- El hecho de que el gobierno estadounidense no garantice un acceso equitativo y asequible a la insulina viola el derecho a la salud de las personas con diabetes y provoca consecuencias trágicas para muchas de ellas.
- Un sinfín de personas que no pueden costear el alto precio de la insulina no solo ponen en peligro sus recursos económicos, sino que pagan con su salud, su vida y su sustento.
- El gobierno de Estados Unidos debe promulgar políticas que garanticen que los medicamentos esenciales, como la insulina, sean asequibles para todos los que los necesitan, independientemente del seguro, la condición económica o el estatus de ciudadanía.
(Washington, DC, 12 de abril 2022) – El hecho de que el Gobierno de Estados Unidos no garantice un acceso equitativo y asequible a la insulina viola el derecho a la salud de las personas con diabetes y provoca regularmente consecuencias trágicas para muchas de ellas, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 92 páginas “‘If I’m Out of Insulin, I’m Going to Die:’ United States’ Lack of Regulation Fuels Crisis of Unaffordable Insulin,” (“‘Si me quedo sin insulina, me voy a morir’: la falta de regulación de Estados Unidos alimenta la crisis de la insulina inasequible”) describe las repercusiones en materia de derechos humanos de las políticas del Gobierno estadounidense que hacen inasequible para muchas personas una medicación esencial para la vida, como la insulina. Human Rights Watch descubrió que los precios exorbitantes de la insulina y la cobertura inadecuada del seguro médico pueden hacer que las personas tengan que pagar mucho dinero de su bolsillo por la insulina, contribuyendo a un racionamiento de medicamentos peligroso y potencialmente letal, obligando a las personas a renunciar a otras necesidades básicas y afectando desproporcionadamente a los grupos social y económicamente marginados.
“Las personas que necesitan insulina no deberían arruinar su economía para sobrevivir, pero en EE.UU. a menudo sucede”, dijo Matt McConnell, investigador de justicia económica y derechos de Human Rights Watch. “Dado que EE.UU. no regula los precios de los medicamentos ni garantiza una cobertura adecuada de los costos de la insulina, innumerables personas que no pueden permitirse la costosa insulina no solo están forzando sus recursos económicos, sino que pagan con su salud, sus vidas y sus medios de vida”.
Unos 27 millones de adultos en Estados Unidos han sido diagnosticados con diabetes, y unos ocho millones utilizan uno o más tipos de insulina para regular su nivel de azúcar en sangre. Sin ella, las personas pueden experimentar un alto nivel de azúcar en sangre, o hiperglucemia, que puede dar lugar a complicaciones graves e incluso mortales. Pero en EE.UU., la forma más recetada de este fármaco que salva vidas – los análogos de la insulina – puede costar más de 300 dólares por un solo dosis, lo que puede suponer más de 1.000 dólares al mes si se carece de una cobertura sanitaria adecuada.
Los motivos de estos elevados precios están claros. A diferencia de la mayoría de los países, Estados Unidos no regula directamente los precios de los medicamentos. No hay sistemas que establezcan un precio justo para los medicamentos antes de que entren en el mercado o que restrinjan cuánto pueden aumentar los precios los fabricantes o los intermediarios. Los precios de la insulina analógica en Estados Unidos son hasta más de ocho veces superiores a la media de los otros 32 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
“Somos el país más rico del mundo, pero la gente tiene que prescindir de la medicación”, dijo Emily Grant, de 29 años, de Dallas (Texas), al hablar del coste de su insulina. “No hay nada que pueda hacer sobre la trayectoria de mi enfermedad, salvo seguir los planes de tratamiento que me indican mis médicos. Y no creo que esté bien decir: ‘Oh, bueno, o te lo pagas o te mueres’”.
Human Rights Watch entrevistó a 50 personas, entre ellas 31 con enfermedades crónicas, 18 de las cuales tenían diabetes insulinodependiente. Human Rights Watch también revisó extensas fuentes secundarias y datos de precios disponibles públicamente para tres de los análogos de insulina más utilizados: Humalog, Novolog y Lantus. Cada uno de estos medicamentos es producido por una de las tres multinacionales farmacéuticas que dominan colectivamente el mercado mundial de la insulina, respectivamente: la estadounidense Eli Lilly, la danesa Novo Nordisk y la francesa Sanofi.
Estos fabricantes han aumentado los precios de estos medicamentos en cientos de puntos porcentuales, ajustados a la inflación, desde su introducción en el mercado a finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000, según la información que estas empresas presentaron a las investigaciones gubernamentales y otros datos disponibles públicamente que revisó Human Rights Watch. Aunque estas rápidas subidas de precios se han ralentizado o han cesado en los últimos años bajo el escrutinio de los responsables políticos, los pacientes, los defensores y los medios de comunicación, los precios siguen siendo elevados y afectan negativamente a la vida de las personas que no disponen de un seguro médico adecuado o de ayudas benéfica para mitigar los costes.
Casi todas las personas dependientes de la insulina entrevistadas dijeron que habían racionado la insulina analógica porque era muy cara, tomando menos medicina de la recomendada por su médico para alargar su suministro. Human Rights Watch también descubrió que los elevados gastos de bolsillo pueden socavar el nivel de vida de las personas que necesitan insulina, ya que un mayor porcentaje de sus ingresos se destina a este medicamento que salva vidas en lugar de a otras necesidades básicas, como la alimentación, el alquiler y la vivienda.
Las cargas derivadas de los elevados costos de los medicamentos son intrínsecamente regresivas, ya que las personas más pobres deben pagar una parte mucho mayor de sus ingresos por sus medicamentos, en igualdad de condiciones. Las comunidades históricamente marginadas, discriminadas e insuficientemente atendidas en EE.UU. también se ven afectadas de forma desproporcionada tanto por la diabetes como por sus consecuencias negativas para la salud. Por ejemplo, aunque unas 356 personas con diabetes sufrieron una amputación de miembros inferiores cada día en los Estados Unidos en 2016, los adultos negros tenían más del doble de probabilidades de sufrir una amputación relacionada con la diabetes que los adultos blancos.
La insulina inasequible socava los derechos humanos en virtud del derecho internacional, incluido el derecho al más alto nivel posible de salud, el derecho al acceso equitativo y asequible a los medicamentos esenciales, el derecho a la igualdad de protección ante la ley y la no discriminación, y el derecho a un nivel de vida adecuado.
El gobierno de EE.UU. debe promulgar políticas que garanticen que los medicamentos esenciales, como la insulina, sean asequibles para todos los que los necesiten, independientemente del seguro, la riqueza o el estatus de ciudadanía. Esto puede requerir una legislación que reduzca y regule los precios de los medicamentos esenciales como la insulina. El Congreso también debería mejorar la asequibilidad y disponibilidad de un seguro médico de calidad para las personas con ingresos bajos y medios.
A pesar de la regulación gubernamental, todas las empresas tienen también la responsabilidad de respetar los derechos humanos y asegurarse de que no causan o contribuyen a abusos de los derechos humanos según los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Las empresas que intervienen en la fijación de los precios de los medicamentos, incluidos los fabricantes de productos farmacéuticos, los gestores de beneficios farmacéuticos, los proveedores de planes de salud y las farmacias, deben tomar medidas para identificar y rectificar las prácticas que contribuyen a que la insulina sea inasequible para las personas que la necesitan.
“Nuestro sistema de precios es cruel y regresivo, ya que permite medicamentos a precios elevados, no regulado y a menudo no mitigado, y ha consentido a las empresas exprimir a algunas de las personas más vulnerables del país por un producto sin el que no pueden vivir”, dijo McConnell. “Pero disponemos de las herramientas para solucionar esta crisis”.
