(Washington, DC) - La afirmación realizada hoy por el presidente mexicano Felipe Calderón que las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército están siendo juzgadas efectivamente en México contradice abiertamente toda la evidencia existente, señaló Human Rights Watch.
Durante una conferencia de prensa celebrada en Guadalajara al concluir la Cumbre de América del Norte, el Presidente Calderón afirmó que su gobierno tiene "un compromiso absoluto y categórico en la defensa de los derechos humanos" y que sus críticos deberán probar "un caso, un sólo caso en el que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos humanos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales, sean policías, sean soldados o cualquier otra autoridad".
"Existen pruebas contundentes que demuestran que los abusos del Ejército en México quedan sistemáticamente impunes", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "En lugar de pretender que no existen, el Gobierno de Calderón debería abordar este problema y abandonar su defensa del ineficaz sistema de justicia militar que permite perpetuarlo".
Desde que Calderón desplegó más de 40.000 efectivos para la lucha contra la violencia ligada al narcotráfico, los soldados mexicanos que participaron en operativos de este tipo han cometido, en reiteradas oportunidades, abusos aberrantes contra la población civil. Los casos incluyen violaciones sexuales, torturas y asesinatos. El año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 1.230 denuncias de abusos cometidos por militares, una cantidad seis veces mayor que las denuncias recibidas hace tres años.
La justicia militar mexicana asume habitualmente la jurisdicción para investigar y juzgar los casos de abusos militares. En su informe de abril de 2009, "Impunidad Uniformada", Human Rights Watch documentó en detalle 16 casos de abusos aberrantes que fueron investigados por agentes del ministerio público militar en los cuales no se hizo justicia. Nueve de las investigaciones militares fueron concluidas sin condena alguna.
Por ejemplo:
- En un caso de mayo de 2007, un grupo de soldados detuvo a ocho personas luego de un enfrentamiento armado entre militares y supuestos narcotraficantes en Michoacán. Pese a que ninguno de los detenidos había participado en el enfrentamiento, fueron trasladados por los soldados hasta instalaciones militares, donde los soldados propinaron golpes y patadas a cuatro de ellos, cubrieron sus cabezas con bolsas negras y los obligaron a permanecer en el piso con los ojos vendados. Un agente del ministerio público federal solicitó a las autoridades militares que investigaran a los soldados. Las autoridades militares concluyeron y archivaron la investigación penal un mes después, con el argumento de que no existían pruebas de que los soldados hubieran cometido un delito.
- En agosto de 2007, cinco soldados detuvieron a un hombre en Michoacán y lo mantuvieron incomunicado durante más de 24 horas en instalaciones militares, donde le propinaron golpes y patadas, colocaron una bolsa de tela en su cabeza, ataron sus manos y pies, volcaron agua en su rostro mientras le asestaban golpes en el abdomen y aplicaron descargas eléctricas en su estómago. Un agente del ministerio público federal solicitó a un agente del ministerio público militar que investigara el caso. A pesar de la existencia de exámenes médicos en los cuales se documentaban las torturas, las autoridades militares cerraron la investigación, y determinaron que no habían encontrado pruebas de que los soldados hubieran cometido un delito.
El informe también documentó varias deficiencias básicas del sistema de justicia militar que contribuyen a que los soldados no sean sancionados cuando cometen abusos. Entre estas se encuentran la falta de garantías básicas para asegurar la independencia y la imparcialidad. Dado que el sistema no cumple con estándares básicos, durante la última década varios organismos internacionales (como la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) han instado reiteradamente a México a que remita los casos de abusos militares al sistema de justicia del fuero federal o común.
En varios encuentros con los más altos funcionarios civiles y militares de México, entre ellos el Procurador General de Justicia Militar, y pese a los numerosos pedidos por escrito presentados en el lapso de varios meses, el gobierno no ha podido ofrecer ni un sólo ejemplo correspondiente a los últimos 10 años en el cual los tribunales militares hayan condenado a un militar acusado de cometer una violación grave de derechos humanos.
Desde que Human Rights Watch presentó el informe, la Secretaría de la Defensa Nacional ha afirmado públicamente que 12 militares fueron "sentenciados durante la presente administración". Sin embargo, la Secretaría no ha proporcionado datos básicos que permitan constatar esta afirmación, tales como los hechos de los casos en los cuales se dictaron condenas. Los delitos por los cuales han sido condenados los soldados incluyen la "infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el Ejército", que no constituye una violación de derechos humanos, y el "homicidio culposo", que podría configurarse, por ejemplo, en caso de muerte ocasionada por un accidente de autos.
Según las leyes de Estados Unidos, el 15 por ciento de los fondos aprobados para México en el marco de la Iniciativa Mérida para contribuir a la lucha de este país contra los carteles de narcotraficantes serán retenidos hasta que el Departamento de Estado informe que México ha cumplido cuatro requisitos en materia de derechos humanos contempladas en el paquete de medidas de asistencia. Una de estas condiciones exige que México esté garantizando que "las autoridades civiles están investigando y juzgando los abusos militares, de conformidad con el derecho mexicano e internacional".
Los organismos internacionales de derechos humanos han rechazado en forma unánime el uso de fiscales y tribunales militares en casos que suponen abusos contra civiles, y han señalado que la jurisdicción de los tribunales militares debe limitarse a aquellos delitos que son de naturaleza estrictamente militar.
