El escenario parece finalmente preparado para el despliegue de una misión internacional en Haití.
Ya hemos analizado en el boletín informativo la caída de Haití en el caos y hemos explicado la necesidad de una misión internacional para hacerle frente. También hemos detallado cómo la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS, por sus siglas en inglés), autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre, ha tenido que hacer frente a retrasos en el despliegue sobre el terreno.
Pero se espera que la misión MSS dirigida por Kenia llegue pronto a Haití, después de que una delegación keniana se desplazara allí la semana pasada. Además, el presidente de Kenia, William Ruto, se reunió recientemente en Washington con el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien prometió más apoyo a la misión.
Son noticias alentadoras para la población de Haití.
La misión de los SMS tiene como misión ayudar a la policía haitiana a hacer retroceder la extrema agitación en la capital del país, Puerto Príncipe. Ayudarán a la policía a asegurar infraestructuras clave y a luchar contra los grupos delictivos que actualmente controlan casi toda la ciudad y que son responsables de abusos generalizados.
Sin embargo, quedan al menos tres interrogantes, sobre todo si se recuerdan los fracasos y abusos de anteriores respuestas internacionales en Haití.
En primer lugar, ¿están tomando los países implicados las medidas suficientes para garantizar que la misión de la SMS respeta los derechos humanos?
La policía haitiana controlará la operación, y el consejo de seguridad nacional definirá y supervisará la asistencia de la misión. El gobierno de EE.UU. dice que está investigando a todo el personal de la MSS, tal y como exige la legislación estadounidense. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos está colaborando en el diseño del marco normativo de la misión.
Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU aún no ha recibido información esencial -y necesaria- de la misión de los SMS sobre aspectos como sus normas de intervención, las salvaguardias de los derechos humanos y los mecanismos de rendición de cuentas.
¿Qué ocurrirá, por ejemplo, si surgen acusaciones de abusos por parte de la Policía Nacional de Haití o del personal de la MSS? ¿Cómo se puede denunciar y cómo se investigará de forma independiente? Detalles como estos deben quedar claros.
En segundo lugar, ¿qué ocurre con los obstáculos legales a los que todavía se enfrenta la misión del SMS? Entre ellos, la decisión adoptada en enero por el Tribunal Supremo de Kenia, que declaró inconstitucional la orden de desplegar agentes de policía en Haití. Está pendiente un recurso de apelación, y para junio está prevista una nueva demanda por los mismos motivos.
En tercer lugar, hay una seria cuestión de dinero. El fondo fiduciario de la misión sólo ha recibido 21 millones de dólares. Esta cifra es muy inferior a los costes operativos iniciales estimados en 600 millones de dólares.
Los gobiernos, especialmente los de Estados Unidos, Francia y los de América Latina y el Caribe, deben garantizar que la misión disponga de lo que necesita.
Los haitianos necesitan urgentemente ayuda internacional para restablecer la seguridad, y es esencial que el trabajo se haga bien, es decir, respetando los derechos humanos.
