(Bogotá) – Las autoridades venezolanas están cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos del gobierno tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, señaló hoy Human Rights Watch. Los gobiernos preocupados por la situación en Venezuela deben exigir la verificación independiente de los resultados electorales y apoyar los esfuerzos internacionales para garantizar justicia.
Los observadores internacionales han expresado profundos cuestionamientos sobre el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de que Nicolás Maduro ganó la elección. Tras el anuncio del CNE, miles de manifestantes han salido a las calles, en protestas mayoritariamente pacíficas, para exigir un conteo justo de los votos. Human Rights Watch ha documentado que las autoridades venezolanas y los grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como “colectivos”, han cometido abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones y procesos penales arbitrarios y acoso a críticos del gobierno. El 2 de septiembre, un juez emitió una orden de captura en contra del candidato opositor Edmundo González por “instigación a la desobediencia”, “conspiración” y otros delitos.
“La represión que estamos viendo en Venezuela es brutal”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea respetado”.
Un gran número de venezolanos votaron en las elecciones presidenciales, a pesar de que el gobierno cometió irregularidades y violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones de miembros de la oposición, inhabilitaciones arbitrarias y restricciones al voto de los venezolanos en el exterior. Varias horas después del cierre de las urnas, el CNE declaró que Maduro había ganado las elecciones con más del 51 % de los votos. El CNE no ha hecho públicas las actas de escrutinio de las elecciones, ni ha llevado a cabo las auditorías y los procesos de verificación ciudadana que exige la ley venezolana.
El panel de expertos electorales de las Naciones Unidas y el Centro Carter, que observaron las elecciones, afirmaron que el proceso careció de transparencia e integridad y cuestionaron el resultado declarado. En cambio, indicaron que las actas de escrutinio publicadas por la oposición son fiables. El Centro Carter señaló que, con el 81 % de las actas escrutadas, el candidato de la oposición, Edmundo González, obtuvo una ventaja significativa en la elección.
Los venezolanos han salido a las calles en todo el país, sobre todo en sectores populares tradicionalmente partidarios del chavismo, donde se han producido numerosos hechos de represión.
Human Rights Watch recibió reportes creíbles sobre 24 asesinatos en el contexto de protestas, incluido un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Human Rights Watch recibió los reportes por parte de organizaciones locales independientes, como Foro Penal, Justicia Encuentro y Perdón, Monitor de Víctimas y Provea, o los identificó en redes sociales. Human Rights Watch documentó de forma independiente 11 de estos casos, revisando las actas de defunción, verificando videos y fotografías y entrevistando a 20 personas, incluyendo testigos y otras fuentes locales. Muchos familiares, testigos y otras personas que podían proporcionar información sobre los casos no quisieron ser entrevistados por temor a represalias del gobierno.
Human Rights Watch analizó y verificó 39 videos y dos fotografías de las protestas encontrados en diversas plataformas de redes sociales o enviados directamente a los investigadores por personas cercanas a las víctimas, organizaciones y periodistas locales. Los investigadores de Human Rights Watch confirmaron los lugares exactos en los que se filmaron estos videos; analizaron las sombras, patrones meteorológicos y fechas de carga del material en redes sociales para determinar la hora en la que ocurrieron los hechos; y consultaron con patólogos forenses y expertos en armas, que analizaron las heridas de las víctimas y las armas identificadas en los videos y fotografías.
Según las autoridades venezolanas, más de 2.400 personas han sido detenidas en relación con las protestas. La organización de asistencia legal pro-bono Foro Penal registró más de 1.580 “presos políticos”que han sido detenidos desde el 29 de julio, incluyendo 114 adolescentes. Los fiscales han imputado a cientos de personas utilizando delitos que, en ocasiones, están definidos de forma amplia y conllevan penas de larga duración, como “incitación al odio”, “resistencia a la autoridad” y “terrorismo”.
El gobierno también ha intensificado sus tácticas represivas, cancelando pasaportes de críticos del gobierno para evitar que salgan del país, llamando a la ciudadanía a denunciar a manifestantes y realizando redadas abusivas, especialmente en sectores populares. El 15 de agosto, los partidarios de Maduro que conforman la Asamblea Nacional aprobaron una ley que otorga al gobierno amplios poderes para controlar y cerrar organizaciones no gubernamentales.
Los gobiernos de Colombia, Brasil y Méxicohan hecho un llamado para entablar conversaciones con el gobierno venezolano. El 16 de agosto, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en el que están representados todos los Estados miembros, aprobó por consenso una resolución en la que insta a las autoridades venezolanas a publicar las actas de escrutinio de cada mesa electoral y a realizar una “verificación imparcial” de los resultados. También instó a las autoridades a respetar los derechos humanos.
La Unión Europea, Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos y europeos también han instado a Maduro a divulgar y respetar los resultados electorales y a garantizar los derechos de los líderes de la oposición, manifestantes y críticos del gobierno. El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que investiga los crímenes de lesa humanidad en el país, ha declarado que su oficina monitorea activamente la situación.
Es imperativo apoyar los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela, incluyendo mediante la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) durante la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señaló Human Rights Watch. También es importante apoyar la investigación en curso de la Fiscalía de la CPI y considerar la imposición de sanciones individuales a los responsables de graves violaciones de derechos humanos.
Para conocer nuestras recomendaciones y más información sobre las conclusiones de Human Rights Watch respecto de la represión gubernamental poselectoral, véase a continuación.
Recomendaciones
Los gobiernos a nivel global deben adoptar medidas urgentes para promover la rendición de cuentas y garantizar el respeto de los resultados electorales. Estas medidas incluyen:
- Continuar haciendo llamados públicos y privados a Maduro para que ponga fin a las violaciones de derechos humanos, incluyendo la represión de manifestantes, publique las actas de escrutinio de cada mesa electoral, permita una verificación independiente de los resultados electorales y respete la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas el 28 de julio.
- Explorar mecanismos multilaterales y respetuosos de los derechos humanos para incentivar a los aliados internacionales de Maduro, incluyendo a Cuba, y a las empresas petroleras que operan en Venezuela para que pidan a Maduro que publique las actas de escrutinio, permita un proceso independiente de verificación de los resultados electorales y respete el voto de la ciudadanía.
- Renovar, durante la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el mandato de la FFM, que sigue siendo clave para impulsar la rendición de cuentas por las violaciones generalizadas de derechos humanos.
- Imponer sanciones individuales a los miembros de las fuerzas de seguridad, “colectivos”, jueces y fiscales responsables de graves violaciones de derechos humanos.
- Ampliar el acceso al refugio y a otras formas de protección internacional, de acuerdo con los estándares internacionales, para los venezolanos que se ven forzados a abandonar su país.
- Apoyar la investigación en curso de la Fiscalía de la CPI sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y garantizar que el tribunal disponga de los recursos necesarios para adelantar todos los casos bajo su conocimiento.
Asesinatos durante las protestas
Human Rights Watch recibió reportes creíbles de que 23 manifestantes o transeúntes, así como un miembro de la GNB, fueron asesinados durante las protestas, en su mayoría los días 29 y 30 de julio, cuando las protestas alcanzaron su punto más álgido.
Ocho casos ocurrieron en el Distrito Capital, sobre todo en las parroquias populares de El Valle y Antímano. Seis ocurrieron durante la misma protesta en San Jacinto, Maracay, estado Aragua. Los casos restantes ocurrieron en los estados de Bolívar, Carabobo, Lara, Miranda, Táchira, Yaracuy y Zulia.
Pruebas creíbles recogidas por Human Rights Watch implican a las fuerzas de seguridad, incluyendo la GNB y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en varios asesinatos.
En otros casos, los responsables parecen ser grupos de “colectivos” armados partidarios del gobierno. Los “colectivos” llevan años intimidando y acosando a críticos e informando sobre ellos al gobierno, especialmente en las zonas populares. En 2020, la FFM determinó que durante protestas pasadas “los colectivos estuvieron en algunos casos involucrados en el control de multitudes o en violaciones en coordinación con las fuerzas armadas del Estado y/o por instrucción de los dirigentes políticos del Estado”.
Testigos, periodistas y organizaciones que investigaron las recientes protestas describieron a Human Rights Watch el modus operandi de los “colectivos” y las fuerzas de seguridad. Al principio, las fuerzas de seguridad controlan o dispersan las manifestaciones, a menudo utilizando barreras, lanzando gases lacrimógenos y deteniendo a los manifestantes. Si las manifestaciones continúan, aparecen miembros de “colectivos”, quienes a menudo utilizan armas de fuego para intimidar o atacar a los manifestantes.
Por ejemplo, Human Rights Watch verificó un video publicado en TikTok el 29 de julio a las 5:59 p.m. hora local, que mostraría un ejemplo de coordinación entre aparentes miembros de “colectivos” y las fuerzas de seguridad. En el video, al menos tres hombres vestidos de civiles disparan al aire con armas cortas cerca de manifestantes, desde atrás de una barrera conformada por oficiales uniformados. Los manifestantes huyen y se dispersan. Los sujetos disparan sus armas durante más de un minuto. Las fuerzas de seguridad no toman ninguna medida para frenar a las personas de civil o arrestarlas. Human Rights Watch geolocalizó el video en la Avenida Urdaneta en Caracas.
Isaías Jacob Fuenmayor González (estado Zulia, 29 de julio)
Isaías Jacob Fuenmayor González, de 15 años, salió de su casa en San Francisco, estado Zulia, cerca del mediodía del 29 de julio para practicar un baile con sus amigos para una próxima fiesta de 15 años, dijo su hermana a Human Rights Watch. De camino a casa, indicó su hermana, Fuenmayor González se encontró con unos amigos que estaban en una manifestación cerca del liceo Mathías Lossada, que había funcionado como centro de votación el día anterior. Un video enviado a los investigadores y verificado por Human Rights Watch muestra a Fuenmayor González caminando entre los manifestantes, a medio camino entre el lugar del ensayo y su casa. El video fue filmado a última hora del día.
Un periodista que estaba presente en las protestas dijo a Human Rights Watch que miembros de la GNB en motocicletas se dirigieron en repetidas ocasiones y en diferentes momentos de esa tarde hacia la multitud para intentar dispersar la protesta. Human Rights Watch verificó dos videos que, de forma consistente con lo informado por el periodista, muestran a miembros de la GNB utilizando sus motocicletas para dispersar a los manifestantes. Analizando las sombras, Human Rights Watch determinó que uno de los videos, publicado en X a las 6:35 p.m., fue grabado alrededor de las 4:10 p.m. El periodista también afirmó que algunos manifestantes lanzaron piedras contra la sede local del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), situada frente al liceo.
El periodista, medios de comunicación locales y organizaciones de derechos humanos afirman que miembros de “colectivos” atacaron a los manifestantes tras el enfrentamiento inicial de la Guardia Nacional con los manifestantes. Poco después de las 7:30 p.m., una bala impactó a Fuenmayor González en el cuello. Dos videos filmados por la noche, que Human Rights Watch verificó y geolocalizó en una esquina del liceo Mathías Lossada, frente a la oficina local del PSUV, muestran a un muchacho llevando a Fuenmayor González, claramente herido, hacia una motocicleta.
Fuenmayor González fue trasladado en la motocicleta al hospital Doctor Manuel Noriega Trigo, cerca al lugar del impacto, donde falleció. Su certificado de defunción, que Human Rights Watch revisó, indica que murió debido a una hemorragia causada por una herida de arma de fuego en el cuello.
“Quiero que se haga justicia por el caso de mi hermano”, dijo la hermana de Fuenmayor González a Human Rights Watch. “Era un niño que no merecía eso, un niño que recién empezaba a vivir”.
Anthony Enrique García Cañizalez y Olinger Johan Montaño López (Distrito Capital, 29 de julio)
En la tarde del 29 de julio, Anthony Enrique García Cañizalez, un estudiante de 20 años, salió de su casa en El Valle, Caracas, para llevar comida a un familiar en el hospital Materno Infantil Comandante Supremo Hugo Chávez, dijo su tía a Human Rights Watch. Cuando regresaba a casa, García Cañizalez se encontró con una protesta cerca de la escuela Abigail González, que había funcionado como centro de votación.
Olinger Johan Montaño López, de 23 años, quien trabajaba como barbero en El Valle, participó en la protesta junto a la escuela Simoncito Libertador, según un video de Facebook geolocalizado por Human Rights Watch, aproximadamente a 750 metros al noreste de la escuela Abigail González. Montaño López era un apasionado de la música. Cantaba y escribía sus propias canciones bajo el nombre artístico de “Saffary”, según sus publicaciones en redes sociales. “Es mejor morir en batalla que morir en miseria”, publicó Montaño López en sus redes ese día.
Human Rights Watch verificó tres videos al noreste de la escuela Abigail González, en los alrededores de la plaza Bolívar, que muestran a miembros de la Guardia Nacional dispersando la protesta, incluso lanzando gases lacrimógenos o granadas de humo y disparando proyectiles de impacto cinético con armas antimotines. En uno de los videos, filmado de noche, una persona que se identifica como periodista indica que son las 7:32 p.m., lo que concuerda con el anochecer de ese día que ocurrió a las 7:14 p.m. En el video se ve a manifestantes lanzando lo que parecen ser piedras a agentes de las fuerzas de seguridad, quienes lanzan lo que parecen ser gases lacrimógenos o granadas de humo y disparan sus armas (de un tipo que Human Rights Watch no pudo determinar) hacia fuera del encuadre de la cámara.
Dos videos filmados por la noche, y geolocalizados por Human Rights Watch a tan solo doscientos metros al noroeste de la escuela Abigail González, muestran a un grupo de personas cargando a una persona herida, que Human Rights Watch identificó como Montaño López, y a un grupo de personas alrededor de otra persona herida en una calle contigua. Un video compartido en redes sociales muestra a un grupo de personas levantando a un hombre sin camiseta cubierto de sangre. La tía de García Cañizalez identificó al hombre como su sobrino. Human Rights Watch determinó que el video fue filmado en el mismo lugar que los otros dos videos.
La tía de García Cañizalez dijo a los investigadores que su sobrino recibió un disparo alrededor de las 8:30 p.m., a 400 metros de distancia de su casa. Montaño López dejó de responder a los mensajes de texto hacia las 8:40 p.m., dijo una fuente a Human Rights Watch.
García Cañizalez murió ese mismo día en el Hospital de Coche. Su certificado de defunción, revisado por Human Rights Watch, indica que murió a causa de una hemorragia interna masiva provocada por arma de fuego. “Era un chico joven, con ganas de vivir, a quien le arrebataron la vida”, dijo su tía.
Montaño López también fue trasladado al Hospital de Coche, donde falleció. Su certificado de defunción, que Human Rights Watch revisó, dice que murió debido a un traumatismo torácico penetrante causado por un arma de fuego.
Aníbal José Romero Salazar (Distrito Capital, 29 de julio)
El 29 de julio, Aníbal José Romero Salazar, un obrero de 24 años conocido por sus amigos como “Pimpina”, participó en una protesta en Carapita, un barrio de bajos recursos de la parroquia de Antímano, Caracas.
Human Rights Watch verificó dos videos filmados uno tras otro y publicados en X a las 4:43 p.m. y a las 4:53 p.m. En ellos se ve a manifestantes en la Avenida Intercomunal, a 300 metros hacia el suroeste de la estación de metro de Carapita, cantando pacíficamente y caceroleando mientras las motocicletas que pasan tocan la bocina. En un video, un grupo de hombres está de pie en una parada de autobús y en una estructura cercana.
Utilizando datos meteorológicos, Human Rights Watch confirmó que los videos fueron filmados después de las 2:30 p.m. Un tercer video publicado en TikTok a las 5:31 p.m. del 29 de julio y filmado esa misma tarde muestra a cientos de manifestantes junto a un puente peatonal cercano. Se puede ver a decenas de manifestantes lanzando objetos contra varios policías con uniformes oscuros y otros con chalecos amarillos que se escudan y huyen. Otros agentes parecen disparar sus armas contra los manifestantes.
Alrededor de las 7:00 p.m., una bala alcanzó a Romero Salazar en el lado derecho de la frente. Una fotografía publicada en X a las 7:45 p.m. del 29 de julio, revisada por Human Rights Watch, muestra la herida. Romero Salazar se encontraba a unos 230 metros de los manifestantes en la Avenida Intercomunal.
Human Rights Watch tuvo acceso un mensaje de audio enviado a una organización local de derechos humanos por un testigo. El testigo, que dijo haber estado en la protesta con Romero Salazar, afirmó que cuando Romero Salazar resultó herido, agentes de policía de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) estaban disparando armas de fuego contra los manifestantes cerca de una iglesia local. Un video subido a TikTok y grabado aproximadamente a 100 metros al sur de donde Romero Salazar recibió los disparos muestra a una persona armada con ropa oscura y letras blancas en la espalda, uniforme consistente con los que utiliza la DAET.
Un video que Human Rights Watch verificó, publicado en YouTube el 2 de agosto y filmado desde un edificio cercano, muestra los 21 segundos previos al disparo contra Romero Salazar y algunos segundos posteriores. Romero Salazar se encuentra fuera de la iglesia con un grupo de manifestantes, sosteniendo lo que parece ser un escudo casero. Se oye un disparo y Romero Salazar cae al piso. Otro video filmado en el mismo lugar, que fue compartido en X a las 7:35 p.m. del 29 de julio, muestra a manifestantes cargando a Romero Salazar herido.
El testigo, cuyo audio revisó Human Rights Watch, dijo que los agentes de policía no permitieron que los manifestantes llevaran a Romero Salazar al hospital. Un video filmado al anochecer muestra a Romero Salazar acostado y herido en la parte trasera de una camioneta estacionada. Finalmente, los manifestantes pudieron llevarlo al cercano hospital Pérez Carreño, donde falleció.
Durante una rueda de prensa el 31 de julio, Maduro mostró una publicación en redes sociales que indicaba que la muerte de Romero Salazar era falsa. Maduro afirmó que Romero Salazar había confesado que su muerte había sido fingida y, como prueba, mostró un video de un hombre afirmando que su propia muerte había sido simulada.
Sin embargo, Human Rights Watch ha podido establecer que la afirmación de Maduro de que Romero Salazar no estaba muerto es manifiestamente falsa: el nombre utilizado por el hombre en el video que mostró Maduro y el lugar en el que afirmó que ocurrió el incidente no coinciden con el caso de Romero Salazar. Una organización local que ayudó a la familia de la víctima también confirmó que la persona del video que mostró Maduro no es Romero Salazar.
Rancés Daniel Yzarra Bolívar (Estado Aragua, 29 de julio)
Rancés Daniel Yzarra Bolívar, un ingeniero civil de 30 años que trabajaba en un tráiler de comida, participó en manifestaciones en el barrio San Jacinto, en Maracay, estado Aragua, el 29 de julio. Vivía en un complejo de viviendas sociales que sufría apagones recurrentes. Una persona cercana a Yzarra Bolívar dijo que había estado esperanzado con las elecciones y habría participado en las protestas debido a una “frustración por la falta de cambio”.
Esa mañana, los habitantes de San Jacinto hicieron un cacerolazo desde sus casas, en protesta por un apagón y por el resultado electoral anunciado. Alrededor de las 2:30 p.m., manifestantes salieron a las calles marchando hacia el obelisco de Maracay, a 200 metros del complejo militar de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista del Ejército. Un periodista que cubrió la manifestación dijo a Human Rights Watch que al principio la protesta fue pacífica: los manifestantes cantaban el himno nacional venezolano y distintos cánticos.
La gente se acercó a la brigada y pidió a los soldados que salieran y se unieran a la protesta, dijo un testigo. Un soldado les pidió que se marcharan. Algunos manifestantes se fueron, pero otros se quedaron. Media hora más tarde llegó la GNB. Un video subido a Instagram por un periodista y verificado por Human Rights Watch muestra la llegada de los agentes alrededor de las 5:00 p.m.
En el video, agentes en motocicletas equipados con material antidisturbios y acompañados por un vehículo antidisturbios avanzan por la Avenida 2 Oeste y forman una barrera frente a la brigada. También se observa a manifestantes, algunos en motocicletas y otros a pie, coreando pacíficamente “libertad, libertad” cerca de la entrada. Otros cuatro videos analizados por Human Rights Watch muestran a personas protestando pacíficamente cerca de la misma entrada.
Human Rights Watch analizó un video de seis minutos subido a Instagram casi media hora después por un periodista. El video muestra una nube de humo procedente de dos lugares en las inmediaciones de la brigada. Una voz fuera de cámara dice que son las 5:37 p.m. y que agentes de la Guardia Nacional están utilizando gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Human Rights Watch geolocalizó el video a unos 150 metros de la brigada militar.
Un periodista dijo a Human Rights Watch que después de que la Guardia Nacional intentara dispersar violentamente a los manifestantes, algunos manifestantes lanzaron piedras y quemaron motocicletas de la policía en represalia. En un video verificado por Human Rights Watch se ve a manifestantes lanzando bombas molotov en dirección a la brigada.
Aproximadamente a las 6:00 p.m., una bala alcanzó a Yzarra Bolívar en el lado izquierdo del pecho, según una persona cercana a la víctima. Human Rights Watch analizó y geolocalizó cuatro videos en los que se veía a Yzarra Bolívar herido e inconsciente. En un video verificado por Human Rights Watch, grabado por un periodista a las 5:50 p.m. y publicado 20 minutos después, se ve a dos manifestantes llevando a Yzarra Bolívar a un lugar situado a unos 150 metros de la brigada militar. Se escucha a otros manifestantes gritar “lo mataron”.
El video muestra posteriormente a otros tres manifestantes llevándolo a la parte trasera de una camioneta blanca, que se aleja. El certificado de defunción de Yzarra Bolívar, que Human Rights Watch revisó, dice que murió de un shock hemorrágico agudo debido a la perforación de órganos torácicos.
Human Rights Watch recibió informes creíbles de que otras cinco personas murieron a causa de las heridas infligidas durante la misma protesta. Ellas son: Jesús Gregorio Tovar Perdomo, Anthony David Moya Mantía, Jesús Ramón Medina Perdomo, Gabriel Ramos y el oficial de la Guardia Nacional José Antonio Torrents Blanca. Las organizaciones locales de derechos humanos que documentaron los casos dijeron que todos murieron por heridas de arma de fuego.
El Grupo Independiente de Expertos Forenses (GIEF) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT) revisó un video de la herida de Tovar Perdomo a pedido de Human Rights Watch y concluyó que fue causada por un disparo a alta velocidad o a corta distancia.
La Encuesta Nacional de Hospitales, un grupo de trabajadores médicos que monitorea las condiciones sanitarias en Venezuela, informó que unas 50 personas heridas en protestas llegaron a los tres hospitales de Maracay entre el 29 de julio y el 1 de agosto. Algunos de los pacientes heridos o fallecidos tenían heridas de arma de fuego, señaló el grupo de médicos. Human Rights Watch analizó y geolocalizó cuatro videos en los que se ve a ocho personas heridas o siendo transportadas por manifestantes.
Dos personas cercanas a las víctimas y un testigo presente durante la protesta dijeron que muchos manifestantes resultaron heridos por disparos procedentes del interior de la brigada.
Human Rights Watch verificó un video grabado por un periodista local que recibió disparos en el abdomen y en la pierna derecha durante las protestas. En el video, grabado frente a la brigada, de cara a la entrada, se oyen tres disparos. A continuación, la cámara se desorienta y los sonidos de fondo sugieren que el periodista ha resultado herido. El periodista dijo a Human Rights Watch que el video fue filmado aproximadamente a las 5:30 p.m.
Yorgenis Emiliano Leyva Méndez (Estado Miranda, 30 de julio)
El 30 de julio, Yorgenis Emiliano Leyva Méndez, de 35 años, participó en las protestas de motorizados en el municipio Ambrosio Plaza, estado Miranda, contra los resultados electorales anunciados. El día anterior, un grupo de al menos tres hombres no identificados lanzó una bomba molotov en la plaza principal de la ciudad, la Plaza Bolívar. Human Rights Watch analizó y geolocalizó un video del incidente.
La protesta del 30 de julio en Guarenas fue en su mayor parte pacífica, dijo a Human Rights Watch un trabajador de medios de comunicación que cubrió la protesta. “Lo más violento que vi fue a gente arrancando propaganda electoral de Maduro y quemándola”, dijo.
Human Rights Watch verificó un video de la protesta grabado a las 4:00 p.m., de acuerdo con la información al pie del video, y publicado una hora después en Instagram. El video muestra a un grupo de personas coreando pacíficamente y portando banderas en la Avenida Intercomunal Guarenas-Guaitare, a siete kilómetros y medio de la Plaza Bolívar. Más tarde, la protesta se desplazó hacia Guarenas, dijo el trabajador de los medios de comunicación. Según testigos y un video revisado por Human Rights Watch, a las 5:50 p.m. un grupo de personas en motocicletas estaban gritando y haciendo sonar sus bocinas alrededor de la Plaza Bolívar. En el video se ve a Leyva Méndez en una motocicleta entre el grupo.
Según el periodista que cubrió la protesta, la plaza estaba custodiada por la policía municipal y hombres armados que personas del lugar describieron como pertenecientes al “colectivo” Los Tupamaros. Esa tarde el alcalde Freddy Rodríguez, partidario de Maduro, había publicado en Instagram que las “fuerzas revolucionarias” estaban “activadas” para “defender” la ciudad.
Alrededor de las 6:30 p.m., una bala alcanzó a Leyva Méndez cerca de la Plaza Bolívar. El certificado de defunción, que Human Rights Watch revisó, indica que sufrió una hemorragia interna por una herida de arma de fuego que le laceró la arteria femoral.
Human Rights Watch verificó un video que muestra a Leyva Méndez herido, con la ropa manchada de sangre, siendo cargado por dos personas y colocado en una motocicleta, aproximadamente a 100 metros de la Plaza Bolívar, donde se encuentra el edificio de la alcaldía. En el video se oye a la gente decir que el disparo procedía de dicho edificio. Un periodista que cubría la protesta también dijo que se disparó a la gente desde allí.
Detenciones masivas y acusaciones de terrorismo
Las autoridades venezolanas han informado que más de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio. La organización de asistencia legal pro bono Foro Penal, reportó más de 1.580 “presos políticos” que han sido detenidos desde el 29 de julio, incluyendo 114 adolescentes. Al menos 86 adolescentes han sido puestos en libertad, algunos sujetos a presentación periódica ante tribunales.
Muchas de las detenciones se produjeron en el marco de lo que el gobierno denomina Operación Tun Tun. Las autoridades venezolanas han pedido a la ciudadanía que denuncie a personas que participen en protestas o critiquen al gobierno. También ha llamado a los venezolanos a utilizar las aplicaciones del gobierno, como Ven App, para denunciar a críticos y manifestantes. El 31 de julio, las tiendas de aplicaciones de Android y Apple retiraron esta aplicación, pero quienes la habían descargado en sus teléfonos siguen teniendo acceso.
Maduro y el fiscal general, Tarek Saab, han dicho públicamente que los detenidos eran responsables de sucesos violentos, terrorismo y otros delitos. Sin embargo, Human Rights Watch ha encontrado repetidamente casos de personas detenidas simplemente por criticar al gobierno o participar en protestas pacíficas.
Los fiscales han imputado a cientos de personas, utilizando en muchos casos delitos definidos de forma amplia, que conllevan largas penas de prisión, como “incitación al odio”, “resistencia a la autoridad” y “terrorismo”.
Sobre la base de entrevistas con abogados locales, organizaciones de derechos humanos y otras fuentes, Human Rights Watch ha identificado los siguientes patrones en las detenciones:
- Con frecuencia se ha mantenido a los detenidos en régimen de incomunicación, impidiendo el contacto, durante semanas, con sus familias y abogados.
- A la mayoría de los detenidos se les ha negado el derecho a ser representados por un abogado privado de su elección, incluso cuando ellos o sus familias lo solicitan explícitamente.
- Los jueces y los fiscales han presentado a los detenidos en audiencias virtuales, a menudo en grupos. Esto plantea problemas significativos para una administración de justicia imparcial, ya que dificulta que jueces, fiscales y defensores públicos evalúen adecuadamente las condiciones de detención o presenten pruebas y argumentos sobre cada detenido en particular.
Otros mecanismos de represión
Nueva legislación que restringe el espacio cívico
El 15 de agosto, la Asamblea Nacional, controlada por el gobierno, aprobó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro. A la fecha, no ha sido ha sido promulgada por Maduro.
Esta ley otorga al gobierno un amplio control sobre el funcionamiento y la financiación de las organizaciones no gubernamentales, exigiendo a todas las organizaciones que operan en el país que se registren y presenten documentos detallados al poder ejecutivo. Las vagas “prohibiciones”, “ilícitos” y causales de disolución de las organizaciones incluidas en la ley socavan gravemente la libertad de asociación. Además, las disposiciones transitorias de la ley imponen plazos extremadamente cortos para su cumplimiento, lo que amenaza con la cancelación inmediata a las organizaciones que no puedan cumplir los requisitos a tiempo.
Además, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que quiere que la Asamblea apruebe una ley contra el “fascismo”, un término que el gobierno de Maduro ha utilizado para describir a críticos, incluyendo a manifestantes pacíficos.
Anulación de pasaportes
Desde las elecciones del 28 de julio, las autoridades venezolanas han cancelado pasaportes de críticos, dirigentes políticos y periodistas independientes, en lo que parecen ser esfuerzos dirigidos a castigarlos e impedirles salir del país. Las autoridades también han cancelado pasaportes de personas que ya se encontraban en el exterior.
Human Rights Watch recibió información sobre seis casos—incluyendo periodistas en Venezuela y en el extranjero y sus familiares—que se enteraron por el sitio web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), la institución gubernamental que expide los pasaportes, que sus pasaportes habían sido anulados. La página web no indicaba motivo alguno para dicha anulación.
El 15 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de 36 casos similares. El número total puede ser mayor, ya que varios defensores de derechos humanos dijeron a Human Rights Watch que preferían no comprobar la vigencia de su pasaporte en el sitio web por temor a que las autoridades pudieran considerar esa búsqueda como una actividad sospechosa.
