(Ciudad de México) - La Fiscalía General de la República (FGR) de México no investigó adecuadamente la acusación de que soldados dispararon y mataron a una niña de 4 años en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, en agosto de 2022, señaló Human Rights Watch en un informe con evidencia visual publicado hoy.
El informe multimedia “¿Quién mato a Heidi Pérez?” detalla graves omisiones y errores cometidos por los fiscales encargados de la investigación. La FGR nunca adoptó medidas básicas para corroborar la versión de los militares sobre los hechos, a pesar de las irregularidades en las pruebas presentadas por los soldados y las inconsistencias entre la cronología presentada por los militares y las pruebas de video de la noche del tiroteo, encontró Human Rights Watch. Las autoridades tampoco dieron seguimiento al resultado de una prueba de balística que mostró una coincidencia posible, pero no concluyente, entre la bala que mató a la niña y una de las armas que portaba un soldado esa noche.
“Casi dos años después del asesinato de Heidi Pérez, la Fiscalía General de la República no ha hecho casi nada para examinar las graves incoherencias en la versión de los militares sobre lo ocurrido la noche del 31 de agosto de 2022”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “La fiscalía no debería simplemente aceptar como un hecho la afirmación de la Secretaría de la Defensa de que los soldados no tuvieron nada que ver con la muerte de Pérez. Eso sería una fórmula perfecta para la impunidad”.
Heidi Pérez murió por unos disparos hechos contra el auto en el que viajaba con su familia en el centro de Nuevo Laredo la noche del 31 de agosto de 2022. Su familia dice que unos soldados dispararon contra el auto, lo que causó la muerte de la niña.
Human Rights Watch revisó miles de folios de la carpeta de investigación del caso, entrevistó a la familia de Heidi y a sus abogados, visitó el lugar del tiroteo y examinó el vehículo en el que viajaba Heidi. Los investigadores de Human Rights Watch también consultaron a peritos forenses y en balística independientes, y revisaron imágenes satelitales y de fuentes abiertas, así como grabaciones de cámaras de seguridad de la noche en que Heidi murió. Las pruebas revisadas que están contenidas en la carpeta de investigación incluyen declaraciones de testigos, dictámenes forenses y fotografías de la escena del crimen, los vehículos, las municiones y de las heridas.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha afirmado que Pérez fue asesinada por miembros no identificados de un grupo criminal que supuestamente abrieron fuego contra soldados que se encontraban cerca. Human Rights Watch examinó esta afirmación, pero concluyó que no está respaldada por ninguna evidencia fiable.
Human Rights Watch envió una carta al fiscal general Alejandro Gertz Manero el 1 de agosto. La carta describe los hallazgos y lo insta a tomar medidas para rectificar las omisiones en la investigación. El fiscal general no ha respondido.
Human Rights Watch envió una carta a la Secretaría de la Defensa Nacional en febrero, en la que solicita información sobre los acontecimientos de la noche del 31 de agosto de 2022, incluyendo una lista de los soldados y vehículos militares que se encontraban en la zona. En mayo, la Dirección General de Derechos Humanos respondió que, mediante una investigación interna, se había determinado que el “personal militar no violentó derechos humanos”.
La madre de Heidi, Cristina Pérez, dijo que, en septiembre de 2022, un funcionario de la Secretaría de la Defensa Nacional se le acercó para ofrecerle “apoyo” si la familia accedía a dejar de hablar públicamente sobre la muerte de Heidi. Ella interpretó que se trataba de una oferta de dinero. Se negó. “Lo único que quiero ahorita es la verdad”, le dijo a Human Rights Watch. “Que la Fiscalía haga su trabajo”.
Después de que Cristina rechazó la oferta, el Ejército hostigó a su familia. Según dijo a Human Rights Watch, los soldados siguieron a su familia por Nuevo Laredo y empezaron a aparecer fuera de su casa por la noche. Finalmente, ella abandonó Nuevo Laredo para proteger a su familia del acoso.
La Secretaría de la Defensa Nacional a menudo ofrece compensación económica a las familias de personas muertas o heridas por soldados. Entre 2010 y 2022, algunos periodistas encontraron más de 230 acuerdos de este tipo entre la Secretaría de la Defensa Nacional y las familias de víctimas. La Secretaría de la Defensa Nacional rechazó una solicitud de información de Human Rights Watch sobre los acuerdos firmados en 2023.
