas se encontraban funcionarios electos, finqueros y líderes comunitarios. En su informe, el procurador Carlos Jiménez Gómez identificó a 59 miembros en activo de la Policía y el Ejército que pertenecían a MAS, entre ellos el Comandante del Batallón de Infantería Bomboná. En una entrevista con Human Rights Watch, Carlos Castaño, fundador de las AUC y el líder paramilitar más poderoso de Colombia, situó su primera participación en la actividad paramilitar en la capacitación que recibió a principios de los ochentas en el Batallón Bomboná.30

Castaño empezó como guía, combatió con las tropas y identificó a presuntos subversivos.31 Mientras tanto, su hermano mayor, Fidel, fue amasando una fortuna procedente del narcotráfico. Fidel invirtió sus ganancias en tierras y se convirtió en uno de los ganaderos más poderosos de Colombia. Con los beneficios de Fidel así como con las contribuciones de terratenientes y empresarios, los Castaño decidieron formar su propio ejército a mediados de los ochentas, conocido como “Los Tangüeros,” por el nombre del racho de Castaño.32

“Los guerrilleros pueden actuar fuera de la ley, así que esta batalla es desigual,” dijo a Human Rights Watch en una entrevista. “Nos dimos cuenta que podíamos utilizar las mismas estrategias que la guerrilla y adoptar sus métodos de combate.”33

Por ejemplo, en Las Tangas, mercenarios extranjeros y oficiales del Ejército en el servicio activo enseñaron a paramilitares y a sicarios profesionales que trabajaban para los capos de la droga como disparar, hacer bombas y emboscadas a mediados de los ochentas.34

La estrategia de los Castaño se saldó con un historial especialmente violento, descrito por una comisión del gobierno como “uno de los capítulos más luctuosos de la violencia reciente del país.” Por ejemplo, el 14 de enero de 1990, los Tangüeros secuestraron y asesinaron a 42 personas de Pueblo Bello, en Urabá, al parecer como venganza por la muerte a manos del EPL de varios pistoleros de los Castaño.35 Meses más tarde, los cuerpos de seis de los secuestrados fueron hallados en fosas clandestinas que contenían un total de 24 cadáveres en Las Tangas y Jaraguay, otro rancho de los Castaño.36

Fidel Castaño fue condenado en ausencia por su participación en esa masacre.37 Carlos Castaño ha admitido la participación de su familia en la masacrede Pueblo Bello, pero ha afirmado que fue “un error” debido al mal entrenamiento. “Nuestra fuerza militar había crecido enormemente, y a veces los hombres utilizaban las armas con malos fines,” dijo.38

Las masacres por parte de los Tangüeros provocaron desplazamientos forzados masivos durante la segunda mitad de los ochentas, y municipios enteros se vaciaron por el terror.39 Según una organización que trabaja con los desplazados, los mismos narcotraficantes convertidos en terratenientes que sufragaban el ejército de Castaño compraban las tierras abandonadas a precios baratos, lo que promovía la campaña de deshacerse de los guerrilleros y de sus presuntos simpatizantes en la región.40

Los Tangüeros establecieron un modelo claro de operación, que sigue siendo empleado por las AUC.

Esta tendencia continúa y los narcotraficantes siguen comprando grandes extensiones de tierra abandonadas por las familias desplazadas. “La compra de tierras por los narcotraficantes cambia el curso de la guerra, porque los nuevos terratenientes pasan a la organización paramilitar,” comentaba Alejandro Reyes, un sociólogo que ha estudiado la violencia política, en una entrevista con Human Rights Watch. “Empieza entonces la defensa territorial de los narcos.”41

Los Tangüeros establecieron un modelo claro de operación, que sigue siendo empleado por las AUC. En primer lugar, circulan los rumores de un ataque inminente, las pintadas y las amenazas de muerte escritas. En la noche en cuestión, hombres fuertemente armados llegan en vehículos al lugar y empiezan a sacar a gente de sus casas para matarlos. Ninguna de las personas que entrevistamos en eldepartamento de Córdoba en 1992, entre ellas autoridades del gobierno, tenía conocimiento de un enfrentamiento entre los Tangüeros y las fuerzas de seguridad; al contrario, conocidos líderes paramilitares solían dormir en las instalaciones militares aparentemente para protegerse de los ataques de la guerrilla.42

Por ejemplo, en el municipio de El Tomate, cuyos habitantes eran considerados por los paramilitares como simpatizantes del EPL, hombres armados se apropiaron de un autobús público y mataron a cinco pasajeros, el 30 de agosto de 1988. Los pistoleros ejecutaron a otros diez residentes de El Tomate tras sacarles de sus casas. Incendiaron 22 casas y el autobús público, con el conductor esposado al volante.43

Las personas consideradas simpatizantes de la guerrilla o de su ideología (entre ellos maestros, líderes comunitarios, sindicalistas, activistas de derechos humanos y trabajadores religiosos) también eran objetivos legítimos a pesar de no haber participado activamente en el conflicto. Con frecuencia, era el propio trabajo el que les ponía en peligro. Entre las víctimas de los Tangüeros se encuentra Sergio Restrepo, un párroco jesuita que administraba la parroquia de Tierralta en Córdoba. Al parecer, Restrepo se convirtió en objetivo debido a su trabajo con los pobres, que fue considerado pro guerrillero y comunista. En 1988, un sicario de los Castaño lo abatió con disparos a la entrada de la casa parroquial jesuita.44

Como han reconocido los propios Castaño, algunas de las víctimas era también transeúntes asesinados por error.

Incendiaron 22 casas y el autobús público, con el conductor esposado al volante.

Tras otra serie de masacres llevadas a cabo por los paramilitares del Magdalena Medio y sus cabecillas en el Ejército en 1989, entre ellas el asesinato de dos jueces y diez investigadores del gobierno en La Rochela, Santander, el gobierno de Virgilio Barco dictó el Decreto 1194, que establecía sanciones penales para los civiles y los miembros de las fuerzas armadas que reclutaran, entrenaran, promovieran, financiaran, organizaran, lideraran o pertenecieran a “grupos armados, mal llamados grupos paramilitares, que hayan sido formados enescuadrones de la muerte, bandas de asesinos a sueldo, grupos de autodefensa o grupos que se toman la justicia por su mano.” 45

A pesar de este Decreto, ni Fidel ni Carlos Castaño han sido nunca detenidos por su participación en la dirección de un ejército privado o por ordenar masacres, aunque ambos cuentan con múltiples condenas y órdenes de arresto pendientes.46

En 1990, los guerrilleros del EPL habían sido diezmados por la acción combinada del Ejército y los Tangüeros. En agosto, Fidel Castaño y algunos paramilitares del Magdalena Medio ofrecieron entregar sus armas si el EPL se disolvía, un acuerdo que condujo a la desmovilización de más de 2.000 militantes del EPL, el 1 de marzo de 1992. Castaño también entregó algunas armas a las autoridades. A través de una fundación familiar, con el nombre de Fundación por la Paz de Córdoba (FUNPAZCOR), los Castaño donaron tierras, dinero y ganado a cientos de ex guerrilleros del EPL para que establecieran pequeños negocios, fincas, redes comerciales, escuelas y programas de capacitación.47

No obstante, la paz no duró mucho. Cuando los ex miembros del EPL formaron Esperanza, un partido político legal, las FARC habían ampliado sus actividades al norte de Colombia y habían ocupado gran parte del antiguo territorio del EPL. Algunos miembros del EPL rechazaron los términos de las negociaciones y retomaron las armas. Carlos Castaño nos dijo que, por este motivo, su familiadecidió reactivar su ejército como las ACCU y convertirlo en una fuerza nacional para derrotar a la guerrilla.

En entrevistas de prensa, Carlos Castaño ha afirmado que su hermano mayor, Fidel, desapareció en un viaje por tierra de Colombia a Panamá en 1994, poco después de escribir una carta al entonces ministro del interior Horacio Serpa manifestándole su deseo de participar en las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla. La oferta no obtuvo respuesta. Desde la desaparición de Fidel, Carlos se ha convertido en el líder de las ACCU y después de las AUC.48

“En 1993, teníamos 600 armas. Empezamos a establecer frentes en otras regiones para combatir a la guerrilla. Se establecía un frente a petición de la gente que vivía en la región que estaban dispuestos a pagarlo.”49

Las ACCU se convirtieron rápidamente en el grupo paramilitar más grande y organizado de Colombia. Aunque cada frente tiene un líder local, Castaño dice que todos se coordinan a través del mando central. Castaño es el comandante en jefe. Al igual que la guerrilla a la que imitan conscientemente, las ACCU tienen un estado mayor conjunto compuesto por líderes de cada grupo paramilitar regional. Los grupos regionales tienen también estados mayores regionales. La fuerza combativa está dividida en dos tipos de unidades: las juntas de autodefensa locales y los grupos de apoyo; y los frentes de choque, mejor entrenados y equipados y capaces de desplazarse rápidamente por toda Colombia.50 Las ACCU cuentan con ex guerrilleros del EPL, algunos de los cuales se entregaron directamente a los paramilitares.51

Tanto los combatientes locales como especiales reciben un salario base además de alimentos, un uniforme, armas y municiones. Los fondos para cubrir estos gastos provienen de ganaderos y empresarios locales.52 Además, han aparecido nuevas pruebas que relacionan a Castaño con el narcotráfico en Antioquia y Córdoba, un negocio que ha ganado una fortuna para familia.53

Un empresario explicó a Human Rights Watch como le habían dicho que asistiera a un reunión convocada por Castaño en el norte de Antioquia para colectar fondos para una unidad de las ACCU. “Cada persona debía pagar una cuota de entre 3.000 y 5.000 dólares EE.UU., y todos sabían para que era,” nos dijo.54

En contraste con los ochentas, cuando el ejército de los Castaño era una fuerza fundamentalmente regional, las ACCU patrocinaron una cumbre nacional para formar una alianza de grupos con ideas afines en diciembre de 1994, que condujo a la fundación de las AUC.55 Según Castaño, dentro de las AUC, “cada frente es autónomo y responsable de su región en el campo financiero y debe reivindicar o desmentir las acciones que se le atribuyen.”56 Sin embargo, las regiones comparten municiones, armas y hasta hombres.57 Los defensorescoinciden en que Castaño ejerce el control en última instancia de las AUC, y es el que tiene una visión más clara de futuro.58

Castaño niega trabajar con el Ejército, aunque reconoce que hay “simpatía” entre las ACCU y las fuerzas de seguridad. Dijo a Human Rights Watch que, en ocasiones, si los paramilitares están combatiendo a la guerrilla y aparece el Ejército, “es natural que combinemos fuerzas con el Ejército para derrotar a un enemigo común.”59 Durante su Tercera Cumbre, el grupo reconoció una relación continuada con las fuerzas armadas, que “nos quieren usar, pues es bien sabido que nosotros somos quienes en últimas ponemos el pecho en el combate y en buena parte de los operativos antiguerrilla.”60

De hecho, existen pruebas abundantes y coherentes que demuestran que Castaño se coordina con frecuencia con el Ejército, incluso en asesinatos políticos destacados. Por ejemplo, la Fiscalía General acusó a Castaño de participar en el asesinato en 1994 del senador Manuel Cepeda, llevado a cabo con la presunta asistencia de la Novena Brigada del Ejército.61

Las ACCU iniciaron su campaña de eliminación de guerrilleros en Urabá y después se expandieron hacia el sur en los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar y Sucre. Cuando hablamos con Castaño en 1996, éste afirmó que contaba con más de 2.000 combatientes entrenados, armados y equipados distribuidos en cinco frentes, además de su cuartel general en San Pedro de Urabá. Los analistas del gobierno de Colombia estiman la misma fuerza combativa, que puede aumentar en centenares en función del lugar donde Castaño planee realizar una operación.62

A finales de 1996, las AUC contaban con paramilitares del Magdalena Medio, liderados por Ramón Isaza, y de los Llanos Orientales, liderados por VíctorCarranza.63 En esa época, las AUC planeaban establecer nuevos frentes en los departamentos de Guaviare y Putumayo, saltando hasta la frontera más al sur de Colombia.64 Por su parte, las ACCU también cruzaron la frontera norte de Colombia con Panamá en persecución de guerrilleros, que durante años han utilizado como refugio está zona poco poblada.65

Después de que las ACCU fueran relacionadas con 90 asesinatos en un período de 22 días a finales de 1996, el gobierno de Colombia anunció una “ofensiva total” contra ellos y una recompensa de un millón de dólares por información que condujera a la captura de Castaño.66

Sin embargo, durante los meses siguientes, las fuerzas de seguridad no hicieron ningún esfuerzo para encontrarle y detenerle. De hecho, Castaño siguió reuniéndose habitualmente con reporteros, funcionarios de gobiernos municipales y del gobierno nacional y representantes de la Iglesia en áreas controladas por él. Cuando se repitió la recompensa un año después, esta vez a la par de la foto de Castaño, el gobierno prometió enviar contra él un equipo especial liderado por la Policía.67

Cuando se escribió este informe, la Fiscalía General y la Policía habían capturado a líderes paramilitares, entre ellos Víctor Carranza. Sin embargo, Castaño sigue operando libremente y ha lanzado una nueva ofensiva en el departamento de Putumayo.68

Las AUC y el derecho internacional humanitario

Las AUC han reconocido algunos principios del derecho internacional humanitario y acepta la capacitación en materia de leyes humanitarias impartida por el CICR. Sin embargo, todavía tiene que ajustar su conducta sobre el terreno a estos principios. En cambio, las AUC han pedido “negociaciones” con la guerrilla para “llegar a un acuerdo que permita marginar a la población civil y poder así darle cumplimiento al Derecho Internacional Humanitario,” ignorando el hecho de que no se necesitan negociaciones para aplicar inmediatamente estos principios.69 Las conversaciones con representantes del gobierno han sido esporádicas pero constantes.70

Dentro de las AUC, las ACCU es la organización más receptiva. Los estatutos de las ACCU prohíben el reclutamiento forzado de miembros y el ataque a personas que no participan directamente en el conflicto. Los combatientes que desobedecen las órdenes son sancionados y pueden ser expulsados, según el estatuto.71

En otro documento, las AUC han prohibido el reclutamiento de combatientes menores de 18 años; el desplazamiento forzado y el secuestro o la desaparición forzada de civiles.72

“En el pasado, los grupos de autodefensa cometieron errores,” dijo Castaño a los reporteros del diario El Tiempo en 1997. “Fue producto de la falta de profesionalización e ignorancia, pero comenzamos a entrar en un proceso de recuperación. Hubo grupos en muchos lugares a los que les dimos una especie de golpe de estado: les quitamos los fusiles y los echamos. Se hizo un depuración y así unificamos el movimiento.”73

Al mismo tiempo, sin embargo, Castaño ha alegado que la naturaleza de la guerra de Colombia (con muchos combatientes sin uniforme ni identificación) hace que los principios estrictos sean difíciles si no imposibles de aplicar.74 En su lugar, ha defendido una versión “criolla” del derecho internacional humanitario, adaptable a la guerra irregular colombiana.75

“No hemos disparado a gente indiscriminadamente,” dijo a la revista Cambio16 en diciembre de 1997. “Las masacres no existen... Lo único que acepto es que mato guerrilleros fuera de combate.”76

Tras una revisión detallada de los casos y entrevistas sobre el terreno, Human Rights Watch ha concluido que lejos de intentar respetar el derecho internacional humanitario, las AUC dependen de la violación clara, deliberada y sistemática de estas normas para hacer la guerra. Además, los investigadores del gobierno, los miembros de la Iglesia, las organizaciones de ayuda humanitaria y las víctimas de las AUC coinciden en que éstas sólo defienden de palabra las protecciones contenidas en el Artículo 3 Común y el Protocolo II. Las AUC han hecho una ostentación reiterada y enérgica de sus desdén por las normas internacionales por medio de la comisión de masacres, asesinatos de civiles y combatientes fuera de combate, tortura, mutilación de cadáveres, amenazas de muerte, desplazamiento forzado, toma de rehenes, detención arbitraria y pillaje, entre otras violaciones.

“La gente muere porque viven en áreas dominadas por la guerrilla y porque son considerados simpatizantes de ésta por los paramilitares,” dijo a Human Rights Watch un analista de inteligencia del gobierno.77

En 1997, el Banco de Datos registró al menos 155 masacres cometidas aparentemente por unidades aliadas a las AUC, lo que convertía a esta última en responsable de la gran mayoría de los asesinatos considerados una violación delderecho internacional humanitario en Colombia.78 En ese mismo periodo, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía formuló acusaciones en 271 casos con miembros de las AUC implicados, muchos de ellos relacionados con masacres.79

Por su parte, las ACCU, el grupo más poderoso de las AUC, han rechazado cientos de denuncias de que sus miembros capturan habitualmente a personas y mutilan y decapitan los cadáveres de las personas que han ejecutado.80 Sin embargo, dichas denuncias son coherentes, generalizadas y están basadas en fuentes creíbles, por lo que consideramos que no son sólo habituales, sino una estrategia concreta que no se castiga. De los 150 casos de tortura registrados por el Banco de Datos en 1997, 141 fueron atribuidos a grupos paramilitares. De estos, la mayoría de los torturados fueron asesinados después. Además, en muchos casos, se desmiembran, decapitan y mutilan los cadáveres con sierras eléctricas, ácido y a golpe de machete.81

En las entrevistas, Carlos Castaño puede ser directo y no mostrarse arrepentido de las estrategias que violan el derecho internacional humanitario. En una entrevista con el periodista Germán Castro Caycedo, Castaño dijo que la estrategia de los Tangüeros de masacrar deliberadamente a los civiles que creían que llevaban alimentos, medicinas y otras provisiones a la guerrilla fue una táctica útil que las AUC han empleado con energía.

“Nos dimos cuenta que conseguíamos aislarlos y vimos que era una estrategia que daba muy buenos resultados... Hoy seguimos aplicando ese mismo mecanismo acá [en Urubá]... con los mismos excelentes resultados producidos en aquella época.”82

En sus conclusiones sobre la Tercera Cumbre en 1996, las AUC ofrecieron prácticamente una lista de personas consideradas objetivos militares, ignorando completamente las cuidadosas distinciones que los combatientes debenhacer para proteger a los civiles. “Todos los habitantes de una región dominada por cualesquiera de los bandos, son potencialmente combatientes, bien en su condición de simpatizantes activos, los cuales no toman parte directa en el conflicto pero sí asumen la decisiva responsabilidad de trasmitir órdenes e informaciones, suplir líneas de comunicación, proveer abastecimientos de toda índole, infiltrar al enemigo, ‘recaudar’ fondos, ejercer el comisariato político, etc.; y servir además como conexión entre los grupos de acción y la población... Y los simpatizantes pasivos que asumen la tarea de no ver nada, no oír nada y especialmente, no saber nada.”83

Un pronunciamiento de las ACCU divulgado en el departamento de Bolívar en diciembre de 1996 condensa la estrategia de Castaño. Según el pronunciamiento, los combatientes de las ACCU planeaban llevar a cabo un censo de población para distinguir a las “personas que están dedicadas a trabajar honradamente de los públicamente conocidos como guerrilleros... los cuales serán detenidos y ejecutados.” En la segunda categoría se incluía a “aquellos que apoyan [a la guerrilla] ideológica y materialmente, porque así estamos golpeando las bases de la guerrilla contribuyendo así a la tarea de destruirlos.”84

Como queda claro, estas declaraciones y la conducta de las unidades de las AUC sobre el terreno reflejan un profundo rechazo al derecho internacional humanitario, a pesar de que Castaño ha aprendido a elogiarlas en documentos públicos y entrevistas.

Durante 1996 y 1997, las unidades de las AUC establecieron una práctica sistemática clara de violaciones del derecho internacional humanitario. Una unidad entraba en un municipio, ejecutaba a los civiles considerados simpatizantes de la guerrilla y se iba. Como señaló el sociólogo Alfonso Reyes en el diario El Espectador, en cientos de casos, las masacres de civiles lograron una finalidad definitiva aunque brutal.

“La masacre de sospechosos [por parte de los paramilitares] es una notificación eficaz a la población para que corte sus lazos de apoyo a la guerrilla,” señaló. “Muchos que colaboran con ella se asustan y huyen de la región, con losque quedan, de preferencia las víctimas de las guerrillas, se organiza la red de autodefensas y la región queda recuperada.”85

Por ejemplo, el 2 de abril de 1997, unos 200 miembros de las ACCU cruzaron la frontera de Colombia con Panamá y se internaron en los municipios de La Bonga y Titiná, Panamá, ocupados por refugiados colombianos. Se informó que los paramilitares mataron a tres residentes después de sacarlos por la fuerza de sus casas. La cuarta víctima, Remberto Arrieta, fue asesinado cuando intentaba escapar. Aunque las ACCU, que reivindicaron el ataque, dijeron que los muertos eran guerrilleros, las organizaciones de derechos humanos que entrevistaron a testigos posteriormente los describieron como un leñador, una campesina y dos finqueros, a los que los paramilitares acusaban de asistir a la guerrilla y que no participaban directamente en las hostilidades. Como consecuencia, muchos huyeron de la zona.86

Cuando Human Rights Watch le preguntó a Carlos Castaño porqué las ACCU habían matado a varios carniceros en el interior y los alrededores de Tierralta, Córdoba, en 1996, reconoció la responsabilidad del grupo por los asesinatos y demostró su política de violaciones del derecho internacional humanitario. Castaño dijo que la guerrilla roba ganado de los ganaderos que cambia por ganado propiedad de pequeños finqueros. Cuando los pequeños finqueros llevan el ganado robado a los mataderos locales, los carniceros lo compran. Por lo tanto, según el razonamiento de Castaño, los carniceros asisten a los guerrilleros y pierden su estatuto de civiles. “El asesinato de carniceros estaba destinado a enviar el mensaje de que la gente no puede seguir ofreciendo este apoyo económico a la guerrilla,” dijo a Human Rights Watch.87

Castaño también ha admitido los ataques a políticos de izquierdas por el sólo hecho de serlo, violando la protección garantizada a los civiles por el derecho internacional humanitario. En las conclusiones de la Primera Cumbre de las AUC en 1994, se afirma que mientras la guerrilla siga ejecutando a miembros de las fuerzas de seguridad y a las familias de paramilitares, consideraran objetivos principales a los “cuadros políticos y sindicales de la extrema izquierda,” lo que constituye en esencia una política de violaciones del derecho internacional humanitario al atacar deliberadamente a civiles.

Castaño confirmó su posición en 1997, cuando dijo a los reporteros que sus fuerzas matarían a los candidatos considerados simpatizantes de la guerrilla.88

Está claro que estos ataques son violaciones del derecho internacional humanitario, que protege a los civiles aún cuando se pronuncien públicamente en favor de una de las partes del conflicto, en la medida que no tomen parte activa en las hostilidades. El derecho internacional humanitario tampoco hace excepciones para los abusos cometidos en respuesta a las violaciones cometidas por el enemigo; todos los bandos están obligados a respetar el derecho internacional humanitario, independientemente de que sus enemigos lo hagan.

Los defensores de los derechos humanos que denuncian abusos paramilitares son también objetivos de las AUC. Después de que el Grupo de Autodefensas de Santander y el sur del Cesar matara a 11 personas y detuviera arbitrariamente al menos 34 en Barrancabermeja, el 16 de mayo de 1998, los líderes de derechos humanos protestaron y apelaron a las autoridades para queinvestigaran.89 Como consecuencia de esto, el grupo paramilitar, perteneciente a las AUC, divulgó una amenaza en la que nombraba a la presidenta de Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), grupo de derechos humanos que trabaja en la región del Magdalena Medio, Osiris Bayther, y la declaraba “objetivo militar” por colaborar presuntamente con la guerrilla. El 4 de junio, los investigadores del gobierno anunciaron que los paramilitares les habían dicho que al menos 23 de los detenidos habían sido disparados y que sus cuerpos habían sido incinerados, una grave violación del derecho internacional humanitario.90

Para contrarrestar las acusaciones de abusos cometidos por las AUC, Castaño dice que su grupo consulta con al menos tres fuentes de inteligencia no relacionadas entre ellas para confirmar que un posible objetivo es un combatiente antes de llevar a cabo el asesinato. Castaño ha dicho a los periodistas que los sospechosos sólo se ejecutan después de ser condenados por un panel de tres jueces paramilitares, que deben reunir pruebas procedentes de dos fuentes independientes antes de dictar una sentencia.91

Cabe destacar, sin embargo, que rara vez las AUC cumple ni siquiera con estas medidas evidentemente inadecuadas antes de matar a las personas que acusa de apoyar a la guerrilla. Por lo tanto, las menciones a la reunión de pruebas y los paneles de jueces forman parte de una iniciativa cínica de relaciones públicas destinada a justificar lo injustificable: las masacres y las ejecuciones de civiles y combatientes fuera de combate.

Human Rights Watch pudo comprobar “los procesos judiciales” de las AUC en el caso de una persona que conocíamos bien y de quien Castaño había dicho que era un guerrillero comprobado por sus llamadas fuentes independientes de inteligencia. Según Castaño, esta persona había suministrado tiendas, alimentos y medicinas a la guerrilla, y había viajado en zonas controladas por la guerrilla. Castaño señaló que por este motivo su nombre estaba en una lista negra.

Le indicamos que la persona en cuestión, un trabajador de ayuda humanitaria, estaba en esa época asistiendo a cientos de familias de desplazados forzados por el conflicto armado. Es posible que esta persona hubiera entregadoprovisiones a un guerrillero; no obstante, su trabajo consistía en distribuir tiendas, alimentos y medicinas a las familias desplazadas, sin distinguir entre guerrilleros vestidos de civiles y civiles que no participaban directamente en las hostilidades, ni negar la ayuda en base a este criterio. La persona en cuestión no participó directamente en ningún momento en las hostilidades.

Castaño aceptó que sus fuentes no eran siempre confiables y que era posible que no hubieran tenido en cuenta el trabajo de esa persona. Sin embargo, estaba claro que para las AUC este tipo de razonamiento sirve para convertir en objetivo militar a casi cualquier ser humano que vive o trabaja en áreas con presencia guerrillera.92

Masacres

Sepelios colectivos por las víctimas de masacres en la ciudad de Barrancabermeja en 1998. Estos eventos se han vuelto comunes en Colombia. © Agencia Toma

Caicedo, Antioquia: Después del ataque de las FARC, el 12 de abril de 1996, en el que resultó muerto un agente de Policía, la Policía Nacional se retiró de este municipio. A pesar de las peticiones desesperadas de las autoridades locales para que se quedaran, los funcionarios de Policía acusaron a los residentes de apoyar a la guerrilla y que por lo tanto no merecían su protección.93 Ocho días después, las ACCU tomaron el municipio y obligaron a sus residentes a concentrarse en la plaza central. A partir de listas de nombres, los hombres armados seleccionaron a cuatro personas (Darío Restrepo, Caladino González, Jorge Eliécer Castro y Isaías González) y las asesinaron. Todos ellos eran comerciantes acusados por las ACCU de vender provisiones a la guerrilla.94 En una entrevista, las ACCU se atribuyeron los asesinatos.95

Media Luna, Cesar: Alrededor del mediodía del 27 de octubre de 1996, unos 60 miembros de las ACCU en tres vehículos pick-up tomaron este municipio después de cortar las líneas telefónicas. Los hombres armados ejecutaron a siete residentes y secuestraron a otros siete, uno de los cuales fue hallado muerto al día siguiente. Los seis que quedaron fueron reportados como desaparecidos.96 Antes de partir, los hombres pintaron ametralladoras y las letras “ACCU” en los muros.97 Posteriormente, los medios de comunicación informaron que las ACCU estaba divulgando una lista negra con 200 nombres de presuntos simpatizantes de la guerrilla.98 La Fiscalía General está investigando la participación de las ACCU en la masacre.99

Colosó, Morroa y Toluviejo, Sucre: El 3 y 4 de diciembre de 1996, unos 30 miembros de las ACCU entraron en el municipio de Colosó y capturaron a Elsa Rosa Silgado, inspectora de Policía, y a otras dos personas que luego ejecutaron. Al día siguiente, el mismo grupo instaló un retén en las afueras de Colosó y detuvo a siete viajeros, cuatro de los cuales fueron asesinados en el lugar. Ese mismo día, el grupo rodeó una fiesta en Colosó y detuvo a 30 personas cuyos nombres aparecían en una lista. Después de anunciar que iban a “limpiar” la zona de guerrilleros, los hombres liberaron a sus rehenes y se dirigieron a Pichilín, donde mataron a dos hombres y dejaron sus cuerpos en la carretera. Finalmente, en el municipio de Varsovia, las ACCU mataron a siete residentes. En total, murieron 16 personas. Según la Policía, la localización e identificación de los cuerpos fue especialmente difícil porque estaban diseminados en un radio de 35 kilómetros. Muchas de las víctimas fueron halladas con las manos atadas a la espalda y múltiples disparos en la cabeza.100 En los días posteriores a la masacre, unos 350finqueros huyeron de la zona atemorizados. Las ACCU siguieron divulgando pronunciamientos diciendo que los colaboradores de la guerrilla serían asesinados.101 Después de una investigación por parte de la Fiscalía, se dictaron órdenes de arresto contra 14 miembros de las ACCU.102

Han aparecido nuevas pruebas que relacionan a Castaño con el narcotráfico en Antioquia y Córdoba.

Mapiripán, Meta: Del 15 al 20 de julio de 1997, las ACCU tomaron el municipio de Mapiripán, Meta, y mataron al menos a 13 personas y amenazaron a otras de muerte. Una investigación de una organización de derechos humanos concluyó que los paramilitares habían llegado a la región por avión fletado para ese fin, que aterrizó en el aeropuerto de San José de Guaviare unos días antes de la masacre. Este caso también ilustra los resultados mortales de la práctica de aquiescencia por parte del Ejército y a veces de la Policía hacia los paramilitares. Las unidades locales del Ejército y la Policía ignoraron múltiples llamadas telefónicas de un juez civil del área pidiendo ayuda para detener la matanza. En la madrugada del 15 de julio, unos 200 miembros de las ACCU fuertemente armados llegaron al municipio y empezaron a rodear a autoridades locales y a obligarlas a acompañarles. Entre los que buscaban se encontraban los campesinos que habían participado en las protestas de 1996 en todo el departamento contra la erradicación de la coca y la falta de alternativas viables ofrecidas por el gobierno. Los miembros de las ACCU detuvieron a los residentes y a la gente que llegaba en barco, los llevaron al matadero local, los ataron, torturaron y ejecutaron cortando sus gargantas. La primera persona asesinada fue Antonio María Herrera, conocido como “Catumare,” al que colgaron de un gancho, despresaron y arrojaron sus restos al río Guaviare. Al menos dos cuerpos —el de Sinaí Blanco, un barquero, y el de Ronald Valencia, el encargado de la pista de aterrizaje— fueron decapitados.103 El juez Leonardo Iván Cortés informó de que escuchaba los gritos de las personas que llevaban almatadero para interrogarlas, torturarlas y matarlas durante los cinco días que las ACCU permanecieron en el área. En una de las cartas que escribió durante la masacre a varias autoridades regionales, decía: “Cada anochecer asesinan a grupos de cinco o seis personas indefensas, quienes son cruel y monstruosamente masacradas, previa tortura. Se escuchan gritos de gentes humildes, clamando piedad y pidiendo auxilio.”104 El líder de las ACCU Carlos Castaño se atribuyó la masacre, y dijo a los reporteros que un “frente de choque” de setenta hombres había ejecutado a 13 personas y arrojado sus cuerpos al río Guaviare. Las autoridades, que llegaron a los pocos días de la partida de las ACCU, localizaron cinco cuerpos, aunque el CICR dijo a los periodistas que las estimaciones eran de 20 muertos más arrojados al río Guaviare.105 Castaño desmintió las denuncias de torturas, aunque prometió “muchos más Mapiripanes” para Colombia en entrevistas de prensa posteriores.106 Cientos de personas huyeron de la región, entre ellos el juez Cortés, que se vio obligado a salir de Colombia junto con su familia debido a las amenazas contra su vida. La Fiscalía General está investigando la participación de las ACCU en la masacre y ha dictado órdenes de arresto contraCastaño y dos de sus hombres por planear y llevar a cabo los asesinatos.107 La Procuraduría sigue investigando la participación oficial.108

A pesar de las ocho peticiones de ayuda por teléfono del juez Cortés además de las llamadas de al menos tras dos personas, ni la Policía ni el Batallón Joaquín Paris del Ejército con sede en el cercano San José intervinieron hasta que las ACCU habían salido del municipio. Como resultado de su investigación interna, el Ejército destinó a tareas administrativas al Comandante de la Séptima Brigada, el Gen. Jaime Humberto Uscátegui, por no actuar inmediatamente para parar la masacre y detener a los responsables. También afirmaron que estaban investigando al mayor Hernán Orozco Castro, comandante en funciones del Batallón Joaquín Paris, al mayor Horacio Galeano y al capitán Luis Carlos López. En una entrevista, el General Bonett dijo a Human Rights Watch que el General Uscátegui no sería ascendido y que su carrera militar estaba acabada. Sin embargo, Human Rights Watch supo posteriormente que el General Uscátegui había vuelto al servicio activo sin castigo aparente. También cabe señalar que el Ejército, que controlo el aeropuerto de San José, alegó que no había registrado la llegada del avión fletado por las ACCU a pesar de la política de registrar todos los aviones y pasajeros que aterrizan, como los representantes de Human Rights Watch durante una visita en mayo de 1997.109