Honduras: Presentación Conjunta al Comité de los Derechos del Niño al 97º Grupo de Trabajo Preliminar

Presentación del Centro de Derechos de Mujeres y Human Rights Watch al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas,
Honduras

97º Grupo de Trabajo Preliminar

Noviembre de 2023

Nos dirigimos con anticipación a la 97.º Sesión del Grupo de Trabajo Preliminar del Comité de los Derechos del Niño (el Comité) y su revisión de Honduras, con el fin de destacar áreas de preocupación relacionadas con el cumplimiento del Gobierno de Honduras de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta presentación aborda los artículos 3, 6, 24, 28 y 29 de la Convención y cubre el acceso al aborto y a los anticonceptivos de emergencia, así como el acceso a la educación.

Acceso al aborto y a la anticoncepción de emergencia (artículos 3, 6, 24 y 29)

En Honduras el aborto continúa siendo ilegal en todas las circunstancias, incluso cuando esté en peligro la vida de la mujer, niña o de la persona embarazada y cuando el embarazo sea el resultado de violencia sexual. Las mujeres, niñas y personas embarazadas que se someten a abortos, y quienes brindan esta práctica, se enfrentan a la posibilidad de hasta seis años de prisión. En enero de 2021, el Congreso aprobó una enmienda constitucional por la cual se aumentó de dos tercios a tres cuartos la mayoría necesaria para modificar la disposición que prohíbe el aborto, lo que dificulta la posibilidad de futuras reformas. En marzo de 2023, los magistrados recién nombrados para formar parte de la Corte Suprema de Justicia confirmaron una decisión previa que desestimó el argumento de que tal prohibición es inconstitucional.[1]

El 8 de marzo de 2023, la presidenta Xiomara Castro firmó un decreto ejecutivo que puso fin a la prohibición que existía en el país sobre el uso y la comercialización de anticoncepción de emergencia, lo que representó un paso positivo en un país donde rige una prohibición total del aborto.[2] La anticoncepción de emergencia, también denominada “pastilla del día después,” se usa para prevenir el embarazo.

También el 8 de marzo, el Congreso aprobó una ley que establecía la educación integral en sexualidad con el propósito de ayudar a prevenir los embarazos en adolescentes. Tras la fuerte oposición expresada por grupos conservadores,[3] la presidenta Castro vetó la ley.[4]

En Honduras, el 56 % de los embarazos ocurridos entre 2015 y 2019 no fueron buscados.[5] Algunos embarazos no planificados pueden ser el resultado de una violación sexual. En 2022, las fiscalías recibieron 2.944 denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas, de acuerdo a un informe del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres.[6] Según indican estos datos, las niñas de entre 10 y 14 años son las más afectadas, y representan el 64 % de los casos de violencia sexual.[7]

Entre enero y diciembre de 2022, hubo 2.359 instancias de evaluaciones medicolegales por denuncias de agresión sexual, un promedio de 197 casos por mes.[8] El 90 % (2.122) de los casos correspondían a mujeres y niñas. En particular, el 65,9 % las personas sobrevivientes tenían entre 10 y 19 años de edad. A su vez, el 57,5 % de los sobrevivientes de violencia sexual tenían entre 5 y 14 años de edad.

De conformidad con el derecho hondureño, toda actividad sexual que involucre a niños o niñas menores de 15 años se considera abuso, y en la mayoría de los casos, los agresores son hombres adultos, en particular familiares o conocidos de las personas sobrevivientes.[9] Como consecuencia de esta forma de violencia, muchas niñas quedan embarazadas contra su voluntad. Según datos de la Secretaría de Salud, del año 2018 al 2022 se produjeron 4.495 nacimientos entre niñas de 10 a 14 años y 123.115 nacimientos entre las de 15 a 19 años.[10] Tan solo en 2022, hubo 1.061 niñas de entre 10 y 14 años que se convirtieron en madres como resultado de violencia sexual.[11] Esto representa el 4,5% de todos los nacimientos entre adolescentes.

Las investigaciones realizadas por Human Rights Watch a nivel mundial muestran que la penalización del aborto no solo afecta la posibilidad de las mujeres y las niñas de acceder a servicios esenciales de salud reproductiva, sino que además exacerba las desigualdades y la discriminación.[12]

Human Rights Watch recomienda que el Comité pregunte lo siguiente al gobierno de Honduras:

• ¿Qué medidas se están tomando para prevenir y abordar los embarazos no deseados, en particular de niñas sobrevivientes de violencia sexual?
• ¿Qué medidas se están adoptando para despenalizar el aborto y asegurar que el sistema de salud esté preparado para brindar atención integral, incluido el aborto seguro, sin discriminación, estigmatización ni revictimización?
• ¿Qué medidas se están tomando para garantizar el acceso de niños y niñas a una educación integral en sexualidad?
• ¿Qué medidas se están tomando a fin de garantizar el acceso de niños y niñas a la anticoncepción de emergencia en Honduras, no solo para las personas sobrevivientes de violencia sexual, sino para todas las personas que la requieran?
• ¿Cómo garantiza Honduras el acceso de los niños y las niñas a información integral sobre salud sexual y reproductiva?

Human Rights Watch recomienda que el Comité inste al gobierno de Honduras a:

• Despenalizar el aborto con carácter urgente eliminado del Código Penal todas las sanciones penales previstas para supuestos de aborto.
• Mejorar los servicios de salud destinados a mujeres y niñas que sean sobrevivientes de violencia sexual asegurando que el personal médico esté preparado para brindar atención compasiva y no estigmatizante.
• Implementar un programa obligatorio de educación integral en sexualidad en escuelas primarias y secundarias que cumpla con los estándares internacionales y sea preciso en términos científicos, acorde para la edad y basado en el reconocimiento de derechos.

Acceso a la educación para niños y niñas LGBT (artículo 28)

La discriminación y la violencia contra las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) son fenómenos generalizados en Honduras. En 2020, Human Rights Watch publicó un informe que documenta abusos contra personas LGBT hondureñas.[13]

Diversas personas entrevistadas contaron a Human Rights Watch que habían experimentado acoso escolar y discriminación en ámbitos educativos. Esto era especialmente cierto en el caso de quienes no se ajustaban visiblemente a las normas de género tradicionales. Describieron haber sido objeto de acoso por parte de compañeros, docentes y administradores. Algunas personas señalaron que, debido a esto, se vieron forzadas a abandonar la escuela, lo cual redujo sus oportunidades en la vida y las condujo a una mayor inseguridad económica, sobre todo quienes no tenían apoyo familiar y se vieron obligadas a dejar sus hogares.

Anabel H., una mujer trans de Tegucigalpa, contó que desde los 10 años se vio obligada a dejar de asistir a la escuela a mitad de cada ciclo electivo, debido al acoso escolar. En la escuela secundaria, dijo que sus compañeros amenazaron con violarla y le arrojaron botellas de agua. Cuando se quejó de esto con el director de la escuela, le dijo que debía comportarse como un varón si pretendía que no la molestaran.[14]

Human Rights Watch recomienda que el Comité inste al gobierno de Honduras a:

• Aprobar una legislación civil integral contra la discriminación que establezcan explícitamente la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas, y que abarque diversos sectores, incluyendo la educación, el empleo, la atención médica y la vivienda, entre otros.
• Adoptar una política contra la discriminación que exija que todas las escuelas no discriminen a estudiantes en función de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género.
• Garantizar que todos los planes de estudio, incluyendo los contenidos sobre educación integral en sexualidad, incluyan y refuercen la diversidad sexual y de género y su aceptación.
• Adoptar una política contra el acoso escolar que obligue a todos los centros educativos a tomar medidas para prevenir y responder a casos de acoso por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género.
• Establecer servicios de asistencia destinados a personas jóvenes, incluidos niños, niñas y adultos jóvenes, que sean expulsados de su hogar por motivos vinculados con la orientación sexual o la identidad de género, como medidas de albergue, servicios de orientación, servicios educativos y capacitación para el empleo.