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GUATEMALA
La situación de los derechos humanos
Guatemala, que acababa de ver el fin de más de tres décadas
de guerra civil, enfrentó en 1997 una creciente ola de violencia
criminal, una reforma incompleta de la fuerza policial, la incesante impunidad
para las violaciones a los derechos humanos y los delitos comunes, y una
profunda incertidumbre en torno al papel que deben asumir las fuerzas militares
después del conflicto. La firma de un acuerdo final de paz en diciembre
de 1996 fue determinante en el proceso de disminución de las más
atroces violaciones a los derechos humanos por motivos políticos,
registrada en años recientes. Cabe destacar especialmente la disminución
en la cantidad de "desapariciones", las cuales desde finales de los sesenta
se habían convertido en procedimiento corriente del ejército
guatemalteco. Las fuerzas de seguridad fueron autoras de una desaparición
forzosa a finales de 1996, cosa que no salió a la luz sino hasta
1997. La Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) se
encontraba investigando otros dos casos en el momento de redactar este
informe. Pero no fue tan aparente la disminución en otros casos
de abuso. MINUGUA confirmó diecinueve ejecuciones extrajudiciales
en los primeros seis meses de 1997 --fueron confirmados veintidós
casos en el semestre anterior-- así como varios casos de maltrato,
detención arbitraria y uso excesivo de fuerza, más que todo
por parte de la policía. Mientras que en el pasado las víctimas
generalmente eran personas que las fuerzas de seguridad veían como
sus opositores ideológicos --tales como periodistas, defensores
de los derechos humanos, miembros de sindicatos u organizadores de los
campesinos-- las víctimas de abusos recientes fueron más
que todo sospechosos en casos de delitos comunes, de extracción
pobre.
Aunque la represión política disminuyó notablemente
en Guatemala, la violencia predominó dado el vertiginoso aumento
de la delincuencia común, que incluyó robos de autos y secuestros
efectuados por bandas en las que participaban agentes de las fuerzas de
seguridad, según se informó. Los esfuerzos hechos por el
gobierno en 1996 para procesar a funcionarios y otros personajes del crimen
organizado decayeron en 1997, cosa que refleja la laxitud absoluta del
cuerpo judicial y las fuerzas encargadas del orden y el incumplimiento
por parte del gobierno de su deber de echar a andar el programa de protección
a testigos. De hecho, mientras que con la constante presencia de MINUGUA
y el fin del conflicto, el abuso a los derechos humanos por razones políticas
logró mantenerse en niveles bajos sin precedentes, la ciudadanía
no tuvo recursos para protegerse del desgobierno, y esta falta de seguridad
dio lugar a docenas de casos de linchamiento.
La desaparición forzosa del guerrillero Juan José Cabrera,
alias "Mincho", a manos de una unidad clandestina del ejército fue
prueba de que el poderoso Estado Mayor Presidencial (EMP) seguía
realizando operaciones violentas secretas al margen de la ley. La pertinaz
determinación de los funcionarios del gobierno de encubrir la "desaparición"
y aparente asesinato del guerrillero fue eco de la práctica enraizada
años atrás de negarles a los combatientes capturados sus
derechos humanos fundamentales. A su vez, los líderes guerrilleros
también mostraron una alarmante disposición para eliminar
información referente al caso, hasta el punto de que el propio comandante
de las fuerzas rebeldes de Mincho, la Organización Revolucionaria
del Pueblo en Armas (ORPA), negara ante la prensa su militancia en el grupo
guerrillero.
Según se informó, el 19 de octubre de 1996 la unidad secreta
del EMP, conocida como el Comando Anti-Secuestros, capturó a Mincho
junto con Augusto Rafael Baldizón Núñez, alias Comandante
"Isaías", luego de que la guerrilla secuestrara a una mujer acaudalada
de avanzada edad. El secuestro de la mujer y su posterior entrega a cambio
del Comandante Isaías echaron abajo las conversaciones de paz, y
dejaron a ambos bandos en una embarazosa situación. En este contexto,
tanto el gobierno como la guerrilla mantuvieron en silencio la desaparición
de Mincho, incidente que fue confirmado por MINUGUA siete meses más
tarde luego de que la prensa local e internacional criticara enfáticamente
el silencio mantenido por la misión observadora. El 20 de mayo,
MINUGUA emitió un comunicado en el que hacía responsable
al EMP del asesinato de Mincho "en el momento de su captura", sin describir
en mayor detalle las circunstancias de su muerte. En el momento de redactarse
este informe, el cadáver de Mincho aún no había sido
hallado. Al darse cuenta del papel que el EMP desempeñaba clandestinamente
en otros operativos antisecuestro, MINUGUA lanzó críticas
contra este órgano gubernamental por "excederse en sus deberes y
utilizar procedimientos contrarios a la ley y al principio del derecho,
en perjuicio de toda política efectiva para la seguridad ciudadana".
El gobierno de Álvaro Arzú reaccionó a la defensiva
ante el informe de MINUGUA y negó que otro guerrillero hubiese sido
capturado o muerto junto con Isaías. Por otra parte, la secretaría
de relaciones públicas de la Presidencia emitió un comunicado
negando que el EMP hubiese estado involucrado en actividades antisecuestro,
y rechazó de plano la petición de la misión de la
ONU de entrevistar a los miembros de las fuerzas de seguridad que habían
participado en el operativo en que supuestamente pereció Mincho.
La abierta negativa de las autoridades de facilitar la investigación
en el caso marcó un drástico cambio en la política
del gobierno actual y del anterior de garantizar su colaboración
a la misión de la ONU. Aun cuando la colaboración brindada
en muchas ocasiones puede haber disimulado una soterrada intransigencia,
la desafiante reacción del gobierno en el caso de Mincho llevó
a su punto más bajo el grado de cooperación que había
dado a la misión desde sus inicios.
El EMP --órgano encargado oficialmente de velar por la seguridad
del presidente-- se ha visto involucrado durante décadas en casos
de espionaje interno y asesinatos políticos. Su brazo secreto ha
sufrido varias encarnaciones y hasta hace poco se le conocía como
"Archivos". Pese a que en 1993, el entonces presidente de Guatemala, Ramiro
de León Carpio, anunció poco después de posesionarse
que Archivos sería disuelto, un año más tarde el propio
director del EMP, general Otto Pérez Molina, señaló
a Human Rights Watch que sólo su brazo operativo había sido
suprimido y que las actividades de inteligencia continuaban. El Comando
Anti-secuestros del EMP es comúnmente visto como la reencarnación
de esa unidad operativa. Según se informó, en 1997 el Comando
Anti-secuestros se vio involucrado en varios casos de tortura o maltrato
a sospechosos de secuestro antes de entregarlos a la Policía Nacional.
En el acuerdo de paz, el gobierno se había comprometido a suprimir
toda la "maquinaria clandestina de seguridad" y a dejar en manos de civiles
las actividades del servicio de inteligencia. El Comando Anti-secuestros
del EMP violó ese compromiso.
La influencia del ejército sobre la policía --facilitada
por una disposición constitucional que concede a los militares poderes
en asuntos de seguridad interna-- durante mucho tiempo ha sido un obstáculo
para la eficacia de investigaciones de violaciones a los derechos humanos
y ha promovido que se adopte y cultive la práctica del abuso policial.
Las iniciativas generadas por los acuerdos de paz de crear una fuerza policial
nueva, profesional y puramente civil fueron debilitadas por varios sucesos,
entre ellos una demora en la prometida aprobación de una reforma
constitucional que circunscribía el papel de los militares exclusivamente
a asuntos de defensa exterior. En febrero el congreso aprobó una
ley para la policía, la cual sólo cumplía a medias
con los compromisos específicos contenidos en los acuerdos de paz
referentes al entrenamiento de la nueva fuerza policial en la academia
de policía. Por otra parte, el gobierno no llegó a establecer
un mecanismo adecuado de investigación de antecedentes para evitar
que se reintegraran a la nueva fuerza agentes que en el pasado hubiesen
estado implicados en casos de violaciones a los derechos humanos. En consecuencia,
más de una docena de policías con antecedentes de graves
violaciones a los derechos humanos fueron admitidos en la academia para
su entrenamiento. También fueron admitidos subrepticiamente en la
academia muchos miembros de la ya disuelta Policía Militar Ambulante,
dado que un mínimo paréntesis en la Guardia de Hacienda les
permitió pasar como miembros de esa institución civil, según
afirmó MINUGUA.
La impunidad en las violaciones a los derechos humanos persistió,
con algunas excepciones. Se logró una condena en el asesinato del
estudiante universitario Mario Alioto López Sánchez a manos
de la policía, ocurrido en noviembre de 1994. El 31 de julio, un
juez instructor sentenció a treinta años de prisión
por ese asesinato a Carlos Venancio Escobar Fernández, ex subdirector
de la Quinta Estación de Policía Nacional. Por otro lado,
el ex ministro de Gobierno Danilo Parinello Blanco, el ex viceministro
Mario Mérida González, y el ex director de la Policía
Nacional Salvador Figueroa, recibieron condenas respectivas de diez años
por impartir las órdenes que desembocaron en el asesinato, en un
fallo que fue revocado en apelación.
A pesar de registrarse estos logros, la impunidad por las violaciones
a los derechos humanos continuó siendo la consecuencia más
común de los procesos judiciales, prueba de lo cual vino a ser la
inesperada exoneración del ex comisionado militar Cándido
Noriega Estrada, el 19 de mayo. La absolución de Noriega de cargos
en su contra por treinta y cinco homicidios, cuarenta y cuatro secuestros,
ocho violaciones sexuales y muchos más crímenes fue el resultado
de un proceso judicial en el que los testigos de la acusación, en
su mayoría indígenas, fueron víctimas de intimidaciones,
amenazas y una deficiencia extrema en la traducción de su lengua
nativa quiché al español. Los asesinatos ocurrieron en tres
ocasiones distintas en 1982, en las que, según se informó,
Noriega y otro comisionado militar, Juan Alesio Sanmayor, llevaban a grupos
de soldados por las inmediaciones de la comunidad de Toluché, en
el departamento de El Quiché, identificando a pobladores como guerrilleros
para ser ejecutados extrajudicialmente por los militares.
Las acciones de Noriega fueron típicas a comienzos de los años
ochenta, época en la que civiles auxiliares del ejército,
tanto comisionados como patrulleros civiles, se unieron a los soldados
para asesinar por doquier a todo el que vieran como simpatizante de la
guerrilla. En 1997 se habían echado a andar varias iniciativas para
descubrir y documentar de manera fiable los abusos que caracterizaron el
conflicto. Organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Oficina de
Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, emprendieron programas masivos
de investigación de los hechos. Y en julio la Comisión de
Esclarecimiento Histórico, establecida con los acuerdos de paz,
inició formalmente un estudio oficial del tema. Aunque el mandato
de la comisión prohíbe que se identifique a los autores de
los abusos y se den pruebas para interponer órdenes judiciales,
el nombramiento de personalidades Guatemaltecas y de otros países
para dirigir esta iniciativa dio grandes esperanzas de que su contribución
fuese crucial para sacar a la luz y reconocer oficialmente el inmenso sufrimiento
de que fue víctima la población civil durante el conflicto
armado, más que todo a manos de las fuerzas que por ley tienen el
deber de proteger a la ciudadanía.
Estas iniciativas también empezaron a dejar al descubierto previas
violaciones al derecho internacional humanitario a manos de la guerrilla
que no habían sido denunciadas. En agosto, el equipo de antropología
forense del Arzobispado de Guatemala comenzó a exhumar las víctimas
de una masacre perpetrada por la guerrilla en 1982, la cual, según
informes, había cobrado la vida de 180 civiles --incluidos mujeres
y niños-- en Chacalte, departamento de El Quiché.
En efecto, las tierras altas de Guatemala contienen centenares de cementerios
clandestinos de esa época, y aunque muchos han sido exhumados en
los años noventa, pocos casos se han traído a juicio. Los
mayores obstáculos para el éxito de las acciones judiciales
han sido la repetida intimidación a los fiscales, jueces, testigos
y parientes de las víctimas, así como la negligencia y la
corrupción de las autoridades. Pese a estas circunstancias, en 1997
varios oficiales del ejército fueron acusados por la masacre de
162 personas --entre ellas sesenta y siete niños de menos de doce
años de edad-- perpetrada en diciembre de 1992 en un poblado conocido
como "Las Dos Erres", en el departamento de Petén.
La llamada Ley de Reconciliación Nacional, aprobada en diciembre
de 1996, dio la posibilidad de que los jueces pudiesen conceder amnistía
a autores de delitos que consideraran haber sido perpetrados en el contexto
de contrainsurgencia. Aunque la ley específicamente prohibía
dar amnistía por crímenes de "desaparición" o tortura,
el hecho de no prohibir específicamente la amnistía en casos
de ejecuciones extrajudiciales dio cabida a que algunos jueces amedrentados
exoneraran a los sospechosos en esos casos. En el momento de elaborar este
informe, los jueces habían negado todas las peticiones de amnistiar
a acusados en casos de violación de los derechos humanos y, en efecto,
no se había dado amnistía a ningún miembro del ejército.
Se estaba dando amnistía a la guerrilla por delitos vinculados con
la subversión, pero no por abusos violentos tales como el asesinato.
Las iniciativas que el gobierno anunciara en 1996 para combatir la impunidad
tuvieron resultados ambivalentes. Un programa de protección a testigos
creado por ley en 1996 carecía de recursos y tuvo un impacto exiguo
en las prácticas ostensibles y reales de intimidación a testigos
y funcionarios judiciales. Un equipo de investigación para delitos
especiales --creado en 1996 para encargarse de nuevos casos en los que
se vieran involucradas las fuerzas de seguridad, o de casos en los que
resultaran víctimas autoridades policiales o judiciales, monitores
de derechos humanos u observadores internacionales-- logró resolver
algunos casos de delito común conforme a su mandato.
Entretanto fue suspendido el traspaso a juzgados civiles de cientos
de casos de delitos comunes cometidos por miembros de las fuerzas armadas,
incidentes que correspondían a la jurisdicción de los tribunales
militares. Una legislación decisiva de 1996 dispuso este cambio
de jurisdicción, pero en el momento en que se redactaba este informe
la Corte Constitucional de Guatemala aún no había emitido
su fallo acerca del cuestionamiento que se ha formulado a esta ley.
En enero fue sentenciado a una pena de diez años el ex comisionado
militar Carlos Morales Sossa por el asesinato del joven callejero Henry
Yubani Álvarez Benítez, en abril de 1993; esta condena sucedió
a otras dos alentadoras sentencias dictadas a finales en 1996 por asesinatos
de niños callejeros cometidos por la policía y guardias privados
de seguridad. No obstante, la impunidad se mantuvo intacta en otros once
casos de asesinatos de niños de la calle cometidos en 1996; algunas
de estas muertes parecían ser una forma de "limpieza social" y la
autoría de por lo menos una de ellas recaía en un miembro
de las fuerzas de seguridad.
Los derechos de los niños sufrieron un revés con la demora
del gobierno en darle vigencia un nuevo Código de Menores, cosa
que estaba planeada para septiembre. En el momento de redactar este informe,
el Congreso había pospuesto la implementación del código
hasta por lo menos marzo de 1998. El código representaba un gran
avance respecto a la legislación actual, ya que otorgaba importantes
protecciones a los procesos de niños acusados de delitos, entre
ellas el derecho de tener un abogado a cuenta y costo del gobierno. Además
prohibía la detención de niños para su propia protección
en centros de detención juvenil, o su encarcelación, por
delitos de "estatus" tales como fugarse o vivir sin techo. Investigaciones
hechas por Human Rights Watch/Américas y el Proyecto de Derechos
de los Niños de Human Rights Watch documentó abusos que seguían
cometiéndose contra niños callejeros y contra jóvenes
detenidos en centros juveniles de Guatemala, entre los cuales están:
la detención arbitraria de niños de la calle, a veces por
el solo hecho de vivir sin techo; transgresiones a procesos legales durante
las audiencias; y la práctica de mantener detenidos junto con delincuentes
juveniles a niños que supuestamente necesitan la protección
del estado. También quedó claro con la investigación
que los niños eran vulnerables a graves maltratos infligidos por
los propios miembros del centro de detención o por otros detenidos,
algunas veces con la complicidad del personal de guardia.
Durante 1997, por primera vez, un sindicato de maquiladoras negoció
un contrato con una compañía del sector de procesamiento
de exportaciones. En noviembre de 1996, el Ministerio del Trabajo no logró
determinar si el sindicato contaba con la suficiente fuerza para obligar
a la compañía a negociar según las leyes guatemaltecas.
Sin embargo, cuando el conflicto entre el sindicato y la compañía
Phillips-Van-Heusen atrajo la atención internacional, se estableció
que el sindicato sí contaba con una base de apoyo suficiente, se
puso al descubierto una repetida práctica de actividad antisindical,
y la compañía entró por su propia voluntad en negociaciones
con el sindicato, gracias a lo cual se logró un contrato sin precedentes.
La defensa de los derechos humanos
Los observadores de los derechos humanos, especialmente aquéllos
que presionaban para que se hiciera justicia en casos de violaciones a
los derechos humanos, continuaban recibiendo amenazas de muerte, seguían
bajo vigilancia y eran víctimas de intimidaciones por parte de agresores
no identificados, incidentes éstos que el gobierno no investigó.
En los primeros meses de 1997, personas vinculadas a la Asociación
para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO) fueron víctimas
de amenazas de muerte e intimidaciones, aparentemente en relación
con el proceso judicial que se seguía contra los presuntos autores
intelectuales de la ejecución extrajudicial en 1990 de Myrna Mack,
una de las fundadoras de AVANCSO.
En junio fue frustrado el intento del gobierno de Arzú de promover
la elección de un candidato no calificado para ser miembro de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El candidato,
Francisco Villagrán Kramer, ocupó la vicepresidencia por
casi tres años durante el régimen del general Romeo Lucas
García (1978-1982). Durante este gobierno, toda una generación
de líderes políticos y populares fue eliminado por cuenta
de escuadrones de la muerte, y más tarde Villagrán Kramer
formó una alianza política con el antiguo dictador militar
Efraín Ríos Montt, cuyo régimen suplantó los
operativos de los escuadrones de la muerte con el asesinato generalizado
de campesinos a manos del ejército. Organizaciones de derechos humanos
consideraron que Villagrán Kramer no era la persona idónea
para formar parte de la organización más importante del hemisferio
encargada de velar por la protección y promoción de los derechos
humanos.
El papel de las Naciones Unidas como moderador en el difícil proceso de paz que culminó en el acuerdo de diciembre de 1996, sumado a la presencia de más de cien observadores de derechos humanos desde fines de 1994, ha sido fundamental en la reducción de los abusos a los derechos humanos por motivos políticos. También desempeñaron un papel crucial otras ramas del órgano mundial, tales como los expertos independientes nombrados desde 1990 por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, quienes continuamente pusieron de relieve los factores estructurales que contribuían a los abusos contra los derechos humanos en Guatemala. Una enorme cantidad de recomendaciones formuladas en los informes de los expertos independientes Christian Tomuschat y su sucesora, Mónica Pinto, se han cumplido en los últimos años, como lo son la disolución de las patrullas civiles y los comisionados militares, los cuales eran grupos de civiles que actuaban a nombre del ejército con amplia licencia para cometer abusos. Algunas de las recomendaciones, tales como la creación de un servicio de inteligencia apropiado para una sociedad democrática, han sido cumplidas sólo de palabra. Pero por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos no renovó la comisión de Pinto cuando se reunió en marzo y abril en Ginebra, y en cambio ofreció al gobierno "servicios de asesoría" en cuestiones de derechos humanos y comprometió al secretario general a presentar un informe sobre derechos humanos a finales de 1997. Aunque es innegable que la situación de derechos humanos ha mejorado, el no haber cumplido plenamente con las recomendaciones de los expertos independientes debió ser motivo suficiente para extender el período de la experta. En agosto, la Subcomisión de la ONU para la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías, en un esfuerzo por evitar duplicar la labor llevada a cabo por otras agencias de la ONU, oficialmente dio fin a quince años de inspección de la situación de los derechos humanos en Guatemala. Esta disminución en los mecanismos internacionales encargados de vigilar de cerca la situación de los derechos humanos dejó una enorme responsabilidad en manos de MINUGUA a finales del año. El prestigio de MINUGUA se vio afectado por su demora en pronunciarse en torno a la "desaparición" del guerrillero apodado Mincho, provocando tensiones en las que hasta el momento habían sido relaciones ejemplares entre la misión y grupos locales de defensa de los derechos humanos. Sin ser ya un proveedor de ayuda militar para Guatemala, Estados Unidos pasó a ser una fuente de ayuda económica exigua para el proceso de paz. La ayuda militar que había sido congelada desde 1990 se convirtió en un fondo de asistencia para la desmovilización de los combatientes. El gobierno también prometió dar una contribución de un millón de dólares para la Comisión de Esclarecimiento Histórico. En septiembre, dicha comisión solicitó formalmente a la administración que diera libre acceso a los documentos que registraban los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado. Ese mismo mes, las autoridades de Guatemala solicitaron los documentos relacionados con el juicio que se seguía contra los presuntos autores intelectuales de la ejecución extrajudicial de la antropóloga guatemalteca Myrna Mack, ocurrida en 1990. Es bastante probable que los archivos del gobierno de EE.UU. --en especial los de las agencias de inteligencia que, según se comprobó, trabajaban en tándem con los servicios de inteligencia militar de Guatemala-- contengan gran cantidad de información crucial para el proceso de búsqueda de la verdad que se sigue en Guatemala. Además de ayudar a las investigaciones y procesos judiciales que se realizan en Guatemala, es muy posible que la entrega de documentos estadounidenses ponga en evidencia aspectos de la política estadounidense que propiciaron las violaciones de los derechos humanos en Guatemala. En mayo, el gobierno de Clinton entregó 1.400 páginas de documentos de la Agencia Central de Inteligencia (la CIA) referentes a las operaciones clandestinas en Guatemala que realizó esta agencia en los años cincuenta, entre ellos los planes para asesinar a altos funcionarios del gobierno izquierdista de Jacobo Arbenz, quien fuera derrocado por un golpe militar con ayuda de la CIA. Aunque son sólo una porción de los archivos secretos que mantiene la agencia referentes a este golpe, los documentos entregados proporcionaron una visión escalofriante y nítida de los métodos favorecidos y utilizados por la agencia, entre ellos, los asesinatos de figuras de la política y las matanzas en masa. Estos documentos resaltaron la necesidad de ventilar a fondo el papel de los Estados Unidos en el fomento de las violaciones a los derechos humanos en Guatemala y en otros lugares. Documentos entregados como respuesta a una demanda presentada por Jennifer
Harbury, la esposa del guerrillero guatemalteco desaparecido Efraín
Bámaca Velásquez, demuestran que pocos días después
de su captura y detención clandestina a manos del ejército
el 12 de marzo de 1992, las agencias estadounidenses tenían información
acerca del paradero de la víctima. Aun así, a esta ciudadana
estadounidense le fue negada la información durante más de
dos años, tiempo durante el cual ella emprendió tres huelgas
de hambre como medida para exigir información referente al paradero
su esposo.
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(New York: Human Rights Watch, 1997)
