Imagínate lo siguiente. Acabas de salir de la cárcel. Por cierto, no has hecho nada malo para llegar hasta allí, simplemente has protestado pacíficamente contra las autoridades, pero te han encerrado de todos modos. Ahora sales de la cárcel, por fin libre.
Es hora de poner tu vida en orden. Una de las primeras cosas que necesitas es dinero, así que vas a un cajero automático. Tu tarjeta no funciona. Cuando vas al banco a ver qué pasa, te dicen que te han bloqueado la cuenta. Así es como te enteras de que estás en la "Lista de financiación del terrorismo" del gobierno.
Creías que por fin eras libre, pero resulta que no. En realidad, no.
Puedes estar en público, pero no puedes interactuar con gran parte de él. Estás condenado al exilio financiero, excluido de la economía moderna. Se te prohíbe utilizar tarjetas de crédito y débito.
En teoría, se te permite tener un trabajo, pero ¿qué empleador va a querer contratar a alguien que está en una lista negra del gobierno, sobre todo porque tendría que hacer arreglos especiales para pagarte?
Cuando te condenaron -de nuevo, por el no delito de protestar pacíficamente- no había nada en la sentencia sobre estas restricciones. Y cuando intentas averiguar más, te dan largas. A veces, los funcionarios dicen que ni siquiera saben de qué trata la lista.
Esta es la cara kafkiana de Kazajistán: represión sin fundamento. La burocracia estatal castiga a activistas pacíficos de la oposición, críticos con el gobierno y otras personas con restricciones injustificadas, poco claras y sin previo aviso. Los perseguidos políticos quedan aislados económicamente.
Una cuestión fundamental es que la ley no distingue entre extremismo violento y no violento. Por tanto, las autoridades kazajas pueden utilizar indebidamente la legislación sobre extremismo y terrorismo para perseguir a disidentes pacíficos y a otras personas. Esto viola el derecho internacional de los derechos humanos.
Incluso las personas que no han participado en actos violentos, instigado o financiado tales actos quedan automáticamente sujetas a las restricciones económicas aquí descritas. Esto interfiere en los derechos económicos y sociales de las personas.
El gobierno tiene que centrarse más. Debe cambiar la ley para que no se haga un uso indebido de la legislación relacionada con el extremismo y el terrorismo, incluso contra los críticos pacíficos. También debe eliminar de la lista a las personas condenadas por delitos no violentos.
Algunas preguntas que podrían hacer los socios internacionales de Kazajstán también ayudarían en este sentido. Al gobierno de Kazajistán le importa su reputación mundial, y las pesadillas kafkianas no dan buena imagen.
