Hace más de dos años, el presidente Nayib Bukele anunció una "guerra contra las pandillas" en El Salvador, país asolado por la violencia, y declaró el estado de excepción.
Esto ha dado lugar a un pésimo historial de violaciones de los derechos humanos en el país.
Aunque, según cifras oficiales, la tasa de homicidios, elevada desde hacía mucho tiempo, ha descendido drásticamente, las detenciones masivas y plagadas de abusos apenas han servido para hacer justicia a las víctimas de la violencia de las pandillas.
Por el contrario, la represión ha desbordado el ya frágil sistema judicial salvadoreño. Actualmente, unas 76.000 personas -el 1% de toda la población- están detenidas, y los niños y niñas están pagando el precio.
Desde marzo de 2022, la policía y el ejército han detenido a 2.900 niños y niñas. Y la cosa empeora...
Un nuevo informe documenta las violaciones de los derechos de los niños y niñas detenidos, incluidas torturas y otras formas de malos tratos, como condiciones inhumanas e insalubres, así como falta de alimentos, atención sanitaria y contacto con la familia.
Los niños y niñas son realmente víctimas por partida doble en esta situación:
En primer lugar, muchos de ellos proceden de entornos de pobreza generalizada, con la violencia como presencia constante. Esto los convierte en presa fácil de las bandas que abusan de ellos e intentan reclutarlos.
En segundo lugar, las fuerzas de seguridad los estigmatizan como delincuentes, los detienen y los maltratan.
Más de 1.100 menores han sido condenados, principalmente por cargos de pertenencia a pandillas, la llamada “asociación ilícita” -que se define de forma extremadamente amplia-, y condenados a penas severas de entre 10 y 20 años de prisión.
Las condenas también se basaron a menudo en declaraciones no corroboradas de la policía. Además, las autoridades coaccionaron a los menores para que confesaran falsamente sus delitos mediante una combinación de acuerdos abusivos y, en ocasiones, tortura.
El gobierno de Bukele ha presentado repetidamente la seguridad como un intercambio justo por los derechos humanos.
Pero los salvadoreños no deberían verse obligados a elegir entre vivir con miedo a las pandillas o a las fuerzas de seguridad.
Y los niños y niñas, ya sea a manos de las pandillas o de las fuerzas de seguridad, no deberían ser los más perjudicados por este intercambio injusto.
