(Ámsterdam) - Tanto el Gobierno de la República Democrática del Congo como la misión de pacificación de las Naciones Unidas en el país deben hacer mayor hincapié en la protección de los casi dos millones de personas desplazadas de sus hogares en la región oriental del país azotada por el conflicto, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y los donantes internacionales deben asegurarse de que no se utilicen los programas de asistencia para obligarlos a regresar a sus hogares sin que confíen en que estarán a salvo, señaló Human Rights Watch.
El informe de 88 páginas, "Always on the Run: The Vicious Cycle of Displacement in Eastern Congo" ("Huida constante: El círculo vicioso del desplazamiento en el este de la República Democrática del Congo") documenta los abusos contra los desplazados a manos de las partes en conflicto durante todas las fases del desplazamiento: en el transcurso los ataques que los hacen huir de sus hogares; después de haberse desplazado y estar viviendo en bosques, con familias de acogida o en campamentos; y después de que ellos o las autoridades deciden que ha llegado el momento de regresar a sus hogares. El informe está basado en entrevistas con 146 personas desplazadas de sus hogares en el este de la República Democrática del Congo, así como con funcionarios del Gobierno, trabajadores de ayuda humanitaria y periodistas.
"A pesar de las iniciativas oficiales de estabilización y reconstrucción del este de la República Democrática del Congo, la población sigue estando expuesta a la continua violencia", señaló Gerry Simpson, investigador principal sobre refugiados en Human Rights Watch y autor del informe. "Los desplazados internos forman parte de la población más vulnerable de la región, y necesitan desesperadamente mayor protección y asistencia", agregó.
El informe documenta cómo toda una serie de grupos armados y las fuerzas armadas congoleñas han desplazado a cientos de miles de residentes de Kivu Septentrional y Meridional, las provincias más volátiles del este de la República Democrática del Congo, con frecuencia, en múltiples ocasiones y durante muchos años. Los combatientes han obligado a los civiles a dejar sus casas y sus tierras, han saqueado sus propiedades y los han castigado por supuestamente colaborar con grupos enemigos. Estas personas desplazadas internas (PDI) han huido de matanzas, violaciones, incendios, pillajes y trabajos forzados.
Según las estimaciones de la ONU, el conflicto ha provocado el desplazamiento de al menos 1.8 millones de civiles (el cuarto mayor desplazamiento interno del mundo), 1.4 millones de ellos en Kivu Septentrional y Meridional, en la frontera con Ruanda. La situación sigue siendo incierta. Aunque la ONU estima que 1 millón de personas desplazadas regresaron a sus hogares en 2009, al menos 1.2 millones de personas tuvieron que huir de sus casas durante tres operaciones militares sucesivas que comenzaron en enero de 2009. Durante los primeros tres meses de 2010, al menos 115,000 personas huyeron de sus hogares debido a la continuidad de las operaciones militares y el peligro en las Kivus.
El círculo vicioso del desplazamiento
Después de abandonar sus posesiones, casas, tierras y medios de vida, un gran número de civiles buscan primero refugio en los bosques cercanos a sus aldeas, con la esperanza de permanecer cerca de sus campos y propiedades. Muchos sufren nuevos abusos en estos bosques, que incluyen ataques de grupos armados, violaciones y robos, y la falta de refugio y el hambre los obligan a buscar cobijo y ayuda en otros lugares.
Al menos el 80 por ciento de los desplazados en el este de la República Democrática del Congo encuentran una seguridad relativa viviendo con "familias de acogida", las cuales tienen también dificultades para subsistir. Estas personas desplazadas se enfrentan a las penurias económicas, al hambre y la enfermedad, y la gran mayoría tienen muy poco o ningún acceso a la atención a la salud y la educación. Con el tiempo, las familias de acogida se ven sobrecargadas por los desplazados, quienes suelen verse obligados a trasladarse de nuevo.
Aunque muchos dicen que prefieren sobrevivir cultivando tierras, su acceso limitado o nulo a los campos conlleva que muchos tengan que depender de las agencias humanitarias. Pero con frecuencia, estas agencias no pueden atenderles en los lugares donde se han refugiado, por razones logísticas o de seguridad.
"Los padres desesperados por alimentar a sus hijos dijeron una y otra vez que la ausencia de ayuda implicaba que no tenían más remedio que arriesgar sus vidas y sus extremidades corporales regresando a lugares muy peligrosos", señaló Simpson. "Necesitan ayuda tanto para aliviar el hambre como para evitar perder la vida a manos de los grupos armados", agregó.
La cuestión del retorno
Aunque las operaciones militares han continuado durante todo el año, los funcionarios del Gobierno congoleño han reiterado que la situación en el este de la República Democrática Congo ha mejorado enormemente, y que quieren que los desplazados regresen a sus hogares.
El informe describe los obstáculos a los que se enfrentan las personas desplazadas cuando regresan a sus hogares: la falta general de seguridad en los pueblos alejados de las carreteras principales; los abusos y las amenazas de los combatientes de todos los bandos en conflicto; las acusaciones de colaboración con grupos enemigos; el saqueo de las cosechas; la extorsión por parte de combatientes indisciplinados; y las disputas sobre títulos de tierras, la ocupación de tierras y la destrucción de propiedades.
Este informe también documenta la manera en que las autoridades han dejado, en ocasiones, que las consideraciones políticas prevalezcan sobre las necesidades de los desplazados y han promovido que dejen los campamentos contra su voluntad. Por ejemplo, en septiembre de 2009, las autoridades congoleñas presionaron a 60,000 personas refugiadas en campamentos administrados por la ONU en el interior y los alrededores de Goma para que regresaran a sus hogares.
La policía y los bandidos asaltaron y saquearon los campamentos cuando se estaban cerrando, atacando a los que se demoraron en recoger sus pertenencias y partir. Algunos de los desplazados dijeron a Human Rights Watch que ni siquiera intentaron regresar a sus casas porque sabían que todavía no eran un lugar seguro, mientras que otros lo intentaron y los grupos armados los obligaron a dispersarse. Ni el Gobierno ni las agencias de la ONU dieron un seguimiento adecuado de lo que ocurrió con estas 60,000 personas.
"Las agencias de la ONU y los donantes tienen que aportar suficientes recursos para la asistencia humanitaria de emergencia", señaló Simpson. "Sólo se debe animar a los desplazados a regresar a sus hogares cuando sea seguro y lo hagan voluntariamente y en condiciones dignas", agregó.
La necesidad de protección
Las autoridades congoleñas tienen un historial deficiente en la protección de personas desplazadas y otros civiles, en el que las unidades militares congoleñas han abusado con frecuencia de la población que deben supuestamente proteger, señaló Human Rights Watch. Las autoridades congoleñas cuentan con casi 20,000 soldados de pacificación de la ONU (la Misión de Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo, MONUSCO) para ayudarles a proteger a la población civil de la amenaza inminente de violencia física y asistir a los civiles desplazados que quieran regresar a sus hogares.
Human Rights Watch dijo que la misión de la ONU ha desarrollo algunos métodos innovadores para mejorar la protección de la población civil, entre ellos una estrategia de protección de la población civil y Equipos Conjuntos de Protección, que intentan anticiparse y responder a las necesidades de protección de los civiles. Estas iniciativas han tenido algunas consecuencias positivas, pero las fuerzas de pacificación están diseminadas por un terreno extenso y difícil, y han estirado sus escasos recursos, con una capacidad también limitada para proteger a la población civil. Como resultado, el reto de proteger a la población civil del este de la República Democrática del Congo sigue siendo inmenso.
La protección de la población civil, incluidas las personas internamente desplazadas, debe seguir siendo la consideración principal para el desarrollo de políticas gubernamentales de estabilización y reconstrucción tras el conflicto, señaló Human Rights Watch.
"La reconstrucción del este de la República Democrática del Congo no debe producirse a expensas de la protección de sus ciudadanos más vulnerables", señaló Simpson. "La ONU y los donantes deben garantizar que sus derechos a la vida y la dignidad sean un aspecto esencial de cualquier iniciativa de reconstrucción", agregó.
