Por primera vez desde que los talibanes tomaron el poder en 2021, el gobierno alemán deportó a 28 personas a Afganistán en el primer vuelo de la semana pasada.
Como Human Rights Watch y otras organizaciones han documentado ampliamente, la situación de los derechos humanos en Afganistán es catastrófica.
Pero el Ministerio Federal del Interior alemán, que organizó las deportaciones, parece estar haciéndose de la vista gorda ante la crisis. "Los ciudadanos afganos, todos ellos delincuentes convictos, no tenían derecho a permanecer en Alemania", declaró un portavoz del gobierno.
Estas personas están siendo devueltas al Afganistán de los talibanes, conocido por sus atroces violaciones de los derechos humanos, un país donde se flagela públicamente a la gente y las mujeres están en gran medida excluidas de la vida pública.
La situación es tan grave que la ONU ha declarado que no se debe devolver a nadie a Afganistán.
Las expulsiones se produjeron una semana después de que un sirio confesara un ataque mortal con cuchillo en Solingen y pocos días antes de las elecciones estatales del pasado domingo en Turingia y Sajonia. El hombre estaba pendiente de expulsión tras ser rechazada su solicitud de asilo.
Ambos factores combinados desencadenaron un acalorado debate político sobre las normas de asilo y deportación en el país. El racismo declarado que quedó al descubierto en esas conversaciones, que favorece a la extrema derecha, es muy preocupante.
Ante el aumento de los discursos de odio y los ataques a personas racializadas, incluidos los migrantes, el canciller Scholz prometió, aún así, aplicar políticas migratorias más estrictas e intensificar las expulsiones, incluso a Siria y Afganistán. Con el operativo de deportación del pasado viernes, el gobierno cumplió sus promesas.
La oposición ha hecho comentarios similares. El líder del grupo parlamentario de la CDU, Friedrich Merz, habló de "emergencia nacional" y pidió una prohibición general de la admisión de personas procedentes de Afganistán y Siria.
Hoy, el comisario federal de Migración, Joachim Stamp, ha hablado incluso de la posibilidad de deportar a los migrantes a Ruanda.
Ya debería estar claro -también para el Gobierno alemán- que abandonar valores fundamentales para obtener posibles beneficios políticos a corto plazo no es una estrategia ganadora ni defendible.
Además, el principio democrático del Estado de derecho debe significar también el respeto del derecho internacional.
En Afganistán se producen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Nadie está seguro allí.
Nadie, independientemente de los delitos que haya cometido, debe ser deportado a un lugar donde corre el riesgo de sufrir graves violaciones de los derechos humanos. El gobierno alemán debería saberlo.
