La situación de derechos humanos

La intolerancia del gobierno cubano de la democracia y la libertad de expresión siguió siendo única en la región. Cuba, con un Estado monopartidista, restringió casi todas las vías de disidencia política. Aunque los disidentes se enfrentaron ocasionalmente al procesamiento penal, el gobierno utilizó con mayor frecuencia las detenciones breves, los arrestos domiciliarios, las restricciones sobre los viajes, la vigilancia, las amenazas, los despidos por razones políticas y otras formas de hostigamiento.

Las restricciones de Cuba sobre los derechos humanos estaban ancladas en la estructura legal e institucional del país. Los derechos a la libertad de expresión, asociación, asamblea, movimiento y de prensa estuvieron estrictamente limitados por la legislación cubana. Al criminalizar la propaganda enemiga, la divulgación de noticias no autorizadas, y el ultraje a los símbolos de la patria, el gobierno reprimió la libertad de expresión bajo la apariencia de la protección de la seguridad del Estado. Las autoridades también encarcelaron u ordenaron la vigilancia de personas que no habían cometido actos ilegales, recurriendo a leyes que penalizan el "estado peligroso" y disponen la "advertencia oficial." Los tribunales controlados por el gobierno socavaron el derecho a un juicio justo mediante la restricción del derecho a la defensa e incumplieron con frecuencia las escasas garantías del debido proceso con que cuentan los acusados dentro de las leyes nacionales.

Las restricciones de Cuba sobre los derechos humanos estaban ancladas en la estructura legal e institucional del país.

En julio, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, una prestigiosa organización no gubernamental con sede en La Habana, hizo pública una lista parcial de presos políticos que incluía 246 casos cuya documentación era confiable, según el grupo. Algunos de los presos mencionados en la lista estaban cumpliendo condenas sumamente largas-veinte o más años por crímenes tales como la "rebelión" o el "sabotaje," delitos definidos ampliamente por los tribunales cubanos-mientras que otros estaban cumpliendo sentencias cortas por desacato o alteración del orden público.

El gobierno continuó procesando a personas por "salida ilegal" si intentaban salir de la isla sin obtener primero un permiso oficial para ello. Dicha autorización se negaba a veces arbitrariamente o dependía de la compra de un costoso permiso de salida. En junio, Pedro Riera Escalante, un ex cónsul cubano y agente de inteligencia en Ciudad de México, fue condenado por un tribunal militar a seis años de prisión por salir ilegalmente de Cuba con documentos falsos y por sobornar a funcionarios para permitir su salida. Riera Escalante había roto las relaciones con su gobierno y pedido asilo político en México, pero las autoridades mexicanas lo deportaron en octubre.

A pesar de que sus tres co-reos fueron puestos en libertad en mayo de 2000, el líder disidente Vladimiro Roca Antúnez seguía encarcelado en noviembre, cumpliendo el último año de una condena de cinco años. Los cuatro enjuiciados, entonces miembros del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna (GTDI), fueron condenados por "actos contra la seguridad del Estado" en marzo de 1999, después de que los hubieran detenido en julio de 1997. Su detención se produjo después de la publicación por el GTDI de un documento analítico sobre la economía, los derechos humanos y la democracia en Cuba.

El Dr. Óscar Elías Biscet González, de treinta y nueve años, fue otro de los activistas prominentes que seguía tras los barrotes en noviembre. Biscet fue condenado a tres años de cárcel en febrero de 2000 por actos de protesta tales como darle la vuelta a la bandera de Cuba y portar cárteles contra el aborto. Biscet, presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos, una organización independiente, fue condenado por deshonrar los símbolos patrios, alteración del orden público e instigación de la delincuencia. Se informó que desde su detención en noviembre de 1999, había sido maltratado por las autoridades penitenciarias y mantenido en malas condiciones, lo que le provocó pérdida de peso y problemas dentales. En abril, se informó de que Biscet tuvo que compartir celda con un preso con problemas psicológicos.

José Orlando González Bridón, líder de la Confederación Democrática de Trabajadores de Cuba, un sindicato no oficial, fue condenado a dos años de cárcel en mayo por "divulgar noticias falsas." Los cargos fueron consecuencia de un artículo que publicó en un sitio de Internet en agosto de 2000 en el que criticaba a la policía local por negligencia en la muerte de otro activista de los derechos del trabajador. En noviembre de 2000, poco después de su detención, González Bridón participó en una marcha de protesta en el que él y otros disidentes corearon "Abajo Fidel!" mientras enterraban simbólicamente la Constitución y el código penal de Cuba en pequeños ataúdes. Los fiscales habían solicitado inicialmente una condena de siete años para González Bridón. Aunque redujeron la petición de condena a un año, el tribunal agregó un año a la sentencia después de hallarle culpable. Después, en la apelación, la condena fue cortada a un año. González Bridón obtuvo la libertad condicional el 22 de noviembre, tres semanas antes de que venciera su condena. (Las leyes cubanas disponen la concesión de la libertad condicional, dependiendo del buen comportamiento, tras el cumplimiento de la mitad de la condena.)

Otra persona que salió de la prisión con algo de antelación fue Julia Cecilia Delgado, puesta en libertad el 19 de octubre. Delgado, una bibliotecaria independiente y presidenta de una organización no gubernamental, había estado cumpliendo una condena de un año por "desacato." Delgado fue una de las cerca de 200 personas detenidas a principios de diciembre de 2000 dentro de una oleada de arrestos destinados probablemente a desalentar las concentraciones públicas del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Se creía que el activista pro democracia Ángel Moya Acosta, procesado al mismo tiempo, iba a terminar su condena de un año en diciembre.

Cecilio Monteagudo Sánchez, un miembro del Partido Solidaridad Democrática no oficial, fue puesto en libertad en junio. Había sido condenado por "propaganda enemiga" y condenado a cuatro años de cárcel en 1998. La policía cubana lo detuvo inicialmente en septiembre de 1997 por haber redactado, pero no publicado, un documento en el que pedía la abstención en las elecciones municipales.

Los arrestos y las detenciones a corto plazo fueron mucho más frecuentes que los procesamientos penales. El caso más destacado se inició el 12 de enero, cuando los ciudadanos checos Jan Bubenik e Ivan Pilip fueron detenidos después de reunirse con periodistas independientes cubanos en la provincia de Ciego de Ávila. Bubenik, un ex activista estudiantil, y Pilip, un legislador y ex ministro de finanzas del gobierno checo, estuvieron detenidos durante casi cuatro semanas, mientras las autoridades cubanas consideraban si los procesaban por actos contra la seguridad del Estado. Los dos fueron puestos en libertad a principios de febrero tras intensas campañas diplomáticas de funcionarios europeos.

Se informó de que, el 16 de enero, la policía secreta cubana detuvo y propinó una paliza a un disidente ciego, Juan Carlos González Leyva, junto con dos de sus colegas. Durante el año, docenas de disidentes y activistas de derechos humanos informaron de que los habían arrestado y detenido durante períodos breves, tales como horas o una noche. En algunas ocasiones, amenazaron o insultaron a los detenidos, o registraron sus casas.

Independientemente de que estuvieran detenidos por delitos políticos o comunes, los presos se vieron sometidos a condiciones penitenciarias abusivas. Los presos sufrieron con frecuencia desnutrición y languidecieron hacinados en celdas sin atención médica adecuada. Algunos soportaron el abuso físico y sexual, habitualmente por parte de otros internos con la aquiescencia de los guardias, o largos períodos aislados en celdas de castigo. Las autoridades penitenciarias insistieron en que todos los presos participaran en sesiones de "reeducación" política o se enfrentaran a castigos. Los presos políticos que denunciaron las malas condiciones de la cárcel fueron sancionados frecuentemente con el confinamiento en solitario, la restricción de las visitas o la negación de tratamiento médico.

Los presos sufrieron con frecuencia desnutrición y languidecieron hacinados en celdas sin atención médica adecuada.

Cuba mantuvo la pena de muerte para toda una serie de delitos. En junio, el Ministro de Justicia, Roberto Díaz Sotolongo, dijo que Cuba prefería no emplear la pena capital por "razones humanitarias," pero que dicha condena servía como advertencia para los narcotraficantes. Las modificaciones al código penal de finales de la década de los noventa habían extendido la pena capital a los casos de narcotráfico con circunstancias agravantes.

En abril, Elizardo Sánchez, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, anunció que no se había aplicado la pena de muerte en Cuba durante el año anterior. "Estamos viendo una moratoria sobre la pena de muerte, pero deberíamos pasar a su abolición," explicó al parecer Sánchez. Dos salvadoreños condenados por participar en una oleada de atentados con bomba contra instalaciones turísticas de La Habana estaban también esperando la pena de muerte y habían estado detenidos desde 1998. Se informó de que una veintena de presos estaban condenados a muerte, aunque esto no se pudo comprobar por que las autoridades no ofrecieron información sobre las condenas a muerte y las ejecuciones.

Las autoridades mantuvieron controles estrictos sobre la prensa, impidiendo la cobertura independiente de noticias dentro del país y adoptando medidas para limitar el trabajo de los reporteros extranjeros. En noviembre, el periodista independiente Bernardo Arévalo Padrón, director de la agencia de noticias Línea Sur Press, seguía encarcelado sin poder obtener la libertad condicional. Estaba cumpliendo una condena de seis años por "insultar" al Presidente Castro, impuesta en noviembre de 1997. En enero, el periodista independiente Jesús Joel Díaz Hernández, que había estado cumpliendo una condena de cuatro años por "estado peligroso," obtuvo la libertad condicional.

Las autoridades detuvieron e interrogaron habitualmente a periodistas independientes, vigilaron sus llamadas telefónicas y las visitas que recibían, restringieron sus viajes y los pusieron en arresto domiciliario para impedir su cobertura de ciertos eventos. En mayo, como reconocimiento de dichas tácticas, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), un grupo de defensa de la libertad de prensa con sede en Estados Unidos, nombró al Presidente Fidel Castro dentro de los Diez Peores Enemigos de la Prensa en 2001.

Para impedir las informaciones negativas de la prensa extranjera, las autoridades cubanas continuaron negando visas a ciertos periodistas extranjeros desfavorecidos. En enero, el Presidente Castro acusó a algunos reporteros de "transmitir insultos y mentiras," y sugirió que Cuba podría considerar la cancelación del permiso de sus empresas para operar en Cuba. "Les hemos tolerado años (a las agencias), reporteros aquí que insultan intencionada y deliberadamente a dirigentes de la Revolucion y a mí."

El gobierno mantuvo un control considerable de la expresión religiosa, pero, en general, las instituciones religiosas y sus líderes disfrutaron de un grado de autonomía que no se permitió a otras organizaciones. Varios grupos administrados por grupos religiosos distribuyeron ayuda humanitaria y llevaron a cabo programas sociales. Sin embargo, el gobierno continuó frenando la entrada de sacerdotes y monjas extranjeros y prohibiendo a las instituciones religiosas que gestionaran escuelas (aunque se permitió la enseñanza de la religión). En contraste con las primeras décadas después de la Revolución Cubana, fue escasa la discriminación contra las personas abiertamente religiosas.

El gobierno solo reconoció un sindicato, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). Se negó el estatus oficial a los sindicatos independientes y sus miembros fueron hostigados. Los trabajadores empleados en negocios financiados con inversiones extranjeras permanecieron bajo el control estricto del gobierno. Conforme a las leyes laborales restrictivas, las autoridades tenían una función destacada en la selección, el pago y el despido de trabajadores, negando en la práctica el derecho de los trabajadores a negociar los beneficios, los ascensos y los salarios directamente con los empleadores. Cuba también continuó utilizando el trabajo carcelario para explotar campos agrícolas y gestionar fábricas de ensamblaje de ropa y de otro tipo en sus prisiones. La insistencia de las autoridades en que los presos políticos trabajaran sin ser remunerados en malas condiciones violó las normas laborales internacionales.

La defensa de los derechos humanos

Los defensores de los derechos humanos fueron hostigados sistemáticamente. Las autoridades emplearon habitualmente la vigilancia, la intervención telefónica y la intimidación en sus esfuerzos para limitar la observación independiente de las prácticas del gobierno en materia de derechos humanos. En algunos casos, emplearon registros arbitrarios, detenciones breves, expulsiones de casas, restricciones de los viajes, despidos por motivos políticos, amenazas y otras formas de hostigamiento contra activistas locales.

Aunque se permitió que la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer visitara el país en 1999, el gobierno prohibió en general la entrada de observadores internacionales de los derechos humanos y del derecho humanitario. Desde 1989, no se ha permitido al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que realice visitas a prisiones cubanas, con lo que Cuba es el único país de la región que impide dicho acceso.

El papel de la comunidad internacional

Las Naciones Unidas

En su vigésimo séptima sesión de abril, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución expresando su preocupación por las continuas violaciones a los derechos humanos en Cuba, la novena resolución de este tipo aprobada desde 1991, e instó al gobierno a que invitara a visitar el país a los relatores especiales de la ONU sobre la tortura y la libertad de expresión.

En la resolución, la Comisión señaló que Cuba no ha introducido mejoras satisfactorias en el área de los derechos humanos. Expresó una especial preocupación por "la continuada represión de los opositores políticos y por la detención de disidentes y de todas las personas detenidas o encarceladas por expresar pacíficamente sus ideas políticas, religiosas y sociales y por ejercer su derecho a una participación plena e igual en los asuntos públicos." En un borrador anterior de la resolución se criticaba el embargo económico estadounidense sobre Cuba, pero ese texto se omitió en la versión final.

La resolución, promovida por la República Checa, se aprobó con veintidós votos a favor, veinte en contra y una serie de abstenciones.

La Unión Europea

Cuba continuo siendo el único país de América Latina sin un acuerdo de cooperación con la Unión Europea. La "posición común" de la UE sobre Cuba, adoptada en 1996 y extendida en junio de 2001, condicionaba la cooperación económica plena a las reformas para la promoción de la democracia y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, una serie de miembros de la UE estaban a favor de revisar la posición común y establecer lazos más estrechos con Cuba sin condición alguna. Los países europeos ya acaparaban casi la mitad del comercio exterior de Cuba, y más de 180 compañías europeas operaban en la isla.

Durante su visita a Bruselas en julio, el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, pidió que se revisara la política de la UE con respecto a Cuba. Unos meses después, los funcionarios de la UE anunciaron que la Unión Europea era partidaria de reanudar el diálogo político con Cuba y permitir que la isla se uniera al Acuerdo de Cotonou, que rige las relaciones de ayuda de la UE con países de África, el Caribe y el Pacífico. El Ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, Louis Michel, encargado de la presidencia rotativa del Consejo de la UE, había visitado La Habana en agosto y se había reunido con altos cargos del gobierno, así como con disidentes políticos. A su regreso a Europa, manifestó su apoyo al fortalecimiento de los contactos con Cuba. Las conversaciones políticas entre la Unión Europea y Cuba estaban previstas para finales de noviembre.

A principios de octubre, los exiliados cubanos presentaron una demanda judicial en Bruselas contra el Presidente Fidel Castro y otros altos cargos del gobierno cubano, conforme a la ley que autoriza a los tribunales belgas a conocer casos de genocidio y crímenes contra la humanidad, independientemente de donde ocurrieran los hechos. El demandante principal en el caso era José Basalto, presidente del grupo de Miami, Hermanos al Rescate. Otro de los demandantes era Eugenio de Sosa Chabau, un ex director de periódico que pasó veinte años en la cárcel después de la Revolución Cubana. En la demanda se describían la tortura y otros abusos padecidos por presos políticos, entre ellos un incidente de 1960 en el que un preso recibió presuntamente electrochoques en la cabeza y los testículos.

América Latina y la Organización de Estados Americanos

El Presidente de Venezuela Hugo Chávez continuo siendo el aliado más fiable de Cuba en la región, y su país fue el único de América Latina (a parte de la propia Cuba) que votó en contra de la resolución de la ONU sobre las condiciones de derechos humanos en Cuba. Varios países de la región se abstuvieron en la votación, mientras que cuatro-Argentina, Costa Rica, Guatemala y Uruguay-votaron a favor de la resolución.

Cuba reaccionó enérgicamente a la votación de la ONU y arremetió contra los países latinoamericanos que habían apoyado la censura. En febrero, antes de la sesión de Ginebra, el diario oficial cubano Granma acusó a Argentina de buscar la asistencia económica de Estados Unidos a cambio del voto en contra de Cuba ante las Naciones Unidas. El Presidente Castro acusó al Presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, de "lamer las botas de los yanquis," lo que provocó que Argentina retirara temporalmente a su embajador en Cuba. Tras la votación de Ginebra, Castro volvió a atacar a Argentina y dijo que Costa Rica estaba haciendo el papel de "lacayo, algo más que de lacayo, de sirviente" de Estados Unidos. También afirmó que Guatemala solo votó a favor debido a la fuerte presión de Estados Unidos.

La segunda parte del año fue testigo de las iniciativas para eliminar los últimos vestigios del aislamiento diplomático de Cuba en la región. En septiembre, Honduras abrió una oficina de intereses en La Habana, un probable primer paso hacia las plenas relaciones diplomáticas. La iniciativa hondureña hizo que El Salvador fuera el único país de América Latina sin relaciones diplomáticas con la isla. El distanciamiento diplomático entre Cuba y otros estados latinoamericanos se remontaba a 1961, cuando la Organización de Estados Americano suspendió su membresía. En agosto, en un discurso ante el Consejo Permanente de la OEA, el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Luis Alfonso Dávila, pidió sin rodeos la "completa integración" del hemisferio, alegando que ningún país debía quedar aislado.

Estados Unidos

La devastación provocada por el huracán Michelle abrió una brecha en el embargo económico estadounidense sobre Cuba, cuando compañías estadounidenses vendieron alimentos y medicinas a Cuba en noviembre de 2001 para compensar las pérdidas y reponer las existencias utilizadas tras la peor tormenta de la isla en media década. Las ventas, valoradas por los funcionarios de Estados Unidos en unos treinta millones de dólares, representaron las primeras transacciones comerciales entre los dos países desde la imposición del embargo. Las autoridades de Washington habían ofrecido originalmente a Cuba ayuda para aliviar el desastre, pero los funcionarios cubanos declinaron la oferta de ayuda y expresaron su interés en comprar alimentos, medicinas y otras necesidades básicas.

Una ley promulgada en 2000 permitía la venta de alimentos a Cuba, y una ley anterior autorizaba la exportación de medicinas. Sin embargo, debido a que la ley sobre ventas de alimentos prohibía la financiación oficial o privada de las ventas, los funcionarios cubanos la habían criticado previamente, diciendo que iban a abstenerse de comprar alimentos hasta que se levantara el embargo. La compra realizada este año marcó una diferencia con dicha posición, aunque los funcionarios cubanos insistieron en que se trataba de una excepción. El Vicepresidente Carlos Lage explicó que no tenían razones para considerar las ventas como un cambio de política, sino más bien como algo que pasó debido al huracán y que no pasaba todos los meses en Cuba.

En mayo, el Senador Jesse Helms y el Senador Joseph Lieberman introdujeron un proyecto de ley en el Congreso para asignar hasta cien millones de dólares durante cuatro años a la asistencia a disidentes, grupos de oposición, presos políticos y otras voces no gubernamentales en Cuba. El proyecto de ley, conocido como la Ley de Solidaridad con Cuba de 2001 (Cuba Solidarity Act of 2001), fue criticada por algunos de sus posibles beneficiarios, quienes temían que recibir ayuda del gobierno de Estados Unidos perjudicara su credibilidad y contribuyera a desacreditar sus opiniones. En marzo, se había introducido una propuesta paralela en la Cámara de Representantes. En noviembre, ambas versiones del proyecto de ley estaban siendo revisadas todavía por comités del Congreso.

Un emigrante cubano, Eriberto Mederos, se enfrentaba a procedimientos para la retirada de su ciudadanía estadounidense en Florida a finales de año. Mederos podía perder la ciudadanía debido a las acusaciones de otro cubano americano de que el primero le había torturado cuando era un preso político en Cuba en la década de los sesenta. Según el antiguo preso, Mederos lo sometió a dolorosos tratamientos de electrochoque sin justificación médica alguna.