Actualización sobre la situación de la situación de los derechos humanos en la Federación Rusa y la necesidad de un Relator

En los últimos años, las autoridades rusas han intensificado sus esfuerzos para reprimir los derechos humanos y restringir el espacio cívico, buscando transformar el panorama político y social del país. Han aprobado leyes que socavan las libertades cívicas, desmantelado organizaciones independientes e imponen una narrativas oficiales sobre la historia, los valores públicos y las políticas. También han intentado aislar a Rusia de las críticas al gobierno, persiguiendo implacablemente a quienes disienten pacíficamente a través de causas administrativas y penales infundadas. Tanto antes como después de la invasión a gran escala de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, el gobierno ruso introdujo una serie de leyes draconianas que criminalizan las críticas y la información independiente sobre la guerra, además de ampliar las definiciones de “agentes extranjeros” y “organizaciones indeseables” con el objetivo de eliminar la sociedad civil y la libertad de expresión.

En octubre de 2022, el Consejo de Derechos Humanos reaccionó estableciendo el mandato del Relator Especial sobre Rusia, expresando su grave preocupación por “la represión sistemática de las organizaciones de la sociedad civil”, “las detenciones arbitrarias masivas denunciadas”, “el deterioro del Estado de derecho” y “el cierre forzoso de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes”. Desde la creación del mandato del Relator Especial, la campaña represiva de las autoridades se ha intensificado, lo que ha provocado numerosas declaraciones de preocupación por parte del Alto Comisionado de la ONU y de los mecanismos de Procedimientos Especiales.

La situación de los derechos humanos en Rusia: una crisis cada vez más grave

Represión de toda oposición política

• Desde hace tiempo, las autoridades rusas han eliminado cualquier vestigio de competencia política genuina, utilizando una serie de medidas para hostigar y perseguir a la oposición.  Han utilizado leyes contra el extremismo, vagas y ambiguas, para prohibir organizaciones e incluso símbolos asociados con el líder opositor ruso Alexei Navalny, cuya muerte en prisión en febrero de 2024 se atribuye al Kremlin. Además, han penalizado la participación en estas organizaciones o la exhibición de sus símbolos. Poco después, la Iglesia Ortodoxa Rusa suspendió al sacerdote que ofició el funeral de Navalny y la ceremonia de conmemoración de los 40 días.
• Las autoridades también prohibieron la participación en las elecciones a personas designadas como “agentes extranjeros” y mantuvieron los estigmatizantes requisitos de etiquetado para quienes estuvieran, aunque fuera de manera vaga, “afiliados” a ellas.
• Los tribunales han condenado a muchos simpatizantes de la oposición a largas penas de prisión por sus discursos contra la guerra y sus protestas pacíficas.
• Las autoridades impidieron que los dos únicos candidatos verdaderamente independientes participaran en las elecciones presidenciales de marzo de 2024, y a uno de ellos lo designaron como “agente extranjero” dos meses después de los comicios.
• Al menos 30 personas enfrentan cargos penales o están cumpliendo penas de prisión, principalmente por cargos de extremismo, debido a su vinculación con las organizaciones de Navalny.
• El 1 de agosto, Rusia liberó a 15 personas en un histórico intercambio de prisioneros, aunque el hecho de que estos presos nunca debieron haber estado encarcelados muestra que fueron utilizados como rehenes para ejercer presión por parte del gobierno. Entre los liberados se encontraban activistas rusos cuyo encarcelamiento por motivos políticos había sido condenado por los mecanismos especiales de derechos humanos de la ONU. Sin embargo, muchos más siguen en prisión por razones políticas. Hasta agosto de 2024, el proyecto de presos políticos de Memorial registraba 776 presos políticos en Rusia.

Persecución de las manifestaciones en contra de la guerra

• En 2024, el número de cargos administrativos presentados por criticar la guerra de Rusia contra Ucrania superó los 10.000. 522 personas han sido procesadas penalmente con acusaciones falsas de “difusión de información falsa” o “desacreditación” de las fuerzas armadas rusas. Desde octubre de 2023, 146 han sido condenadas, y 120 siguen encarceladas por estos cargos.
  • En febrero se dictó una condena emblemática contra Oleg Orlov, uno de los principales defensores de los derechos humanos de Rusia. Fue condenado a dos años y medio de prisión, pero fue liberado en el intercambio de prisioneros del 1 de agosto.
• En Rusia, los activistas de derechos humanos y quienes se oponen a la guerra enfrentan detenciones, procesos penales y administrativos, tortura y otros malos tratos durante la detención, además de intimidación y violencia extrema. En marzo de 2024, la policía arrestó a la observadora electoral Vera Indienko por tener un símbolo contra la guerra en su foto de perfil en una red social. Según su testimonio, los agentes le pusieron una bolsa en la cabeza y la golpearon. En abril, el compañero de celda del bloguero Sergei Veselov, quien se encuentra en prisión preventiva acusado, entre otros cargos, de criticar la guerra de Rusia, lo agredió y le arrojó agua hirviendo. También en abril, unos desconocidos atacaron a Stanislav Netesov y le arrancaron un diente. Cuando fue a la policía a denunciar la agresión, lo acusaron de desacreditar al ejército por llevar el pelo teñido de azul, amarillo y verde.

Desmantelamiento continuo de la sociedad civil

• Las autoridades han aprobado nuevas leyes que se suman al ya amplio repertorio de legislación represiva en Rusia, endureciendo aún más las normativas existentes. Estas leyes se enfocan en:
  • Agentes extranjeros.
    • El Estado puede designar como “agente extranjero” a cualquier persona o entidad si lo consideran “bajo influencia extranjera”. Las sanciones por no cumplir con las disposiciones de registro, notificación y etiquetado se han endurecido, y ahora incluyen multas, penas de prisión e incluso la revocación de la ciudadanía para quienes hayan sido naturalizados. Las enmiendas aprobadas en 2022 y 2023 excluyen a los llamados “agentes extranjeros” de ocupar cargos en la administración pública, la educación y otros puestos oficiales.
    • Una ley de marzo de 2024 prohíbe la publicación de anuncios en medios de comunicación clasificados como “agentes extranjeros”, así como la publicidad en sus sitios web o redes sociales.
  • Indeseables. Una ley de agosto de 2024 amplió la definición de “indeseables”, permitiendo a las autoridades designar como tales a cualquier organización extranjera o internacional, y no solo a las ONG.
  • Nuevas penas para la disidencia.
    • Una ley de febrero de 2024 permite a las autoridades confiscar los bienes de personas condenadas por diversos delitos, entre ellos la difusión de “noticias falsas” sobre el ejército ruso, y endurece las penas por llamados públicos que puedan considerarse amenazas a la seguridad de Rusia. Esta medida parece destinada a castigar a los críticos exiliados y a sus familiares que permanecen en el país.
    • La condena a seis años de prisión impuesta en julio de 2024 a la directora teatral Evgeniya Berkovich y a la dramaturga Svetlana Petriychuk por una obra galardonada, por bajo la “justificación del terrorismo”, es un ejemplo de cómo las autoridades rusas están distorsionando la ley para castigar a personas que no han cometido ningún delito.
• Bajo la draconiana ley rusa de “indeseables”, 188 medios de comunicación, grupos de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos han sido incluidos en el registro de “indeseables”, 74 de ellos después de octubre de 2023. Las autoridades han bloqueado los sitios web de muchos de estos grupos, como Article 19, Freedom House, Radio Free Europe/Radio Liberty, Moscow Times, Feminist Anti-War Resistance, Boris Nemtsov Foundation for Freedom, Konrad Adenauer Foundation y Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien.
• En los últimos meses, al menos dos personas han sido condenadas por cargos penales relacionados con su participación en organizaciones “indeseables”, y se han abierto al menos siete nuevos casos. Entre ellos se encuentra el de Grigory Melkonyants, quien permanece en prisión preventiva acusado de dirigir Golos, un destacado grupo ruso de observación electoral, que las autoridades equiparan a la Red Europea de Organizaciones de Supervisión Electoral, calificada de “indeseable”.
• Desde octubre de 2023, 155 personas físicas o jurídicas han sido designadas como “agentes extranjeros”, de las cuales dos han sido eliminadas posteriormente del registro, elevando el total a 633. (Desde la creación del registro en 2014, otras 216 personas y entidades han sido eliminadas). “Help Needed”, una destacada fundación benéfica designada como “agente extranjero” en enero de 2024, anunció su cierre debido a esta designación.
• En junio de 2024, Roskomnadzor, la agencia rusa de supervisión de medios y comunicaciones, declaró que había remitido a 45 personas para su procesamiento penal por no cumplir con los requisitos de etiquetado de la ley sobre “agentes extranjeros”, y que ya se habían iniciado 25 causas penales. Entre los acusados se encuentran los coordinadores de Golos, Sergei Piskunov, Artyom Vazhenkov y Vladimir Zhilinskiy, y Denis Kamaliagin, redactor jefe de un periódico local.
• Las autoridades rusas han continuado persiguiendo a activistas que han huido del país, condenándolos en ausencia por cargos de censura de guerra, extremismo y otros delitos de motivación política.  Además, han intentado utilizar acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación jurídica internacional para forzar el retorno de estos activistas a Rusia, donde enfrentarían procesos penales por su oposición pacífica al Kremlin y a la guerra en Ucrania.

Persecución de las personas LGBT+

• En diciembre de 2023, el Tribunal Supremo de Rusia declaró ilegal al “Movimiento Internacional LGBT” al considerarlo una “organización extremista”. Como resultado de esta sentencia, las autoridades impusieron sanciones administrativas a al menos 27 personas por mostrar símbolos LGBT, como la bandera arcoíris, que consideran “extremistas”.
• En marzo de 2024, las autoridades de Oremburgo acusaron a tres empleados de un bar que ofrecía espectáculos de drag, bajo el cargo de “organizar” actividades del movimiento LGBT, basándose en la sentencia del Tribunal Supremo. Los empleados enfrentan penas de entre seis y diez años de prisión por cargos infundados.
• Las personas LGBT+ de Chechenia están amenazadas de cargos cargos penales falsos, son secuestradas en otras partes de Rusia y forzadas a regresar a Chechenia, además son objeto de desapariciones forzadas, tortura y otros formas de violencia.

El derecho a la privacidad – Expansión de la vigilancia estatal

• Durante el último año, las autoridades rusas han continuado centralizando la recolección de datos personales de sus ciudadanos, ampliando la lista de sitios web que están obligados a recopilar, almacenar y compartir la información de sus usuarios con las fuerzas de seguridad cuando éstas lo soliciten. Esto incluye servicios en línea como la compra de billetes de avión, la reserva de hoteles, el pedido de taxis y otras actividades en línea.
• Las autoridades también han continuado recabando datos biométricos, obligando a los bancos a transferir la información de sus clientes al Estado, a menos que los clientes retiren activamente su consentimiento.
• Ya se ha demostrado que los datos personales sensibles recopilados por las autoridades rusas, incluidos los de menores, son susceptibles de corrupción y las filtraciones.

La libertad de expresión y el acceso a la información en línea

• A lo largo del último año, las autoridades rusas han aumentado las multas y bloqueos, parciales o totales, a empresas tecnológicas tanto rusas como extranjeras, por no cumplir con la estricta legislación nacional sobre censura en Internet, localización de datos y divulgación de información de sus usuarios. Solo en julio y agosto de 2024, anunciaron el bloqueo de WhatsApp, Signal y YouTube. También continuaron bloqueando redes privadas virtuales (VPN) que permiten a los usuarios de Rusia evadir la censura en Internet.
• Las autoridades modificaron la legislación para exigir el anonimato y prohibir la publicidad en canales de redes sociales con más de 10.000 seguidores que no estuvieran registrados ante las autoridades.
• Las autoridades continuaron ampliando su control sobre la infraestructura física de Internet en Rusia, supervisando a las empresas que ofrecen servicios de Internet y aumentando la tecnología que permite al Estado redirigir, bloquear y filtrar de manera independiente el tráfico en la red.

El papel del Relator Especial sobre Rusia sigue siendo desesperadamente necesario

A medida que la crisis de derechos humanos en Rusia se agrava, renovar el mandato del Relator Especial sobre Rusia permitiría que las graves violaciones de derechos humanos sean expuestas y abordadas de manera integral y sistemática, en colaboración con las autoridades rusas, el sistema de la ONU, y con los defensores de derechos humanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil.

El mandato del Relator Especial mantendría abierto un canal vital para los defensores de derechos humanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil rusos dentro de la estructura de derechos humanos de la ONU. La sociedad civil rusa se encuentra cada vez más aislada de la comunidad internacional y, tras la salida de Rusia del Consejo de Europa, los ciudadanos rusos están perdiendo importantes vías de apoyo y acceso a la justicia.

Este mandato ofrece una voz experta y autorizada a nivel internacional, que puede representar a quienes en Rusia enfrentan intimidación, acoso y severos castigos por su labor en defensa de los derechos humanos, quedando aislados y vulnerables frente a una autocracia cada vez más férrea.

La renovación del mandato por parte del Consejo de Derechos Humanos enviaría un mensaje claro a las autoridades rusas de que la comunidad internacional sigue comprometida y vigilante, no solo respecto a los crímenes de guerra de Rusia en Ucrania, sino también en relación con la crisis de derechos humanos dentro del país.

Es fundamental que los defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas, ya sea en Rusia o en el exilio, tengan acceso a una vía de apoyo y compromiso en su valiente lucha contra las graves violaciones de derechos humanos que se cometen tanto en su país como en el extranjero. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe enviar un mensaje claro a la sociedad civil rusa, asegurando que sus llamados a un escrutinio internacional de los derechos humanos continúan siendo escuchados.