La crisis del estado de Rakhine, al oeste de Myanmar, no cesa. En los últimos meses se han cometido nuevas atrocidades contra la población civil.
La culpa es tanto de las fuerzas de la junta militar como del Ejército de Arakan, de la oposición. Ambas atacan a la población civil y provocan incendios masivos y de gran magnitud para expulsar a la gente de sus hogares y aldeas, haciendo surgir el fantasma de la limpieza étnica.
El estado de Rakhine ha sufrido conflictos y lleva años sumido en una profunda crisis. Aquí es donde, en 2017, el ejército de Myanmar cometió crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio contra la comunidad étnica rohingya, obligando a huir a más de 750.000 personas, en su mayoría a la vecina Bangladesh.
Los 630.000 rohingya que permanecen en el estado de Rakhine viven bajo un sistema de apartheid. Desde el golpe militar de 2021 en Myanmar, la junta les ha impuesto severas restricciones de movimiento y ha bloqueado la ayuda a sus aldeas y campos de detención, donde hay unos 150.000 retenidos.
En ocasiones, la junta también coacciona a los rohnigya para que se alisten en el ejército: se les obliga a luchar por sus opresores. El reclutamiento ilegal de hombres y niños rohingya por parte del ejército ha avivado las tensiones entre las comunidades musulmana rohingya y budista rakhine.
Por su parte, el Ejército Arakan es un grupo armado de etnia rakhine que lucha contra el ejército de Myanmar. Desde finales de 2018 libra intensos combates con los militares por el control del estado de Rakhine, y las hostilidades se han recrudecido desde mediados de noviembre del año pasado. También lo han hecho las atrocidades.
Los militares han llevado a cabo ataques indiscriminados utilizando helicópteros de combate, artillería y asaltos terrestres.
Un nuevo informe de HRW documenta también cómo, en abril y mayo, a medida que avanzaba el ejército de Arakan, ambos bandos cometieron atrocidades contra civiles.
A mediados de abril, el ejército de Myanmar y grupos armados rohingya saquearon e incendiaron zonas de etnia rakhine en la ciudad de Buthidaung y pueblos del sur. A su vez, desde finales de abril, el ejército de Arakan quemó más de 40 aldeas y caseríos rohingya al este de la ciudad de Buthidaung, destruyéndolos parcial o totalmente por el fuego.
Los habitantes de los pueblos huyeron a Buthidaung, refugiándose en escuelas, casas y el hospital. Pero el 17 de mayo, el ejército de Arakan bombardeó, saqueó e incendió edificios por toda la ciudad, especialmente barrios rohingya. Se calcula que la toma de Buthidaung desplazó a unas 70.000 personas, en su mayoría rohingya.
Desde entonces, los enfrentamientos entre las partes beligerantes se han trasladado al oeste, a Maungdaw, donde los combates se han recrudecido en la última semana. Hay más informes de asesinatos y otros abusos contra civiles rohingya.
Desde noviembre, más de 300.000 personas han sido desplazadas. La junta ha intensificado el bloqueo de la ayuda humanitaria a la población civil en todo el estado de Rakhine, una forma de castigo colectivo que viola el derecho internacional humanitario.
El conflicto en el estado de Rakhine, en Myanmar, continúa, las atrocidades continúan y los civiles están pagando el precio.
