(Washington D. C.) – Los legisladores mexicanos, que entran en funciones el 31 de agosto de 2024, deberían rechazar una serie de cambios constitucionales que socavarían la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas, señaló hoy Human Rights Watch. Las propuestas también podrían conducir a un aumento de abusos militares y detenciones arbitrarias.
Las propuestas están contenidas en cuatro iniciativas que se espera que los legisladores discutan cuando el Congreso entre en sesión el 1 de septiembre. Las propuestas ampliarían la prisión preventiva automática, sustituirían el actual proceso de nombramientos judiciales por elecciones populares y eliminarían las restricciones constitucionales que prohíben a los militares llevar a cabo funciones civiles. También desaparecerían la entidad independiente y garante de la privacidad y la transparencia gubernamental del país.
“Estas peligrosas propuestas socavarían la independencia judicial, otorgarían un poder sin precedentes a los militares, y eliminarían salvaguardas establecidas para proteger los derechos humanos”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Dado el largo historial de graves abusos y encubrimientos oficiales en México, los legisladores deberían adoptar medidas para fortalecer las protecciones de los derechos humanos, no para debilitarlas”.
Las cuatro iniciativas forman parte de una serie de 18 propuestas de cambios constitucionales que el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso en febrero. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, cuyo partido controla el Congreso, ha respaldado muchas de las propuestas y ha instado a los legisladores a que las aprueben antes de que ella tome posesión el 1 de octubre.
Una de las iniciativas, que según los legisladores será de las primeras en someterse a votación, cambiaría significativamente la forma en que se elige y supervisa a los jueces federales. En la actualidad, los jueces y magistrados federales son seleccionados en función de su calificación en un concurso de evaluación abierto y competitivo dirigido por la Escuela Federal de Formación Judicial. Después de seis años en el cargo, pueden ser “ratificados” para darles permanencia en el cargo hasta su jubilación.
Según los cambios propuestos, se eliminaría la permanencia judicial y los jueces serían elegidos cada nueve años, en elecciones locales en cada distrito judicial, a partir de listas de candidatos seleccionados por el presidente, el Congreso y la Suprema Corte. Todos los jueces federales actualmente en servicio, aproximadamente 1.650, serían separados de sus cargos y sustituidos en elecciones en 2025 y 2027. La iniciativa obligaría a todas las legislaturas estatales a realizar cambios similares en sus sistemas de justicia estatales en un plazo de 180 días, lo que afectaría a unos 5 mil jueces y magistrados estatales.
La propuesta también reduciría el tamaño de la Suprema Corte, acortaría los mandatos de sus miembros y sustituiría a los actuales en unas elecciones especiales en 2025. También permitiría a los jueces conocer casos de presunta delincuencia organizada de forma anónima, de tal manera que los imputados no conozcan la identidad del juez a cargo del caso.
Estas propuestas socavarían gravemente la independencia judicial y contravendrían estándares internacionales de derechos humanos destinados a garantizar que toda persona reciba una audiencia justa ante los tribunales, señaló Human Rights Watch.
Según los estándares internacionales, los jueces deben tener garantizada la permanencia en el cargo y estar protegidos de influencias políticas para garantizar que toman decisiones basadas únicamente en los hechos del caso y de acuerdo con la ley. La Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados ha destacado la importancia de adoptar “procedimientos de designación no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y el mérito profesional” de los candidatos judiciales.
En julio, la relatora especial expresó su preocupación, en una carta dirigida al presidente López Obrador, sobre que los cambios propuestos pudieran “incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho que los juicios con “jueces sin rostro” contravienen el derecho a un juicio justo, ya que las personas imputadas no pueden evaluar si el juez tiene un conflicto de intereses.
Otra iniciativa en consideración eliminaría el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un órgano independiente que vela por el cumplimiento de las normas sobre transparencia y protección de datos en México. El organismo tiene la facultad para exigir al gobierno que cumpla con las solicitudes de información y a cualquier organización, pública o privada, que permita a las personas acceder a sus datos personales como historiales médicos. El INAI puede imponer multas por incumplimiento de sus resoluciones e impulsar acciones legales contra el gobierno.
Según la propuesta, cada rama del gobierno sería responsable de garantizar su propio cumplimiento de las leyes sobre acceso a la información. Entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, el INAI recibió y revisó casi 20 mil quejas de personas que afirmaban que entidades gubernamentales se habían negado a cumplir las normas de acceso a la información.
Eliminar el organismo independiente de transparencia y permitir que el gobierno autorregule su cumplimiento de las leyes de acceso a la información socavaría los derechos de los mexicanos a la privacidad y al acceso a la información pública, señaló Human Rights Watch.
Los cambios constitucionales propuestos ampliarían aún más la prisión preventiva automática, exigiendo a los jueces que ordenen la detención de cualquier persona acusada de extorsión, narcomenudeo, defraudación fiscal, contrabando o delitos relacionados con la producción y el tráfico de fentanilo, sin revisar las circunstancias del caso para determinar si la detención está justificada. La Constitución mexicana ya requiere que los jueces ordenen la prisión preventiva para más de una docena de categorías de delitos.
Requerir que los jueces dicten la prisión preventiva sin revisar las circunstancias de cada caso contraviene el derecho internacional de los derechos humanos y no es una forma eficaz de abordar la delincuencia, señaló Human Rights Watch.
Según el derecho internacional, la prisión preventiva sólo debe utilizarse en casos excepcionales, sobre la base de una determinación individualizada de que esta es necesaria para fines como evitar la fuga del imputado, la interferencia con las pruebas o la repetición del delito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que el uso de la prisión preventiva obligatoria en México viola estándares internacionales de derechos humanos y ha ordenado a México que reforme sus leyes y su Constitución para eliminar esta práctica. Alrededor de 88 mil personas se encontraban en prisión preventiva al cierre de 2022, alrededor del 40 % de la población penitenciaria total.
Otra iniciativa propuesta eliminaría la prohibición constitucional que impide a los militares ejercer funciones no militares fuera de tiempos de guerra, transferiría permanentemente el control de la Guardia Nacional—el principal organismo de seguridad pública del gobierno federal—a la Secretaría de la Defensa Nacional, y otorgaría oficialmente al presidente la autoridad para desplegar las Fuerzas Armadas adentro del país, de manera indefinida, a su discreción.
Desde 2016, las Fuerzas Armadas han sido desplegadas de manera informal y sin control efectivo por parte de autoridades civiles para realizar tareas de seguridad pública. Han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, como ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura, que rara vez se investigan o se llevan ante la justicia. El presidente López Obrador ha ampliado enormemente el papel de los militares en el gobierno, transfiriendo al Ejército y a la Marina el control sobre cientos de tareas gubernamentales tradicionalmente civiles, lo que ha limitado la supervisión civil y la rendición de cuentas, ya que los militares a menudo se niegan a cumplir con las solicitudes de transparencia sobre sus actividades, alegando que la información es reservada por temas de seguridad nacional.
“México necesita urgentemente instituciones de seguridad y justicia más eficaces”, dijo Goebertus. “Lamentablemente, es probable que estos cambios constitucionales logren exactamente lo contrario”.
