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 Estados Unidos La resistencia del gobierno Bush al escrutinio de sus políticas antiterroristas y abusos pasados continúa siendo un obstáculo para mejorar la situación de los derechos humanos en Estados Unidos. A pesar de algunos esfuerzos en el Congreso por modificar prácticas que violan los derechos humanos, no hubo un progreso evidente en lo que concierne al tratamiento de los llamados combatientes enemigos, incluyendo los detenidos en la Bahía de Guantánamo, o al uso de centros clandestinos de detención. En el territorio nacional, trabajadores migrantes indocumentados enfrentaron un mayor riesgo de detención, y a otras personas no ciudadanas se les impidió reivindicar sus derechos en los tribunales. Las personas convictas por crímenes fueron sometidas a duras políticas de sentencia y, en algunos casos, a condiciones abusivas en las cárceles estadounidenses. La discriminación racial volvió a surgir como un asunto prominente en 2007, cuando a seis estudiantes afroamericanos de bachillerato en Jena, Luisiana, se les acusó como adultos de una serie de crímenes graves por la golpiza propinada a un estudiante blanco en 2006. El caso despertó protestas y hubo una percepción generalizada de que los cargos fueron excesivos y discriminatorios, especialmente al compararlos con el tratamiento a jóvenes blancos de Jena involucrados en otros incidentes. Bahía de Guantánamo, detención indefinida y comisiones militares En 2007, el Departamento de la Defensa puso en libertad a más de 100 detenidos de la Bahía de Guantánamo, pero alrededor de 305 continuaban ahí al momento de escribir el presente informe. En su mayoría, estos hombres han sido detenidos sin cargos durante seis años. Hace tiempo se autorizó la puesta en libertad de más de una docena de uigures chinos y probablemente varios individuos más de otras nacionalidades; aun así, siguen encarcelados en Guantánamo. El gobierno reconoce que los uigures podrían sufrir maltratos si se les regresara a China. En otros casos Estados Unidos, violando sus obligaciones internacionales, ha repatriado detenidos sin ninguna evaluación significativa o independiente del riesgo de tortura o abusos al que se enfrentarían al regresar a su país. En tales casos, Estados Unidos ha alegado que las “garantías diplomáticas”—o promesas de trato humanitario—por parte del gobierno receptor constituían suficiente protección contra abusos, pese a evidencias contundentes de lo contrario. En diciembre de 2005, el Congreso aprobó la Ley sobre Tratamiento de Detenidos, la cual impide a los detenidos en Guantánamo presentar futuras solicitudes hábeas corpus para impugnar la legalidad de su detención o cualquier maltrato. En septiembre de 2006, la Ley sobre Comisiones Militares hizo retroactivas estas disposiciones y las amplió para incluir a todos los “combatientes enemigos ilegales” detenidos que no fuesen ciudadanos estadounidenses. Después de las elecciones parlamentarias en noviembre de 2006, el Senado conoció una legislación que habría revocado las disposiciones que prohibían las solicitudes hábeas, pero ésta no logró obtener los 60 votos necesarios para evitar su obstrucción. La Corte Suprema acordó revisar la constitucionalidad de dichas disposiciones y se espera una resolución a mediados de 2008. En junio, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que estas mismas provisiones que prohibían el hábeas corpus no podían ser aplicadas a Ali Saleh Kahlah al-Marri, ciudadano de Qatar que se encontraba en Estados Unidos con visa de estudiante, a quien el gobierno estadounidense había declarado “combatiente enemigo” apenas unas semanas antes de ser llevado a juicio por fraude financiero y falsas declaraciones. Habiendo ya permanecido en confinamiento solitario durante cuatro años en una cárcel militar en Carolina del Sur, el único contacto externo que al-Marri ha tenido ha sido con sus abogados, quienes tuvieron que entablar una demanda en un tribunal estadounidense a fin de tener acceso a su representado. El tribunal de apelaciones dictaminó que no se podía privar a al-Marri de su derecho a presentar un hábeas corpus para impugnar su detención y le ordenó al gobierno que lo acusara en un tribunal federal o lo pusiera en libertad. Al momento de escribir el presente informe, la orden fue suspendida en espera de apelación. El Congreso autorizó un nuevo sistema de comisiones militares en 2006, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara en el caso Hamdan contra Rumsfeld que eran ilegales las comisiones militares establecidas en 2001 por el gobierno Bush para someter a juicio a personas no ciudadanas acusadas de terrorismo. Si bien las nuevas comisiones, que son enteramente separadas del sistema de tribunales federales, abordan algunas de las preocupaciones de las antiguas comisiones, distan mucho de los estándares para el debido proceso que otorgan los tribunales federales. Por ejemplo, las declaraciones obtenidas a través de “tratos crueles, inhumanos o degradantes” antes del 30 de diciembre de 2005 serán admisibles siempre y cuando un juez considere que son probativas y “fiables”. El carácter ad hoc del proceso da lugar a preocupaciones adicionales acerca de un juicio justo. El australiano David Hicks, cuya declaración de culpabilidad en marzo de 2007 lo convierte en el único detenido de Guantánamo sentenciado por un crimen, estaba previsto que fuera puesto en libertad en Australia el pasado diciembre, tras cumplir su condena de nueve meses. Hasta la fecha, sólo otros tres detenidos de Guantánamo han sido acusados bajo las comisiones: Salim Hamdan, Omar Khadr y Mohamed Jawad. Tanto Khadr como Jawad eran menores de edad—15 y 17 años, respectivamente—cuando inicialmente fueron llevados a Guantánamo hace casi seis años. El gobierno Bush ha declarado que planea someter a juicio ante las comisiones a un total de 80 detenidos en Guantánamo. En 2007, José Padilla fue sentenciado en un tribunal federal por conspiración y apoyo al terrorismo, pero los fiscales no dieron curso a los alegatos, proclamados por largo tiempo, de que él había planeado detonar una bomba radioactiva “sucia” en Chicago. El gobierno accedió a no utilizar ninguna de las declaraciones hechas por Padilla en los más de tres años que permaneció incomunicado bajo detención militar, presuntamente porque las mismas habrían sido obtenidas durante interrogatorios abusivos. Política de tortura En los últimos dos años, el Congreso y los tribunales han repudiado la autorización, por parte del gobierno Bush, de técnicas de interrogatorio abusivas que constituyen tortura. En respuesta a las críticas, el Pentágono anunció nuevas normas aplicables a todos los interrogatorios llevados a cabo por las fuerzas armadas estadounidenses y desautorizó numerosas técnicas abusivas. Sin embargo, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) argumenta que no está sujeta a estas normas y que el gobierno ha hecho todo lo posible por justificar que la CIA continúe el uso de ciertas técnicas que están prohibidas para el uso del Ejército. Según un artículo publicado en el diario The New York Times en octubre de 2007, el Departamento de Justicia emitió en 2005 memorandos legales que autorizaban el uso de simulacros de ahogamiento, bofetadas en la cabeza y exposición a temperaturas heladas, y dictaminó que ninguna de estas técnicas ni otras empleadas por la CIA violaban la entonces pendiente legislación que prohibía los tratos crueles, inhumanos y degradantes. En octubre de 2007, Michael Mukasey, candidato al cargo de fiscal general del gobierno Bush, se negó a repudiar el simulacro de ahogamiento como una forma de tortura durante sus audiencias de confirmación. En julio de 2007, el gobierno emitió una orden ejecutiva que otorgaba autorización legal al llamado “programa CIA”, en el cual se mantiene incomunicados a los detenidos y sujetos a interrogatorios supuestamente abusivos. Michael McConnell, director de Inteligencia Nacional, dijo el 22 de julio de 2007 que él “no querría que un ciudadano estadounidense pasara por el proceso” de ser sometido a algunas de las técnicas aprobadas para uso por la CIA. Prisiones clandestinas En abril de 2007, el Departamento de la Defensa anunció el traslado a Guantánamo de otro detenido que previamente se encontraba bajo custodia de la CIA, lo cual sugiere que las prisiones clandestinas estaban funcionando de nuevo (temporalmente clausuradas después de que el presidente Bush admitiera su existencia en 2006). Human Rights Watch ha identificado a otras 39 personas que creemos fueron retenidas en cárceles clandestinas; funcionarios gubernamentales han indicado que la cifra total es de aproximadamente 100. De conformidad con el derecho internacional, estas personas permanecen ilegalmente “desaparecidas” hasta que Estados Unidos dé cuenta de ellas. En julio, el presidente Bush emitió una orden ejecutiva que autoriza el “programa CIA”, a pesar de la patente ilegalidad de la detención incomunicada según el derecho internacional. Responsabilidad por abusos contra detenidos y civiles Pese a varias investigaciones oficiales sobre el abuso contra detenidos bajo custodia estadounidense en Afganistán, Irak y la Bahía de Guantánamo, Estados Unidos ha hecho poco para responsabilizar a los involucrados. Las acusaciones de militares se han centrado casi exclusivamente en el personal de bajo rango y no se ha acusado a nadie de acuerdo con la doctrina de responsabilidad de mando. Más de una decena de casos referidos al Departamento de Justicia para ser procesados por el Ejército y otras instituciones han permanecido sin acción alguna durante años. Ningún agente de la CIA ha sido enjuiciado por abusos y sólo un contratista civil ha enfrentado cargos penales. El 16 de septiembre de 2007, un convoy de contratistas de la empresa de seguridad Blackwater disparó en una concurrida calle de Bagdad, causando la muerte de al menos 17 civiles. Este incidente ha despertado la atención internacional acerca de la efectiva inmunidad contra enjuiciamiento que bajo las leyes iraquíes y estadounidenses gozan muchos de los casi 180,000 proveedores de servicios que apoyan las operaciones de Estados Unidos en Irak. Al momento de escribir el presente informe se encontraba pendiente en el Congreso una legislación que ampliaría la jurisdicción federal sobre los crímenes cometidos por contratistas en el extranjero. Khaled el-Masri, un ciudadano alemán que de manera arbitraria fue arrestado por Estados Unidos y transferido a Afganistán, donde se le golpeó y mantuvo incomunicado durante varios meses, y Maher Arar, de nacionalidad canadiense-siriana detenido clandestinamente y enviado por Estados Unidos a Siria, donde fue torturado y encarcelado por 10 meses, entablaron demandas contra Estados Unidos impugnando el maltrato que recibieron. Los tribunales estadounidenses han desechado ambos casos, aceptando la posición gubernamental de que los tribunales no deben revisar las acciones del gobierno. En 2007, El-Masri solicitó a la Corte Suprema que revisara el sobreseimiento de su caso, pero ésta se negó a hacerlo. Negación de protección a refugiados La ley estadounidense permite a las autoridades denegar protección como refugiados a personas que se cree han estado vinculadas o brindado “apoyo material” a algún grupo armado. Los amplios términos de la ley han conducido a las autoridades a negar derechos a personas que encajan en la definición de refugiados de conformidad con la legislación internacional, incluyendo a víctimas de violación forzadas a la servidumbre doméstica por grupos rebeldes. En 2007, el gobierno empezó a emitir una pequeña serie de exoneraciones a fin de prevenir que se catalogue como terroristas a civiles inocentes. De ello se han beneficiado más de 3,000 personas refugiadas—principalmente de Birmania—y varios solicitantes de asilo; pero la implementación ha sido lenta, la autoridad gubernamental para otorgar exoneraciones es limitada y, a consecuencia de ello, familias han sido separadas. Al momento de escribir el presente informe se encontraba pendiente en el Congreso una legislación que ampliaría la autoridad relativa a las exoneraciones. Encarcelamiento En las prisiones y cárceles estadounidenses se encuentran más de 2.2 millones de personas, un incremento del 500 por ciento en comparación con 30 años atrás. Un informe de junio de 2007 por el Buró de Estadísticas Judiciales (BJS, según sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia reveló que la población carcelaria continuó aumentando en 2006, experimentando su mayor crecimiento anual de los últimos seis años. Actualmente Estados Unidos tiene la población carcelaria más grande y la tasa de encarcelamiento per cápita más elevada del mundo, con una tasa cinco veces mayor que la de Inglaterra y Gales, siete veces más alta que la de Canadá y más de 10 veces mayor que la de Japón. La carga de encarcelamiento recae desproporcionadamente en integrantes de minorías raciales y étnicas. Los hombres negros son encarcelados a una tasa 6.5 veces más elevada que la de los hombres blancos, y el 11.7 por ciento de todos los hombres negros comprendidos entre los 25 y 29 años de edad se encuentra en prisión o en la cárcel. El gobierno estadounidense no explicó o abordó estas tasas en su informe de 2007 al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, informe del cual habrá audiencias en febrero de 2008. Conforme crece la población carcelaria, también aumenta el reto de proporcionar una atención médica y de salud mental adecuada. Un informe de septiembre de 2006 del BJS reveló que más de la mitad de todos los prisioneros—y casi el 75 por ciento de todas las mujeres encarceladas—padecen algún problema de salud mental, como depresión crónica o un trastorno psicótico. En California, un juez federal encontró que la atención médica en las prisiones estatales violaba la prohibición de la Constitución estadounidense del castigo cruel e inusual. En 2006, el juez nombró a un emisario para que supervisara la atención médica penitenciaria, despojando de esa función al gobierno estatal. En septiembre de 2007, el emisario emitió un informe que reveló que el 15 por ciento de las muertes de prisioneros en California fueron prevenibles o posiblemente prevenibles. La Ley de Reforma del Litigio Penitenciario (PLRA, por sus siglas en inglés), promulgada por el Congreso estadounidense en 1996, crea una variedad de obstáculos a prisioneros que buscan impugnar las condiciones de su confinamiento o de alguna otra manera reivindicar sus derechos en un tribunal. En enero de 2007, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un dictamen que derogó algunas interpretaciones particularmente restrictivas de la PLRA por parte de tribunales federales más bajos. La pena de muerte y cadena perpetua para menores de edad Gobiernos estatales ejecutaron a 42 personas prisioneras entre enero y octubre de 2007, llegando así a 1,099 la cantidad total de hombres y mujeres a quienes se ha ejecutado en Estados Unidos desde 1977. En la mayoría de los casos se aplicó inyección letal y una persona fue electrocutada. Ante la evidencia creciente de que la inyección letal puede ser una forma muy dolorosa de morir, las ejecuciones fueron detenidas en numerosos estados en 2007. En septiembre del mismo año, la Corte Suprema de Estados Unidos accedió a considerar la constitucionalidad de la inyección letal en los casos de dos condenados a muerte en el estado de Kentucky, quienes alegaron que la inyección letal constituye un castigo cruel e inusual. Se espera que el uso de inyecciones letales en Estados Unidos disminuya sustancialmente hasta que la Corte emita su dictamen en 2008. En 2007, Human Rights Watch enmendó, de 2,225 a por lo menos 2,380, la cantidad de prisioneros estadounidenses que calculamos están cumpliendo condenas de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por crímenes que cometieron cuando eran menores de 18 años de edad. En el resto del mundo la cantidad combinada de esos prisioneros es de ocho. Los esfuerzos por reformar esta condena excesivamente punitiva para ofensores jóvenes continuaron en varios estados del país, incluyendo a Michigan y California. Derechos de las mujeres Los derechos de las mujeres en Estados Unidos sufrieron importantes reveses en la Corte Suprema en 2007. Un dictamen de la Corte restringió severamente las impugnaciones por desigualdad de salarios (las mujeres devengan sólo 77 centavos por cada dólar que los hombres ganan); otro refrendó la exclusión de ciertas protecciones federales para salarios y horas extra a proveedores de cuidados a domicilio (las mujeres conforman el 89 por ciento de estos trabajadores); y un tercer dictamen sostuvo la prohibición de un método de aborto tardío médicamente aprobado, lo que se sumó a los existentes obstáculos normativos y financieros al aborto seguro. Estados Unidos sigue canalizando su ayuda internacional a programas que ponen en riesgo la salud y los derechos sexuales y reproductivos. En 2007, una porción significativa del financiamiento estadounidense para la prevención del VIH/SIDA continuó siendo destinada a programas que promueven la abstinencia hasta el matrimonio, ignorando si tales programas resultaban eficaces y sin suficiente consideración de los abusos que exponen a las mujeres a un elevado riesgo de adquirir la infección por VIH, inclusive a aquéllas que se abstienen de las relaciones sexuales hasta el matrimonio. En clave positiva, el Senado aprobó en 2007 un proyecto de ley que derogaría la Regla de Obstrucción Global o “ley mordaza”—una serie de restricciones a lo que pueden hacer y decir sobre el aborto quienes reciben ayuda estadounidense para salud reproductiva. Al momento de escribir este informe aún no estaba claro si el proyecto se convertiría en ley. Jena En agosto de 2006, un estudiante afroamericano de bachillerato en Jena, Luisiana, desafió la segregación racial de facto de su escuela al pedir permiso para sentarse debajo del “árbol blanco” en el terreno escolar. Al día siguiente había tres dogales colgados del árbol. Las autoridades escolares respondieron inadecuadamente, avivando aún más las tensiones raciales. En diciembre de 2006, seis jóvenes afroamericanos de la misma escuela propinaron una paliza a un joven blanco, quien sufrió una contusión y otras lesiones. Los seis jóvenes fueron acusados como adultos de varios crímenes graves, incluyendo intento de asesinato, lo cual provocó indignación en todo el país ante cargos que fueron percibidos como excesivos y racialmente discriminatorios. En septiembre de 2007, un tribunal de apelaciones anuló la sentencia de agresión agravada de Mychal Bell, el primero de los seis jóvenes que sería enjuiciado; el fiscal dijo que apelaría el dictamen. Delincuentes sexuales En un informe de 2007 titulado “No existen respuestas fáciles”, Human Rights Watch encontró que numerosas leyes sobre el registro de delincuentes sexuales, tal como están diseñadas en la actualidad, hacen poco para prevenir la violencia sexual y violan derechos humanos fundamentales. A los delincuentes que figuran en los registros públicos se les dificulta conseguir o mantener empleo y vivienda. Algunos han sido asesinados y muchos son hostigados por extraños que encuentran su información en Internet. Las restricciones al lugar de residencia conducen al desamparo y la transitoriedad de algunos delincuentes sexuales sentenciados, lo cual interfiere con su eficaz rastreo, vigilancia y supervisión por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley; esto, a su vez, puede hacer más probable la reincidencia de los abusos. Las leyes sobre delincuentes sexuales ignoran la entera realidad de la violencia sexual en Estados Unidos. Defensores de la seguridad infantil cuestionan el enfoque de las leyes actuales sobre “el peligro de los extraños” y los delincuentes ya sentenciados, porque más del 90 por ciento del abuso sexual infantil es cometido por una persona que la niña o el niño conoce y en quien confía. Estudios autorizados muestran que tres de cada cuatro delincuentes sexuales no reinciden en los 15 años posteriores a su liberación de la cárcel, y que el 87 por ciento de los crímenes sexuales es cometido por individuos que no habían sido sentenciados previamente por un delito sexual. Derechos de personas no ciudadanas La reforma de la legislación inmigratoria continuó siendo obstaculizada en 2007 por desacuerdos entre legisladores acerca de si se debe regularizar el estatus de millones de trabajadores migrantes indocumentados o de cómo hacerlo. Según el Censo de Estados Unidos, 37.5 millones de personas no ciudadanas estaban viviendo en el país en 2006. Gobiernos estatales y locales aprobaron en 2007 por lo menos 182 leyes que limitan el acceso a beneficios públicos y cédulas de identidad estatales a migrantes indocumentados, o que castigan a dueños de viviendas o a empleadores por entablar negocios con los mismos. Muchas de estas leyes fueron halladas inconstitucionales o detenidas temporalmente por los tribunales. Las autoridades inmigratorias federales incrementaron las redadas en lugares de trabajo en California, Nevada, Nuevo México, Nueva York y otros lugares, separando a muchas familias y ocasionando arrestos equivocados y traslados de migrantes a centros de detención en sitios remotos y muy alejados de su asesoría legal. Un informe de 2007 de Human Rights Watch, denominado “Separación forzosa”, reveló que personas no ciudadanas que han vivido por décadas en Estados Unidos, incluyendo residentes permanentes legales, han sido deportadas de manera sumaria después de que se les encontró culpables de crímenes e inclusive delitos menores. De hecho, en 2005, la deportación del 64 por ciento de las personas no ciudadanas se debió a delitos no violentos tales como posesión de drogas o robo. La deportación ocurre después de que esas personas han cumplido su sentencia. Según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, 672,593 personas no ciudadanas fueron deportadas por crímenes entre 1997 y 2005. Human Rights Watch estima que, como resultado de ello, al menos 1.6 millones de cónyuges e hijas e hijos, quienes en gran medida son ciudadanos de Estados Unidos, fueron separados de sus familiares. La ley estadounidense no ofrece a jueces de inmigración ninguna oportunidad para que pongan en la balanza el crimen de un individuo con sus relaciones familiares, con otras conexiones en Estados Unidos—como el servicio militar o los vínculos económicos—o con la probabilidad de sufrir persecución en su país de origen. La deportación y las redadas en los lugares de trabajo son medidas que las autoridades de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) combinan con la detención diaria de unas 28,000 personas no ciudadanas. Los problemas endémicos continuaron en 2007 en los centros de detención, incluyendo muertes bajo custodia, atención médica inadecuada, vivienda inapropiada y punitiva para niñas y niños no ciudadanos, interferencia en el acceso a asesoría y familiares, además de detención prolongada. La muerte en julio de 2007 de Victoria Arellano, una persona transgénero de 23 años de edad, bajo la custodia inmigratoria estadounidense es un ejemplo extremo, pero no sorprendente, del sufrimiento de las personas inmigrantes detenidas que viven con VIH/SIDA. Estados Unidos falla en asegurarse que estas personas reciban una atención médica compatible con las normas reconocidas para los entornos correccionales. La atención médica en centros operados o supervisados por la ICE es demorada, interrumpida e inconsistente, a tal grado que pone en peligro la salud y las vidas de muchas personas detenidas. Demandas judiciales, audiencias parlamentarias y procedimientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han conducido a un mayor escrutinio de la detención de niñas y niños no ciudadanos, aunque generalmente no a mejores condiciones. En una notable excepción, abogados de Texas ganaron un arreglo que mejoró las condiciones y aseguró la liberación de decenas de niñas y niños.  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