Las violaciones a los derechos de los niños se repitieron con demasiado frecuencia en 2001. Hubo niños que padecieron golpes y torturas policiales, que se vieron forzados a trabajar largas jornadas en condiciones peligrosas o que fueron hacinados en centros de detención u orfanatos. Millones de niños cruzaron las fronteras internacionales o fueron desplazados dentro de sus propios países en busca de seguridad. Cientos de miles de ellos sirvieron como soldados en conflictos armados.

A la hora de documentar los abusos a los derechos humanos, Human Rights Watch ha solido centrar su atención en la vigilancia del respeto de los estados por los derechos civiles y políticos. Sin embargo, la denegación de derechos sociales y económicos, tales como el derecho a la educación, a la salud o a la vivienda, impide muchas veces que el individuo pueda disfrutar de sus derechos civiles y políticos.

Cientos de miles de niños sirvieron como soldados en conflictos armados.

Los niños son especialmente vulnerables a esta dinámica. A menudo no se benefician de los avances en materia de derechos humanos y políticos; al contrario, con frecuencia son discriminados en el acceso a la educación básica, la sanidad y otros servicios. Las niñas, sobre todo, son objeto frecuente de tratos discriminatorios intencionados o víctimas de abusos en cifras desproporcionadas. Al privárseles de sus derechos fundamentales, los menores no pueden desarrollar todo su potencial a lo largo de su vida. Con una capacidad limitada para participar en términos de igualdad en la sociedad civil, estarán mal preparados para defender sus derechos durante su vida adulta o para garantizárselos a sus hijos.

Ante estos hechos, Human Rights Watch examinó el acceso de los niños a la educación, concentrándose especialmente en las situaciones de discriminación y violencia en la escuela, una violencia a menudo perpetrada por otros estudiantes con consentimiento o aliento de las autoridades docentes y, en casos extremos, ejercida por profesores o personal de la escuela. También emprendimos el examen del efecto devastador de la pandemia del VIH/SIDA en los niños. Al mismo tiempo continuamos el control de los abusos a los derechos humanos que padecieron los niños soldados, los que tienen problemas con la ley, los refugiados, migrantes, apátridas o privados de los derechos de ciudadanía y los que trabajan en condiciones peligrosas.

Para conseguir resolver realmente la situación de estos niños deben adoptarse medidas que reafirmen sus derechos civiles y políticos. Ningún niño o niña debería ser siervo o soldado. Ningún niño debería ser excluido de la escuela por razón de casta, color, religión o sexo. Para proteger eficazmente a los niños contra estos abusos deben imponerse medidas que garanticen su acceso a los servicios educativos y sanitarios y sus otros derechos económicos y sociales.

Violaciones al derecho a la educación

"Los niños no pierden sus derechos humanos al salir de la escuela"
Naciones Unidas, Comité de los Derechos del Niño,
Observación General N° 1, Propósitos de la Educación, abril de 2001

La Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de los niños a la educación. El artículo 29 de la Convención especifica los cinco objetivos de la educación, entre ellos "desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades"; "inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país del que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya", y "preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena".

Los niños tienen derecho a no ser discriminados a la hora de recibir educación. Este derecho deriva de las disposiciones de no discriminación de la Convención sobre los Derechos del Niño; del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. También está explícitamente garantizado en la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, que contaba con noventa estados partes en 2001.

Al igual que los otros derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la educación se puede conseguir de manera progresiva. Cada uno de los Estados Partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "se compromete a adoptar medidas [...] hasta el máximo de los recursos de que disponga" para garantizar el derecho a la educación. Sin embargo, la prohibición de la discriminación en educación no es progresiva. Como señaló el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la prohibición "no está supeditada ni a una implantación gradual ni a la disponibilidad de recursos; se aplica plena e inmediatamente a todos los aspectos de la educación y abarca todos los motivos de discriminación rechazados internacionalmente".

Las escuelas, en lugar de proporcionar el desarrollo sano del niño y brindar igualdad de oportunidades para su educación, albergaron a menudo intolerancia y discriminación. En unos casos, las autoridades escolares no lograron proteger a los estudiantes de acosos o ataques por parte de sus compañeros; en otros, los propios docentes participaron en el acoso o la violencia contra determinados jóvenes por razón de género, raza, etnia, religión, nacionalidad, orientación sexual, grupo social u otro estatus.

En muchos lugares del mundo se denegó la enseñanza a los niños pertenecientes a minorías o a otros grupos con desventajas sociales, o fueron segregados en programas educativos inferiores que limitaron sus oportunidades y restringieron su acceso a educación superior y empleo.

Human Rights Watch constató en 2001 discriminación abundante y sistemática contra casi un cuarto de los 1,6 millones de niños en edad escolar de Israel -ciudadanos árabes palestinos- que recibían enseñanza en un sistema público completamente separado de las escuelas de la mayoría judía. El gobierno de Israel destinó menos fondos a la educación de cada niño árabe palestino que de cada niño judío, y las escuelas árabes eran inferiores a las judías en prácticamente todos los aspectos. Las escuelas árabes carecían de las mismas instalaciones y oportunidades educativas que las escuelas de otros niños de Israel, e incluso algunas carecían de instalaciones básicas, como biblioteca, computadoras, laboratorio de ciencias o zona de recreo. Las escuelas de los niños árabes palestinos tenían mayor número de escolares por aula y menos profesores que las del sistema de educación judío y algunos niños debían desplazarse largas distancias para acudir a la escuela más próxima. Los niños árabes palestinos discapacitados fueron especialmente marginados. Muchas comunidades palestinas no disponían de escuelas para los niños de tres y cuatro años, a pesar de que existía una ley que hacía obligatorias tanto estas escuelas como la asistencia a ellas. La asistencia de los niños judíos de tres años a estas escuelas infantiles fue cuatro veces mayor que la de los niños árabes palestinos de la misma edad, y tres veces mayor en el caso de los niños de cuatro años.

Los estudiantes árabes palestinos siguieron un currículo árabe impuesto por el gobierno y que derivaba del currículo hebreo: los programas de las asignaturas comunes fueron elaborados sin apenas participación palestina y fueron traducidos años después de que se publicaran los textos en hebreo. El gobierno no destinó los fondos necesarios para elaborar los programas de las asignaturas específicas de la educación árabe y los profesores árabes palestinos tuvieron muchas menos opciones que los profesores judíos a la hora de elegir libros de texto y material de enseñanza. Los contenidos educativos alienaron a menudo tanto a los profesores como a los estudiantes, en particular a la hora de estudiar los textos religiosos judíos, obligatorio en las clases de hebreo de la escuela secundaria. La tasa de abandono escolar de los niños árabes palestinos fue tres veces mayor que la de los judíos y la probabilidad de que aprobaran el examen, común a los dos sistemas, para obtener el diploma de educación secundaria fue menor para los jóvenes árabes palestinos. Sólo un puñado de ellos llegó a la universidad. Entre los árabes palestinos, los beduinos del Negev y los niños de aldeas no reconocidas legalmente por el gobierno de Israel fueron los más discriminados en todos los aspectos. En el informe que presentó en 2001 al Comité de los Derechos del Niño, Israel reconoció las diferencias entre la educación árabe y la judía pero en octubre de 2001 todavía no había tomado las medidas necesarias para igualar los dos sistemas.

En algunos países de Europa, los niños romaníes, también a veces llamados gitanos, recibieron una educación inferior en los casos en que asistieron a la escuela. En Grecia, la asociación de padres de la escuela pública de Halastra cerró la escuela en noviembre de 2000 para evitar que fueran matriculados treinta y dos niños romaníes. Estos niños fueron separados y enviados a diferentes escuelas, en muchos casos lejos de sus hogares. La segregación también se manifestó en la trayectoria escolar: muchos niños romaníes fueron enviados de manera arbitraria a escuelas especiales para niños con deficiencias de aprendizaje o problemas de comportamiento. Según la organización European Roma Rights Center, la probabilidad de que un niño romaní de la República Checa fuera matriculado en una escuela de recuperación se multiplicaba por quince, lo que limitaba en gran medida sus posibilidades en la escuela secundaria. Cuando los niños romaníes asistieron a las escuelas integradas, se enfrentaron con frecuencia a episodios de acoso por parte de sus compañeros y a bajas expectativas por parte de sus profesores, factores ambos que contribuyeron a que las tasas de abandono escolar fueran tan altas.

En muchos países de Asia y África, incluidos Nepal, Sri Lanka y Japón, los niños cuyos padres pertenecían a castas inferiores o a grupos sociales rechazados por su ascendencia se enfrentaron a amplias discriminaciones a la hora de acceder a la educación y sus tasas de alfabetización y escolarización eran inferiores a las del resto de la población.

En India, los niños dalit (intocables), fueron ampliamente segregados del resto y admitidos exclusivamente en las peores escuelas públicas, cuya estructura básica, aulas, profesores y materiales educativos eran deficientes. En estos centros los niños padecieron un trato abusivo y discriminatorio por parte de profesores y compañeros. La mitad de los niños dalit no completó la enseñanza primaria y sólo menos de un cuarto consiguió terminar la educación secundaria, a pesar de la asistencia que brindó el estado para la enseñanza primaria y de que la Constitución establece que la enseñanza hasta los catorce años es gratuita y obligatoria para todos. Los niños dalit escolarizados acudieron a escuelas que imparten la enseñanza en el idioma local, lo que suponía una gran desventaja a la hora de acceder a un mercado laboral que favorece a los graduados de las escuelas que enseñan en inglés.

A los niños presos se les negó con frecuencia su derecho a recibir educación en los mismos términos que el resto de los niños. Encontramos que en Pakistán, excepto en las pocas instituciones juveniles existentes, las prisiones no proporcionaban enseñanza a los internos de los pabellones juveniles. Las instituciones religiosas brindaban enseñanza religiosa. A menudo, los niños no podían estudiar materias no religiosas y cuando podían, las materias eran impartidas por presos adultos no necesariamente preparados para la enseñanza. Los niños de los tres centros de detención específicamente diseñados para jóvenes recibían enseñanza hasta octavo grado pero las instalaciones educativas contaban con poco personal y carecían prácticamente material docente. En Kenia comprobamos que algunos centros de detención de menores proporcionaban enseñanza secundaria sólo a los varones y que en otros no se impartía enseñanza secundaria. A los menores palestinos de la prisión israelí de Telmond se les continuaba negando una educación equivalente a la que recibían los niños judíos del mismo centro. En Estados Unidos, la investigación que realizó Human Rights Watch en las prisiones de los estados de Maryland y Luisiana concluyó que la enseñanza que ofrecían esos establecimientos era en muchos casos gravemente deficiente; en algunas, los menores presos o la mayor parte de ellos no recibían enseñanza alguna. Las instituciones penitenciarias pusieron en marcha cambios tras la publicación de nuestro informe al verse presionados por grupos locales o por las investigaciones que iniciaron el Departamento de Justicia y el Departamento de Educación.

En febrero de 2001, el parlamento griego consideró un proyecto de ley que estipulaba la obligatoriedad de documentar la situación de los niños inmigrantes como requisito para asistir a una escuela pública.

El levantamiento, por parte de los estados, de barreras infranqueables para refugiados, demandantes de asilo, inmigrantes o niños apátridas privó con frecuencia a los menores no nacionales de cualquier tipo de educación. Muchos países requerían que la escuela informara de la situación legal de los padres o los niños, y sabían que el temor a la deportación frenaría la escolarización de los inmigrantes indocumentados. En febrero de 2001, el parlamento griego consideró un proyecto de ley que estipulaba la obligatoriedad de documentar la situación de los niños inmigrantes como requisito para asistir a una escuela pública. Este requisito habría impedido virtualmente que los hijos de emigrantes indocumentados o ilegales asistieran a escuelas públicas. Ante las protestas de organizaciones no gubernamentales griegas, de los grupos de emigrantes y de Human Rights Watch (véase Grecia) las cláusulas relativas a esa documentación fueron eliminadas del proyecto final.

Un informe de Human Rights Watch del año 2000 señaló que las autoridades de Kuwait se negaban con frecuencia a expedir partidas de nacimiento y otros documentos oficiales a los hijos de residentes bidún. Las autoridades alegaban que eran "residentes ilegales" a pesar de que muchas familias llevaban residiendo en Kuwait décadas o incluso varias generaciones. Sin estos documentos los niños no podían ser inscritos en escuelas públicas o privadas. El informe de Human Rights Watch de 2000 acerca de los refugiados rohingya de Myanmar en Malasia indicó que los funcionarios malayos expulsaron a menudo de las escuelas públicas a niños rohingya que no podían demostrar su residencia legal, a pesar de que la Constitución de Malasia garantiza la ciudadanía a todos los niños nacidos en su territorio que de otro modo no tendrían nacionalidad, como les sucedería a estos refugiados.

En la República Dominicana, a los hijos de haitianos se les negó regularmente la emisión de documentos de identidad, a pesar de que la Constitución dominicana otorga la ciudadanía a todos los nacidos en su territorio. La ausencia de documentación impidió con frecuencia el acceso de los niños descendientes de haitianos a las escuelas públicas. Las escuelas primarias se mostraron flexibles respecto a la admisión de niños indocumentados, aunque las normas variaban entre distritos; pero a los menores sin papeles se les negó con frecuencia el diploma de enseñanza secundaria y, en muchos casos, se les impidió presentarse al examen nacional obligatorio imprescindible para acceder a la enseñanza secundaria. En julio de 2001, el Vicepresidente de la República Dominicana anunció que se exigiría a las escuelas públicas la admisión de todos los niños, tuvieran o no documentación. A la hora de redactar este informe no estaba claro si la medida estaba ya en vigor.

Los niños de zonas en conflicto se enfrentaron a grandes peligros para llegar a las escuelas que todavía funcionaban. Al reiniciarse el 29 de septiembre de 2000 los enfrentamientos violentos en los territorios ocupados por Israel de Cisjordania y la Franja de Gaza (para información sobre derechos humanos en Israel y los territorios ocupados, (véase Israel, the Occupied West Bank and Gaza Strip, and Palestinian Authority Territories), el cierre de numerosas carreteras, los toques de queda y los ataques de los soldados israelíes y de los colonos impidieron a menudo que los niños palestinos acudieran a la escuela. Los que acudieron no siempre encontraron seguridad en ellas. En docenas de ocasiones, según se informó, las escuelas fueron alcanzadas por gases lacrimógenos, munición sin explosionar o fragmentos de piezas de artillería. Algunos niños judíos isra elíes residentes en asentamientos ilegales pero auspiciados por el gobierno, localizados en Cisjordania y en la Franja de Gaza, tuvieron dificultad para llegar a la escuela por el incremento de los ataques de grupos de palestinos armados contra israelíes residentes allí o en tránsito por la zona. Por ejemplo, el 20 de noviembre de 2000, cinco niños israelíes del asentamiento de Kafr Darom en Gaza resultaron heridos, tres de ellos de gravedad, cuando militantes palestinos explosionaron una bomba al paso de una caravana de vehículos civiles y militares. Los niños se dirigían a la escuela de un asentamiento cercano acompañados por un profesor y un empleado de la escuela que resultaron muertos en el ataque.

La investigación que realizó Human Rights Watch durante los enfrentamientos reveló que en el sector H-2 de Hebrón, controlado por Israel, las escuelas palestinas, a las que asistían unos 12.000 menores, permanecieron cerradas durante cinco meses debido a los continuos toques de queda impuestos a los palestinos. En enero de 2001, Israel anunció que se permitiría a las escuelas del área seguir funcionando a pesar de los toques de queda, pero los soldados israelíes continuaron impidiendo que los niños y los profesores llegaran a ellas. En el caso de tres grandes escuelas, con 1.845 escolares en total, las clases no se reiniciaron porque Israel transformó sus dependencias en bases militares. Los niños del sector H-2 que consiguieron el traslado a escuelas de zonas bajo control palestino siguieron sufriendo los efectos de los toques de queda, y en ocasiones los soldados israelíes les impidieron regresar de noche a sus do micilios al entrar en vigor un nuevo toque de queda. Estudiantes palestinos de primaria en Hebrón declararon a Human Rights Watch que muchas veces, al ir o volver de la escuela, eran objeto de insultos, pedradas o golpes por parte de colonos armados. Según estos menores, la policía y los soldados israelíes no solían intervenir excepto para detener o golpear a los niños palestinos que respondían a los ataques.

En Irlanda del Norte, padres y políticos se quejaron de la incapacidad de la policía para proteger adecuadamente a las niñas de la minoría católica atacadas en septiembre de 2001 cuando se dirigían a la escuela. El ataque lo efectuaron lealistas protestantes -algunos unionistas, partidarios de mantener la unión de Irlanda del Norte y el Reino Unido, se autodenominan lealistas, y entre ellos los hay que justifican el uso de la violencia con fines políticos-. Los protestantes trataban de impedir que las niñas llegaran a la escuela primaria de la Santa Cruz, una escuela católica situada en un enclave protestante de la zona de Ardoyne, en Belfast. Los protestantes lealistas escupieron, insultaron y lanzaron botellas y piedras contra las niñas y sus padres. Una organización paramilitar lealista se responsabilizó de la explosión de una bomba incendiaria lanzada en el exterior de la escuela cuando las niñas se dirigían a clase. Los extremistas habían advertido a los padres que debían mantener a sus hijas fuera de la escuela y la policía informó de que algunos padres habían recibido amenazas de muerte.

El trabajo que realizó Human Rights Watch en diciembre de 2000 en la zona oriental de la República Democrática del Congo concluyó que las escuelas eran un lugar de reclutamiento frecuente de niños por parte de grupos rebeldes respaldados por Ruanda.

La frecuencia de los reclutamientos de niños provocó que muchos padres decidieran no enviar a sus hijos a la escuela y que cerraran algunos centros. La reputación de los soldados como reclutadores de niños hace que la mera presencia de soldados en las proximidades de alguna escuela desate el pánico infantil. En diciembre de 2000, unos soldados se acercaron una mañana a una escuela de secundaria próxima a Goma cuando los niños asistían a clase. Al verlos, los niños se dispersaron y huyeron. La escuela estuvo cerrada durante un tiempo porque nadie quería correr el riesgo de que hubiera otra incursión de soldados para reclutar a niños.

En noviembre de 2001, en otro punto de la región, un grupo rebelde de Burundi secuestró a más de 150 alumnos de dos escuelas y quemó varias aulas.

En todo el mundo, niños de distintos grupos sociales padecieron con demasiada frecuencia actos de violencia y hostilidad que afectaron negativamente a su formación, provocaron su abandono escolar o les causaron traumas psicológicos, daños físicos o incluso la muerte. En muchas escuelas de Estados Unidos, jóvenes lesbianas, gays, bisexuales o transgénero fueron objeto del acoso implacable al que les sometieron sus compañeros. Un informe de Human Rights Watch de 2001 señaló que el acoso y la violencia contra estudiantes lesbianas, gays, bisexuales y transgénero se manifestaron de formas muy diversas: ataques físicos brutales, violaciones simuladas, propuestas sexuales no deseadas, destrucción de objetos personales y otros tipos de acoso sexual, burlas, notas o dibujos obscenos. Con el tiempo, el acoso verbal se transformó a menudo en violencia física. La falta de disposiciones locales, federales o gubernamentales de protección frente a la discriminación por razón de la orientación sexual real o aparente, o de la identidad de género complicaba el problema.

Los abusos no se limitaron a Estados Unidos; las conclusiones a las que llegó otro grupo de investigadores sobre la permisividad existente las escuelas de Australia, Canadá, Francia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, entre otros países, frente a la violencia contra jóvenes lesbianas, gays, bisexuales o transgénero fueron muy semejantes.

La división europea de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays concluyó que existía una probabilidad mayor de que los profesores y otros adultos rechazaran a lesbianas y gays que de que estos menores contaran con su apoyo. Amnistía Internacional informó que en todo el mundo los jóvenes gays eran torturados y maltratados por razón de identidad u orientación sexual.

La discriminación, el acoso y la violencia constituían un obstáculo a la capacidad de estos jóvenes para formarse y suponían una enorme carga para su bienestar emocional. Quizás el hecho de padecer a diario abusos explica la mayor probabilidad de que jóvenes lesbianas, gays, bisexuales o transgénero consuman alcohol o drogas, mantengan relaciones sexuales de riesgo o se fuguen de sus hogares respecto a la probabilidad de estas conductas entre jóvenes heterosexuales. Un número desproporcionado de jóvenes lesbianas, gays, bisexuales o transgénero intentó o pensó suicidarse. Según un estudio de 1998, los jóvenes que manifestaron su atracción personas de su mismo sexo o mantenían relaciones con ellas presentaban un riesgo de suicido doble que el de sus compañeros heterosexuales.

A menudo, los abusos tuvieron como base la creencia de que tanto los niños como las niñas deben seguir unas normas estrictas de comportamiento, apariencia y aspecto que se basan exclusivamente en su sexo, es decir, la homofobia aparecía ligada a los roles estereotipados de cada sexo. Se suponía que los niños debían ser atléticos, fuertes, estoicos y dominantes respecto a las niñas; y que las niñas debían ser atentas con los niños y aceptar su papel subordinado. Con independencia de su orientación o identidad sexual, todos los niños que violaron estos patrones corrieron el riesgo de ser castigados por sus compañeros o por adultos. Los jóvenes transgénero fueron los más vulnerables frente a la violencia de sus compañeros o el hostigamiento adulto.

Cuando en las escuelas se trató el tema de la violencia antigay, las discusiones se centraron a menudo en los jóvenes autores de los actos violentos y no se tuvo en cuenta la responsabilidad del profesorado y el personal escolar de mantener un ambiente académico seguro. A pesar de la magnitud de estos abusos, fueron pocas las ocasiones en las que las autoridades escolares intervinieron para frenar el acoso o castigar a los responsables. Según los estudiantes entrevistados, el silencio fue la respuesta más frecuente a las denuncias. Y más preocupante aún resultaba el hecho de que algunos profesores y administradores tomaran parte en el acoso.

A su vez, profesores y administradores padecieron también hostigamiento y a menudo se encontraron legalmente desprotegidos. En los siete estados estadounidenses que Human Rights Watch visitó -California, Georgia, Kansas, Massachusetts, Nueva York, Texas y Utah- los profesores eran reacios a mostrar abiertamente su orientación sexual por miedo a perder su empleo. De esos estados, sólo California y Massachusetts prohibían la discriminación laboral en el sector privado por razón de orientación sexual. En todo el país, tan sólo once estados y el Distrito de Columbia brindaban protección frente a este tipo de discriminación en el sector privado; dieciocho estados más el Distrito de Columbia prohíben este tipo de discriminación en el sector público.

El castigo corporal estaba permitido en las escuelas públicas de al menos 65 países, según EPOCH (End Physical Punishment of Children)-Worldwide, una ONG que lucha contra este tipo de castigos. Azotes, bofetadas, varazos, correazos y palizas fueron los métodos de castigo de algunos docentes por mal comportamiento o malos resultados académicos, o, a veces, sin motivo alguno.

Human Rights Watch investigó en 1999 el uso del castigo corporal en las escuelas de Kenia. Para ello, visitamos veinte escuelas y entrevistamos a más de 200 niños. Nuestra investigación comprobó que los profesores "disciplinaban" a los menores con regularidad, incluso a diario, mediante golpes de palmeta, bofetadas o azotes que causaban rasguños, cortes y humillación, y, en algunos casos, heridas graves o la muerte.

El castigo corporal se empleó contra estudiantes kenianos por muchas infracciones disciplinarias, unas graves y otras realmente leves. Por ejemplo, los retrasos, las ausencias sin permiso -incluso por motivo de enfermedad- o el desaliño en el uniforme eran motivo de castigo corporal. El mismo castigo se imponía por malos resultados académicos o por incapacidad para hacer frente a las tasas escolares.

En abril de 2001, en una decisión muy aplaudida, el Ministro de Educación de Kenia prohibió oficialmente la aplicación de castigos corporales en las escuelas y propuso al parlamento eliminar las secciones de la ley de educación de 1968 que permitían estos castigos. Sin embargo, no se establecieron sanciones oficiales para los profesores que continuaran con esta práctica ni se dispuso la formación de estos profesores sobre otras maneras de imponer disciplina. Muchos profesores mostraron su malestar porque creyeron que, sin la administración de castigos corporales, no podrían mantener el orden en las aulas.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) calculó en 1998 que dos tercios de los 130 millones de menores no escolarizados en los países en desarrollo eran niñas. Esta desigualdad mostraba en parte las serias dificultades a las que se enfrentaban las niñas en las escuelas. De estas dificultades, la mayor es la violencia sexual: violación, acoso y abuso sexual.

Human Rights Watch investigó en 2000 la violencia sexual que padecían las estudiantes de Sudáfrica. Celebramos entrevistas con docenas de jóvenes, profesores y funcionarios públicos y concluimos que en Sudáfrica las estudiantes de cualquier raza o grupo económico se enfrentan a diario a situaciones de violencia y acoso sexual. Las menores declararon haber sido violadas en los servicios de las escuelas, en aulas y pasillos vacíos, y en residencias y albergues juveniles. Denunciaron también haber sido objeto de manoseo, proposiciones sexuales o degradación verbal, tanto por los profesores como por sus compañeros de escuela.

Con demasiada frecuencia las autoridades escolares encubrieron los episodios de violencia sexual y retrasaron la aplicación de medidas disciplinarias contra quienes los cometieron. En algunos casos no se tomaron medidas porque las autoridades escolares no supieron cómo reaccionar; en otros reaccionaron con hostilidad e indiferencia contra las jóvenes que presentaron quejas, y hubo casos en los que las autoridades escolares no se atrevieron a defender a sus alumnas. En muchas ocasiones se aconsejó a las víctimas de las agresiones sexuales cometidas en la escuela guardar, fuera del centro, silencio sobre lo sucedido.

El gobierno de Sudáfrica reconoció públicamente el problema de su sistema de justicia para enjuiciar los casos de violencia contra mujeres y niñas. Los investigadores de Human Rights Watch comprobaron que muchas veces la coordinación entre el sistema educativo y el de justicia era ineficaz, estaba mal concebida o era totalmente inexistente. Las autoridades escolares, la policía y los fiscales tenían ideas confusas sobre sus respectivas responsabilidades en estos casos y, dada la tendencia general a traspasar responsabilidades, muchos de los episodios de violencia contra niñas se quedaban sin resolver.

En algunos países, las autoridades escolares amenazaron con impedir la asistencia a clase para intimidar o castigar a los individuos cuyo comportamiento o creencias se percibían como un desafío a las normas o ideas políticas de la mayoría. Las niñas fueron el blanco frecuente de estas amenazas. Por ejemplo, en Uzbequistán, desde 1994 y más desde 1997, las estudiantes musulmanas de todas las edades sufrieron acoso e incluso expulsiones por asistir a las escuelas públicas con la cabeza cubierta con un velo islámico. Turquía prohibió a las jóvenes acudir a las escuelas públicas si llevaban velo, y después de 1997, esta norma se aplicó de manera más estricta. Las estudiantes que vistieran atuendos religiosos podrían ser acusadas de "distraer la educación", un delito penado con hasta dos años de cárcel. La ley turca también permitió que las es cuelas expulsaran a las estudiantes que consideraran "inmorales", una acusación que a menudo empleaban los funcionarios contra las jóvenes que desafiaban las conservadoras normas sociales. Una circular de 1995 del Ministerio de Educación dispuso la expulsión del sistema educativo de las estudiantes de secundaria contra las que existieran "pruebas de inmoralidad", y Osman Durmus, Ministro de Salud, decretó en julio de 2001 que las estudiantes de las facultades de medicina de Turquía sobre las que pesaran sospechas de que mantenían relaciones sexuales o se prostituían serían sometidas a pruebas de virginidad. Estos exámenes ginecológicos, que habían sido prohibidos en 1999, atentan contra el derecho a la integridad corporal, son dolorosos e intimidan a las jóvenes. Antes de que fuera prohibido, hubo jóvenes que optaron por suicidarse antes que someterse a un examen tan abusivo. El ministro de salud declaró que no estaba previsto que la medida entrara en vigor, pero la circular sigue teniendo vigencia.

A las niñas de las zonas de Afganistán bajo control talibán se les prohibió acudir a la escuela más allá de los cursos de educación básica. Algunas asistieron a escuelas clandestinas con sede en domicilios particulares, unas escuelas que quedaban clausuradas si eran descubiertas. Una profesora comentó a Human Rights Watch que en junio de 2001 la policía religiosa talibán les golpeó a ella y a sus alumnas de entre primero y séptimo grado. En septiembre de 2001, otra mujer declaró: "Los talibán han paralizado a la mitad de la sociedad. La mitad de la sociedad está muerta en Afganistán porque a las mujeres no les permiten trabajar o estudiar" (véase Afganistán y los derechos de las mujeres).

La rápida extensión del VIH/SIDA supuso una amenaza especial y compleja contra el derecho de los niños a la educación, sobre todo en el África subsahariana, donde la epidemia ha sido más destructiva. En diciembre de 2000, durante el Foro Africano para el Desarrollo, cuyo tema central fue "El sida: el mayor desafío para los líderes", UNICEF hizo el primer llamamiento global para que la educación primaria en África fuera gratuita y obligatoria.

Proporcionar una información adecuada sobre las vías de transmisión del virus y cuidar a los niños con sida es probablemente la mejor manera a la larga de combatir la epidemia. Por ello, se pidió a las escuelas africanas que participaran en la solución, aun cuando la epidemia las ha dejado más debilitadas que nunca. En muchos países del este y del sur de África, la tasa de mortalidad como consecuencia del sida fue mucho mayor entre profesores que en el resto de la población. El gobierno de Zambia, por ejemplo, ya informó en 1998 de que la velocidad a la que estaban muriendo los profesores de las escuelas públicas de primaria y secundaria era tan alta que no permitía que fueran reemplazados. En muchos países, las zonas rurales y marginales se vieron especialmente afectadas por la escasez de profesores porque los que estaban enfermos de sida prefirieron estar cerca de los hospitales más grandes y mejor equipados, que están en zonas urbanas. En Botsuana, el país con la mayor tasa del mundo de infectados por VIH, algunas escuelas públicas tuvieron que cerrar por falta de personal cualificado.

La educación se convirtió a menudo en algo inalcanzable para los niños cuyas familias estaban afectadas. El sida causó la muerte o la incapacidad de quienes sostenían a la familia e hizo que los escasos recursos se tuvieran que destinar a gastos médicos. Al no poder pagar las tasas escolares, los niños tuvieron que dejar sus estudios para dedicarse a conseguir dinero o llevar su hogar. Un estudio que se realizó en 2000 en una zona de Zimbabue fuertemente afectada por el sida reveló que el 48% de los niños con edad de asistir a la escuela primaria cuyos padres habían muerto de sida habían abandonado los estudios; y que ninguno de los huérfanos de secundaria había podido continuar con sus estudios. Las estadísticas públicas de muchos países mostraron que, sobre todo entre los niños de primaria, era mayor la probabilidad de que las niñas tuvieran que abandonar la escuela cuando por causa del sida los padres carecían de recursos o necesitaban ayuda para cuidar a la familia.

La creencia de que la propia escuela era un lugar de transmisión del VIH fue una barrera para que los niños disfrutaran de su derecho a la educación. Un estudio de 1999 llevado a cabo por Oxfam en Mozambique señaló que la razón principal que daban los padres para no enviar a sus hijas a la escuela era el miedo a que se infectaran con el VIH. Los propios niños, incluso los que Human Rights Watch entrevistó en Kenia en 2001, denunciaron la estigmatización y la exclusión en la escuela de los niños huérfanos o afectados de sida.

VIH/SIDA y los derechos del niño

El VIH/SIDA siguió constituyendo una grave amenaza para los derechos humanos de los niños en general. Al contrario que otras muchas epidemias virulentas, cuyas víctimas fueron niños pequeños y ancianos, la mayor parte de los enfermos y de las víctimas del sida son adultos de entre dieciocho y cuarenta años, personas en la etapa más productiva de sus vidas o a punto de entrar en ella. En general, la mayoría de las personas de ese grupo tienen hijos. Esto, para los niños, significa con demasiada frecuencia la pérdida de uno o de ambos progenitores y la exposición al estigma y a la discriminación que acarrea el sida en todo el mundo.

En países severamente afectados, por cada uno de los menores que había perdido a uno de sus progenitores por causa del sida, uno o dos niños en edad escolar estaban probablemente cuidando de un progenitor enfermo, encargados de traer el sustento al hogar o, en cualquier caso, sin poder acudir a la escuela por causa del sida.

Los menores no huérfanos resultaron también afectados, dada la llegada de huérfanos a sus hogares o al resultar ellos mismos infectados por el VIH. Así, el sida afectó a una población infantil que excede con mucho al grupo de huérfanos.

En el África subsahariana -la región del mundo más castigada por el sida-, el sida provocó unos índices de orfandad sin precedentes en la Historia.

La Organización de las Naciones Unidas, en un cálculo muy conservador, estimó que, para diciembre de 2000, unos trece millones de niños del África subsahariana menores de quince años habían perdido a su madre, o también a su padre, por causa del sida.

En julio de 2000, la Oficina del Censo de los Estados Unidos, que almacena datos sobre sida con independencia de las Naciones Unidas, estimó que eran unos quince millones los africanos menores de quince años que habían perdido al menos a uno de sus progenitores por sida y que para 2010 la cifra ascendería por lo menos a veintiocho millones, entre los que estaría más del 30% de la población menor de quince años de cinco países del este y del sur de África. Según la Oficina del Censo, los huérfanos continuarán representando durante varias décadas un altísimo porcentaje de la población infantil en algunos países de África.

Pero el impacto del sida en la población infantil traspasó con mucho los contornos de África a medida que esta devastadora epidemia se extendía a otras regiones del mundo. En Tailandia, las aproximadamente 300.000 muertes provocadas por el sida desde el inicio de la epidemia dejaron muchos huérfanos, la mayoría de ellos, se cree, atendidos por sus abuelos u otros familiares.

La extensión más veloz del VIH/SIDA se registró en Europa del Este y las ex repúblicas soviéticas, donde el amplio consumo de drogas intravenosas guió la epidemia. Los menores resultaron afectados tanto al ser introducidos en el consumo de las drogas a una edad temprana como al perder a sus progenitores. En general, las posibilidades de cambiar de jeringuilla o de usar vías simples de esterilización -que hubieran reducido la probabilidad de transmisión del VIH- fue muy limitada, en parte por la estigmatización que sufren los drogadictos y sus familias. Las cifras de menores huérfanos o de alguna manera indefensos por causa del sida también crecieron rápidamente en los países de la cuenca del Caribe, severamente afectados.

Pero los menores africanos sufrieron la peor parte. La Organización de las Naciones Unidas estimó en diciembre de 2000 que el 92% de los niños huérfanos por causa del sida pertenecían al África subsahariana, donde el sida destruyó comunidades debilitadas ya por la pobreza, la guerra y la corrupción. En los países africanos más castigados por el VIH/SIDA la familia extensa constituyó el apoyo y amparo de los huérfanos y otros menores con especiales necesidades de protección. El enorme número de menores desamparados convirtió estas familias en mucho más extensas, desbordándolas muchas veces, e incapacitándolas para proporcionar sus niveles tradicionales de protección y respaldo. El modelo se repitió con demasiada frecuencia: uno de los progenitores cae enfermo; la pérdida de su contribución a las labores en el hogar o de los ingresos procedentes de su trabajo fuera del hogar y el aumento del gasto médico empobrecen a la familia y no se pueden atender los gastos escolares. Los niños abandonaron la escuela para hacerse cargo del cuidado de los enfermos en el hogar y de los más pequeños o se dedicaron a trabajar para ganar dinero, o bien combinaron ambas actividades.

Los menores sin formación convertidos en el sostén económico de sus familias eran particularmente vulnerables a la explotación y fueron forzados al desempeño de las peores formas de trabajo infantil, una situación exacerbada por el estigma del sida. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia(UNICEF) informó en julio de 2001 que por culpa del sida muchos niños se vieron forzados a realizar trabajos peligrosos en Kenia, Uganda, Mozambique, Etiopía, Lesoto y Sudáfrica. Una investigación sobre las experiencias de un centenar de huérfanos por causa del sida en Sudáfrica, recogida en junio de 2001 en un informe del Fondo Nelson Mandela para la Infancia, mostró hambre y otras privaciones muy extendidas entre ese grupo de niños, y niñas de incluso ocho años forzadas a prostituirse para sobrevivir. Otras investigaciones llevadas a cabo en África en 2000 y 2001 atribuyeron al VIH/SIDA el gran aumento del número de niños en las calles de países como Zambia y Kenia.

La pérdida de derechos sobre la herencia fue otro de los problemas habituales de los niños huérfanos por causa del sida, tal y como documentó una investigación de Human Rights Watch sobre esta situación en Kenia publicada en junio de 2001.

Para finales de 2000, el sida había dejado huérfanos a más de un millón de niños en Kenia y había afectado a muchos otros de diferentes maneras. Un gran porcentaje de los menores entrevistados por Human Rights Watch había sido despojado ilegalmente de las propiedades que tenían derecho a heredar, generalmente por parientes lejanos. Informes elaborados por organizaciones no gubernamentales señalaban que miles de niños en el país habían sufrido esta situación. La apropiación a gran escala de bienes de estos niños constituye un fenómeno reciente, relacionado con el sida y con el deterioro de la familia extensa. Human Rights Watch concluyó que las instituciones del sistema judicial de Kenia no permiten el examen adecuado de los casos de apropiación de bienes de estos niños, y recomendó al gobierno el establecimiento de un mecanismo eficaz y de fácil acceso para el examen de esos casos en los tribunales civiles.

Una de las violaciones más frecuentes a los derechos de los niños de las relacionadas con el sida fue la violación a su derecho a la información sobre VIH/SIDA, una cuestión de vida y muerte cuando la epidemia se afianza. Aunque la mayoría de los programas públicos sobre VIH/SIDA en África incluían información de alguna manera, cierto número de informes publicados en 2001 mostraban insuficiente acceso de la juventud africana a una información adecuada. Este problema se complicaba con el impacto del sida en la escolarización, pero, incluso para los niños que podían permanecer escolarizados, demasiados programas gubernamentales no incluían una información adecuada -sobre todo en la última etapa de la educación primaria, donde era más necesaria-. En Kenia, por ejemplo, la resistencia de los responsables de la Iglesia Católica a la educación sexual y sobre salud reproductiva frenó un programa sobre SIDA en educación primaria y secundaria durante el 2000, y en 2001 continuaba entorpeciendo su completa implementación.

En el período extraordinario de sesiones sobre VIH/SIDA celebrado en el mes de junio, la Asamblea General de las Naciones Unidas, acordó que los países deberían trabajar para tener en marcha, para el 2005, amplios programas nacionales de protección y apoyo a los niños afectados por el sida, "dándoles asesoramiento y apoyo psicosocial adecuado, y asegurándoles escolarización y acceso a la vivienda [...] y proteger a los huérfanos y a los niños y niñas vulnerables de toda forma de maltrato, violencia, explotación, discriminación, trata y pérdida del derecho de sucesión". La emergencia a la que se enfrentaban los menores afectados por el sida exigía una respuesta urgente y exhaustiva.

Los niños soldados

El apoyo a un tratado internacional que prohíba el empleo de niños en conflictos armados continuó aumentando. El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niños relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en mayo de 2000, establecía una edad mínima de dieciocho años como requisito para participar directamente en un conflicto armado, para ser objeto de reclutamiento forzoso u obligatorio, y para cualquier tipo de reclutamiento o servicio en grupos armados no gubernamentales. Desde noviembre de 2000 hasta mediados de noviembre de 2001, el número de estados firmantes del protocolo aumentó de 70 a 87, y el de ratificaciones de tres (Canadá, Bangladesh y Sri Lanka) a once, con la suma de Andorra, Marruecos, Panamá, Islandia, Vietnam, Santa Sede, República Democrática del Congo y Nueva Zelanda. Con las diez ratificaciones necesarias, el protocolo entrará en vigor el 12 de febrero de 2002.

La desmovilización de niños soldados se llevó a cabo en varios países. A finales de febrero, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) coordinó la desmovilización en el sur de Sudán de más de 2.500 niños de entre ocho y dieciocho años de edad que participaban en el Ejército Popular de Liberación del Sudán (SPLA), aerotransportándolos a campos de transición. Para septiembre de 2001, los últimos niños del grupo se habían reunido con sus familias. Según UNICEF, el proceso de desmovilización iba a continuar en 2002 hasta alcanzar a todos los menores del SPLA, unos 10.000 antes de la iniciativa de febrero. Entre mayo y noviembre, unos 2.903 niños, incluidos 1.506 del Frente Revolucionario Unido y 1.303 de las milicias aliadas con el gobierno, fueron licenciados y desarmados en Sierra Leona. A mediados de mayo, el gobierno de la República Democrática del Congo decretó la desmovilización de los niños soldados que servían en las filas de su ejército, unos niños que, según cálculos conservadores, se contaban por miles. En junio, el Presidente Joseph Kabila anunció que la República Democrática del Congo no reclutaría a más niños soldados y ordenó un programa de formación para los mandos militares con el fin de facilitar la desmovilización de los niños. Para el mes de julio, equipos de trabajadores públicos y privados recorrían los barracones militares en busca de niños soldados, y preparaban su reunificación familiar y su reinserción social.

Sin embargo, el reclutamiento y empleo de niños continuó representando un problema a escala mundial. La Coalición para Acabar con el Empleo de Niños Soldados hizo público su primer estudio mundial en junio, en el que mostró que más de medio millón de niños fueron objeto de reclutamiento por ejércitos estatales, fuerzas paramilitares o grupos armados no estatales en 87 países, y que al menos 300.000 de esos niños participaban activamente en conflictos armados en 41 países.

En la zona este de la República Democrática del Congo, grupos rebeldes apoyados por Uganda y Ruanda coaccionaron a niños, forzándolos a sumarse a sus efectivos. Instructores de los dos ejércitos de ocupación entrenaron a los reclutados para sus respectivos reemplazos locales, y, en algunos casos, menores congoleños fueron trasladados a Uganda o Ruanda para ampliar su entrenamiento.

Un informe de las Naciones Unidas de diciembre de 2000 estimaba que entre el 15% y el 30 % del total de nuevos combatientes reclutados en la República Democrática del Congo tenían menos de dieciocho años, y que un grupo importante de ellos no alcanzaba los doce años. La Agrupación Congoleña por la Democracia (Rassemblement Congolais pour la Démocratie-Goma, RCD-Goma), apoyada por Ruanda, protagonizó un reclutamiento intensivo a finales de 2000, secuestrando a niños en escuelas, carreteras, mercados y hogares. En algunas comunidades, las escuelas cerraron sus puertas y los menores comenzaron a dormir fuera, lejos de sus domicilios, para evitar el reclutamiento.

Un habitante de Rutshuru denunció que la RCD-Goma y el Ejército Patriótico Ruandés (Rwandese Patriotic Army, RPA) secuestraron a niños y niñas de su comunidad en noviembre de 2000, concentrándose en jóvenes de entre trece y veinte años de edad. En otros casos, Human Rights Watch recibió denuncias del reclutamiento de niños de doce años e incluso menores que estaban siendo enviados a campos de entrenamiento militar.

Las críticas internacionales empujaron a la RCD-Goma a comprometerse en abril de 2001 a poner fin al reclutamiento de niños soldados y a desmovilizar a los que servían en sus filas; pero tan sólo unos días después de adquirir el compromiso, en el transcurso de la ceremonia que cerraba un curso de entrenamiento en el campo militar de Mushaki, se pudo observar que 1.800 de los 3.000 graduados eran niños de doce a diecisiete años de edad. A mediados de año quedó visible que los planes de reclutamiento de la RCD proseguían con regularidad en zonas rurales.

El grupo de oposición Ejército para la Liberación de Ruanda (Armeé pour la Libération du Rwanda, ALIR) secuestró niños de incluso diez años en la zona este de la República Democrática del Congo. Los menores reclutados por el ALIR recibieron entrenamiento con armas y fueron empleados en envíos a por agua, tareas domésticas y transporte de provisiones. También fueron empleados en maniobras de diversión durante los enfrentamientos, efectuando disparos o golpeando utensilios de cocina.

Algunos niños mayores, de dieciséis y diecisiete años, participaron directamente en los combates. Al menos un niño de quince años figuraba también en las filas de la Fuerza Local de Defensa, fuerza auxiliar ruandesa implicada en enfrentamientos con el ALIR.

Existe constancia de que varias docenas de niños del ALIR murieron en combate entre mayo y septiembre, aunque la cifra real de víctimas podría ser mucho mayor. A principios de agosto, 280 niños del ALIR permanecían bajo custodia del gobierno de Ruanda tras haber sido capturados o haberse entregado. De entre ellos, más de 50 eran congoleños y fueron entregados a los rebeldes de la RCD en el este del Congo; los menores ruandeses fueron trasladados a un centro de rehabilitación al sur de Kigali.

En Burundi, autoridades civiles y militares reclutaron cientos de niños como paramilitares del cuerpo conocido como "Guardianes de la Paz". Una fuente situó entre 750 y 900 la cifra de niños de entre siete y doce años reclutados y entrenados en Burundi en el plazo de un año. Los reclutamientos más recientes descartaron a los niños más pequeños, pero continuó el reclutamiento de niños de catorce años en adelante. Los reclutados fueron sometidos a duras condiciones y con frecuencia golpeados por los soldados. En uno de los programas de entrenamiento, tres jóvenes reclutas -de doce, quince y diecisiete años- murieron como consecuencia de las palizas que padecieron durante los entrenamientos. Muchos otros murieron en combate tras haber sido enviados al campo de batalla por delante de los soldados regulares.

El grupo rebelde de Burundi Fuerzas para la Defensa de la Democracia (Forces pour la défense de la démocratie,FDD) secuestró a treinta escolares de cuarto a sexto grado de la escuela primaria de Kirambi, en la provincia de Ruyigi, el 6 de noviembre de 2001. Tres días más tarde, otros rebeldes de las FDD secuestraron a más de cien alumnos de la escuela de secundaria de Musema, en la provincia de Kayanza, y prendieron fuego al edificio. Los rebeldes forzaron a los escolares a transportar bienes robados en domicilios y comercios próximos y golpearon a los que flojearon en el camino. Algunas informaciones indican que los rebeldes anunciaron a los escolares su intención de entrenarlos como soldados para que participaran en su guerra contra el gobierno, una guerra que cumple ahora su octavo año de duración. Para el 15 de noviembre, las FDD habían liberado a los alumnos de Musema, pero veintitrés niños de la escuela de Kirambi, de entre doce y dieciséis años, permanecían en poder del grupo rebelde.

En Liberia, niños que huían de los enfrentamientos del norte del país fueron reclutados por la fuerza por efectivos gubernamentales y posteriormente entrenados en la lucha contra los insurgentes. Fuentes fiables informaron a Human Rights Watch de que, entre los meses de enero y abril de 2001, veintenas de niños de incluso nueve años de edad fueron retenidos en controles militares cuando huían en autobús de los enfrentamientos o sacados de los campos que acogen a los desplazados internos. Según algunas informaciones, instructores gubernamentales impartieron posteriormente entrenamiento militar a estos niños. Otras organizaciones humanitarias denunciaron que insurgentes liberianos pertenecientes al grupo Liberianos Unidos para la Reconciliación y la Democracia (Liberians United for Reconciliation and Democracy, LURD), con base en Guinea, secuestraron a numerosos niños en incursiones a localidades del norte de Liberia.

En Colombia, el gobierno calculó que hasta unos 10.000 miembros de los grupos armados que operan en el país, incluidas las guerrillas y los paramilitares respaldados por el ejército, tenían menos de dieciocho años. A finales de 2000, observadores independientes informaron a Human Rights Watch de que docenas de niños figuraban entre los guerrilleros supuestamente muertos o capturados en enfrentamientos entre tropas gubernamentales y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). El ejército colombiano anunció que 32 de los prisioneros eran menores de diecisiete años, varios tenían menos de catorce años y un tercio eran mujeres. De los muertos, veinte, según el Ejército, eran niños.

Los paramilitares colombianos, conectados con el Ejército, continuaron también con el reclutamiento y el empleo de niños en sus filas. En el mes de julio, los paramilitares se hicieron con un centro de detención juvenil y se llevaron a diez menores en lo que se consideró una operación de reclutamiento.

En julio, UNICEF criticó a los rebeldes de los Tigres de Liberación del Tamil Eelam de Sri Lanka por reclutar y emplear a niños soldados de incluso doce años. La Organización de las Naciones Unidas denunció un aumento de las actividades de reclutamiento de los Tigres en edificios escolares y en sus alrededores, a pesar de las garantías que en 1998 había recibido el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los niños en conflictos armados, Olara Otunnu, sobre el cese del reclutamiento de niños menores de diecisiete años.

Los niños en el sistema de justicia

El trato a los niños en el sistema de justicia continuó causando preocupación durante 2001. Los atropellos con frecuencia comenzaron ya en los primeros contactos con los funcionarios de las fuerzas del orden, con malos tratos, torturas e incluso muerte. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Asma Jahangir, destacó un ejemplo extremo en el mes de septiembre: 800 niños o adolescentes habían sido asesinados en Honduras desde 1998, muchos de ellos a manos de la policía.

En junio, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó a Guatemala al pago de aproximadamente 500.000 dólares estadounidenses en un caso de asesinato de cinco niños de la calle a manos de la policía. La Corte condenó también a Guatemala a poner el nombre de los niños a un centro educativo para jóvenes, a organizar su inhumación y a otras reparaciones no pecuniarias. Fue el primer caso en el que la Corte Interamericana impone reparaciones, incluso indemnizaciones pecuniarias por daños, en un asunto de violación a los derechos humanos infantiles.

Los niños también padecieron malas condiciones penitenciarias tras ser detenidos y procesados, y a veces fueron encarcelados junto a otros presos adultos. Un ex niño soldado condenado a muerte murió el 26 de septiembre, víctima de tuberculosis, en la prisión central de Kinshasa, según denunció un grupo local. En Paraguay, Amnistía Internacional y la sección Paraguay de la organización Defence for Children International denunciaron que los niños estaban hacinados en superpobladas prisiones para adultos, en las que fueron objeto constante de malos tratos y de aislamiento diario. Los niños palestinos confinados en la prisión israelí de Telmond denunciaron ataques de reclusos adultos y palizas propinadas por los guardias. Yemen informó en 1999 al Comité de los Derechos del Niño de que sus reformatorios y las instituciones penales que albergaban niños adolecían de falta servicios educativos y sociales, proporcionaban una alimentación escasa y de baja calidad, y con frecuencia utilizaban el castigo corporal y la tortura. En Arabia Saudí, el Reglamento sobre detención y encarcelamiento de 1977 permitía infligir azotes y otros castigos corporales a los niños encarcelados.

Como el número de niñas detenidas fue en general muy bajo, con frecuencia fueron confinadas junto a detenidas adultas. Por ejemplo, en Yemen, que carecía de dependencias para niñas detenidas o a la espera de juicio, éstas fueron confinadas en instituciones penitenciarias junto a reclusas adultas. En Arabia Saudí, los Estatutos de las instituciones de bienestar para mujeres jóvenes de 1975 también permitían la detención de niñas junto a reclusas adultas.

Los procedimientos de condena también fueron motivo serio de preocupación en materia de derechos humanos. Países de todo el mundo continuaron con la práctica de detener a menores por delitos especiales de los menores, actos que no constituirían delito si el autor fuera un adulto. En Yemen, por ejemplo, según el informe de 1999 del Comité de los Derechos del Niño, la gran mayoría de los niños ingresados en instituciones de custodia lo estaban en calidad de "delincuentes potenciales", una categoría que incluía niños mendigos; huérfanos, e hijos de padres ausentes, divorciados o separados.

En Egipto, un tribunal juvenil condenó en septiembre a un menor de entre quince y diecisiete años de edad a tres años de prisión por "obscenidad y depravación". El menor, uno de los al menos 55 varones detenidos durante el año en el marco de una campaña contra la homosexualidad, fue condenado sobre la base de una confesión que, según él mismo, firmó bajo torturas. La policía practicó la mayoría de las detenciones en una discoteca popular entre los gays. La legislación egipcia no penaliza las relaciones homosexuales entre adultos anuentes; los detenidos, que denunciaron palizas y otros atropellos, fueron acusados de "comportamiento obsceno" y "desacato a la religión" (véase el capítulo sobre Egipto).

Muchos países continuaron imponiendo en sus sentencias a los menores penas de castigo corporal. El Comité de los Derechos del Niño denunció que en Arabia Saudí los menores fueron regularmente condenados a penas de azotes, lapidaciones y amputaciones. Según algunas informaciones, en el estado nigeriano de Kebbi, un niño de quince años fue condenado a la amputación de una mano por el robo de 32.000 nairas, unos 285 dólares estadounidenses. En el momento de redactar este informe se desconocía si se había ejecutado o no la sentencia.

Prosiguiendo con la tendencia iniciada a principios de los noventa, Estados Unidos continuó enjuiciando a menores como si fueran adultos por un gran número de delitos de los que con anterioridad se ocupaba el sistema de justicia juvenil.

Estados Unidos fue prácticamente el único país que sentenció a muerte a delincuentes condenados por delitos cometidos cuando todavía no habían alcanzado la mayoría de edad. El 22 de octubre de 2001 fue ejecutado en Texas Gerald Lee Mitchell, que se convirtió en el decimoctavo delincuente juvenil ejecutado en Estados Unidos desde 1976, y en el décimo en el estado de Texas. El 1 de octubre, 83 delincuentes juveniles se encontraban en los corredores de la muerte en penales de quince estados norteamericanos. Texas, con veintinueve de estos condenados, custodiaba en sus prisiones a más de un tercio del total nacional. Veintitrés estados en todo el país contemplan la pena de muerte incluso para castigar delitos cometidos por menores de dieciocho años.

Dos delincuentes juveniles recibieron a última hora un aplazamiento de la ejecución de sus condenas a muerte después de que sus defensores presentaran recursos por la aparición de nuevas pruebas o para esgrimir argumentos constitucionales. El 15 de agosto, unas horas antes del momento señalado para la ejecución de Napoleon Beazley, condenado en Texas por un asesinato que cometió con diecisiete años, el Tribunal de Apelaciones de Texas decretó un aplazamiento de la ejecución para estudiar si el primer defensor de Beazley le proporcionó o no una defensa correcta. El Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió en marzo un aplazamiento de su ejecución a Antonio Richardson, interno del corredor de la muerte en Misuri. Richardson, que tenía dieciséis años en el momento de cometer el delito por el que fue condenado a muerte, podría padecer algún retraso mental. Su condena quedó aplazada hasta que el Tribunal Supremo resuelva otro caso que cuestiona la constitucionalidad de la aplicación de la pena de muerte a personas que padezcan retrasos mentales.

En Pakistán, donde una disposición de julio de 2000 elevó a dieciocho años la edad mínima para poder ser objeto de condena a muerte, 49 personas permanecían en los corredores de la muerte, condenadas por delitos cometidos cuando eran menores, según informó el Dawnen julio de 2001.

La República Democrática del Congo e Irán tuvieron ambos actuaciones desiguales en materia de pena de muerte durante el año. Tras una reunión con miembros de Human Rights Watch en el mes de mayo de 2001, la República Democrática del Congo accedió a perdonar la vida de cuatro niños soldados. Los cuatro habían sido detenidos y condenados a muerte por la justicia militar cuando tenían entre catorce y dieciséis años. El Presidente Joseph Kabila conmutó las condenas de estos niños y las de otros cinco ex niños soldados por penas de cinco años de prisión. Al menos otro ex niño soldado seguía condenado a muerte, según la Organización Mundial contra la Tortura (Organisation mondiale contre la torture, OMCT). En Irán, la sentencia a muerte de un niño de trece años fue conmutada por una condena a cadena perpetua, según Amnistía Internacional. La nueva condena todavía viola las disposiciones internacionales que prohíben la imposición de la pena de muerte o la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por delitos cometidos por menores de dieciocho años.

Los niños refugiados y migrantes

Los niños refugiados y migrantes, uno de los grupos de población más vulnerables del mundo, corrieron graves riesgos de abuso al ser separados de sus padres o de otras personas encargadas de su cuidado.

En julio, las autoridades locales de las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla aceleraron las expulsiones de los menores no acompañados que residían en alguna de las dos ciudades. Según algunas informaciones, los menores, de incluso once años de edad, fueron golpeados y amenazados por la policía española y por la policía marroquí y sus casos no fueron revisados individualmente antes de que España los pusiera en el lado marroquí de la frontera.

En Grecia, la mayoría de los niños no acompañados no pudieron acogerse al programa puesto en marcha entre el 5 de junio y el 2 de agosto que legalizó a los inmigrantes indocumentados que pudieron demostrar su llegada a Grecia antes del 2 de junio de 2000. Según los términos del programa, los inmigrantes que no pudieran proporcionar numerosas pruebas de su presencia - identidad, recibos de salario, facturas de gastos domésticos, y otros documentos que no se podía esperar que tuvieran los menores no acompañados- serían deportados si no abandonaban Grecia de forma voluntaria.

En Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Naturalización (Immigration and Naturalization Service, INS) siguió confinando a un importante número de menores no acompañados en sus dependencias cuasicarcelarias, en ocasiones en la misma celda que delincuentes juveniles. El organismo recibió críticas por denegar el acceso completo de observadores independientes, incluida la Comisión de Mujeres para Mujeres y Niños Refugiados (Women's Commission for Refugee Women and Children) y los abogados que con éxito representaron a los niños detenidos en una demanda contra las condiciones de confinamiento de los menores bajo custodia del INS. Afortunadamente, la Senadora Dianne Feinstein elaboró una propuesta legislativa que corregiría ésa y otras condiciones de abuso de los menores no acompañados en Estados Unidos.

El trabajo infantil

Con la adición de Estonia a finales de septiembre, un centenar de países había ratificado el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, de la Organización Internacional del Trabajo (182), que prohíbe la servidumbre por deudas, el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento con fines militares, la prostitución o producción de pornografía y cualquier trabajo que " por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños".

Sin embargo, demasiados niños en todo el mundo trabajaron en condiciones peligrosas para su salud y seguridad. En Ecuador, una investigación de Human Rights Watch durante 2001 reveló la contratación regular de niños en la industria bananera, donde estaban expuestos a pesticidas y realizaban trabajos peligrosos. Dos niñas entrevistadas por Human Rights Watch denunciaron acoso sexual frecuente por parte de sus supervisores.

El brasileño Carlos Alberto Santos de Oliveira, presidente del sindicato de trabajadores de cítricos en Sergipe (Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Beneficiamento e Carregadores de Frutos Citros de Sergipe), conocido por su decidida oposición al trabajo infantil murió trágicamente cuando dos pistoleros le dispararon ocho tiros a quemarropa en la ciudad de Pedrinhas, en el estado brasileño de Sergipe.

El papel de la comunidad internacional

Ochenta jefes de estado y más de un millar de organizaciones no gubernamentales iban a participar en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de la Infancia que iba a celebrarse en Nueva York entre el 19 y el 21 de septiembre. La sesión estaba destinada a evaluar los progresos en el cumplimiento de los objetivos de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990, y a adoptar una declaración y un plan de acción para el futuro. El borrador del plan de acción recogía cuatro áreas prioritarias: salud, educación, VIH/SIDA, y protección frente a la violencia, el abuso, la desatención y la explotación. Tras los ataques del 11 de septiembre a Washington y Nueva York, la sesión especial quedó aplazada hasta 2002.

Cientos de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo participaron en los dos períodos de sesiones del comité preparatorio que tuvieron lugar durante el año. Una reunión sobre los derechos del niño promovida por Human Rights Watch y Save the Children ganó el apoyo de los gobiernos para incluir en el borrador del plan de acción puntos clave referidos a la protección de los niños frente a la violencia, el abuso y la explotación.

Sin embargo, los borradores de la declaración y el plan de acción no abrían nuevos horizontes porque muchos gobiernos se negaban a avanzar más allá de los compromisos ya adquiridos en materia de infancia. Estados Unidos, uno de los dos estados que todavía no había ratificado la Convención de los Derechos del Niño, se opuso a que el plan de acción estuviera orientado a esos derechos y buscó minimizar las referencias a la Convención. Junto a Santa Sede y a un grupo de países principalmente islámicos, Estados Unidos también intentó rebajar los acuerdos internacionales en materia de acceso de los adolescentes a información y servicios de salud sexual y reproductiva. Algunas cuestiones relativas al trabajo infantil, conflictos armados y movilización de recursos también desataron polémicas.

El Comité de los Derechos del Niño continuó concentrado en la violencia contra los niños, con una segunda jornada de discusión sobre el asunto, ceñida a la violencia ejercida contra los niños en hogares y escuelas. En 2001 se había celebrado una jornada de debate parecida sobre la violencia contra los niños en las instituciones de gestión pública y en el ámbito de la justicia y las fuerzas del orden. En sus recomendaciones finales, el Comité instaba a la Asamblea General a emprender un estudio profundo de la violencia contra los niños similar al innovador trabajo de las Naciones Unidas dirigido por Graça Machel sobre el impacto de los conflictos armados en la población infantil. A últimos de noviembre, la tercera comisión de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que solicitaba al Secretario General un detenido estudio sobre el problema de la violencia contra los niños y la elaboración de recomendaciones para su consideración por los estados miembros, para emprender las acciones adecuadas, incluidos remedios efectivos y medidas de prevención y rehabilitación.

Informes relevantes de Human Rights Watch

To Protect the People: The Government-Sponsored "Self-Defense" Program in Burundi, diciembre de 2001.

De segunda clase: Discriminación contra niños árabes palestinos en las escuelas israelíes, diciembre de 2001.

Humanity Denied: Systematic Violations of Women's Rights in Afghanistan, octobre de 2001

Caste Discrimination: A Global Concern, septiembre de 2001.

Blancos fáciles: la violencia mundial contra los niños, septiembre de 2001.

Kenya: In the Shadow of Death: HIV/AIDS and Children's Rights in Kenya, junio de 2001.

Democratic Republic of Congo: Reluctant Recruits: Children and Adults Forcibly Recruited for Military Service in North Kivu, mayo de 2001.

United States: Hatred in the Hallways: Violence and Discrimination Against Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Students in U.S. Schools, mayo de 2001.

Israel, the Occupied West Bank and Gaza Strip, and the Palestinian Authority Territories:Center of the Storm: A Case Study of Human Rights Abuses in Hebron District, abril de 2001.

South Africa: Scared at School: Sexual Violence Against Girls in South African Schools, marzo de 2001.

Egypt: Underage and Underprotected: Child Labor in Egypt's Cotton Fields, enero de 2001.