En Hungría, el autoritario Viktor Orbán parece decidido a convertir su país en el mayor exportador de vergüenza per cápita de la UE.
La amenaza del gobierno húngaro de subir a los inmigrantes y solicitantes de asilo a autobuses y enviarlos a la capital europea domina los titulares en Bruselas. Esto ha provocado un nuevo enfrentamiento diplomático entre Hungría y sus socios de la UE.
De cumplirse la amenaza, Hungría convertiría en armas a los migrantes y solicitantes de asilo de una forma parecida a la dictadura de Bielorrusia.
El gobierno húngaro alega que protesta por una sentencia dictada en junio por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, máximo órgano jurisdiccional de la UE en asuntos de Derecho comunitario, según la cual Hungría había cometido una “infracción sin precedentes y excepcionalmente grave del Derecho de la UE” al introducir restricciones al derecho de asilo.
La decisión del tribunal vino acompañada de una multa de 200 millones de euros, que deberá pagarse la próxima semana, además de una multa diaria de un millón de euros mientras Budapest se niegue a cumplir la legislación de la UE.
Incumplir la legislación de la UE es una especie de hábito para este gobierno húngaro, quizá incluso un tipo de adicción - ¿a la búsqueda de atención internacional? - especialmente cuando se trata de políticas de migración y asilo.
En otra medida reciente, el gobierno promulgó un decreto draconiano por el que se cancelaban los refugios financiados por el Estado para los refugiados del oeste de Ucrania, dejando sin hogar a unos 3.000 refugiados ucranianos.
El nuevo decreto recorta las ayudas a la vivienda para los refugiados de las zonas de Ucrania que las autoridades húngaras consideran seguras para regresar, incluso cuando Rusia está lanzando misiles contra estas zonas con demasiada frecuencia. Hace apenas unos días, por ejemplo, las fuerzas rusas atacaron la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania, matando a siete civiles, entre ellos dos niños, e hiriendo a 66.
Al parecer, el gobierno húngaro considera que esta zona es segura para los refugiados.
Desde el punto de vista de la legislación de la UE, el decreto incumple la Directiva de Protección Temporal de la UE de 2001, que entró en vigor en marzo de 2022 tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, plagada de atrocidades. Obliga a los Estados miembros de la UE, como Hungría, a conceder protección temporal y asistencia a todos los refugiados procedentes de Ucrania.
El gobierno húngaro tiene un pésimo historial en materia de derechos de refugiados y migrantes, y no sólo para los ucranianos. Estas últimas medidas y amenazas forman parte de un largo esfuerzo del partido gobernante de Orbán por utilizar a las personas vulnerables como chivo expiatorio político, tratando de engañar a los húngaros para que crean que sus problemas son causados por los que no tienen poder, y no por los que están en el poder.
Pero este decreto es realmente un nuevo golpe bajo de Orbán y los suyos. Como lo resume mi colega experta Lydia Gall: se trata de una “ley cruel que está poniendo en la calle a miles de personas que huyeron de la guerra en Ucrania”.
