- Las limitadas y a veces deficientes políticas de regularización e integración han llevado a muchos a cruzar la peligrosa selva del Darién.
- En el último año y medio, más de 700.000 migrantes y solicitantes de asilo han cruzado el Tapón del Darién, donde están expuestos a varios abusos, incluyendo violencia sexual.
- A medida que se agravan las crisis en Venezuela y Haití, los gobiernos de las Américas deben tomar medidas urgentes para ampliar el acceso a refugio, los procesos de regularización y las oportunidades de integración socioeconómica.
(Bogotá) – Los gobiernos de las Américas hoy no ofrecen vías suficientes y adecuadas para garantizar el acceso a refugio y otras formas de protección internacional para las personas que huyen de crisis de derechos humanos, incluyendo de Venezuela y Haití, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe, “El Tapón del Darién: la selva donde confluyen las deficientes políticas migratorias de América Latina”, analiza las políticas migratorias de seis países de la región, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, e identifica los principales retos a los que se enfrentan los migrantes y solicitantes de asilo para regularizar su situación migratoria, obtener el reconocimiento como refugiados y acceder a la integración socioeconómica. El informe, tercero de una serie de informes de Human Rights Watch sobre la migración a través del Tapón del Darién, ofrece ejemplos de cómo estas políticas empujan a los migrantes y solicitantes de asilo a desplazarse hacia el norte a través del Darién.
“Los gobiernos de las Américas no pueden permanecer de brazos cruzados mientras se agravan las crisis en Venezuela y Haití”, afirmó Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch. “Es crucial que respeten y promuevan los derechos humanos a nivel local y aseguren que las personas que huyen tengan oportunidades reales para encontrar protección y rehacer sus vidas”.
En el último año y medio, más de 700.000 migrantes y solicitantes de asilo han cruzado el Tapón del Darién huyendo de la violencia, la persecución y de crisis humanitarias. Ello incluye cerca de 477.000 venezolanos, 60.000 ecuatorianos y 41.000 haitianos.
Human Rights Watch visitó el Tapón del Darién seis veces entre abril de 2022 y septiembre de 2024 y entrevistó a más de 300 personas. Entre los entrevistados se encontraban migrantes y solicitantes de asilo que habían realizado la travesía o estaban a punto de hacerlo, trabajadores humanitarios, autoridades colombianas y panameñas y expertos en migración de toda la región. Los investigadores también revisaron datos e informes de los gobiernos colombiano, panameño y estadounidense; agencias de la ONU; organizaciones humanitarias y de derechos humanos internacionales, regionales y locales; y clínicas jurídicas locales.
En Venezuela, observadores internacionales que monitorearon las elecciones han expresado profundos cuestionamientos sobre el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de que Nicolás Maduro ganó la elección el 28 de julio de 2024. Tras las elecciones, las autoridades venezolanas han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos contra manifestantes mayoritariamente pacíficos, líderes de la oposición y críticos del gobierno. El 2 de septiembre, un juez ordenó la detención del candidato presidencial de la oposición Edmundo González, que según el Centro Carter obtuvo el mayor número de votos.
Según una encuesta realizada en Venezuela tras las elecciones, el 43 % de los encuestados estaba considerando la posibilidad de abandonar el país, incluyendo 1,5 millones de personas que planeaban hacerlo antes de finales de año.
Haití, a pesar del reciente establecimiento de un gobierno de transición, se ha enfrentado a una prolongada crisis política, que ha dejado al gobierno sin ningún funcionario electo democráticamente e incapaz de garantizar la seguridad y el acceso a los servicios básicos para su población. Alrededor de 300 grupos criminales controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe, y su área metropolitana, y han provocado cerca de 3.500 muertes en el primer semestre de 2024.
Esta violencia ha obligado a casi 600.000 personas a desplazarse internamente entre enero y junio de 2024. Los grupos criminales utilizan con frecuencia la violencia sexual, incluidas las violaciones colectivas, y los secuestros para aterrorizar y controlar los barrios. Haití también se enfrenta a una situación humanitaria catastrófica: 5,5 millones de personas, casi la mitad de la población, tienen necesidades humanitarias.
El aumento de migrantes y solicitantes de asilo ecuatorianos es resultado del fuerte incremento de la delincuencia y la violencia en el país, con tasas récord de homicidios y extorsión. La pobreza y la falta de empleo adecuado son también factores clave.
Algunos gobiernos latinoamericanos han realizado esfuerzos encomiables para acoger a migrantes y solicitantes de asilo. Sin embargo, las limitadas opciones de regularización, el escaso acceso a refugio y los limitados programas de integración han dejado a cientos de miles de personas incapaces de rehacer sus vidas, obligando a muchos a dirigirse hacia el norte a través de la selva.
Aunque el número exacto de personas que abandonan cada país de la región a través del Tapón del Darién es difícil de calcular, las encuestas realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) entre enero y julio de 2024 en el Darién indican que entre el 45 y el 67 % de los venezolanos que cruzaron la selva habían vivido en otros países de Sudamérica.
Recientemente, Estados Unidos y Panamá firmaron un acuerdo por el cual Estados Unidos financiará a Panamá para “expul[sar] a los extranjeros que no tengan una base legal” en el país. Es probable que este acuerdo empeore aún más el acceso a refugio en la región, señaló Human Rights Watch. Dado que el sistema de refugio de Panamá es inadecuado y carece de recursos suficientes, la expulsión a gran escala de solicitantes de asilo podría violar la obligación legal de Panamá de respetar el principio de no devolución (es decir, de no enviar a personas a países donde están expuestas al riesgo de sufrir abusos). Este acuerdo también implica un esfuerzo de Estados Unidos por eludir responsabilidades al pretender externalizar sus controles migratorios a un país con una capacidad demostrablemente menor para realizar una evaluación completa y justa de las solicitudes de refugio.
Los esfuerzos por regularizar la migración en la región a menudo han sido insuficientes debido a una combinación de plazos restrictivos, procedimientos complejos, requisitos onerosos en cuanto a documentación y retrasos administrativos. Los sistemas de refugio también tienen capacidades limitadas, lo que provoca retrasos significativos, y muchas veces no aplican la Declaración de Cartagena, que llama a conceder una protección más amplia a los refugiados. Aunque han existido algunas iniciativas locales para mejorar la integración de los migrantes, la ausencia de estrategias claras de integración socioeconómica ha dejado a muchos sin empleos adecuados y con dificultades para acceder a salud, vivienda, educación y programas sociales. La discriminación y la xenofobia, incluido el acoso sexual con elementos xenofóbicos contra mujeres migrantes, son cada vez más comunes.
El 40º aniversario de la Declaración de Cartagena de 1984 es una oportunidad para que los gobiernos de la región busquen soluciones coordinadas a los desafíos migratorios en la región y adopten políticas respetuosas de los derechos humanos que deberían garantizar el acceso a vías seguras y legales para migrar, procesos de regularización efectivos y oportunidades reales de integración socioeconómica, señaló Human Rights Watch. Los gobiernos deberían tomar en cuenta políticas valiosas implementadas en la región, como el reconocimiento prima facie como refugiados a los venezolanos de Brasil y los visados humanitarios concedidos en el pasado a los haitianos, así como los esfuerzos de Colombia para conceder el estatuto temporal de protección a los venezolanos.
Los gobiernos de las Américas deberían implementar un régimen de protección temporal en toda la región que conceda a todos los venezolanos y haitianos un estatus regular por un plazo razonable y renovable, señaló Human Rights Watch. También deberían crear un mecanismo regional equitativo para determinar los criterios de distribución del examen de las solicitudes de refugio y de protección a los refugiados.
“Las crisis en Venezuela y Haití son cada vez peores y exigen que los gobiernos de las Américas, incluyendo Estados Unidos, mejoren sus políticas migratorias”, afirmó Hassan. “Es crucial que trabajen de manera urgente en una respuesta regional coordinada que garantice la protección de las personas que huyen de las crisis de derechos humanos en la región”.
