Esta semana, el estado mexicano de Aguascalientes dio un alarmante paso atrás en el acceso al aborto, violando las obligaciones legales de México.
Hace un año, en agosto de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la despenalización del aborto en Aguascalientes, después de que cinco organizaciones de la sociedad civil – GIRE, CECADEC, Cultivando Género, Morras Help Morras y TERFU A.C. – impugnaran la prohibición del aborto en el código penal del estado. De acuerdo con la sentencia, el Congreso de Aguascalientes reformó el código penal del estado en diciembre de 2023, despenalizando el aborto durante las primeras doce semanas de gestación.
Sin embargo, al aprobar esta nueva reforma, ese mismo Congreso está, en efecto, prohibiendo el acceso al aborto. La drástica reducción del número de semanas en las que las mujeres, las niñas y las personas embarazadas pueden acceder al aborto legal – de doce semanas a seis – limitará gravemente el acceso a este servicio de salud esencial.
Este cambio se encuentra en conflicto con las obligaciones de derechos humanos de México, incluidas aquellas relacionadas con la salud y la autonomía sexual y reproductiva, así como la no discriminación. Las restricciones al acceso a servicios de aborto seguros y legales pueden poner en riesgo muchos otros derechos protegidos internacionalmente, como el derecho a la vida, a la salud y a la información; el derecho a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la privacidad y la autonomía e integridad física; y el derecho a decidir sobre el número y el espaciamiento de hijos.
La prohibición de las seis semanas también contradice los precedentes de la Suprema Corte de México. Además, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado evitar la promulgación de leyes que prohíban el aborto basadas en límites de edad gestacional.
En la práctica, el límite de seis semanas hará que el aborto sea inalcanzable para muchas personas debido a su excesiva limitación temporal. Afectará de manera desproporcionada a adolescentes y jóvenes, a quienes viven en condiciones de pobreza, y a personas con discapacidad. Obligará a la toma de decisiones dolorosas: forzando a las mujeres y personas embarazadas a viajar fuera del estado para acceder a la atención sanitaria, a gestionar un aborto fuera del sistema salud o a continuar con un embarazo de manera forzada.
Esta perjudicial reforma al código penal ahora llegará al despacho de la gobernadora de Aguascalientes. Debería vetarla.
