La COP29, la 29ª Conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, reunirá a los Estados miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, junto a miles de expertos, periodistas, activistas climáticos y representantes de empresas y organizaciones no gubernamentales. La conferencia se celebrará del 11 al 22 de noviembre de 2024 en Bakú, Azerbaiyán.
Este evento tendrá lugar en un contexto marcado por el preocupante historial de Azerbaiyán en materia de derechos humanos. Es crucial asegurar una participación amplia de la sociedad civil y promover un debate abierto, sin temor a represalias, para que los gobiernos cumplan con sus compromisos de abordar el cambio climático y se obtengan resultados satisfactorios en la conferencia. No obstante, la actitud hostil del gobierno azerbaiyano hacia el activismo cívico independiente genera preocupación respecto de la posibilidad de que los miembros de la sociedad civil, activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas puedan participar de manera significativa en la COP29.
A continuación se presentan una serie de preguntas y respuestas sobre las implicaciones de la COP29 en cuanto a los derechos humanos, y los desafíos relacionados con la celebración de esta conferencia en un país con un historial de represión y una fuerte dependencia de los combustibles fósiles, principales contribuyentes al cambio climático.
- ¿Por qué la crisis climática es también una crisis de derechos humanos?
- ¿Qué está en juego para los derechos humanos en la COP29?
- ¿Por qué los planes de Azerbaiyán de ampliar la producción de combustibles fósiles son incompatibles con los objetivos del Acuerdo de París?
- ¿Por qué es esencial una perspectiva de derechos humanos para determinar cómo financiar los esfuerzos para hacer frente al cambio climático en la COP29?
- ¿Cuáles son las preocupaciones en materia de derechos humanos de Azerbaiyán como anfitrión de la COP29?
- ¿Cuál es el impacto de la crisis de derechos humanos en Azerbaiyán sobre los grupos ambientalistas?
- ¿Por qué es esencial una participación significativa de la sociedad civil y de los pueblos indígenas para que la COP29 tenga éxito?
- ¿Han restringido las anteriores cumbres del clima la participación de la sociedad civil?
- ¿Qué debería hacer el gobierno de Azerbaiyán para permitir una participación plena y significativa en la COP29?
- ¿Qué deberían hacer los Estados que forman parte del Marco de las Naciones Unidas para presionar a Azerbaiyán para que ponga fin a las violaciones de los derechos humanos?
1. ¿Por qué la crisis climática es también una crisis de derechos humanos crisis?
El derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano reconocido globalmente. La crisis climática también tiene un impacto en muchos otros derechos humanos, como el derecho a la vida, a la vivienda, a la alimentación y al agua.
El aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre, causado principalmente por la quema de combustibles fósiles, atrapa el calor y provoca consecuencias profundas. En muchos países, la población ya está sufriendo estos efectos, y la velocidad y la magnitud de los mismos aumentarán de manera exponencial e impredecible en el futuro cercano.
Unos 3.500 millones de personas viven actualmente en lugares y situaciones extremadamente vulnerables al cambio climático, según ha advertido el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Para el año 2050, se prevé que más de mil millones de personas que habitan en pequeñas islas y en comunidades costeras de baja altitud estarán en riesgo debido a la subida del nivel del mar y las condiciones meteorológicas extremas.
El cambio climático también exacerba las desigualdades sociales y económicas ya existentes. Las personas con interseccionalidad de identidad y en situación de vulnerabilidad enfrentan un riesgo aún mayor de morir, caer en la pobreza o perder recursos esenciales debido al cambio climático. Entre los grupos más afectados se encuentran las personas con bajos ingresos; las personas negras, indígenas y de otras comunidades racializadas; las personas mayores; las personas con discapacidad; las personas LGBT; las mujeres embarazadas y otras personas gestantes; los niños y los trabajadores migrantes.
La producción y el uso de combustibles fósiles han generado una contaminación atmosférica generalizada, lo que perjudica la salud humana y provoca un aumento en las temperaturas globales. La quema de combustibles fósiles es la principal causa de la crisis climática, siendo responsable de más del 80% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono.
En la COP28 de 2023, el documento final clave (llamado Balance Mundial) instó a los países a “transitar hacia el abandono de los combustibles fósiles”, pero no logró comprometer a los gobiernos a eliminarlos progresivamente dentro de un calendario claro.
Si bien fue la primera vez en más de 30 años de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que los países adoptaron una decisión clave mencionando explícitamente los “combustibles fósiles”, el compromiso fue insuficiente para contener el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados y evitar los peores efectos de la crisis climática. Desde la COP28, ha habido pocos avances en este compromiso.
De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, los proyectos de combustibles fósiles actuales ya exceden lo que el clima puede soportar para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Sin embargo, los gobiernos siguen aprobando –y subvencionando— la construcción de infraestructuras de combustibles fósiles, además de regular de manera insuficiente las operaciones existentes.
La Presidencia azerbaiyana de la COP29 ha compartido su visión de mantener la conferencia alineada con los objetivos del Acuerdo de París, limitando el calentamiento global a 1,5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. Aunque la Presidencia ha insistido en la necesidad de que todos los países “se esfuercen por alcanzar la mayor ambición posible, en consonancia con el Acuerdo de París y basados en el Balance Mundial”, no ha solicitado explícitamente que los países abandonen los combustibles fósiles.
Para cumplir con su obligación en materia de derechos humanos de abordar el cambio climático, los gobiernos presentes en la COP de este año deben asegurar una transición justa y equitativa de los combustibles fósiles hacia las energías renovables. Esto incluye implementar el compromiso de “abandonar los combustibles fósiles” de manera equitativa, dentro de un plazo definido, y con respeto a los derechos humanos en sus planes climáticos nacionales.
Aunque las medidas urgentes que tomen los gobiernos para reducir las emisiones aún podrían evitar los peores efectos del cambio climático, incluso con los niveles actuales de gases de efecto invernadero en la atmósfera, las temperaturas seguirán aumentando y los impactos climáticos se intensificarán y volverán más frecuentes. Los efectos de fenómenos extremos, como tormentas tropicales, y otros cambios más graduales, como la subida del nivel del mar, ya están haciendo inhabitables algunas zonas del mundo.
La reubicación planificada de comunidades enteras desde áreas inhabitables ya está en marcha y se espera que se incremente. No obstante, existen pocas o ninguna protección para las comunidades que se ven obligadas a reubicarse debido al cambio climático, una situación que debería considerarse como una “medida de último recurso” una vez agotados todos los esfuerzos de adaptación.
Es fundamental que los enfoques de reubicación planificada respeten los derechos humanos, para garantizar que las comunidades puedan realizar estos cambios en sus propios términos y accedan a medios de vida, vivienda, educación y atención sanitaria iguales o mejores que los que tenían anteriormente.
Las personas con discapacidad también enfrentan efectos desproporcionados de los fenómenos meteorológicos extremos, incluidos graves riesgos para su salud e incluso la muerte. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos no están cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos al no incluir los derechos de las personas con discapacidad en sus planes de adaptación al cambio climático. En conferencias anteriores de la COP, activistas con discapacidad han destacado la falta de accesibilidad, incluida la insuficiencia de información accesible de los borradores de los textos de las negociaciones.
Los derechos de las mujeres, incluido el acceso equitativo a derechos sexuales y reproductivos de calidad, están bajo ataque en muchas partes del mundo. La gestación es una etapa de la vida en la que las personas embarazadas son especialmente vulnerables a los daños medioambientales. La exposición a calor extremo e incendios forestales, por ejemplo, se asocia con peores resultados en la salud materna y neonatal. Las comunidades donde el acceso a atención sanitaria materna y neonatal ya es inadecuado son las más expuestas a los daños del cambio climático, que agrava aún más la injusticia de una atención sanitaria deficiente.
- ¿Por qué los planes de Azerbaiyán para ampliar la producción de combustibles fósiles son incompatibles con los objetivos del Acuerdo de París?
Existe un consenso global cada vez mayor, respaldado incluso por la Agencia Internacional de la Energía y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en que para que los países cumplan con los objetivos climáticos mundiales, no debe haber nuevos proyectos de petróleo, gas o carbón.
A pesar de que Azerbaiyán ha realizado inversiones recientes en energías renovables, su industria petrolera y gasífera sigue representando más de la mitad de los ingresos del gobierno. Durante una reunión de alto nivel celebrada en abril de 2024 como preparación para la COP29, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, declaró que las reservas de petróleo y gas del país eran “un regalo de Dios”, insinuando que Azerbaiyán tiene el derecho de ampliar su producción de petróleo y gas justo cuando se está instando a todos los países a eliminar progresivamente la producción y el uso de combustibles fósiles. Aliyev también anunció planes para expandir la producción de gas, principalmente como respuesta a la demanda del mercado de la Unión Europea. La UE es uno de los principales importadores de gas azerbaiyano, y en 2022 firmó un acuerdo para duplicar sus importaciones de gas procedentes de Azerbaiyán de aquí a 2027. Durante la misma reunión, Aliyev afirmó que Azerbaiyán “defenderá el derecho” de otras naciones ricas en combustibles fósiles a “continuar con las inversiones y la producción, porque el mundo lo necesita”.
Los gobiernos presentes en la COP29 deben resistir los intentos del gobierno azerbaiyano de utilizar su posición como anfitrión para promover la expansión de los combustibles fósiles, lo que socavaría los esfuerzos para abordar la crisis climática y proteger los derechos humanos.
- ¿Por qué es esencial una perspectiva de derechos humanos para determinar cómo financiar los esfuerzos para abordar el cambio climático en la COP29?
Se espera que en la COP29 los gobiernos fijen un nuevo objetivo mundial de financiación de la lucha contra el cambio climático para apoyar las necesidades de los países en desarrollo en sus esfuerzos de mitigación y adaptación. El costo es asombroso y, como ha señalado el Banco Mundial, las necesidades de financiación climática son mayores, en porcentaje del PIB, en los países que menos han contribuido al calentamiento global.
La legislación internacional sobre derechos humanos ofrece un marco fundamental para alcanzar estos objetivos de financiamiento. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales compromete a los gobiernos a la cooperación y asistencia internacionales para garantizar que todos los países puedan cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, lo que incluye el derecho a un medio ambiente sano, así como muchos otros derechos afectados por el cambio climático, como la salud, la vivienda, el agua y el saneamiento.
Los derechos humanos también se aplican a los aspectos procedimentales del financiamiento, que requieren un proceso transparente, responsable y participativo. Las medidas de financiamiento relacionadas con el cambio climático también deben incluir salvaguardias que garanticen el respeto de los principios de derechos humanos, como el consentimiento informado y la consulta a todos los grupos implicados.
Igualmente importante es que un marco de derechos humanos subraye la necesidad de una transición justa hacia economías ambientalmente sostenibles. Cuando los Estados negocien nuevos objetivos financieros, deben comprometerse a poner fin a todas las formas de apoyo, incluidas las subvenciones y la financiación internacional, a la explotación del petróleo, el gas y el carbón para reducir rápidamente las emisiones y limitar los efectos del cambio climático. Al mismo tiempo, deben introducir medidas adecuadas para garantizar que los aumentos de precios asociados no menoscaben los derechos económicos, sociales y culturales de las personas.
- ¿Cuáles son las preocupaciones en materia de derechos humanos de Azerbaiyán como anfitrión de la COP29?
La represión de la libertad de expresión y de reunión pacífica por parte del gobierno azerbaiyano genera gran inquietud sobre si los miembros independientes de la sociedad civil, activistas, personas defensoras de los derechos humanos y periodistas que asistan a la COP29 podrán participar de manera significativa durante la conferencia.
Las autoridades azerbaiyanas tienen un extenso historial de represión contra la libertad de expresión y con frecuencia, una rápida y brutal dispersión de protestas pacíficas, sumado al empleo de leyes abusivas para paralizar a las organizaciones no gubernamentales independientes. Durante años, las autoridades han tomado represalias contra quienes critican al gobierno, especialmente aquellos que denuncian la corrupción y las violaciones de derechos humanos, encarcelándolos. Los críticos que abordan temas políticamente sensibles corren mayores riesgos.
En el último año, la represión de las voces independientes ha resultado en la detención o condena de al menos 31 periodistas, activistas de la sociedad civil y académicos por cargos penales falsos. Casi todos permanecen en prisión preventiva.
A pesar de algunos logros importantes obtenidos por un pequeño grupo de activistas medioambientales en Azerbaiyán, deben actuar con cautela. La represión que las autoridades han ejercido durante décadas contra activistas independientes que abordan temas que consideran “delicados” plantea el temor de que ciertas formas de activismo medioambiental se vean gravemente restringidas durante la COP29.
En junio de 2023, activistas de base preocupados por cuestiones medioambientales enfrentaron directamente la represión gubernamental. Habitantes de Soyudlu, una localidad en el oeste de Azerbaiyán, protestaron contra los residuos tóxicos de una mina de oro y el proyecto de construir un lago de residuos. La policía antidisturbios disolvió violentamente la protesta pacífica, hiriendo a decenas de personas. La policía restringió el acceso al pueblo durante semanas, expulsó a periodistas y confiscó sus teléfonos. Ocho aldeanos fueron condenados por cargos administrativos por participar en las protestas.
En abril, las autoridades azerbaiyanas detuvieron a Anar Mammadli, un veterano defensor de los derechos humanos, por falsos cargos de “contrabando”, solo dos meses después de haber creado la iniciativa Climate of Justice, que busca defender las libertades cívicas y la justicia medioambiental en Azerbaiyán de cara a la COP29.
En junio de 2023, en otro caso de enjuiciamiento injusto, las autoridades detuvieron al reconocido académico, economista y activista Gubad Ibadoghlu, quien denunciaba la corrupción en la industria de los combustibles fósiles en Azerbaiyán y reclamaba transparencia en los ingresos. Ibadoghlu, de 53 años, ha pasado la mayor parte del tiempo en el exilio desde 2015, tras el cierre forzoso del grupo de investigación económica que fundó. En 2023, pocas semanas después de viajar al país para visitar a su madre enferma, la policía lo detuvo bajo acusaciones falsas de falsificación y extremismo, y lo mantuvo en prisión preventiva durante nueve meses, período en el que su salud se deterioró gravemente sin recibir atención médica adecuada. En abril, fue liberado bajo arresto domiciliario y actualmente está a la espera de juicio, enfrentando una pena de hasta 17 años de prisión.
En estas circunstancias, es difícil imaginar que los grupos ecologistas o periodistas azerbaiyanos puedan criticar abiertamente y abogar por cambios en las políticas climáticas nacionales. No debe subestimarse el posible efecto disuasorio de la respuesta gubernamental ante los pocos casos de activismo climático. Quienes se atrevan a desafiar la industria de los combustibles fósiles, la cual proporciona más de la mitad de los ingresos del gobierno azerbaiyano, enfrentan enormes riesgos.
- ¿Por qué es esencial una participación significativa de la sociedad civil y de los pueblos indígenas para que la COP29 tenga éxito?
Una acción climática respetuosa con los derechos humanos requiere la participación plena y significativa de activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos, grupos de la sociedad civil, jóvenes y representantes de los pueblos indígenas. Esta participación es crucial para garantizar el escrutinio de la acción gubernamental y ejercer presión para lograr resultados ambiciosos y satisfactorios en la COP29. Esto incluye a quienes están en la primera línea de la crisis climática y a las poblaciones más vulnerables a los efectos del cambio climático.
Es fundamental proteger la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de asociación y reunión pacífica. Estos derechos son cruciales para diseñar políticas inclusivas y ambiciosas que son urgentes para hacer frente a la crisis climática.
- ¿Han restringido las anteriores cumbres del clima la participación de la sociedad civil?
Para cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos, los anfitriones de las conferencias de la Convención Marco de la ONU, entre ellos Azerbaiyán, así como la Secretaría del marco, deben respetar los derechos humanos de todas las personas participantes, incluyendo su derecho a la libertad de expresión y a reunirse pacíficamente, tanto dentro como fuera del recinto oficial de la conferencia.
Sin embargo, los representantes de la sociedad civil y los pueblos indígenas llevan mucho tiempo luchando por su derecho a participar en las negociaciones sobre el clima. En la COP25 de Katowice, el gobierno polaco impidió la entrada de algunos activistas climáticos al país y registró las habitaciones de hotel de algunos de ellos. En la COP26, celebrada en Glasgow (Escocia), a los observadores que deseaban asistir a los eventos en persona se les indicó que “se inscribieran en línea”, solo para descubrir que los eventos no se transmitían en vivo (eran solo presenciales, por tanto, offline). Durante la COP27 en Sharm el-Sheikh, el gobierno egipcio impuso restricciones arbitrarias de registro a grupos de derechos y activistas, intensificó la vigilancia y las detenciones, acosó a activistas climáticos y negó la entrada –para posteriormente deportar— al menos a un activista.
La COP28 también estuvo marcada por restricciones sin precedentes a la libertad de expresión impuestas por la Secretaría de la ONU dentro de la “zona azul” gestionada por la ONU.
- ¿Qué debería hacer el gobierno de Azerbaiyán para permitir una participación plena y significativa en la COP29?
El gobierno de Azerbaiyán ha declarado su compromiso con un proceso inclusivo en la COP29, señalando que “la Presidencia de la COP29 (...) está trabajando para asegurar que se escuchen todas las voces y que se tengan en cuenta e incluyan sus perspectivas, de modo que obtengamos resultados inclusivos basados en soluciones compartidas”.
Las autoridades azerbaiyanas deberían cumplir este compromiso fomentando un entorno que permita debates inclusivos sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y otros aspectos clave en la lucha contra el cambio climático. Deben permitir que los grupos de la sociedad civil presionen y examinen la acción climática antes, durante y después de la conferencia.
El gobierno debe revertir su historial de represalias contra los críticos, comenzando por la liberación inmediata e incondicional de los periodistas y activistas detenidos y encarcelados por razones políticas. Las autoridades azerbaiyanas deben liberar de inmediato y retirar todos los cargos contra Anar Mammadli, el veterano defensor de los derechos humanos que fundó la iniciativa Climate of Justice antes de la COP29. Asimismo, deben retirar los cargos contra Gubad Ibadoghlu y permitirle salir del país para recibir el tratamiento médico necesario.
Azerbaiyán debe anunciar públicamente que permitirá la reunión pacífica de los activistas climáticos durante la COP29. El gobierno debe apoyar a los grupos independientes, en lugar de restringirlos, por ejemplo revisando la legislación restrictiva que regula las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación.
- ¿Qué deberían hacer los Estados que forman parte del Marco de las Naciones Unidas para presionar a Azerbaiyán a que ponga fin a las violaciones de los derechos humanos?
Los países miembros deben destacar la importancia de una sociedad civil próspera e independiente para impulsar una acción climática ambiciosa. Deberían ejercer presión sobre el gobierno de Azerbaiyán, tanto pública como en privado, para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y libere de manera inmediata e incondicional a los activistas y defensores de los derechos humanos que han sido detenidos de manera arbitraria.
- ¿Cuál es la responsabilidad de la Secretaría del Marco de las Naciones Unidas en la defensa de los derechos humanos en la COP29 y más allá?
La Secretaría firmó un acuerdo de sede para la 29ª sesión de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático con el gobierno de Azerbaiyán el 26 de agosto de 2024, pero no lo ha hecho público.
Debe publicar el acuerdo de sede y asegurarse de que “refleja los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como las obligaciones respectivas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, tal y como lo establecieron las partes del marco en una decisión de junio de 2023.
Las partes también alentaron a la Secretaría a seguir defendiendo “la legislación sobre derechos humanos y garantizar la integridad, dignidad y seguridad de todos los observadores en las conferencias del Marco de la ONU”. La Secretaría debería exigir al gobierno de Azerbaiyán que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos para facilitar una conferencia climática respetuosa con los derechos y tomar medidas inmediatas en caso de que el gobierno no lo haga.
