Este año se cumplen 25 años desde la entrada en vigor de la prohibición internacional de las minas terrestres antipersona, un logro significativo en el que Human Rights Watch desempeñó un papel crucial, lo que le valió compartir el Premio Nobel de la Paz en 1997 como miembro fundador de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL, por sus siglas en inglés).
Jody Williams, coordinadora de la ICBL, también fue galardonada con el Premio Nobel en 1997 por su contribución en hacer de la prohibición de las minas antipersona una realidad, tal como destacó el Comité del Nobel.
Steve Goose, director de campañas de armas de la División de Crisis, Conflictos y Armas de Human Rights Watch, estuvo en Ottawa, Canadá, para presenciar la firma del Tratado de Prohibición de Minas por parte de 122 países.
Las minas antipersona son dispositivos explosivos que matan y mutilan a la población durante los conflictos y mucho tiempo después de ellos. No discriminan entre soldados y civiles, y representan un peligro constante hasta que son retiradas y destruidas. Las tierras minadas obligan a las personas a huir, dificultando la agricultura y la entrega de ayuda humanitaria.
Desde la Segunda Guerra Mundial, las minas antipersona se han utilizado de manera extensa, generando una crisis humanitaria de gran magnitud. En 1997, cuando se negociaba el tratado, alrededor de 55 países producían minas antipersona, acumulando cientos de millones en reservas. Prohibir un arma tan ampliamente utilizada fue un logro histórico que ha salvado miles de vidas desde entonces.
El tratado prohíbe el uso, producción, almacenamiento y transferencia de minas terrestres antipersona. Además, obliga a los países miembros a destruir sus arsenales, limpiar las zonas minadas y brindar asistencia a las víctimas. Desde que el Tratado para la Prohibición de Minas entró en vigor el 1 de marzo de 1999, más países se han unido, alcanzando un total de 164.
El Tratado para la Prohibición de las Minas no solo fue pionero en la prohibición de un arma de uso generalizado, sino también por la forma única en que se negoció. A diferencia de otros acuerdos que se alcanzan por consenso, los cambios en el texto requerían la aprobación de la mayoría de los países participantes, lo que permitió bloquear los intentos de incluir excepciones en el tratado, como las propuestas por Estados Unidos, que finalmente decidió no firmarlo.
Países gravemente afectados por las minas, como Camboya, Mozambique, Angola y Croacia, desempeñaron un papel de liderazgo en las negociaciones, junto con naciones más pequeñas y medianas, como Austria, Bélgica, Filipinas y Sudáfrica. “No había espacio para compromisos”, explicó Mary Wareham, subdirectora de la División de Crisis, Conflictos y Armas de Human Rights Watch. “Por eso se dice que el multilateralismo es el gran nivelador. Cada país tenía un voto. Luchamos por obtener el tratado más sólido posible, ya que, una vez adoptados, los tratados rara vez se modifican”.
Para Human Rights Watch y otros cofundadores de la ICBL, la lucha comenzó a finales de los años 80, cuando la Guerra Fría llegaba a su fin y comenzaba a reconocerse la magnitud de la devastación causada por el uso de las minas terrestres. En 1986, Human Rights Watch publicó su primer informe sobre el tema, titulado “Minas terrestres en El Salvador y Nicaragua: las víctimas civiles”. Y en 1991, junto con Médicos por los Derechos Humanos, publicó “La guerra de los cobardes: minas terrestres en Camboya”.
Después de trabajar como alto funcionario del Congreso de Estados Unidos, Goose se unió a la División de Armas de Human Rights Watch en 1993, meses después de su creación. Su primer proyecto fue redactar “Minas terrestres: un legado mortal”, un informe que se convirtió en referencia para diplomáticos, funcionarios y activistas en la lucha contra las minas terrestres. Goose pasaría a desempeñar un papel central en las negociaciones del tratado, trabajando junto con Wareham, que entonces estaba en la ICBL. Wareham se unió a Human Rights Watch en 1998 para ayudar a crear el Monitor de Minas Terrestres, una iniciativa de la ICBL para evaluar y monitorear sistemáticamente el cumplimiento de los países con las disposiciones del Tratado de Prohibición de Minas.
Human Rights Watch organizó la reunión inaugural de la campaña en su oficina de Nueva York en octubre de 1992. A esta iniciativa se sumaron la Fundación de Veteranos de Vietnam de Estados Unidos, Handicap International (ahora conocida como Humanity and Inclusion), Medico International, Mines Advisory Group (MAG) y Médicos por los Derechos Humanos, quienes se convirtieron en miembros fundadores de la organización.
Actualmente, la ICBL cuenta con miembros en decenas de países, trabajando en áreas tan diversas como los derechos humanos, la respuesta humanitaria, los derechos de las mujeres y la religión. Los logros alcanzados han sido enormes. Desde la firma del Tratado para la Prohibición de las Minas, el número de países que producen minas terrestres se ha reducido a una docena; las víctimas anuales de minas terrestres han disminuido drásticamente, pasando de más de 25.000 a aproximadamente 5.000 por año; se han destruido más de 55 millones de minas antipersona; y 30 países previamente afectados han completado la limpieza de sus territorios y han sido declarados libres de minas.
Pero a pesar de estos éxitos, persisten desafíos importantes. Human Rights Watch continúa investigando y abogando sobre este tema, colaborando con la ICBL para enfrentar nuevas amenazas.
El informe Monitor de Minas Terrestres 2023 menciona a Myanmar, Siria, Rusia y Ucrania como países clave en el uso reciente de minas antipersona. Las fuerzas rusas han utilizado minas antipersona de manera extensa desde su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, lo que ha provocado un aumento masivo en el número de víctimas por minas terrestres y restos explosivos de guerra. Ucrania se ha adherido al Tratado de Prohibición de Minas, los demás no.
Las fuerzas ucranianas también han empleado minas antipersona, lo que ha provocado daños a la población civil. Human Rights Watch fue la primera organización en documentar que, en 2022, las fuerzas ucranianas habían utilizado minas antipersona lanzadas con cohetes en la ciudad de Izium y sus alrededores, mientras esta se encontraba bajo ocupación rusa. En junio de 2023, se presentaron pruebas adicionales que confirman el uso continuado de minas terrestres por parte de las fuerzas ucranianas.
Durante una reunión del Tratado para la Prohibición de Minas en junio, Ucrania informó que había iniciado una “investigación penal previa al juicio” sobre el uso denunciado de minas antipersona. Representantes ucranianos se reunieron con Goose para detallar las medidas que se estaban implementando en el marco de dicha investigación.
“El caso de Ucrania es especialmente preocupante porque es un Estado parte del Tratado para la Prohibición de Minas y ha asumido el compromiso de no utilizar minas antipersona en ninguna circunstancia”, señaló Wareham.
La Quinta Conferencia de Revisión del Tratado se celebrará a finales de noviembre en Siem Reap, Camboya, un país que ha sido pionero en los esfuerzos por erradicar estas armas devastadoras. La reunión de alto nivel solo se lleva a cabo una vez cada cinco años y será una oportunidad clave para revisar los avances y buscar la adhesión de más países al tratado.
“Es un gran momento para Camboya”, afirmó Wareham. “Se han logrado avances impresionantes en la eliminación de minas alrededor de pueblos y ciudades, y ahora toma horas llegar a las áreas más remotas que están afectadas por minas sin retirar. Camboya quiere aprovechar esta oportunidad para mostrar los progresos que ha realizado”.
La Conferencia de Revisión es una oportunidad crucial para evaluar el avance del Tratado de Prohibición de Minas y buscar formas de convencer a más países para que se unan a la prohibición. Los últimos en sumarse al tratado fueron Sri Lanka y el Estado de Palestina en 2017. Sin embargo, grandes potencias como China, India, Rusia, entre otros, no han mostrado mucho interés en unirse. En junio de 2022, el presidente Joe Biden estableció el objetivo de que Estados Unidos se adhiera al Tratado de Prohibición de Minas y ajustó la política del país para cumplir con la mayoría de las prohibiciones clave del tratado. A pesar de esto, desde entonces ha habido poco progreso hacia la adhesión de EE.UU.
“El objetivo final del tratado es acabar con el sufrimiento y las muertes causadas por las minas antipersona”, señaló Wareham. “El tratado nos ofrece el mejor marco para lograrlo. Si nos mantenemos enfocados en este objetivo y trabajamos junto a nuestros aliados, continuaremos avanzando y reduciendo la terrible cantidad de víctimas que provocan las minas antipersona”.
