La situación de derechos humanos

Al poner fin a siete décadas de gobierno monopartidista en México, la elección del Presidente Vicente Fox en 2000 creó una oportunidad histórica para atender los duraderos problemas de derechos humanos del país. En su discurso inaugural, el Presidente Fox prometió aprovechar la oportunidad y, en los meses siguientes, su gobierno adoptó medidas positivas con este objetivo. Sin embargo, en noviembre, aún eran necesarios avances significativos en una variedad de áreas.

El Presidente Fox nombró a puestos de su gabinete a varias personas conocidas por su promoción de los derechos humanos, entre ellos el Ministro de Relaciones Exteriores Jorge G. Castañeda y el Asesor de Seguridad Nacional Adolfo Aguilar Zínser. También creó un nuevo puesto, Embajador Especial para los Derechos Humanos y la Democracia, para el que nombró a Mariclaire Acosta, quien durante años había sido una de las defensoras más abiertas de los derechos humanos en el país. (En septiembre, el cargo se reconfiguró en Subsecretaría para Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores.)

Bajo el liderazgo de Fox, México promovió más activamente el concepto de la universalidad de los principios de derechos humanos, un concepto anatema para los gobiernos mexicanos anteriores.

El gobierno de Fox marcó una diferencia crucial con el pasado de México al abrir el país al escrutinio internacional de los observadores de derechos humanos. En diciembre, Fox anunció que iba a eliminar las restricciones de visado que habían dificultado el acceso al país de los observadores internacionales que no tramitaban los permisos con bastante antelación. En marzo, dirigiéndose a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, extendió una invitación permanente a los representantes de los mecanismos internacionales de derechos humanos para que visiten México. En mayo, la Secretaria de Relaciones Exteriores copatrocinó un seminario junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre procedimientos para investigar la tortura. En julio, invitó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que visitara México para examinar el cumplimiento por parte del gobierno de las recomendaciones anteriores de la comisión.

Bajo el liderazgo de Fox, México promovió más activamente el concepto de la universalidad de los principios de derechos humanos, un concepto anatema para los gobiernos mexicanos anteriores. En febrero, el Secretario de Relaciones Exteriores autorizó la extradición del ex oficial de la Armada de Argentina, Ricardo Miguel Cavallo, para enfrentarse a los cargos de atrocidades cometidas durante la "guerra sucia" argentina que pesaban sobre él en España. Cavallo presentó una apelación, que estaba pendiente de resolución cuando se escribió este informe, recurriendo la constitucionalidad de la decisión del Secretario de Relaciones Exteriores.

En octubre, el Secretario de Relaciones Exteriores sometió al Congreso para su ratificación el Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional, junto con un proyecto de ley para reformar la Constitución de México con el fin de que los tribunales internacionales puedan, en ciertos casos, ejercer su competencia sobre ciudadanos mexicanos. El Secretario de Relaciones Exteriores también sometió al Congreso para su ratificación varios tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados. Finalmente, el Secretario pidió al Congreso que ratificara un tratado reconociendo la competencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU para recibir comunicaciones individuales.

Además de asumir nuevas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, el gobierno prometió promover el respeto a los derechos humanos en el extranjero-en particular, el derecho de los ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos. El encuentro de febrero entre el Presidente Fox y el Presidente George W. Bush llevó a la creación de un grupo de trabajo integrado por altos funcionarios de ambos gobiernos con el objetivo de alcanzar una inmigración segura, legal y humana. En octubre, la Oficina Presidencial para los Mexicanos en el Extranjero anunció que había llegado a un acuerdo con funcionarios municipales de ciudades de Estados Unidos para garantizar que los mexicanos recibieran atención médica independientemente de su situación migratoria. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el organismo autónomo de defensa de los derechos humanos, también hizo de los derechos de los inmigrantes su prioridad.

Lamentablemente, los avances realizado en la política exterior mexicano no fueron comparables en el ámbito nacional. El Presidente Fox prometió intervenir en varios casos destacados de derechos humanos. Uno de ellos era el del General José Francisco Gallardo, encarcelado en 1993 por haber pedido abiertamente la creación de una oficina de derechos humanos de las fuerzas armadas. En 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió la puesta en libertad inmediata de Gallardo; sin embargo, a finales de 2001, Gallardo seguía en prisión. En febrero, su familia solicitó a la Suprema Corte de Justicia que ordenara al Presidente que cumpliera con la recomendación de la CIDH. El fallo judicial estaba pendiente cuando se escribió este informe.

Un segundo caso estaba relacionado con los ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, que habían sido detenidos ilegalmente y al parecer torturados por soldados en mayo de 1999 y condenados después por posesión de drogas y armas en agosto de 2000, mediante pruebas colocadas para inculparles cuando los detuvieron. En enero, el Presidente Fox prometió que su gobierno iba a realizar una investigación exhaustiva del caso. La oficina de derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores ofreció asesoramiento legal a los abogados de Cabrera y Montiel encargados de la apelación judicial. En julio, un tribunal federal de apelaciones confirmó la condena de Cabrera y Montiel, quienes permanecieron encarcelados hasta noviembre, cuando el Presidente Fox dictó una orden para su puesta en libertad como demostración del compromiso de su gobierno con las normas de derechos humanos. La investigación de las alegaciones de tortura quedó en manos de la fiscalía militar, que tenía un historial sumamen te pobre en la investigación de abusos por parte de las fuerzas armadas.

Se hicieron muy pocos progresos en la resolución de los problemas de fondo del sistema de administración de justicia que provocaron casos como éste. La supervisión judicial de las prácticas policiales fue gravemente inadecuada. Los jueces se sirvieron de precedentes legales que invalidaban las garantías de derechos humanos al aceptar el uso de pruebas obtenidas mediante violaciones a derechos. Las sentencias poco severas que se impusieron a los torturadores condenados sirvieron para reforzar el ambiente de impunidad.

Soldados involucrados en operaciones antinarcóticos también cometieron abusos contra civiles. En enero, los soldados que patrullaban en las cercanías de la ciudad de Lindavista, estado de Guerrero, dispararon contra dos civiles desarmados, lo que produjo la muerte de Esteban Martínez Nazario, de catorce años. En agosto, la oficina de derechos humanos de la fiscalía del estado de Baja California informó de que se había atrapado a soldados realizando detenciones ilegales sin órdenes de arresto. En octubre, el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos informó de denuncias de detenciones ilegales por parte de soldados en el estado de Tamaulipas.

De conformidad con las leyes mexicanas, los casos relacionados con abusos cometidos por el ejército estaban sometidos a la jurisdicción militar, en lugar de la civil. Sin embargo, el sistema de administración de justicia militar no investigó ni procesó adecuadamente abusos presuntamente cometidos por el ejército. Sus operaciones carecieron generalmente de transparencia y rendición de cuentas. No obstante, tras el asesinato de enero en Lindavista, las autoridades militares detuvieron e iniciaron procedimientos contra cinco soldados y un oficial del ejército. Pero fue caso excepcional y no se produjo hasta que los residentes locales tomaron la medida extraordinaria de rodear el campamento del ejército y no dejar a nadie salir hasta que se investigara el asesinato. Tras un día entero de sitio, funcionarios del ejército y del gobierno estatal se presentaron en el lugar y firmaron un acuerdo para investigar la muerte y castigar a los responsables. Según los residentes de Lindavista, el muchacho que murió era e l séptimo miembro de la comunidad asesinado por soldados en los últimos años, pero fue el primer caso que se investigó. Sin embargo, los residentes que organizaron la protesta denunciaron posteriormente que habían sido amenazados por personal militar.

Hubo un debate considerable dentro del gobierno de Fox sobre como tratar las violaciones a los derechos humanos del pasado, tales como la matanza de 1968 de manifestantes estudiantes en Ciudad de México y la masacre de la aldea de Acteal, Chiapas, en 1997. En su discurso inaugural de diciembre de 2000, el Presidente prometió establecer una comisión de la verdad para investigar las violaciones cometidas bajo gobiernos anteriores. En los meses siguientes, sin embargo, su gobierno dio muestras ambivalentes sobre si iba a seguir adelante con el plan, con la oposición abierta del Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.

Otro aspecto que requiere atención es la protección de los derechos laborales. México no garantizó elecciones sindicales libres e imparciales, a pesar de que la promesa adoptada por el gobierno anterior en mayo de 2000 de promover el uso de listas de electores elegibles y elecciones por voto secreto, para lograr este objetivo. Por ejemplo, en la fábrica de Duro Bag Manufacturing Corporation en Río Bravo, las elecciones sindicales de marzo se celebraron sin votos secretos y los trabajadores tuvieron que votar en voz alta frente a la gerencia de la compañía y los representantes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que tenía el beneplácito de la empresa.

Cuando los trabajadores intentaron reemplazar a los sindicatos no independientes, se enfrentaron con frecuencia a la discriminación antisindical.

La actividad sindical legítima continuo viéndose obstruida por acuerdos de negociación colectiva negociados entre gerencias y sindicatos pro empresariales y no independientes. Con frecuencia, estos acuerdos no solieron contemplar beneficios para los trabajadores más allá de los estipulados por la legislación mexicana, y los trabajadores no supieron de los acuerdos hasta que creció el descontento e intentaron organizar sindicatos independientes. Sin embargo, cuando los trabajadores intentaron reemplazar a los sindicatos no independientes, se enfrentaron con frecuencia a la discriminación antisindical. Por ejemplo, a principios de enero de 2001, cinco trabajadores de la maquiladora de confección de Puebla, Kukdong Internacional México S.A. de C.V. (Kukdong), fueron despedidos por haber presentado supuestamente quejas en el lugar de trabajo e intentado organizar un sindicato independiente para reemplazar a la CROC. Una semana después, la mayoría de la fuerza laboral de Kukdong inició un paro laboral en solidaridad con los trabajadores despedidos. Cuando terminó el paro, los representantes de Kukdong y la CROC negaron la readmisión a muchos de los trabajadores que habían participado en la protesta. Organizaciones de trabajadores y no gubernamentales (ONG) de Estados Unidos y México organizaron una campaña concertada para defender a los trabajadores y, sobre todo en respuesta a esta iniciativa, las compañías multinacionales clientes de la fábrica empezaron a ejercer presión sobre los gerentes de Kukdong para que resolvieran la situación. Desde mediados de febrero, la mayoría de los empleados pudieron regresar a la fábrica, y en septiembre, los trabajadores habían establecido un sindicato independiente y firmado un acuerdo colectivo con la empresa (que había cambiado su nombre a Mex Mode).

Ciertas secciones de la población fueron más vulnerables a las violaciones de derechos. Según el Presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, entre los grupos más vulnerables estaban los inmigrantes y las personas indígenas. Los gay y las lesbianas también fueron objeto de abusos. En agosto, por ejemplo, el activista gay César Salazar Góngora fue secuestrado en la ciudad de Mérida, Yucatán, por tres jóvenes que lo violaron, golpearon con una piedra, le cortaron la oreja con un cuchillo y lo abandonaron en un pueblo cercano. Salazar Góngora presentó una denuncia ante los fiscales locales. En los días posteriores recibió docenas de amenazas de muerte telefónicas por haber denunciado el delito. Se puso en marcha una investigación, pero, según los defensores locales de derechos, no se produjo ningún avance hasta que Salazar Góngora, su abogado y dos defensores de los derechos de gay y lesbianas se reunieron con el fiscal general del estado y obtuvieron de él la promesa de sustituir al investigador encargado del caso.

La defensa de los derechos humanos

En octubre de 2001, la abogada de derechos humanos Digna Ochoa fue hallada muerta por disparos en su oficina del Distrito Federal. En una nota que dejaron a su lado se advertía a los miembros del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, donde Ochoa había trabajado varios años, que les podría pasar lo mismo. Ochoa había sido objeto de reiteradas amenazas en los últimos años debido a su trabajo en casos de derechos humanos destacados. (Entre las personas que había defendido estaban presuntos guerrilleros encarcelados durante la década de los noventa y los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera García.) En dos ocasiones en 1999, había sido detenida e, en la segunda ocasión, interrogada por atacantes. El gobierno de Zedillo no había realizado una investigación exhaustiva de estos incidentes.

En 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al gobierno mexicano que adoptara medidas especiales para proteger las vidas de Ochoa y de sus colegas. Ochoa contó con protección policial hasta que salió del país para trabajar en Estados Unidos en 2000, pero la protección ya no existió a su regreso a México en abril de 2001. El gobierno de Fox prometió adoptar todas las medidas necesarias para llevar a los responsables ante la justicia.

Además de demostrar una apertura creciente de cara a los observadores internacionales de derechos humanos, el gobierno de Fox estuvo más dispuesto que sus predecesores a consultar a sus críticos dentro del país. En marzo, la oficina de derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores organizó una reunión entre las comisiones que coordinan los programas de derechos humanos de las distintas secretarías del gobierno y toda una serie de organizaciones de derechos humanos. Posteriormente desarrolló una propuesta, basada ampliamente en las recomendaciones de las ONG, para un "Mecanismo de Diálogo" que permitiera a las ONG contribuir al diseño y la implementación de la política de derechos humanos mexicana. Cuando se escribió este informe, no se había implementado la propuesta.

El papel de la comunidad internacional

Las Naciones Unidas

En mayo, el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y magistrados, Param Cumaraswamy, visitó México para evaluar el sistema de administración de justicia. Se reunió con el Fiscal General, los presidentes de la CNDH y de la Suprema Corte de Justicia, y otros altos funcionarios, así como con representantes de las ONG. Informó de que la impunidad seguía siendo un problema grave dentro del sistema de administración de justicia mexicano.

La Organización de los Estados Americanos

En julio, el Presidente de la CIDH, Claudio Grossman, visitó México para evaluar el cumplimiento por parte del nuevo gobierno de las recomendaciones anteriores de la Comisión. Con la colaboración de la oficina de derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la CIDH obtuvo resoluciones amistosas en varios casos pendientes. También publicó dos nuevos informes sobre casos de México y aceptó considerar un nuevo caso.

Estados Unidos

En enero, en su informe anual sobre derechos humanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos criticó la "impunidad generalizada" que "continúa siendo un problema grave dentro de las fuerzas de seguridad" y señaló que los esfuerzos del gobierno por la mejora de la situación de los derechos humanos "continuaron teniendo un éxito limitado." A pesar de estas críticas, en sus relaciones con México, Estados Unidos se concentró menos en una enérgica actuación bilateral para promover los derechos humanos que en asuntos tales como las relaciones económicas, el control de la inmigración y el narcotráfico.

En abril, la Oficina Administrativa Nacional (OAN) de Estados Unidos-uno de los tres organismos nacionales establecidos conforme al acuerdo paralelo de derechos laborales al Tratado de Libre Comercio (TLC) para investigar las denuncias de violaciones a los derechos laborales en los países miembros-publicó un informe en el que confirmó las quejas presentadas por trabajadores de dos fábricas de piezas de automóvil de Tamaulipas por exposición a productos químicos y lesiones provocadas por las malas condiciones ergonómicas. El informe concluyó que el gobierno mexicano había incumplido sus obligaciones contempladas en el acuerdo de derechos laborales paralelo al TLC de garantizar condiciones de trabajo seguras. En concreto, las autoridades mexicanas no habían realizado inspecciones significativas en el lugar de trabajo, respondido a los trabajadores que habían presentado denuncias ante organismos oficiales ni ofrecido una compensación adecuada a los trabajadores con lesiones o enfermedades laborales. La OAN re comendó la celebración de consultas ministeriales entre los gobiernos de Estados Unidos y México para discutir el incumplimiento de obligaciones. Si estas consultas no lograban resolver el asunto, se podría convocar un panel para determinar medidas adecuadas, incluidas las sanciones económicas contra el gobierno mexicano. De conformidad con el acuerdo paralelo sobre derechos laborales, las sanciones económicas solo pueden aplicarse si se determinaba que el gobierno había incumplido persistentemente sus leyes laborales internas en tres áreas: la seguridad y la salud en el trabajo, el trabajo infantil y el salario mínimo.

La mayoría de los veintitrés casos presentados desde la entrada en vigor del TLC estaban relacionados principalmente con el derecho a la libertad de asociación, cuya violación puede llevar, como mucho, a la petición de una consulta intergubernamental por parte de la OAN. En ausencia de un mecanismo de aplicación más eficaz, el acuerdo paralelo sobre derechos laborales tuvo una repercusión limitada sobre los derechos de los trabajadores mexicanos.