(Ginebra, 9 de diciembre de 2021) – Las crueles consecuencias de las armas incendiarias ameritan que se revisen y se fortalezcan las normas jurídicas internacionales que regulan su uso, señaló hoy Human Rights Watch. Los países tendrán la oportunidad de decidir si iniciarán conversaciones sobre estas armas durante un encuentro de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CAC), un importante tratado sobre desarme, que se inicia el 13 de diciembre de 2021 en el ámbito de la Naciones Unidas en Ginebra.
“Los gobiernos deben responder a los reclamos crecientes de que se prevenga un mayor sufrimiento humano a causa de las armas incendiarias”, expresó Bonnie Docherty, investigadora sénior sobre armas de Human Rights Watch y directora adjunta de conflictos armados y protección civil en la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard. “Fortalecer el derecho internacional relativo a las armas que causan quemaduras excepcionalmente graves es una necesidad jurídica, un imperativo humano y algo absolutamente factible”.
En noviembre, profesionales sanitarios y organizaciones de sobrevivientes de quemaduras se sumaron a los actores que exigen acciones contra las armas incendiarias a través de una carta abierta a los gobiernos.
En un seminario web programado para el 10 de diciembre a las 2 p.m. CET (hora central europea), Human Rights Watch planteará los argumentos humanitarios que sustentan estos pedidos. En el evento participarán Kim Phuc, una sobreviviente de napalm que fue retratada mientras huía de un ataque en una famosa fotografía del período de la Guerra de Vietnam; la Dra. Rola Hallam, una médica británica que atendió a víctimas de armas incendiarias en Siria; y Roos Boer, investigadora de PAX, una organización holandesa por la paz, quien presentará un nuevo informe sobre desinversión de armas incendiarias.
Las armas incendiarias generan calor y fuego por medio de la reacción química de una sustancia inflamable. En los últimos quince años, Human Rights Watch documentó los daños causados a civiles por el uso de armas incendiarias en Afganistán, Gaza, Irak, Siria, Ucrania y Yemen.
Las armas incendiarias provocan quemaduras graves, que a veces llegan a los huesos, y pueden causar daño respiratorio, infección, shock y daños en órganos. Todo esto tiene consecuencias físicas y psíquicas a largo plazo. Las armas incendiarias también inician incendios que pueden destruir viviendas, dañar infraestructura crítica y cultivos, y matar ganado.
El Protocolo III a la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales regula el uso de armas incendiarias, pero su capacidad de proteger a civiles está deteriorada por dos lagunas normativas en su contenido. En primer lugar, prohíbe el uso de armas incendiarias arrojadas desde el aire en zonas civiles, pero permite el uso de versiones lanzadas desde tierra en algunas circunstancias. Esta distinción arbitraria no toma en cuenta el daño que causan las armas incendiarias, independientemente del mecanismo que se utilice para su lanzamiento.
En segundo lugar, la definición en el Protocolo III no incluye al fósforo blanco u otras municiones que fueron “concebidas primordialmente” para crear pantallas de humo o como señal para las tropas, pero que tienen los mismos efectos incendiarios cruentos. Las municiones con fósforo blanco pueden provocar quemaduras que penetran hasta los huesos, permanecen candentes dentro del cuerpo y se reactivan al quitar las vendas.
“Los países deben eliminar estas lagunas normativas que han limitado la eficacia del derecho internacional en materia de armas incendiarias”, afirmó Docherty. “La prohibición total de las armas incendiarias permitiría que queden completamente estigmatizadas y reportaría los máximos beneficios humanitarios”.
En la Sexta Conferencia de Examen de la CAC que tendrá lugar del 13 al 17 de diciembre, los países participantes decidirán acerca de dar el primer paso e iniciar un proceso para evaluar la idoneidad del Protocolo III ante la evidencia de daños sufridos por la población civil a causa del uso de armas incendiarias en Siria y en otros lugares. En la última reunión anual de Estados Partes de la CAC, que se celebró en 2019, Rusia consiguió bloquear una propuesta para considerar el estatus y la implementación del Protocolo III.
Una veintena de estados, además de la Unión Europea y el Comité Internacional de la Cruz Roja, han planteado preocupaciones con respecto a las armas incendiarias desde la última Conferencia de Examen quinquenal, que se realizó en 2016. La mayoría ha instado a que se eliminen las distinciones arbitrarias y perimidas que contiene el Protocolo III.
A poco de la Conferencia de Examen de 2021, más de 50 profesionales de atención de la salud, organizaciones de sobrevivientes de quemaduras y organizaciones médicas relacionadas de 11 países manifestaron su rechazo a “cualquier uso de armas incendiarias, en razón de los daños atroces que provocan” e instaron a los gobiernos a “reconsiderar y fortalecer la normativa vigente… con el objeto de evitar que estas armas cruentas sigan causando padecimientos a las personas”.
Los firmantes, que han experimentado quemaduras o las han tratado, tienen un conocimiento único del tipo de sufrimiento que causan las armas incendiarias. Aportan una nueva perspectiva a las conversaciones y hablan con total conocimiento de causa cuando afirman que “abordar las armas incendiarias a nivel internacional es un imperativo humanitario”, señalaron Human Rights Watch y la Clínica de Derechos Humanos de Harvard.
Una de las firmantes, la Dra. Rola Hallam, quien trató a víctimas de un ataque con armas incendiarias contra una escuela en Siria, expresó: “Las armas incendiarias generan incapacidades profundas de carácter permanente, y el sistema médico [en una zona de conflicto] no está preparado para lidiar con eso”.
En la Asamblea General de la ONU que tuvo lugar en octubre, 10 organizaciones no gubernamentales instaron a los países a condenar el uso de armas incendiarias y a fortalecer la normativa internacional para evitar que sigan causando daños y sufrimiento.
“Ponerse de acuerdo en iniciar conversaciones sobre las armas incendiarias debería ser una decisión sencilla para la Conferencia de Examen de la CAC”, señaló Docherty. “Todo país que se oponga a esto no solo estaría permitiendo que las consideraciones políticas prevalezcan por sobre las humanitarias, sino que además contribuiría a que se dude de la viabilidad misma de la convención”.
