(Toluca) – La votación del Congreso del Estado de México el 25 de noviembre de 2024 para despenalizar el aborto en todos los casos durante las primeras 12 semanas de embarazo representa un avance histórico para los derechos reproductivos en la entidad más poblada del país, señaló hoy Human Rights Watch.
Una vez promulgada, la reforma eliminará todas las sanciones penales para abortos realizados durante el primer trimestre. Este cambio alineará al Estado de México con otros 18 estados del país que ya han despenalizado el aborto, en cumplimiento del fallo histórico de 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la penalización absoluta del aborto.
“Esta decisión es una victoria fundamental para las mujeres, niñas y personas gestantes en el Estado de México,” afirmó Marea Verde Edomex, la coalición de organizaciones de la sociedad civil y activistas que impulsó este cambio. “Despenalizar el aborto es un paso esencial para garantizar el derecho de las mujeres y niñas a la igualdad de género, permitiéndoles tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos, su salud y su futuro.”
El temor a consecuencias legales ha disuadido durante mucho tiempo a los proveedores de servicios de salud en el Estado de México de ofrecer atención y a las personas de buscar servicios de aborto. Antes de la reforma, el aborto solo se permitía en casos de violación, riesgo para la vida de la mujer, “abortos negligentes” o “anomalías fetales graves.” Después de la entrada en vigor de la reforma, el aborto seguirá penalizado después del primer trimestre, con las mismas excepciones.
“El aborto es un asunto de salud pública que no debe ser regulado a través del derecho penal,” afirmó Cristina Quijano Carrasco, investigadora sobre derechos de las mujeres en Human Rights Watch. “Aunque la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación es un paso importante, el Estado de México debe seguir trabajando para eliminar por completo el aborto del código penal.”
La criminalización del aborto ha impactado de manera desproporcionada a grupos marginados, como las personas que viven en condiciones de pobreza, adolescentes y personas con discapacidad, quienes a menudo carecen de recursos, información y redes de apoyo para enfrentar sistemas de salud complejos o superar barreras legales. Estas desigualdades perpetúan los obstáculos para acceder a servicios de salud reproductiva y profundizan las disparidades sociales y económicas existentes.
El personal médico entrevistado por Human Rights Watch destacó que la despenalización del aborto mejorará significativamente el acceso a estos servicios, al reducir el temor de las personas embarazadas de buscar información o atención médica. Asimismo, aliviará las preocupaciones de los profesionales de la salud sobre el riesgo de ser procesados penalmente al proporcionar atención legal. Si se difunde adecuadamente, esta reforma también será clave para combatir los prejuicios de género y el estigma social que complican el acceso a la atención médica reproductiva.
Incluso en los casos en los que el aborto es legal, muchas personas han enfrentado grandes obstáculos para acceder a estos servicios. En un informe de agosto de 2024 sobre el acceso al aborto en el Estado de México, Human Rights Watch documentó barreras persistentes, incluso en situaciones permitidas por la ley.
Estas barreras incluyen la negativa o demora en la prestación de servicios, la retención de información esencial, y el cuestionamiento de las declaraciones de sobrevivientes de violencia sexual. También se identificaron restricciones a la capacidad jurídica de personas embarazadas con discapacidad, episodios de maltrato y la imposición de requisitos arbitrarios que contradicen la normativa vigente.
Los servicios de aborto deben ser accesibles, disponibles, y prestados sin discriminación ni demoras. Para garantizar un acceso más amplio, las autoridades del Estado de México deben fortalecer la capacitación del personal médico, mejorar la difusión de información sobre servicios legales de aborto y eliminar prejuicios y prácticas nocivas dentro del sistema de salud, señaló Human Rights Watch.
“Este logro histórico no habría sido posible sin el incansable trabajo de las colectivas, organizaciones y activistas”, afirmó Quijano Carrasco. “El Estado de México debe continuar colaborando con estos grupos para asegurar que la despenalización del aborto se traduzca en un acceso efectivo a servicios esenciales de salud para todas las personas que lo necesiten”.
