La represión en el período previo a las recientes elecciones presidenciales en Venezuela fue severa, y no ha hecho más que empeorar desde entonces.
De hecho, las acciones de las autoridades tras la votación del 28 de julio se asemejan más bien a una lista de tareas sobre cómo robar unas elecciones, o intentarlo.
En primer lugar, declararse vencedor.
Apenas unas horas después del cierre de las urnas, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció que Nicolás Maduro había ganado con más del 51% de los votos. Se dieron pocos detalles reales, si es que se dio alguno. El Consejo aún no ha hecho públicas las actas electorales, ni ha llevado a cabo las auditorías y los procesos de verificación ciudadana que exige la ley.
En segundo lugar, desata una represión masiva contra quienes cuestionan la victoria declarada.
Miles de personas han salido a la calle, en protestas mayoritariamente pacíficas, para exigir un recuento justo de los votos. En respuesta, las autoridades y los grupos armados progubernamentales conocidos como "colectivos" han cometido abusos generalizados contra los derechos humanos de los críticos. Esto incluye acoso, detenciones, procesamientos y homicidios.
La resistencia y la represión se han dejado sentir especialmente en zonas de bajos ingresos tradicionalmente partidarias del chavismo de Maduro y su predecesor, Hugo Chávez.
Las propias autoridades venezolanas afirman haber detenido a más de 2.400 personas en relación con las protestas. El grupo de derechos Foro Penal ha registrado más de 1.580 "presos políticos" detenidos desde el 29 de julio, entre ellos 114 niños.
Y la represión continúa. Esta misma semana, un juez dictó una orden de detención contra el candidato opositor Edmundo González por "conspiración", "incitación a la desobediencia" y otros presuntos delitos.
En tercer lugar, ignora las preocupaciones internacionales.
El Equipo Técnico Electoral de la ONU y el Centro Carter, que observaron las elecciones, afirmaron que el proceso carecía de transparencia e integridad. Pusieron en duda el resultado declarado y afirmaron que las actas de recuento de los distritos electorales que la oposición había hecho públicas eran fiables. El Centro Carter señaló que esas cifras mostraban que González probablemente había ganado las elecciones por un margen significativo.
Los gobiernos de Colombia, Brasil y México han hecho un llamamiento al diálogo con el gobierno venezolano. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha aprobado una resolución en la que insta a las autoridades venezolanas a publicar las actas de escrutinio. También insta a las autoridades a respetar los derechos humanos.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, que investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ha declarado que su oficina sigue de cerca la situación.
Hasta ahora, sin embargo, parece que el gobierno de Maduro está desestimando las inquietudes internacionales con la misma obstinación con la que rechaza los votos de los venezolanos y reprime brutalmente las voces de los venezolanos.
