Tres generaciones de la familia de Bashir Husain administraron una pequeña tienda en un mercado de Karachi (Pakistán). Durante 70 años, pagaron el alquiler al gobierno local, así como las facturas de servicios públicos y los impuestos.
Pero en 2018, las autoridades demolieron la tienda familiar de Husain.
Formaba parte de algo llamado campaña "contra la usurpación de terrenos", y es demasiado común en Pakistán. En pocas palabras, las autoridades quieren utilizar un espacio para otra cosa -o dárselo a otra persona- y por eso dicen que están eliminando estructuras que "invaden" terrenos públicos o propiedad estatal.
Ahora, los gobiernos están autorizados a expropiar terrenos, incluido el desalojo de personas de sus propiedades, si es por interés público y en otras circunstancias excepcionales. Sin embargo, lo que está ocurriendo en ciudades de todo Pakistán se parece mucho más a lo que el derecho internacional denomina "desalojo forzoso", y muchas personas se han quedado sin hogar por ello.
No se debe expulsar sin más a personas y familias de sus hogares y locales comerciales "sin proporcionarles formas adecuadas de protección jurídica o de otra índole ni facilitarles el acceso a ellas".
En un nuevo informe, Human Rights Watch constata que las autoridades no suelen tomar las medidas adecuadas de antemano. A menudo no investigan los derechos sobre la tierra de los residentes y apenas ofrecen indemnizaciones.
En algunos casos, la policía detiene y procesa a quienes se resisten sin ningún fundamento legal. La policía que lleva a cabo desalojos abusivos nunca se enfrenta a ninguna sanción.
La corrupción en el desarrollo de la tierra a veces provoca abusos. Los ricos y con buenas conexiones se aprovechan de las familias pobres y socialmente marginadas, que a menudo sólo tienen un rastro de papel irregular para demostrar la propiedad. Gran parte de este problema afecta a las propiedades adjudicadas apresuradamente a los refugiados que llegaron de la India tras la partición de la India británica en dos nuevos países, India y Pakistán, en agosto de 1947.
Pero el problema se remonta incluso más atrás. La base de la adquisición pública de tierras en el país es la Ley de Adquisición de Tierras, una ley de la época colonial de 1894. Esta ley, y otras basadas en ella, permite a las autoridades desalojar por la fuerza a personas de sus hogares y tierras sin apenas salvaguardias.
Está claro que hace tiempo que debería haberse reformado la ley. Si a veces es necesario obligar a la gente a desplazarse, debe planificarse y llevarse a cabo de forma que se respeten los derechos de las personas a la vivienda y a los medios de subsistencia. Debe haber indemnizaciones adecuadas y opciones de reasentamiento.
En resumen, una ley de la época colonial no es la adecuada.
