(Ginebra) - Al extender su investigación sobre Venezuela, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas envió un claro mensaje a los responsables de violaciones de derechos humanos de que tendrán que rendir cuentas por sus abusos, señaló hoy Human Rights Watch.
El 11 de octubre de 2024, el Consejo adoptó una resolución para extender por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés). La Misión fue uno de los primeros mecanismos internacionales en afirmar que las autoridades venezolanas han cometido graves violaciones de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La resolución también pide al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que continúe monitoreando e informando sobre la situación de derechos humanos en el país.
“La decisión de extender el mandato de la Misión es fundamental, dado el recrudecimiento de la represión tras las elecciones en Venezuela”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Con esta resolución, los miembros del Consejo mostraron que no se quedarán de brazos cruzados mientras las fuerzas de seguridad de Maduro asesinan y abusan de la población para mantenerse en el poder, y que están comprometidos a hacerlos rendir cuentas por sus crímenes”.
El Consejo de Derechos Humanos creó la Misión en 2019 con el objeto de investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. Su mandato se extendió dos veces, en octubre de 2020 y de 2022.
En septiembre, 30 organizaciones nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos en Venezuela, entre ellas Human Rights Watch, instaron al Consejo a renovar nuevamente el mandato de la FFM.
La resolución, propuesta por varios gobiernos de la región (Canadá, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay) fue aprobada con 23 votos a favor, 6 en contra, y 18 abstenciones. El aumento de los votos a favor en comparación con la resolución de 2022 sugiere una creciente preocupación a nivel internacional por el agravamiento de la crisis de derechos humanos en el país.
En esta ocasión, Cuba, Bielorrusia y Rusia introdujeron enmiendas hostiles que, de ser aprobadas, habrían puesto fin al mandato de la Misión, calificado a los venezolanos que salen de su país únicamente como migrantes y no refugiados, y debilitado la capacidad del Alto Comisionado para presentar al Consejo actualizaciones sobre la evolución de la situación de derechos humanos en Venezuela. Los miembros del Consejo rechazaron por abrumadora mayoría todas las enmiendas propuestas.
Esta resolución también pide a la Misión que investigue la represión tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, incluyendo la violencia de los grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como “colectivos”.
La resolución expresa su alarma por “el empeoramiento de las violaciones y abusos de los derechos humanos y las crecientes restricciones del espacio cívico y democrático, en particular en las elecciones presidenciales”. También señala que una “solución liderada por Venezuela requiere respetar la voluntad del pueblo venezolano”.
El 28 de julio, un gran número de venezolanos votaron en las elecciones presidenciales, a pesar de que el gobierno cometió irregularidades y violaciones de derechos humanos. Los observadores internacionales expresaron profundos cuestionamientos sobre el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de que Nicolás Maduro había sido reelegido como presidente.
Tras el anuncio, miles de manifestantes salieron a las calles, en protestas mayoritariamente pacíficas, para exigir un conteo justo de los votos. Los manifestantes incluyeron a muchos de sectores populares tradicionalmente partidarios del chavismo. Las autoridades respondieron con violencia y abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones y procesos penales arbitrarios, y acoso a críticos del gobierno.
Human Rights Watch recibió reportes creíbles de 23 asesinatos de manifestantes y transeúntes, e identificó evidencia que vincula a las fuerzas de seguridad y los “colectivos” con varios de estos asesinatos. Para el 30 de septiembre, la organización Foro Penal había registrado 1.767 “presos políticos” detenidos desde el 29 de julio, incluyendo 67 adolescentes que permanecían detenidos.
En septiembre, en su más reciente informe al Consejo, la Misión afirmó que, tras las elecciones, el gobierno “reactivó e intensificó la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión (...) generando un clima de miedo generalizado en la población”.
La FFM concluyó que tenía motivos razonables para creer que algunas de las violaciones de derechos humanos que ha investigado durante el último año “representan una continuidad
de la misma línea de conducta que la misión caracterizó en informes previos como
crímenes de lesa humanidad”. En estos informes anteriores, la Misión identificó a personas “a nivel tanto presidencial como ministerial”, así como a “los directores de las entidades de seguridad e inteligencia”, que deberían ser investigados por su responsabilidad penal en los hechos. La FFM también ha destacado el rol activo del poder judicial en la comisión de estas violaciones y ha reportado sobre los diversos mecanismos de represión del Estado contra miembros de la oposición o de personas percibidas como tal, así como sobre la falta de una reforma genuina del aparato de seguridad pública.
Tras la adopción de esta resolución, los gobiernos deberían adoptar nuevas medidas para apoyar al pueblo venezolano, señaló Human Rights Watch. La Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos deberían seguir utilizando su influencia, incluyendo las sanciones individuales, para presionar al gobierno de Maduro para que respete la voluntad de los venezolanos y los derechos humanos.
Los gobiernos de los presidentes Gustavo Petro en Colombia y Luíz Inacio Lula da Silva en Brasil deberían continuar esfuerzos, de manera asertiva, para instar a Maduro a respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas y los derechos humanos. También deberían explorar vías para incentivar a los aliados internacionales de Maduro, incluyendo a Cuba, a abstenerse de apoyar la represión.
También es importante que los gobiernos apoyen la investigación en curso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y que garanticen que el tribunal disponga de los recursos necesarios para adelantar los casos bajo su conocimiento. Es crucial ampliar el acceso al refugio y otras formas de protección, de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos, para los venezolanos que huyen de su país.
