Si preguntamos a la gente qué piensa de la expresión "derechos humanos universales", y apuesto a que descubrirá que la palabra "derechos" es menos problemática para muchos que la palabra "universales".
Por lo general, la gente no se opone a la idea de que tienen libertades fundamentales o derechos humanos. Pero a menudo es más difícil convencerles de que todos los demás también tienen esos mismos derechos.
Es el viejo problema del nosotros contra ellos. Cuando se trata de mí, de mi familia y de mis amigos, es más fácil empatizar que cuando se trata de otra persona, especialmente de alguien que no es como yo, mi familia o mis amigos. En una guerra, estos sentimientos se amplifican, y la gente niega con demasiada facilidad los derechos de las víctimas si se las considera enemigas en lugar de aliadas.
Podemos ver esto a gran escala en una corriente de pensamiento político estadounidense sobre la Corte Penal Internacional (CPI).
Estados Unidos no forma parte de los 124 países miembros de la CPI. Aun así, tanto las administraciones presidenciales demócratas como republicanas han apoyado al tribunal en casos concretos. El gobierno estadounidense ha colaborado incluso en la detención de sospechosos buscados por el tribunal. El gobierno de Biden ha reconocido el papel clave del tribunal en la lucha contra los crímenes atroces en Ucrania y Darfur (Sudán).
Sin embargo, cuando se trata de que la CPI investigue las acciones de Israel en Gaza, el enfoque cambia radicalmente entre los políticos estadounidenses (republicanos y demócratas, incluido Biden) que quieren que se les vea apoyando a Israel.
Lo vimos incluso antes de que el fiscal de la CPI Karim Khan anunciara que estaba solicitando órdenes de detención contra cinco personalidades, tres de Hamás y dos del gobierno israelí. En abril, doce senadores estadounidenses amenazaron con sancionar a Khan si seguía adelante con los casos contra altos cargos israelíes.
Tras anunciarse las solicitudes de órdenes de detención, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley destinado a imponer sanciones contra la CPI, sus funcionarios y quienes apoyen investigaciones en el tribunal en las que estén implicados ciudadanos estadounidenses o aliados. Biden se ha opuesto hasta ahora al proyecto de ley, pero ahora se está estudiando en el Senado estadounidense.
Al parecer, para algunos políticos estadounidenses, el derecho internacional debe aplicarse a ciertos autores, pero no a otros; algunas víctimas merecen justicia, pero otras no.
Es un ataque al concepto mismo de universalidad. Como ya he dicho muchas veces: Si sólo te importan los crímenes de guerra cuando los cometen tus enemigos, entonces no te importan realmente los crímenes de guerra, ¿verdad?
Pero también hay algo de esperanza en esta historia.
Noventa y tres países miembros de la CPI han declarado su "apoyo inquebrantable" a la Corte frente a estas y otras amenazas recientes. Han vuelto a confirmar su respaldo a la Corte "como institución judicial independiente e imparcial" y su compromiso de defender a la CPI, a sus funcionarios y a quienes cooperan con ella de cualquier injerencia y presión política.
Es una señal alentadora de que los derechos universales están por encima de la política.
