EPL

La fuerza y la presión del grupo disidente del EPL encabezado por Francisco Caraballo está encaminada a acabar con quienes fueron sus compañeros en la lucha armada y que hoy se han reinsertado a la vida política del país.

— Defensor del Pueblo de Colombia, octubre de 1992

El Ejército Popular de Liberación (EPL) empezó la insurrección armada en 1997. A mediados de los ochentas, el EPL, que primero estuvo activo en el norte de Colombia, tenía unidades en seis departamentos y en la región de Urabá, donde su presencia era mayor.97

En 1997, se consideraba que el EPL había secuestrado al menos a 32 personas.

En 1990, los ataques del Ejército, coordinados con frecuencia con los paramilitares, y las divisiones internas habían debilitado gravemente al EPL. Más de 2.100 de sus miembros aceptaron una amnistía gubernamental y entregaron las armas en 1991. Algunos decidieron unirse a un nuevo partido político, llamado Esperanza, Paz y Libertad. Sin embargo, otros miembros del EPL rechazaron la amnistía. Aunque la fuerza del EPL se ha reducido bastante y sólo cuenta con menos de un millar de militantes armados, mantiene presencia en Córdoba y en las regiones de Urabá y el Magdalena Medio.98

El comandante del EPL Francisco Caraballo cumple sentencia en la prisión de Itagüí, pero sigue manteniendo contacto por radio con los restantes miembros del EPL operativos.

El EPL y el derecho internacional humanitario

El EPL dijo a Human Rights Watch que respeta el derecho internacional humanitario con ciertas excepciones. Por ejemplo, el EPL permite que sus fuerzas ejecuten a personas que han cometido ciertos actos, como participar en grupos paramilitares. Aunque Caraballo no explicó ningún procedimiento de investigación o judicial, confirmó que los guerrilleros bajo su mando también pueden matar por delitos más imprecisos, como “dañar a otros.”99

En 1995, en una carta a la organización no gubernamental, la Comisión de Reconciliación Nacional, el EPL señalaba que “adopta las medidas humanitarias promulgadas por el movimiento guerrillero colombiano, que protegen a la población no beligerante, a los adversarios desarmados en combate, a los enfermos y heridos y a los organismos encargados de asistirlos.” En el documento también se afirma que el EPL ha “tipificado como crímenes y delitos las transgresiones a esta concepción humanitaria de nuestro Ejército.”100

En una entrevista con Human Rights Watch, el comandante del EPL Francisco Caraballo dijo que el EPL había adoptado varias medidas para conformarse al derecho internacional humanitario. Entre ellas, señaló que todos los militantes reciben capacitación sobre las reglas de intervención del grupo. Caraballo puso el ejemplo: cuando se acusa de un crimen a un miembro del EPL, se convoca a los residentes del municipio donde opera el guerrillero para que escuchen los cargos y dicten un veredicto. Si se agarra al militante en el acto, se le hace un consejo de guerra.101 A pesar de nuestras solicitudes reiteradas, el EPL no suministró a Human Rights Watch una copia de sus reglas de intervención.

Sin embargo, Human Rights Watch ha recibido información abundante que demuestra que el EPL viola constante y gravemente el derecho internacional humanitario. Uno de los casos más claros fue la campaña, iniciada en 1991, de asesinatos de ex camaradas militantes de Esperanza. En una circular del EPLfirmada por Caraballo se declaraba que Esperanza era un objetivo por ser “un grupo paramilitar.”102

Human Rights Watch ha recibido información abundante que demuestra que el EPL viola constante y gravemente el derecho internacional humanitario.

Aunque algunos miembros de Esperanza sí dirigieron o participaron en los llamados “Comandos Populares” para atacar al EPL y a presuntos simpatizantes de las FARC, el grupo es un partido político legal. Aunque los dirigentes del partido reconocen que puede que algunos ex guerrilleros y militantes de Esperanza se hayan unido a grupos paramilitares, el partido dice que no apoya a los paramilitares. Según Esperanza, entre 1991 y finales de 1995, 348 de sus miembros y guerrilleros del EPL amnistiados fueron asesinados. De ellos se cree que 61 fueron asesinados por el EPL al mando de Caraballo.103

En un caso especialmente brutal, se informó que el EPL había ejecutado a cinco miembros de Esperanza (Jaime Betin, Jorge Calle, Gregorio Flórez, Jorge San Martín y Martha Cecilia Restrepo) cerca de Turbo, Antioquia, el 10 de enero de 1995.104

“La fuerza y la presión del grupo disidente del EPL encabezado por Francisco Caraballo está encaminada a acabar con quienes fueron sus compañeros en la lucha armada y que hoy se han reinsertado a la vida política del país,” informó en 1992 el Defensor del Pueblo.105

En 1998, el ex comandante del EPL David Mesa Peña, alias Gonzalo, fue detenido en relación con los asesinatos de miembros de Esperanza y otraspersonas.106 En la actualidad, el grupo, que se ha reducido considerablemente de tamaño desde 1991, sólo opera esporádicamente en el norte de Colombia. En 1997, se vinculó al EPL con al menos seis asesinatos políticos.107

Al igual que las FARC y la UC-ELN, el EPL también depende de la toma de rehenes para conseguir dinero y ejercer una influencia política. En 1997, se consideraba que el EPL había secuestrado al menos a 32 personas.108

Asesinatos

Rafael Ángel Restrepo: El 5 de enero de 1996, este ganadero fue asesinado por miembros del Frente Bernardo Franco del EPL, cerca de Turbo, Antioquia. Además, los guerrilleros incendiaron su finca, al parecer en venganza por no querer pagar el “impuesto de guerra.”109 No contamos con pruebas que sugieran que Restrepo era un combatiente. En cambio, le mataron aparentemente por no querer dar dinero a la guerrilla.

Tras obligarles a salir a la calle, los guerrilleros ejecutaron a Lugo y a su hijo de 14 años Orlando.

José Tarciso, Juan Climanco y Moisés Emiro Bacca Bacca: Según las organizaciones de derechos humanos, el 2 de marzo de 1996, miembros del Frente Libardo Mora Toro del EPL secuestraron a estos tres hermanos en la finca Santa Rita, cerca de Ocaña, Norte de Santander. Después de vendarles los ojos, la guerrilla se los llevó. Al día siguiente, los residentes hallaron los cuerpos junto a un cartel que decía Campaña Héroes de América, considerada parte del EPL. Su madre dijo posteriormente a los investigadores que creía que habían sido asesinados porque la noche anterior al secuestro, habían dado refugio a soldados del Ejército.110 Como señalábamos al principio de este informe, el simple hecho de alimentar a un combatiente, ejercer de mensajero, suministrar información,divulgar propaganda o participar en actividades políticas de apoyo a un grupo armado no convierte a un civil en combatiente.

Germán Ramírez Mejía y Heriberto Orejarena Olago: El 19 de mayo de 1997, estos hombres, que formaban parte de un grupo que acompañaba a los candidatos y a los hermanos María Constanza y Juan Carlos Morales Ballesteros, durante un recorrido de la campaña electoral previo a las elecciones de octubre, fueron secuestrados por el EPL en un retén en Santander. Los guerrilleros tomaron como rehenes a los hermanos Morales Ballesteros y a otras seis personas. Ramírez fue ejecutado horas después.111 El cuerpo de Orejarena, estudiante y amigo de Juan Carlos, fue hallado el 22 de mayo con un tiro de gracia en la cabeza.112 Más tarde, un portavoz del Frente Ramón Gilberto Barbosa del EPL reconoció las ejecuciones. En una entrevista con Human Rights Watch, el líder del EPL Francisco Caraballo se atribuyó la ejecución doble y afirmó que las víctimas eran paramilitares.113 La familia Morales desmintió que los dos muertos eran paramilitares y aun si fuera cierto, como combatientes fuera de combate, fueron protegidos por el derecho internacional humanitario.

Tres soldados: El 3 de agosto de 1997, Jorge López Cárdenas, Germán Granados Gutiérrez y Carlos Julio Acevedo, soldados asignados a la Quinta Brigada, estaban viajando desde Aguachica, Cesar, hasta Bucaramanga, Santander, cuando fueron detenidos en un retén del EPL. Cerca de El Playón, Santander, los guerrilleros les obligaron a bajar del autobús interdepartamental en el que viajaban y se los llevó entre la maleza, donde los ejecutó. Las autoridades creen que el comandante Ramón Gilberto Barbosa del EPL ordenó la ejecución.114

Purificación Lugo: Purificación Lugo era la madre de un ex guerrillero llamado El Chonto. El Chonto ayudó a escapar de las manos del EPL a los rehenes María Constanza y Juan Carlos Morales Ballesteros, y después desertó. El 18 de noviembre de 1997, en una venganza aparente, el EPL atacó a Lugo y a sus dos hijos en su casa de Barrancabermeja, Santander. Tras obligarles a salir a la calle, los guerrilleros ejecutaron a Lugo y a su hijo de 14 años Orlando. El otro hijo de Lugo, Miguel, resultó gravemente herido pero sobrevivió.115 Francisco Caraballo afirmó que el EPL estaba investigando el asesinato, pero no había ofrecido a Human Rights Watch ningún resultado concreto, cuando se escribió este informe.116 El simple hecho de ser familiar de un combatiente no convierte a un civil en combatiente. Asimismo, no se debe hacer padecer las consecuencias de los actos de un combatientes a sus familiares civiles.

Toma de rehenes

Adolfo Bula: El 25 de abril de 1997, este congresista fue secuestrado por el EPL, cerca de Hacarí, Norte de Santander. Con él se encontraba Aníbal López, un líder político local. Bula es un miembro del partido conocido como Corriente de Renovación Socialista (CRS), compuesto por guerrilleros de la UC-ELN amnistiados.117 En una entrevista con Human Rights Watch, Francisco Caraballo se atribuyó el secuestro y afirmó que Bula había sido investigado por presuntos crímenes y obligado a pagar una “imposición económica,” o recompensa. Fue liberado posteriormente.118

Las autoridades creen que el comandante Ramón Gilberto Barbosa del EPL ordenó la ejecución.

María Constanza y Juan Carlos Morales Ballesteros: El 19 de mayo de 1997, estos dos hermanos, que estaban haciendo campaña como candidatos a alcaldías en el departamento de Santander, fueron secuestrados por el EPL. Junto con ellos secuestraron a seis personas que fueron liberadas un mes después.119 Durante el cautiverio, su padre, el diputado Norberto Morales Ballesteros, negoció directamente con Francisco Caraballo en la prisión de Itagüí. El propio Morales había sido secuestrado por el EPL en 1992.120 María Constanza y Juan Carlos lograron escapar después de seis meses de secuestro y confirmaron que habían sido secuestrados por el Frente Ramón Gilberto Barbosa del EPL, a cambio de dos millones de dólares EE.UU..121 En una ocasión, los guerrilleros obligaron a María Constanza a escribir una carta a su familia anunciando que tanto ella como su hermano morirían si la familia no pagaba.122

Sardinata, Norte de Santander: El 8 de junio de 1997, el EPL secuestró a tres agentes de Policía (Jairo Ortiz Molina, Baronio Hormiga Méndez y Víctor Manuel Gelves Cuervo) y a dos civiles, cerca de Sardinata, Norte de Santander. El Frente Libardo Mora Toro del EPL se atribuyó el secuestro.123 A cambio de la liberación de los agentes, el EPL reclamó el traslado del comandante del EPL Francisco Caraballo de las prisión de Itagüí en Antioquia a la capital una conferencia de prensa y una radio portátil para él.124 Los cinco secuestrados fueron liberados posteriormente. En una entrevista con Human Rights Watch, Francisco Caraballo se atribuyó el secuestro.125 La conducta del EPL es una violación de la prohibición de tomar rehenes, dado que el caso cumple claramente la definición de rehenescomo personas que “se encuentran voluntaria o involuntariamente en manos [del enemigo] y responden con su libertad o su vida al cumplimiento de sus órdenes.”

Ataques que violan el derecho internacional humanitario

Barrancabermeja: El 17 de diciembre de 1997, el EPL incendió varios vehículos y detonó explosivos en esta ciudad portuaria para conmemorar el aniversario de su fundación como movimiento político. Uno de los explosivos fue situado frente a una asociación vecinal en la parte nordeste de la ciudad. Entre los vehículos destruidos se encontraban dos autobuses públicos propiedad de las empresas Copetrán y Omega.126 Los vehículos y los edificios civiles no pueden ser considerados objetivos militares a no ser que estén siendo empleados en operaciones militares, lo que no era así en este caso. Cuando su uso es exclusivamente civil, están protegidos en virtud del derecho internacional humanitario.