Te dicen que tu país no existe. Te dicen que tu lengua no existe. Se llevan a tu profesor y lo torturan.
El aula donde estás sentado está en el mismo edificio escolar, en el mismo pueblo, en la misma región, pero tu mundo ha dado un vuelco desde que comenzó la ocupación militar rusa.
Los niños han sido las principales víctimas de la atroz invasión rusa de Ucrania. Entre otras cosas, han sido objeto de secuestros masivos de niños por parte de Rusia, lo que hizo que Vladimir Putin fuera objeto de una orden de detención por parte de la Corte Penal Internacional.
El trato que Rusia dispensa a los niños ucranianos en las escuelas bajo ocupación se suma a la creciente lista de abusos rusos, como detalla un nuevo informe centrado en la región ucraniana de Kharkivska, ocupada y luego liberada.
Las autoridades rusas están suprimiendo la lengua ucraniana y el programa educativo ucraniano. Utilizan el ruso como lengua de enseñanza e imponen el plan de estudios ruso, repleto de propaganda antiucraniana que niega la existencia misma del pueblo al que pertenecen alumnos y estudiantes.
En resumen, Rusia está utilizando el sistema educativo para llevar a cabo la rusificación y el adoctrinamiento político en sus territorios ocupados.
Tales medidas violan las leyes de la guerra. Éstas exigen que una potencia ocupante restablezca el orden público y los servicios en un territorio ocupado, incluso para facilitar la educación adecuada de los niños. Sin embargo, debe respetar las leyes vigentes en el territorio antes de la ocupación. Los ocupantes tienen prohibido imponer sus propias leyes, incluidas las relativas a la educación.
También va en contra de otras normas internacionales de derechos humanos, como la prohibición de la propaganda en favor de la guerra, el derecho del niño a la educación en su lengua materna y el derecho de los padres a elegir la escolarización de sus hijos.
Además, los niños ucranianos bajo ocupación rusa tienen que recibir formación militar como parte del plan de estudios impuesto.
Las autoridades ocupantes también exigen a los centros de enseñanza secundaria del territorio ucraniano ocupado que compartan los nombres de los estudiantes mayores de 18 años. Las autoridades rusas los consideran aptos para ser reclutados por las fuerzas armadas, donde incluso podrían verse obligados a luchar contra sus compatriotas ucranianos.
Los profesores y demás personal escolar que intentan resistirse a estos cambios impuestos se enfrentan a represalias despiadadas. Las autoridades rusas han empleado contra ellos amenazas, coacción, detención y tortura, incluidas brutales palizas y descargas eléctricas. Las autoridades rusas también han amenazado a los padres cuyos hijos aprendían en línea el plan de estudios ucraniano.
Se calcula que hay un millón de niños en edad escolar en el territorio ucraniano ocupado por Rusia. Los ocupantes les niegan su derecho a la educación, garantizado por el derecho internacional.
